El futuro del Registro civil y la dignidad de los funcionarios de Justicia

Hace poco más de un mes conocimos la decisión del Gobierno, vía Real Decreto Ley que parece ser la nueva forma de legislar en este país, sobre el Registro civil que no es otra sino su entrega a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles con destino en un Registro mercantil. 

Se diga lo que se diga sobre la gratuidad futura del Registro civil las cuentas no cuadran y nadie ha sido capaz de explicar como unos profesionales (ya sé que son funcionarios públicos pero también sé que no son como los demás funcionarios públicos) que se retribuyen mediante el cobro de un precio (arancel) por cada servicio prestado, renuncian sin más a esta retribución asumiendo más trabajo. Por mucho dinero que tengan o hayan acumulado por su función originaria, la asunción del Registro civil sin cobrar al ciudadano supone una renuncia a una importante cantidad de ingresos a la vez que se asumen un importante nivel de trabajo y, sobre todo, de gasto con lo que no sería aventurado pronosticar dificultades futuras en su actividad. Quizá sea un mal pensado y en realidad es que estamos ante unos magníficos millonarios filántropos dispuestos al sacrificio en pos del bien común. En fin...

Las dudas no hacen sino crecer sobre el mantenimiento de la promesa de la gratuidad del Registro civil. En primer lugar, porque parte del Registro civil (matrimonios y nacionalidades) será de pago y encomendado a Notarios. En el caso de los matrimonios se habla de entre 90 y 100 euros. En segundo lugar, porque nada se dice de esos nuevos títulos sujetos a inscripción obligatoria (domicilio, poderes etc... tal y como se prevé en la futura ley de jurisdicción voluntaria) . En el caso de los poderes podemos estar hablando de más de 3 millones y medio por año lo que multiplicado por la unidad seguida de un cero nos pone en 45 millones de euros anuales. En tercer lugar, porque si bien se dice que inscripciones y certificaciones serán gratuitas no se establece límite a las segundas pudiendo gravarse por ejemplo la segunda y siguientes que se soliciten sobre una misma inscripción. Tampoco se aclara que ocurrirá con los expedientes y ya hemos visto lo que se está preparando en materia de matrimonios y nacionalidades. En cuarto lugar, porque si bien se dice que será gratuito para los ciudadanos, nada se dice del acceso de terceros, por ejemplo Notarios a la hora de realizar sus escrituras o es que estos profesionales tampoco podrán repercutir este gasto a sus clientes-ciudadanos. En quinto lugar, porque ahora se niega la posibilidad de financiación presupuestaria pero en este país, no será la primera corporación de derecho público que no perciba ayudas públicas para su sostenimiento en caso de estar en peligro su continuidad. En sexto lugar, porque una parte del Registro civil (la guardia y custodia de los libros existentes) se va a realizar con cargo al dinero de todos los españoles vía presupuestos del Ministerio y de las CCAA.

Emergencia nacional, registradores y Frank Capra

Al salir del Congreso de los Diputados el pasado 10 de julio, los parlamentarios de los Países Bajos caminaban en silencio con semblante de pocos amigos. El calor reinante no ayudaba, y la dramática experiencia vivida les había dejado mudos. Acababan de asistir como invitados al debate sobre el Real Decreto-Ley 8/2014 de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Un decreto de 177 folios del BOE, más 6 folios posteriores de rectificación de erratas.

Ante semejante avalancha de disposiciones, el debate de sus señorías había sido un largo, tedioso y sobreactuado cruce de acusaciones sin apenas entrar en materia. Uno de nuestros insignes visitantes recordaba a sus compañeros las palabras de Frank Capra: “Creía que un drama era cuando lloraban los actores, pero el verdadero drama es cuando quien llora es la audiencia.”

