El diputado de IU por Asturias Gaspar Llamazares y el senador de la coalición Jesús Iglesias alertaron ayer sobre la opacidad del proyecto del gobierno para privatizar el Registro Civil y dejar sus funciones en manos de los registradores mercantiles, un colectivo de apenas mil funcionarios al que pertenece Mariano Rajoy y que califican como una "anomalía", porque no les remunera el Estado, sino sus clientes. Llamazares exige al Gobierno que aclare su posición en un proceso en el que se insinúan "unas turbias relaciones entre el registro e intereses desconocidos".
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