Secretarios judiciales reivindican la gestión del Registro Civil "a coste cero" y sin incremento de plantilla

La Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) ha emplazado al Ministerio de Justicia a replantearse su decisión de otorgar el Registro Civil a los registradores mercantiles y que se lo traslade a los secretarios judiciales dado su conocimiento de la legislación procesal, experiencia, vocación de servicio público y "alta" cualificación profesional y técnica. Esto se haría "sin incremento de plantillas" y con "coste cero" para el ciudadano.

La Ejecutiva de la asociación ha remarcado que el real decreto ley del pasado 4 de julio supone una "decepción y un desconcierto profundo" para la Unión Progresista de Secretarios Judiciales y ha generado además una "gran cantidad de dudas" en el colectivo.

Además de criticar la "propia desidia" del Gobierno por dejar transcurrir casi tres años sin desjudicializar el Registro Civil, pregunta qué intereses hay detrás de la encomienda de este servicio público a los registradores mercantiles.

"Esperamos que la próxima brillante idea del señor Gallardón y su equipo, no sea que los Médicos Forenses, grandes profesionales en su ámbito, sean a partir de mañana, cirujanos cardiovasculares, puesto que evidentemente tantos los Médicos Forenses, como los cirujanos cardiovasculares, son licenciados en Medicina", ironiza.

PROBLEMAS Y DUDAS DE SU ENCOMIENDA A LOS REGISTRADORES MERCANTILES

La organización plantea el "problema" referente a la protección de datos ya que el Registro Civil tramita información íntima de los ciudadanos. "¿Cómo van a solventarlo con el personal laboral de los Registros dicha circunstancia?, es decir todos los trabajadores lo son excepto el Registrador, al respecto hay diferente jurisprudencia que lo prohíbe", añade.

Pone de relieve que la anunciada gratuidad de este servicio, en el que trabajan más de 4.000 funcionarios, es "totalmente imposible" y que "los que menos se la creen son los registradores mercantiles que trabajan por arancel".

Destaca que la tramitación de todos los temas electrónicamente es "desconocer la realidad" del Registro Civil y concluye que "tampoco se entiende que no se utilice a la Administración de Justicia, y a sus funcionarios, para cuestiones de contratación y gestión del Registro civil y se usen medios privados alternativos con un coste económico añadido para el Estado".

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