A pesar de que muchos hablaban bien español, serían las múltiples interpretaciones que ofrece nuestra lengua lo que les produjo mayor perplejidad. Se discutía en el hemiciclo una norma que, aunque dictada por el Ejecutivo, tenía fuerza de ley. Ello ocurría porque se trataba de una emergencia, un “caso de extraordinaria y urgente necesidad”, y el artículo 86 de la Constitución autoriza excepcionalmente esta invasión por el Gobierno de la función legislativa de las Cortes. A nuestros queridos neerlandeses, sin embargo, les sorprendía que, desde finales de 2011, según sus datos, el Gobierno hubiera dictado una norma de emergencia cada diez días.

“España es un país en permanente estado de emergencia”, comentaban en voz baja. Se han dictado 82 decretos-leyes, sin información pública, sin consultas y sin la opinión del Consejo de Estado. En la elaboración y discusión de los mismos, el Parlamento español apenas ha cumplido su función superado por la marea decretista gubernamental. La modernización y la eficiencia no pueden esperar. Spain is different.

Nuestro parlamentario neerlandés es propietario de una casa en el levante español. Con motivo de dicha compra, había trabado amistad con el registrador de la localidad. Por ello prestó especial atención al debate sobre dos de los 177 folios del decreto-ley relativos al Registro Civil e intentó comprender su “urgente necesidad” tomando algunas notas para comentar en la siguiente cena con su amigo:

La Cátedra Complutense “Memoria Histórica del Siglo XX” rechaza la privatización del Registro Civil y alerta del peligro para la investigación histórica

La CCMHSXX manifiesta su enérgico rechazo a la privatización del Registro Civil, cuya gestión se sustraerá a los juzgados y funcionarios judiciales para pasar a manos de los registradores de la propiedad mercantil. Lo anterior, según el Decreto 8/2014, de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (BOE 5.7.2014). 

El Ministro de Justicia del Reino de España, Alberto Ruiz Gallardón, siguiendo las pautas de su partido, mantiene así su pertinaz política de privatizaciones, aún a riesgo de poner en peligro la normalidad y la viabilidad de los servicios públicos más básicos. Desde la alcaldía de Madrid ya lo hizo con la gestión del Padrón y del Registro Municipal, entre otras muchas actuaciones en la misma dirección, con tal “eficiencia” privatizadora que dejó casi todos los asuntos locales en manos de empresas amigas. 

Ahora plantea reformas de calado en los registros: inventariar y describir los libros antiguos, para lo que se ha contratado al Corte Inglés, y crear un gran fichero informatizado, único para toda España, donde se harán los apuntes en lo sucesivo. Se espera que los registradores –futuros encargados de su gestión– contribuyan a financiar el programa informático ad hoc. Pero, al no poder cobrar sus servicios al público, se entenderá que manifiesten su “absoluta disconformidad” con los planes ministeriales. Tampoco están de acuerdo los sindicatos ni los trabajadores afectados, en especial los contratados temporalmente. En la actualidad, son más de 5.000 trabajadores trabajando en 440 juzgados, que serán sustituidos por unos cien registradores en solo sesenta oficinas. El Ministerio de Justicia asegura que la informatización del sistema compensará de sobra tan tremendo desequilibrio. 

Más allá de los problemas técnicos y laborales que pueda generar el mencionado proyecto, este suscita múltiples preocupaciones por la masiva trasferencia de datos personales desde público al mercantil. La búsqueda de rentabilidad económica del “derecho a la información” será su consecuencia más directa. La gravedad de tal medida es clara: la venta de la información más básica de la vida personal y familiar de todos los ciudadanos y ciudadanas. Esta decisión política, junto con la aprobación de la conocida como cuestionada “Ley de Transparencia” (Ley 19/2013) y vaciamiento total de la “Ley de Memoria Histórica” (Ley 52/2007) en la presente legislatura, evidencian la ausencia de cualquier tipo de sensibilidad democrática por parte del actual Ejecutivo. 

