Por qué los compañeros de Rajoy le denuncian

Como llevaría Alberto Ruiz-Gallardón su Ministerio, que en un dictamen del Consejo de Estado al que ha tenido acceso este diario aparece esto: la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia recomienda que se modifique «en contenido, estructura y forma» un proyecto del real decreto del mismo Gallardón. Así de insólito. El ministro dimitió en la misma semana en que explotó discretamente otro lío de su Ministerio con mucha menor trascendencia pública que la reforma de la ley del aborto, pero que afecta personalmente al presidente del Gobierno y a sus hermanos.

Se trata de la decisión del Gobierno del pasado 4 de julio de encomendar a los compañeros registradores de Rajoy la llevanza del Registro Civil y organizar en agosto la discreta adjudicación millonaria de un nuevo y único sistema informático para todos los registros españoles. Todo por «procedimiento negociado y sin publicidad», sólo con empresas invitadas, y alegando «seguridad nacional». Para ello, la ley crea una nueva Corporación de Derecho Público con capacidad de formalizar el contrato al margen del Colegio de Registradores de la Propiedad, al que pertenece el propio Rajoy, que es aún titular -aunque no ejerza- del Registro de la Propiedad de Santa Pola. Todo este extraño montaje legal, que ha desarrollado Gallardón como titular del Ministerio de Justicia, ha provocado que la junta directiva del Colegio de Registradores haya decidido presentar una denuncia sin precedentes ante la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) contra la norma firmada en persona por su compañero Rajoy, por vulnerar, en su opinión, lo que debe ser una contratación pública normal. Así lo desvela el propio decano del colegio, Gonzalo Aguilera, en una carta interna (ver extracto adjunto) a la que ha tenido acceso este diario.

En el Colegio se considera que llevar el Registro Civil es un regalo envenenado y que, peor aún, puede que sea una simple excusa para que alguien dé un pelotazo sin que ellos puedan impedirlo al perder por primera vez el control de su sistema informático, que alberga datos de todos los españoles. Aguilera hace en su carta un relato asombroso de cómo Gallardón le dice que si quiere tener acceso al contrato, el Colegio puede presentarse a última hora al concurso en alianza con alguna empresa tecnológica. Pero Telefónica, Indra y Microsoft dijeron al decano que tenían ya «compromisos previos». Gallardón reaccionó al enterarse con «gran preocupación».

El diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares ha presentado una batería de preguntas al Gobierno en las que apunta en la trastienda del negocio a una empresa asturiana llamada Futuver, aliada de Microsoft, que ya dio en 2012 un «pelotazo tecnológico» al cobrar a la anterior junta del Colegio de Registradores 5,15 millones de euros, 12 veces por encima del precio del mercado, según una auditoría posterior. Llamazares apunta connivencia con Futuver del director general de Registros y del Notariado del Ministerio, Joaquín Rodríguez, y del hermano del presidente, el registrador Enrique Rajoy. Además de la intervención de Llamazares, coincide que la directora de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores es la ex ministra del PSOE,Beatriz Corredor. ¿Operación política contra Rajoy? «En absoluto, muchos registradores más bien del PP están de acuerdo en que hay que parar esta cacicada», aseguran otros miembros del Colegio. También la junta directiva de la Asociación de Registradores Francisco de Cárdenas ha decidido presentar también su propia denuncia ante la CNMC.

Con independencia de si el contrato vulnera o no las reglas de la competencia, el proyecto de Real Decreto de Gallardón que desarrolla lo firmado por Rajoy «debe ser reconsiderado en lo que se refiere a sus grandes orientaciones (...) hace una lectura inconstitucional del mandato legal», según el demoledor dictamen del Consejo de Estado, que se basa en un informe de la Secretaría General Técnica del propio Gallardón. El Gobierno debe aclarar este embrollo, uno más por los que Gallardón dimite o le hacen dimitir. No sólo es la ley del aborto.

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