Gallardón delega en el Director General de Registros y del Notariado, que es Registrador Mercantil de Zaragoza, decidir qué órgano adjudicará el futuro contrato millonario del programa del Registro Civil

El BOE del sábado 2 de agosto trajo una nueva sorpresa. Dicho BOE publicó la Orden JUS/1449/2014, de 31 de julio, por la que se modifica la Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre, sobre delegación de competencias.

Tal y como informa el preámbulo de la Orden, el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de privatización del Registro Civil, establece que la Dirección General de los Registros y del Notariado encomendará a la empresa pública «Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A.» u otro medio propio o unidad administrativa que determine el Ministerio de Justicia,  determinadas actuaciones en orden a la contratación de la creación, mantenimiento, gestión y seguridad del sistema informático único del Registro Civil y su red de comunicaciones.

Como consecuencia de lo dispuesto en el citado Real Decreto-ley 8/2014, de 5 de julio, y por supuestas razones de eficacia en la gestión, se procede a modificar la citada Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre, con el fin de englobar en el Director General de los Registros y del Notariado "todas las encomiendas de gestión en el ámbito de la modernización tecnológica del Registro Civil, así como su extensión a aquellas otras encomiendas de gestión que se realicen para la modernización tecnológica de aquellos otros registros y servicios cuya organización y dirección es competencia de la Dirección General de los Registros y del Notariado".

Es decir, el Sr. Director General de Registros y del Notariado, que es Registrador Mercantil, va a ser el encargado de atribuir a quien le parezca (“unidad administrativa” o “medio propio”) o a una empresa pública (Isdefe) la selección y adjudicación de un contrato millonario, como será el programa de gestión del Registro Civil. Y ello entre las quejas por la adjudicación a dedo a la empresa Futuver, participada al parecer por Registradores, del contrato para el desarrollo de la aplicación informática para llevar a cabo el Plan Intensivo de Nacionalidad; las reclamaciones del Servicio de Sistemas de Información, dependiente de Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, de que ellos tenían medios suficientes para haber desarrollado dicho programa, y además por mucho menor coste; y la solicitud del actual Decano de Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de que se asigne directamente a dicho Colegio (a SSI) el desarrollo de la nueva aplicación del Registro Civil. 

Parece, pues, que el Director General de Registros y del Notariado, con evidentes intereses en la privatización del Registro Civil, es ahora competente – por delegación – para adjudicar o decidir quién adjudica cualquier contrato de asistencia técnica en la ejecución de cualquier aspecto de la modernización tecnológica del Registro Civil y de los demás registros (Mercantil y de la Propiedad).

Esto huele a chapuza y a mezcla de intereses públicos con los privados. 

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