CCOO estima que la atribución de la llevanza de los Registros Civiles a los Registradores Mercantiles es inconstitucional pues vacía de contenido la competencia ejecutiva que Cataluña, Andalucía, Extremadura y Aragón tienen sobre la materia

La atribución de la llevanza de los Registros Civiles a los Registradores Mercantiles no sólo supone la privatización de un servicio público, por más que el Ministerio de Justicia intente eludir el término “privatización” escudándose en el carácter de funcionarios públicos que la Ley Hipotecaria atribuye a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, sino que además, a juicio de CCOO, es inconstitucional porque vacía de contenido las competencias ejecutivas que sobre la materia reconocen algunos Estatutos de Autonomía a sus respectivas Comunidades autónomas. 

De acuerdo con el art. 28 LOTC, para apreciar la conformidad o disconformidad con la Constitución de una Ley, el Tribunal considerará "además de los preceptos constitucionales, las Leyes que dentro del marco constitucional se hubieren dictado para delimitar las competencias del Estado y las diferentes Comunidades Autónomas o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de éstas". La aplicación de este precepto a lo dispuesto en el Disposición Adicional Vigésima del Real Decreto-Ley 8/2014, que atribuye la llevanza del Registro civil a los Registradores Mercantiles, y su futura plasmación en la modificación de la Ley 20/2011, de Registro civil, debe llevar a considerar, además de la Constitución, los Estatutos de Autonomía, que son las normas que -dentro del marco constitucional- se han dictado para delimitar las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas, articulándose así el sistema competencial mediante la Constitución y los Estatutos, en los que éstos ocupan una posición jerárquicamente subordinada a aquélla.

La Constitución reserva de modo directo y expreso competencia al Estado en materia de “ordenación de registros e instrumentos públicos” (art. 149.1.1.8 CE). Dentro de la competencia del Estado en materia de "ordenación de los registros", de conformidad con lo establecido en el art. 149.1.8 CE, se incluye la de dictar las normas legales y reglamentarias en dicha materia (SSTC 18/1982 de 4 mayo, 33/1982 de 14 junio y 39/1982 de 30 junio 2º y 8º, respectivamente); así como cualquiera facultades ejecutivas que no hayan sido reconocidas expresamente por los Estatutos de Autonomía a la Comunidad, correspondiente, según ha reiterado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSTC 56/1984 de 7 mayo, 65/1984 de 19 junio y 81 y 82/1984 de 20 julio, 97/1989, de 14 de junio).

Sin embargo, diversos estatutos de autonomía reconocen expresamente a sus respectivas Comunidades Autónomas competencias ejecutivas en materia de Registro civil. Así:

La alambicada regulación de la contratación del sistema informático de llevanza del Registro Civil

Parece que el nuevo modelo de Registro Civil consiste, en pocas palabras, en atribuir su llevanza a un cuerpo de funcionarios, los Registradores Civiles y Mercantiles que se desgajan del cuerpo de los Registradores de la Propiedad. Parece también que los Registradores Civiles y Mercantiles pasan a formar parte de una nueva Corporación a los efectos de la llevanza del Registro Civil pero no sabemos todavía si constituirá un cuerpo completamente separado del de los Registradores de la Propiedad.

Lo más notable es que los aranceles que ahora pagan los que se ven obligados a inscribir las vicisitudes de sus sociedades en el Registro Mercantil, los que depositan cuentas sociales y los que piden certificaciones y copias simples de inscripciones del Registro Mercantil, quedan afectos a cubrir los costes que el Registro Civil genere.

