El futuro del Registro civil y la dignidad de los funcionarios de Justicia

Hace poco más de un mes conocimos la decisión del Gobierno, vía Real Decreto Ley que parece ser la nueva forma de legislar en este país, sobre el Registro civil que no es otra sino su entrega a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles con destino en un Registro mercantil. 

Se diga lo que se diga sobre la gratuidad futura del Registro civil las cuentas no cuadran y nadie ha sido capaz de explicar como unos profesionales (ya sé que son funcionarios públicos pero también sé que no son como los demás funcionarios públicos) que se retribuyen mediante el cobro de un precio (arancel) por cada servicio prestado, renuncian sin más a esta retribución asumiendo más trabajo. Por mucho dinero que tengan o hayan acumulado por su función originaria, la asunción del Registro civil sin cobrar al ciudadano supone una renuncia a una importante cantidad de ingresos a la vez que se asumen un importante nivel de trabajo y, sobre todo, de gasto con lo que no sería aventurado pronosticar dificultades futuras en su actividad. Quizá sea un mal pensado y en realidad es que estamos ante unos magníficos millonarios filántropos dispuestos al sacrificio en pos del bien común. En fin...

Las dudas no hacen sino crecer sobre el mantenimiento de la promesa de la gratuidad del Registro civil. En primer lugar, porque parte del Registro civil (matrimonios y nacionalidades) será de pago y encomendado a Notarios. En el caso de los matrimonios se habla de entre 90 y 100 euros. En segundo lugar, porque nada se dice de esos nuevos títulos sujetos a inscripción obligatoria (domicilio, poderes etc... tal y como se prevé en la futura ley de jurisdicción voluntaria) . En el caso de los poderes podemos estar hablando de más de 3 millones y medio por año lo que multiplicado por la unidad seguida de un cero nos pone en 45 millones de euros anuales. En tercer lugar, porque si bien se dice que inscripciones y certificaciones serán gratuitas no se establece límite a las segundas pudiendo gravarse por ejemplo la segunda y siguientes que se soliciten sobre una misma inscripción. Tampoco se aclara que ocurrirá con los expedientes y ya hemos visto lo que se está preparando en materia de matrimonios y nacionalidades. En cuarto lugar, porque si bien se dice que será gratuito para los ciudadanos, nada se dice del acceso de terceros, por ejemplo Notarios a la hora de realizar sus escrituras o es que estos profesionales tampoco podrán repercutir este gasto a sus clientes-ciudadanos. En quinto lugar, porque ahora se niega la posibilidad de financiación presupuestaria pero en este país, no será la primera corporación de derecho público que no perciba ayudas públicas para su sostenimiento en caso de estar en peligro su continuidad. En sexto lugar, porque una parte del Registro civil (la guardia y custodia de los libros existentes) se va a realizar con cargo al dinero de todos los españoles vía presupuestos del Ministerio y de las CCAA.

Todo lo anterior y alguna cosa más que se me puede olvidar se cuela entre los textos legales, los borradores de leyes y las medias verdades que se han sucedido durante los últimos dos años y medio respecto del Registro civil. Y uno, que es funcionario de Justicia se pregunta si para este viaje hacen falta tantas alforjas, corporaciones públicas, falta de transparencia, dudas sobre la viabilidad económica y medias verdades. Si no es posible, y mucho más fácil y transparente, aprovechar de una puñetera vez a los funcionarios de Justicia que son los funcionarios expertos en Registro civil desde hace más de 140 años, reconociéndoles un trabajo que efectivamente realizan pero que siempre han cobrado otros y, sobre todo, dotándoles de los medios suficientes para poder realizar su trabajo de forma digna. 

Y es que, ya que los Registradores mercantiles van a pagar de su bolsillo el programa informático y a correr con los gastos de mantenimiento propongo una solución. Que sigan pagando el programa, que lo sigan cediendo al Ministerio y que éste nos lo entregue a nosotros para utilizarlo en beneficio de toda la sociedad. Será la primera vez que los funcionarios de Justicia tenemos los medios materiales adecuados para prestar el servicio público de Registro civil y creo que nos merecemos este apoyo por parte de quienes nos deberían prestarlo en vez de pisotear nuestra profesionalidad, aireando encuestas negativas cuyo origen está en la propia incompetencia, incapacidad, desidia y abandono de la clase política en materia de Registro civil. Claro está que no da votos, ahora parece que será un negocio.

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