El Congreso da luz verde a la reforma (privatización) del Registro Civil con el (único) apoyo del PP

Con el rechazo de todas las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición, la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados aprobó el 27.08, con competencia legislativa plena, la convalidación como ley del Real Decreto 8/2014, que traspasa la llevanza del Registro Civil a los registradores mercantiles y civiles y crea una Corporación pública.

En el texto se introdujo, no obstante, una enmienda del Grupo Popular distinta de la que regulaba que los Registros de Nacionalidad, Actos de Última Voluntad y Seguros de Vida pasarían a depender de la futura Corporación Pública, tal y como constaba en el Boletín Oficial de las Cortes, de 25 de septiembre.

La modificación aprobada finalmente establece que a través de orden ministerial se regularán los servicios que se incorporarán a la Corporación, pero sin cambio de competencia, que seguirán siendo de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN). El primero será el Registro de Nacionalidad.

En el debate, los portavoces de la oposición rechazaron la reforma, al considerar que se trata de una privatización del servicio.

El diputado socialista Julio Villarrubia solicitó la suspensión de la vacatio legis (un año) y su extensión hasta enero de 2016, porque "así se podría buscar un consenso entre los grupos parlamentarios y los colectivos de la Justicia, tal y como ocurrió con la Ley 20/2011, que ha quedado no nata, y para que no se consolide esta Ley y retrotraer las actuaciones en el caso de que el PP pierda las próximas elecciones".

El diputado del PP, José Castillo, explicó que la urgencia de este proyecto de Ley responde a la voluntad del Gobierno de que no entrase en vigor la citada Ley 20/2011, al haber transcurrido los tres años estipulados para ello. Justificó que no haya entrado en vigor esta normativa al carecer de memoria económica, lo que "imposibilitaba su puesta en marcha, junto con la falta de concreción en el modelo a implantar, incluso sobre los funcionarios que deberían llevarlo".

Percepciones enfrentadas

Para Villarrubia, el actual Registro Civil exhibe los mejores resultados de toda la UE, garantiza la mayor seguridad jurídica y el precio es comparativamente más bajo.

Mientras, para Castillo, éste es el organismo que más quejas suscita ante la Oficina del Defensor del Pueblo, con un 58 por ciento de las referidas a Justicia, habiéndose triplicado, según el informe de 2013.

Los portavoces de PSOE, IU y PNV abogaron en la defensa de sus enmiendas por su apoyo al modelo de Registro Civil llevado por los secretarios judiciales, que consideran más idóneos para realizar la labor, al tratarse de un cuerpo superior jurídico, con carácter de autoridad, ámbito nacional y dependientes del Ministerio de Justicia.

Por su parte, el portavoz del PP argumentó que no se ha elegido a este colectivo porque en la actualidad son ellos quienes llevan la gestión en las oficinas del Registro Civil, bajo las órdenes de los jueces, con "una tramitación lenta y falta de personal, que da como consecuencia colas interminables para los solicitantes de certificaciones, que llegan incluso a los seis años registrados en el Registro de Santa Coloma de Gramanet".

También explicó que existe una dependencia de las comunidades autónomas que tiene como consecuencia que en cada una de ellas se gestione de forma diferente y, además, que cada una tenga su propio sistema informático, con muchas dificultades para compatibilizarlos.

Los grupos de la oposición mostraron sus sospechas de que detrás de esta reforma se encuentre un negocio de empresas de informática, dudaron de que los registradores realicen el servicio con carácter gratuito y denunciaron un intento de privatización del servicio. Por el contrario, el portavoz del PP recordó que los registradores mercantiles son funcionarios, dependientes del Ministerio de Justicia.

Por su parte, la portavoz de UPyD, Irene Lozano, calificó el proyecto de "chapuza" y "engaño para la sociedad", al tiempo que dudó de la gratuidad del futuro sistema. Como respuesta, Castillo afirmó que "el Gobierno ha puesto la condición de la gratuidad para las certificaciones."

El Economista, 29.08.2014

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