Esto es problemático desde el punto de vista del Derecho Europeo, puesto que el Registro Mercantil, al menos en relación con determinadas inscripciones, no puede cobrar por las inscripciones más de lo que sea necesario para cubrir los costes, de modo que si el Registro Mercantil va a subvencionar al Registro Civil, España puede encontrarse con un expediente abierto por la Comisión Europea por infracción de la jurisprudencia europea al respecto. Con carácter general (quiero decir, constitucional), es muy discutible que pueda imponerse a las sociedades, para las que es obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil, la obligación de subvencionar otro servicio público (al margen de que esto hace aún menos competitivas a las empresas españolas). Pero la Disp Adic 23ª del RD-Ley 8/2014 no deja duda al respecto

… A estos efectos, los aranceles que perciban los registradores quedarán afectados a la cobertura directa de los gastos que imponga la creación y gestión de la Corporación, como parte de los generales de funcionamiento y conservación de las oficinas. Reglamentariamente se determinarán la estructura y órganos de la Corporación a la que se refiere la presente disposición, así como el régimen de aportación, por los registradores integrados en la misma, de las cuotas necesarias para el adecuado sostenimiento de la misma, sobre el principio de distribución de los gastos entre los citados registradores, en proporción al número de operaciones registrales realizadas por los mismos.

De esta norma se deduce que los Registradores Mercantiles tendrán que practicar los asientos y despachar los certificados del Registro Civil con los medios que en la actualidad tienen para hacer lo propio en el Registro Mercantil. Además, habrán de contribuir a la “Corporación” para que ésta pueda pagar los gastos generales que la llevanza del Registro Civil imponga.

Gallardón delega en el Director General de Registros y del Notariado, que es Registrador Mercantil de Zaragoza, decidir qué órgano adjudicará el futuro contrato millonario del programa del Registro Civil

El BOE del sábado 2 de agosto trajo una nueva sorpresa. Dicho BOE publicó la Orden JUS/1449/2014, de 31 de julio, por la que se modifica la Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre, sobre delegación de competencias.

Tal y como informa el preámbulo de la Orden, el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de privatización del Registro Civil, establece que la Dirección General de los Registros y del Notariado encomendará a la empresa pública «Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A.» u otro medio propio o unidad administrativa que determine el Ministerio de Justicia,  determinadas actuaciones en orden a la contratación de la creación, mantenimiento, gestión y seguridad del sistema informático único del Registro Civil y su red de comunicaciones.

Como consecuencia de lo dispuesto en el citado Real Decreto-ley 8/2014, de 5 de julio, y por supuestas razones de eficacia en la gestión, se procede a modificar la citada Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre, con el fin de englobar en el Director General de los Registros y del Notariado "todas las encomiendas de gestión en el ámbito de la modernización tecnológica del Registro Civil, así como su extensión a aquellas otras encomiendas de gestión que se realicen para la modernización tecnológica de aquellos otros registros y servicios cuya organización y dirección es competencia de la Dirección General de los Registros y del Notariado".

Es decir, el Sr. Director General de Registros y del Notariado, que es Registrador Mercantil, va a ser el encargado de atribuir a quien le parezca (“unidad administrativa” o “medio propio”) o a una empresa pública (Isdefe) la selección y adjudicación de un contrato millonario, como será el programa de gestión del Registro Civil. Y ello entre las quejas por la adjudicación a dedo a la empresa Futuver, participada al parecer por Registradores, del contrato para el desarrollo de la aplicación informática para llevar a cabo el Plan Intensivo de Nacionalidad; las reclamaciones del Servicio de Sistemas de Información, dependiente de Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, de que ellos tenían medios suficientes para haber desarrollado dicho programa, y además por mucho menor coste; y la solicitud del actual Decano de Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de que se asigne directamente a dicho Colegio (a SSI) el desarrollo de la nueva aplicación del Registro Civil. 

Parece, pues, que el Director General de Registros y del Notariado, con evidentes intereses en la privatización del Registro Civil, es ahora competente – por delegación – para adjudicar o decidir quién adjudica cualquier contrato de asistencia técnica en la ejecución de cualquier aspecto de la modernización tecnológica del Registro Civil y de los demás registros (Mercantil y de la Propiedad).

