El Colegio de Registradores afín a Justicia pagó 5 millones a la firma de un asesor de Gallardón para el desarrollo de la aplicación del Plan Intensivo de Nacionalidad

Fue el negocio redondo para unos pocos. Pero fue un negocio que provocó un agujero económico importante en el Colegio de Registradores, y una división en un colectivo que aglutina a poco más de 1.000 profesionales con carácter de funcionarios, aunque de un tipo particular: acceden por oposición y dependen del Gobierno, pero no cobran un sueldo público sino aranceles a sus clientes, contratando a sus propias plantillas. 

En junio de 2012, el Colegio de Registradores recibió una encomienda del ministerio de Justicia para hacerse cargo de la tramitación de los expedientes de nacionalidad, que acumulaban entonces varios años de retraso y colapsaban el ministerio. Fue un servicio por el que los registradores no cobraron, todo lo contrario, tuvieron que pagar. Justicia, a través de la Dirección General de Registros y del Notariado, pactó con el Colegio el tipo de software que debían utilizar para tramitar esos expedientes, una plataforma tecnológica que había diseñado una empresa privada por la que el Colegio desembolsó 5,15 millones de euros. Curiosamente, uno de los administradores de esa empresa era el registrador 'fichado' por Justicia para dirigir desde el ministerio el equipo que decidió que los registradores debían pagar por ese software. 

En enero de 2012, el Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín Rodríguez Hernández, creó un equipo de trabajo para intentar agilizar la tramitación de los expedientes de nacionalidad, ya que por aquel entonces había unos 480.000 en listas de espera. Para ello nombró a un registrador, Javier Angulo Rodríguez, como Jefe de Proyecto de Gestión de Expedientes de Nacionalidad. "El extraordinario incremento del flujo de inmigrantes que se ha producido en los últimos años ha superado la capacidad de tramitación del órgano administrativo y es inaplazable dar solución a este problema", fue la conclusión de este equipo asesor del ministerio. 

Para reducir el colapso se diseñó el Plan Intensivo de Tramitación, que se basaba en la conversión de los expedientes en papel, unos 480.000, en expedientes electrónicos, mediante su digitalización. Se iban a crear más de 25 millones de documentos electrónicos. Para todo este proceso se creó "una aplicación de gestión para la tramitación de los expedientes". 

Justicia pactó con el Colegio de Registradores contratar esa aplicación, un software de gestión, a pesar de que el director general, Joaquín Rodríguez, conocía a la perfección que el servicio informático del Colegio, que cuenta con casi 300 profesionales, desarrolla la mayoría de los software que utilizan los registradores de la propiedad y mercantiles. Y lo sabía porque el propio Joaquín Rodríguez había dirigido en el pasado ese servicio, el SSI. A pesar de ello, se decidió ir al mercado a comprar ese software en lugar de encargárselo al servicio informático del Colegio. 

La empresa Futuver Consulting fue la elegida para desarrollar el software por encargo del ministerio de Justicia, y el Colegio pagó por esa aplicación 5,15 millones de euros. Futuver tiene una filial en Rumanía que se llama Futuver Rumanía, cuyo administrador solidario fue hasta mayo de 2012 Javier Angulo Rodríguez, el registrador que dirigió el equipo asesor del ministerio. Javier Angulo Rodríguez estuvo en Futuver Rumanía hasta mayo de 2012, cuando ya llevaba cinco meses al frente de este equipo asesor y un mes antes de que Justicia encargara al Colegio la encomienda de los expedientes de nacionalidad. 

Por encima de los precios de mercado 

En 2012, Justicia tenía muy buena relación con la Junta de Gobierno del Colegio, una junta bautizada como "oficialista" que defendía la reforma de los registros que planeaba por entonces Justicia. Joaquín Rodríguez, alto cargo de Justicia, había estado en esa junta antes de pasar al ministerio, y es amigo de Enrique Rajoy, también registrador y hermano del presidente del Gobierno, según varias fuentes consultadas. 

El acuerdo entre Justicia, el Colegio y Futuver fue redondo para los intereses de Futuver y lesivo para las arcas del colegio, teniendo en cuenta que una auditoría externa posterior encargada por el Colegio a la consultora Hitachi reveló que la Dirección General del Registro y del Notariado "decidió unilateralmente que el software de gestión de los expedientes de nacionalidad fuese adjudicado directamente y sin concurrencia a la empresa Futuver, sin que se compararan otras posibilidades". 

