CCOO mantiene su firme oposición a la privatización del Registro Civil y anuncia que no dudará en utilizar todos los medios legales y sindicales para salvar este servicio público

Ante la suspensión unilateral por el Ministerio de Justicia de la reunión del 29 de julio, CCOO ha vuelto a trasladarle su propuesta sobre el Registro Civil, ya anunciada en la reunión del día 22 de julio y remitida también por escrito al Ministerio ese mismo día, contra la privatización de los Registros Civiles y por la defensa del mantenimiento de todos los puestos de trabajo en los órganos judiciales con funciones de Registro Civil.

El Ministerio, tras la decisión de Gallardón de privatizar los Registros Civiles, había anunciado que solo iba a permitir la negociación de las condiciones en las que quedaría el personal destinado en órganos judiciales con funciones de Registro Civil, fijando como fecha tope el día 22 de julio, alegando que los plazos para enmendar la futura ley de los Registros Civiles acababan en julio. Sin embargo, en la mesa del día 22, comunica que el plazo de enmiendas finalizaba en septiembre y anuncia convocatoria de nueva mesa para el día 29 de julio que, finalmente, de manera unilateral y sin ningún argumento, suspende dos días antes sin fijar nueva fecha, sabiendo que era imprescindible mantener dicha reunión porque lo que está en juego son los derechos de miles de personas que hoy prestan servicio en cualquier Registro Civil en España.

La propuesta que CCOO presentó el día 22 de julio, y que ahora reitera, contiene varias premisas fundamentales:

1.- El Registro Civil es un servicio público fundamental integrado en la Administración de Justicia y CCOO no va a tolerar su privatización, por lo que va a seguir luchando con todos los medios para impedirlo, pues la entrega de su gestión a los Registradores Mercantiles acordada por Gallardón, es lisa y llanamente una privatización.

CCOO insiste en que los Registradores de la Propiedad y Mercantiles no son funcionarios públicos, y así lo ha dictaminado también la Unión Europea. Las contumaces mentiras de Gallardón que afirma lo contrario, a pesar de conocer perfectamente las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, demuestran la gravedad de la posición del Gobierno que incumple normativa europea cuando le conviene

2.- CCOO no va a consentir, en ningún caso, la pérdida de ningún puesto de trabajo, en ningún ámbito territorial del Estado, del personal destinado en órganos judiciales con funciones de Registro Civil. 

CCOO no puede entender como alguna organización sindical puede aseverar que se van a garantizar el 70 % de los puestos de trabajo, (¿y que pasa con el 30% restante, es decir, más de 1.000 puestos de trabajo?), porque esa afirmación ni responde a la verdad, pues con la propuesta del Ministerio de Justicia ni tan siquiera están asegurados todos los puestos de trabajo del personal destinado en el ámbito no transferido, y además supone un abandono a su suerte de miles de personas que hoy trabajan en órganos judiciales con funciones de Registro Civil.

3.- CCOO, en la propuesta que ha presentado, ha exigido al Ministerio de Justicia que debe constar por escrito, tanto en el texto de la Ley del Registro Civil, como en el de la LOPJ, la garantía de que en ningún caso se impondrá la movilidad geográfica, con cambio de municipio, a trabajadores y trabajadoras destinado en órganos judiciales con funciones de Registro Civil.

4.- CCOO también ha reiterado que exigimos al Ministerio de Justicia que deben respetarse todas las retribuciones del personal destinado en órganos judiciales con funciones de Registro Civil, incluidas las guardias.

5.- CCOO ha reclamado que se incluyan expresamente en la LOPJ y en la Ley del Registro Civil como centro de destino los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz. En el caso de que el Ministerio de Justicia lleve a cabo su eliminación, se deberán crear tantas Oficinas Judiciales de Paz como Juzgados y Agrupaciones de Paz existen en la actualidad, y éstas serán centros de destino del personal de la Administración de Justicia recogiéndose así en los citados textos legales.

Entre las medidas de presión al Gobierno para impedir la privatización de los Registro Civiles, CCOO viene demandando a los grupos parlamentarios la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 8/2014 que incluye la privatización de los Registros Civiles. En este sentido en el día de ayer los grupos parlamentarios de IU, PSOE y UPyD presentaron dicho recurso ante el TC.

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