Esto huele a chapuza y a mezcla de intereses públicos con los privados. 

CCOO solicita a los Grupos Parlamentarios que presenten enmiendas proponiendo la derogación de las disposiciones adicionales 20, 22, 23 y 24 del Real Decreto-Ley 8/2014, que se tramita como proyecto de ley, y subsidiariamente enmiendas alternativas a su texto

CCOO no da tregua a Gallardón y continúa la lucha día a día, contra la privatización del Registro Civil. Dentro de las múltiples acciones que CCOO está llevando a cabo desde hace más de un año, para evitar la privatización del Registro Civil y, tras conocer que, finalmente, el Gobierno tramitará como proyecto de ley el Real Decreto-Ley 8/2014 de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, CCOO inició una segunda ronda de entrevistas con los grupos parlamentarios.

Entre otras cuestiones CCOO ha demandando a los grupos parlamentarios la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra el citado Real Decreto Ley 8/2014 que, como venimos informando, finalmente ha sido presentado por los grupos parlamentarios de IU, PSOE y UPyD ante el Tribunal Constitucional la semana pasada. 

Además CCOO ha presentado a los grupos parlamentarios, incluido al Partido Popular que sustenta al gobierno, una propuesta de enmienda solicitando la derogación de las disposiciones adicionales 20, 22, 23 y 24 del proyecto de ley relativas al registro civil y, subsidiariamente, propuesta de enmiendas alternativas a las citadas disposiciones adicionales para que las presenten y las defiendan en el trámite parlamentario. Para CCOO las resoluciones contra la privatización del Registro Civil aprobadas por multitud de Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y CCAA, en muchos casos gobernados por el Partido Popular y/o apoyadas con los votos de sus concejales o diputados, en pos de una coherencia interna, obligaría a votar en consecuencia también a sus diputados en el parlamento español. Algún grupo parlamentario ya se ha dirigido a CCOO para manifestar que defenderá sus enmiendas. 

El Gobierno del PP aprueba el proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, un paso más en el desmantelamiento de la Administración de Justicia y la privatización de los servicios públicos.

Rajoy, Gallardón y compañía aprobaron el pasado viernes en el Consejo de Ministros el Proyecto de Ley de Jurisdicción voluntaria, cuya aprobación se ha retrasado año tras año desde que la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, estableciera la necesidad de aprobar una nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria para actualizar los procedimientos de este tipo, que quedaron fuera de dicha Ley 1/2000. 

Pero el proyecto de Ley va mucho más allá. Con la excusa de “descargar la Administración de Justicia simplificando los expedientes en los que no exista controversia” el Ministerio de Justicia da un paso más en el desmantelamiento de la Administración de Justicia y en su privatización, al asignar a los Notarios tareas que tradicionalmente y sin controversia han estado dentro del ámbito de la Administración de Justicia, como son divorcios, declaraciones de herederos, reclamaciones de facturas o tramitación de matrimonios civiles. 

El Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria , si bien actualiza procedimientos y alguno de forma no muy afortunada, no tiene como beneficiarios a la Administración de Justicia o los ciudadanos, sino los colectivos de amigos de Rajoy y Gallardón, es decir, Notarios principalmente y Registradores en menor modo. El Proyecto de Ley extrae muchos procedimientos de la esfera de la actuación de los Jueces, que tal y como establece la exposición de motivos del propio Proyecto, en atención a la autoridad que los titulares de la potestad jurisdiccional merecen como intérpretes definitivos de la ley, imparcial, independiente y esencialmente desinteresados en los asuntos que ante ellos se dilucidan, los hace especialmente aptos para una labor en la que está en juego la esfera de los derechos de los sujetos. El objetivo oculto de esta nueva ley es encomendar principalmente a los Notarios la tutela de determinados derechos que hasta el momento actual estaban incardinados en la esfera de la jurisdicción voluntaria, justificándolo en que estos profesionales, que aúnan la condición de juristas y de titulares de la fe pública, reúnen sobrada capacidad para actuar, con plena efectividad y sin merma de garantías, en estos asuntos. En definitiva, privatiza procedimientos hasta ahora atribuidos a los jueces, por los que cobrarán Notarios y Registradores que harán propios los beneficios obtenidos por su tramitación.