La auditoría también destaca que la contratación de Futuver se realizó por importes que "o bien quedan claramente por encima de los precios de mercado…o bien parecen totalmente fuera de cualquier regla habitual de mercado". La auditoría fue encargada porque la Junta de Gobierno empezaba a mostrar fisuras y se dividió en dos. Se votó entonces que se encargara este informe externo sobre el pago de cinco millones a favor de Futuver. 

Luego, en octubre de 2013, hubo elecciones en el Colegio de Registradores. Joaquín Rodríguez y Enrique Rajoy hicieron campaña a favor de la candidatura que perdió, la del antiguo decano Alfonso Candau. Ganó los comicios Gonzalo Aguilera, que representa a las bases del colectivo descontentas con las reformas que quiere introducir el Ministerio de Justicia. Las elecciones fueron muy reñidas. Aguilera logró hacerse con un total de 489 votos, frente a los 424 de su oponente. En la candidatura de los derrotados estaba la nuera del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón: Teresa Touriñan Morandeira, registradora de la Propiedad de Villalba. Un cuñado de Gallardón, el hermano de su mujer, José Antonio Utrera, también es registrador. 

La candidatura de Aguilera ganó así el pulso a la línea oficialista, que ya había recibido un primer varapalo en abril de 2013, cuando los registradores descontentos con la deriva de su Colegio forzaron la convocatoria de una asamblea cuyo alcance frenó la reforma registral que planeaba Gallardón. La cita era importante, ya que desde que se colegiaron en 1934 los registradores solo se habían reunido en asamblea en dos ocasiones: en 1935 y 1988. Esa tercera cita fue forzada por 309 firmas (cuando solo eran necesarias 250) y con el aval de 427 registradores. El resultado fue sorprendente: el 80% votó a favor de que el máximo órgano del colectivo, la Junta, le transmitiera a Justicia que no quería la reforma. 

Más de 500.000 expedientes 

Desde junio de 2012 el Colegio ha tramitado más de 502.000 expedientes de nacionalidad. La encomienda terminó el 31 de diciembre de 2013, aunque el Colegio siguió tramitando los expedientes que se presentaron antes de esa fecha. 

Una vez acabado su trabajo de asesoramiento para el ministerio, Javier Angulo Rodríguez volvió a su plaza de registrador. Antes era el titular del registro número 2 de Estepona (Málaga). Desde febrero de 2014 está destinado en Lleida. Sigue en la empresa privada. Ahora es administrador de la empresa Consultoría de Análisis e Inversiones para Rumania, según el Registro Mercantil. No ha querido atender a este diario. 

Este diario ha intentado hablar, sin éxito, con un portavoz de Futuver para que explicara la funciones que tenía Javier Angulo en la filial de Rumanía y si este trabajo era compatible con las funciones de asesoramiento que desempeñaba para el ministerio. "Es nuestra política y sujeto a los términos de confidencialidad del contrato que rige con nuestro cliente, el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, no realizar comunicaciones", señaló un portavoz de Futuver. 

A preguntas de este diario, la nueva Junta de Gobierno, la de Gonzalo Aguilera, que se encontró con el contrato y el pago a Futuver ya ejecutado, asegura que no va a iniciar ningún tipo de acción contra la anterior Junta "porque fue una decisión política que adoptó la anterior Junta de Gobierno y fue avalada por la Asamblea de Decanos Territoriales y Autonómicos". Aunque su portavoz sí quiere dejar claro que "el sistema informático de gestión de expedientes de nacionalidad podría haber costado sobre 300.000 ó 400.000 euros", 12 veces menos que lo que se pagó. "El sistema costó tan caro porque se sobredimensionó y porque inexplicablemente se adjudicó a una empresa privada sin dar oportunidad de desarrollarlo al Colegio, a través de nuestro servicio de información. Todo desarrollo tecnológico referente al sistema registral debería confiarse al Colegio, que ha demostrado de sobra su capacidad tecnológica sin ninguna incidencia de seguridad, y que podría asumirlo con sus propios medios".

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