CCOO se congratula por la dimisión de Gallardón, pero no basta: Rajoy debe retirar la privatización de los registros civiles y la reforma de la LOPJ

La dimisión del ministro Gallardón era una exigencia de millones de personas y de miles de trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia y de CCOO, por la política que ha venido realizando desde que tomó posesión como ministro de Justicia.

CCOO considera que la trayectoria del ministro Gallardón ha sido lamentable y siempre ha actuado contra los derechos democráticos de la ciudadanía. Su proyecto, y el de Rajoy, rechazado mayoritariamente por la ciudadanía, de reforma de la Ley del aborto, ha sido el desencadenante, pero también ha pretendido desmantelar la Administración de Justicia desde que tomó posesión. Ha aprobado la Ley de Tasas Judiciales, que ha condenado a decenas de miles de ciudadanos a la indefensión ante los Tribunales, ha impulsado la aprobación del proyecto de Ley de Justicia Gratuita que deja sin capacidad de defensa a la inmensa mayoría de la ciudadanía; ha mantenido un intento constante de ir privatizando servicios de la Administración de Justicia con proyectos como el de ley de Jurisdicción voluntaria, y un largo etcétera de actuaciones contra la ciudadanía y los trabajadores y trabajadoras.

Pero una nueva escalada contra los derechos de la ciudadanía se iba a producir, cuando Gallardón y el Gobierno aprobó el 4 de julio la privatización de los Registros Civiles.

Esa privatización demostraba que poco les importaban que toda la sociedad estuviera en contra de esa decisión e incluso que todos los grupos parlamentarios la rechazaran. Desde el punto de vista de CCOO, la privatización de los Registros Civiles demostraba la presunta colisión de intereses del ministro Gallardón y de Rajoy, porque ambos podrían estar actuando contra la ley, al existir presuntos intereses oscuros en esa decisión. Por eso, CCOO presentó, el pasado 8 de septiembre, denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente del Gobierno y el ministro Gallardón.

La aprobación del proyecto de reforma de la LOPJ que pretendía Gallardón llevar al Consejo de Ministros en próximas fechas, es un paso más en la conculcación de los derechos de más de 40.000 trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia.

CCOO ha denunciado que la reforma de la LOPJ pretende la desaparición de decenas de partidos judiciales, de cientos de órganos judiciales y de los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz, la imposición de la movilidad geográfica y funcional, el no reconocimiento de las retribuciones de todo el personal de la Administración de Justicia, la desaparición de cientos de puestos de trabajo, la privatización de los actos de comunicación y ejecución…..

Sea bienvenida la dimisión de Gallardón, pero CCOO va mucho más allá. No basta con la dimisión de Gallardón.

CCOO exige al presidente del Gobierno:

1.- Que retire la privatización de los Registros Civiles.
2.- Que deje sin efecto el proyecto de reforma de la LOPJ y no lo lleve al Consejo de Ministros para su aprobación.
3.- Que derogue la ley de Tasas Judiciales y que escuche el clamor ciudadano antes de aprobar la ley de Justicia Gratuita y Jurisdicción Voluntaria, que constituyen el inicio del proceso del desmantelamiento de la Administración de Justicia.

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