Señora Sáenz de Santamaría: me debe un euro. A lo mejor es usted la que tiene que pasarse por la Calle Pradillo para comprobar cómo funciona el Registro Civil

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, me debe un euro. Más o menos, tampoco vamos a andarnos con racaneos. Les explico. Este jueves tuve que acudir al Registro Civil de Madrid para iniciar unos trámites. Hace dos semanas, en el Congreso, Sáenz de Santamaría justificaba la privatización de este organismo con la excusa de “modernizar el Registro y evitar las colas que se producen diariamente”. Y llegó a invitar “a sus señorías a visitar el Registro de la calle Pradillo de Madrid para comprobar las esperas que deben soportar los ciudadanos cuando acuden a él”.

Ante semejante panorama descrito por la vice, en Pradillo pagué más de un euro en el parquímetro para estacionar durante una hora en zona azul, y creí que me quedaría corto. Entré al Registro Civil a las 12:00 horas, y a las 12:09 ya estaba montado en el coche. Igual con diez céntimos me hubiera bastado.

Yo no sé si Sáenz de Santamaría habrá ido alguna vez al Registro. Es cierto que el edificio no es un alarde de modernidad, pero funciona. Es cierto que hay un gran número de personas, pero estamos hablando de cinco plantas para gestionar los trámites de todos los vecinos de la capital, y aún así funciona.

Repito, en tan sólo nueve minutos me atendieron con una gran efectividad, y gran simpatía, tres funcionarios distintos. Mientras que en el ambulatorio del barrio, el médico siempre va con dos horas de retraso sobre su lista de espera. Si lo que el Gobierno busca son edificios públicos congestionados, sólo tiene que pasarse por los hospitales de Castilla-La Mancha o Galicia, que gestionan sus compañeros de partido.

Secretarios judiciales reivindican la gestión del Registro Civil "a coste cero" y sin incremento de plantilla

La Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) ha emplazado al Ministerio de Justicia a replantearse su decisión de otorgar el Registro Civil a los registradores mercantiles y que se lo traslade a los secretarios judiciales dado su conocimiento de la legislación procesal, experiencia, vocación de servicio público y "alta" cualificación profesional y técnica. Esto se haría "sin incremento de plantillas" y con "coste cero" para el ciudadano.

La Ejecutiva de la asociación ha remarcado que el real decreto ley del pasado 4 de julio supone una "decepción y un desconcierto profundo" para la Unión Progresista de Secretarios Judiciales y ha generado además una "gran cantidad de dudas" en el colectivo.

Además de criticar la "propia desidia" del Gobierno por dejar transcurrir casi tres años sin desjudicializar el Registro Civil, pregunta qué intereses hay detrás de la encomienda de este servicio público a los registradores mercantiles.

"Esperamos que la próxima brillante idea del señor Gallardón y su equipo, no sea que los Médicos Forenses, grandes profesionales en su ámbito, sean a partir de mañana, cirujanos cardiovasculares, puesto que evidentemente tantos los Médicos Forenses, como los cirujanos cardiovasculares, son licenciados en Medicina", ironiza.

La izquierda clama contra el nuevo expolio privatizador del Gobierno de Rajoy

Érase una vez una empresa pública que ganaba dinero y ya no lo es. Así podría comenzar y terminar la breve historia de Remolcadores del Noroeste (Renosa), filial de Navantia, que anteayer fue vendida por dos millones de euros. Es solo una prueba insignificante, pero significativa, del renovado impulso privatizador del Gobierno de Mariano Rajoy, contra el que se ha pronunciado Izquierda Unida (IU) y, en algunos casos, el propio PSOE. Entre las privatizaciones más polémicas figura el Registro Civil, el control de los embalses de agua y Aeropuertos Nacionales (AENA), que tuvo 600 millones de beneficio en el último ejercicio.

