La reforma del Registro Civil, la madre de todas las batallas para el nuevo Ministro de Justicia

La reforma del Registro Civil se ha convertido en la madre de todas las batallas para el nuevo Ministro de Justicia, en la que deberá demostrar su talante negociador. 

Por un lado, desde el ámbito de la Administración de Justicia la inmensa mayoría de asociaciones profesionales y organizaciones sindicales se han pronunciado en contra de la privatización del Registro Civil, de su asunción por los Registradores Mercantiles y por tanto de su salida de dicha Administración. Decenas de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas han aprobado resoluciones contra la privatización del Registro Civil y la pérdida de sus oficinas en el medio rural.  

A su vez, la totalidad de los grupos de la oposición rechazaron en el trámite de enmiendas a la Ley derivada del Real Decreto Ley 8/2014 que el Registro Civil pueda ser asumido por los Registradores Mercantiles, al considerar que se trata de una privatización del servicio que además rompe el consenso con que nació la Ley 20/2011, prácticamente el último de los consensos alcanzados en sede parlamentaria. Durante el enconado debate parlamentario en el Congreso de los Diputados, los grupos de la oposición mostraron además sus sospechas de que detrás de esta reforma pueda encontrarse hasta un posible negocio de empresas de informática, dudaron de que los registradores realicen el servicio con carácter gratuito y denunciaron un intento de privatización del servicio. Desde luego parece claro que la privatización del Registro Civil no tiene nada que ver con la mejora del servicio público, sino que priman intereses corporativistas de un grupo de Registradores Mercantiles. 

A ello hay que añadir el enfrentamiento entre el Colegio de Registradores y la Dirección General de los Registros y del Notariado, pues dicho Colegio se negó a asumir el Registro Civil sin que tuviera una fuente propia de financiación (aranceles a pagar por los ciudadanos por el uso de sus servicios) y el Ministerio se negó a aceptar que la plataforma electrónica del Registro Civil fuese la actual plataforma electrónica del Colegio de Registradores, lo que ha culminado en la introducción en el Real Decreto Ley 8/2014 de una Corporación Pública de la que dependerían los registradores mercantiles y civiles y firmará los contratos de dicha plataforma, y la sujección de los aranceles obtenidos en los Registros Mercantiles a la financiación del nuevo Registro Civil, lo cual resulta contrario a la doctrina establecida por la Unión Europea respecto al pago de servicios. 

Por último, todo el mundo sospecha que quien realmente está detrás de la privatización del Registro Civil es el propio Rajoy, auspiciada por su hermano y la Asociación a la que pertenece, y así lo ha dejado caer más de una vez el propio Director General de los Registros y del Notariado, por lo que la retirada del proyecto que clama a gritos casi toda la comunidad jurídica, la oposición al Gobierno y múltiples ayuntamientos, Comunidades Autónomas, asociaciones de consumidores, etc, deberá contar con su visto bueno. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ya ha dicho que cuando llegue al gobierno derogará la privatización del Registro Civil, y esa es la escusa que ha puesto Rajoy para no seguir adelante con la Ley del aborto, lo que ha provocado la dimisión de Gallardón.

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