Ni siquiera el recurso de inconstitucionalidad que contra el “macrodecreto” de medidas urgentes presentan hoy el PSOE, UPyD y la Izquierda Plural podrá parar la entrega del 49% del beneficio de Aeropuertos Nacionales (AENA) a los amigos de Rajoy en el Ibex-35 –el término ‘amigos’ ha sido empleado y no rebatido por varios portavoces parlamentarios-, en detrimento del erario público. Tampoco impedirá la privatización del Registro Civil ni la aplicación de otras medidas que afectan directamente a los empleados públicos. El recurso va contra el atropello legislativo al Congreso, no contra las cuestiones de fondo. Y cuando el Constitucional dictamine habrán transcurrido dos o tres años y las decisiones serán ya irreversibles.

La desvirtuación del Registro Civil

El BOE ha publicado el Decreto-ley sobre la adscripción definitiva del Registro Civil, que pasará dentro de un año al Registro Mercantil. Aunque al principio se pensó en el Registro de la Propiedad, como si un nacimiento, por ejemplo, fuese una propiedad de los padres, sin hablar de cómo suena lo de la anotación de un matrimonio, finalmente se han decidido por los registradores mercantiles. ¡Hombre, a veces una boda puede resultar un buen negocio, pero no como para inscribirla en el Registro Mercantil…!.

Bromas aparte, creo que una vez más el Gobierno da muestras no sólo de vivir de espaldas al municipalismo, sino de desconocerlo absolutamente, a pesar de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón , haya sido alcalde (de Madrid), aunque da la impresión de que no le ha puesto demasiada atención.

La Ley de Demarcación y Planta Judicial establecía que el Registro Civil estará integrado por los Registros Municipales, debiendo existir al menos uno por cada término municipal, recayendo en la actualidad en los Juzgados de Paz, que en los municipios de menos de 7.000 habitantes suelen estar a cargo del Ayuntamiento y atendidos por personal municipal a cambio de una gratificación insignificante.

Pues bien, esos Ayuntamientos con menos de 7.000 habitantes suponen el 87,5 % del total, por lo que parece que, de conocer el terreno que se pisa, la opción principal era clara si tal y como dice la Ley del Registro Civil lo que se pretende es su modernización así como aproximarse al modelo existente en otros países de nuestro entorno.

El Colegio de Registradores afín a Justicia pagó 5 millones a la firma de un asesor de Gallardón para el desarrollo de la aplicación del Plan Intensivo de Nacionalidad

Fue el negocio redondo para unos pocos. Pero fue un negocio que provocó un agujero económico importante en el Colegio de Registradores, y una división en un colectivo que aglutina a poco más de 1.000 profesionales con carácter de funcionarios, aunque de un tipo particular: acceden por oposición y dependen del Gobierno, pero no cobran un sueldo público sino aranceles a sus clientes, contratando a sus propias plantillas. 

En junio de 2012, el Colegio de Registradores recibió una encomienda del ministerio de Justicia para hacerse cargo de la tramitación de los expedientes de nacionalidad, que acumulaban entonces varios años de retraso y colapsaban el ministerio. Fue un servicio por el que los registradores no cobraron, todo lo contrario, tuvieron que pagar. Justicia, a través de la Dirección General de Registros y del Notariado, pactó con el Colegio el tipo de software que debían utilizar para tramitar esos expedientes, una plataforma tecnológica que había diseñado una empresa privada por la que el Colegio desembolsó 5,15 millones de euros. Curiosamente, uno de los administradores de esa empresa era el registrador 'fichado' por Justicia para dirigir desde el ministerio el equipo que decidió que los registradores debían pagar por ese software. 

En enero de 2012, el Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín Rodríguez Hernández, creó un equipo de trabajo para intentar agilizar la tramitación de los expedientes de nacionalidad, ya que por aquel entonces había unos 480.000 en listas de espera. Para ello nombró a un registrador, Javier Angulo Rodríguez, como Jefe de Proyecto de Gestión de Expedientes de Nacionalidad. "El extraordinario incremento del flujo de inmigrantes que se ha producido en los últimos años ha superado la capacidad de tramitación del órgano administrativo y es inaplazable dar solución a este problema", fue la conclusión de este equipo asesor del ministerio. 

CCOO mantiene su firme oposición a la privatización del Registro Civil y anuncia que no dudará en utilizar todos los medios legales y sindicales para salvar este servicio público

Ante la suspensión unilateral por el Ministerio de Justicia de la reunión del 29 de julio, CCOO ha vuelto a trasladarle su propuesta sobre el Registro Civil, ya anunciada en la reunión del día 22 de julio y remitida también por escrito al Ministerio ese mismo día, contra la privatización de los Registros Civiles y por la defensa del mantenimiento de todos los puestos de trabajo en los órganos judiciales con funciones de Registro Civil.

El Ministerio, tras la decisión de Gallardón de privatizar los Registros Civiles, había anunciado que solo iba a permitir la negociación de las condiciones en las que quedaría el personal destinado en órganos judiciales con funciones de Registro Civil, fijando como fecha tope el día 22 de julio, alegando que los plazos para enmendar la futura ley de los Registros Civiles acababan en julio. Sin embargo, en la mesa del día 22, comunica que el plazo de enmiendas finalizaba en septiembre y anuncia convocatoria de nueva mesa para el día 29 de julio que, finalmente, de manera unilateral y sin ningún argumento, suspende dos días antes sin fijar nueva fecha, sabiendo que era imprescindible mantener dicha reunión porque lo que está en juego son los derechos de miles de personas que hoy prestan servicio en cualquier Registro Civil en España.

La propuesta que CCOO presentó el día 22 de julio, y que ahora reitera, contiene varias premisas fundamentales:

1.- El Registro Civil es un servicio público fundamental integrado en la Administración de Justicia y CCOO no va a tolerar su privatización, por lo que va a seguir luchando con todos los medios para impedirlo, pues la entrega de su gestión a los Registradores Mercantiles acordada por Gallardón, es lisa y llanamente una privatización.

PSOE, IU y UPyD llevan al Constitucional el ‘macrodecreto’ económico de Rajoy

El PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y UPyD han presentado este jueves en el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra el decreto ley de Medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia al considerar que la decisión del Gobierno de incluir en una única norma una treintena de cambios legislativos que afectan a nueve ministerios supone un "desprecio" al Parlamento, a los grupos políticos y a los ciudadanos a los que representan.

El diputado y secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas; el secretario de Economía del PSOE, Manuel de la Rocha; el portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, José Luis Centella; y el portavoz económico de UPyD en el Congreso, Álvaro Anchuelo, han sido los encargados de presentar el recurso contra el ‘macrodecreto’,al que ya se opusieron durante el debate de convalidación.

En declaraciones a los medios, Pradas ha reprochado a los ‘populares’ un nuevo “atropello” que llevan a cabo “abusando” de su mayoría absoluta, que les permitiría sacar adelante proyectos de ley ordinarios sin necesidad de recurrir al decreto ley, un instrumento reservado para los casos extraordinarios y de urgente necesidad.

Los recurrentes dicen que el ‘macrodecreto’ se ha utilizado para incorporar una modificación –la puesta en manos de los registradores mercantiles del servicio de Registro Civil– que afecta al derecho a la intimidad, uno de los derechos fundamentales regulados en el título I de la Constitución, que son materias que no se pueden regular mediante decreto.