Adios, Rajoy. Gracias, Catalá

Desde el pasado viernes 1 de junio Mariano Rajoy ya no es Presidente del Gobierno. Bajo su mandato se ha producido el mayor ataque a los servicios públicos habido en democracia: con la excusa de la crisis se intentó la privatización de numerosos servicios públicos, supuestamente con el fin de reducir el déficit público, poniendo en manos privadas (y normalmente privilegiadas) asuntos que siempre habían tenido la consideración de servicios públicos, desde la gestión de los hospitales públicos hasta numerosos trámites administrativos y judiciales. 

Con Rajoy en el Gobierno, y con el apoyo de sus registradores - colaboradores, el Ministerio de Justicia con Ruiz Gallardón comenzó el asalto al Registro Civil. 

Primero, otorgando a los Registradores de la Propiedad la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia hasta la puesta a disposición del Ministerio de Justicia, para la elevación del preceptivo informe-propuesta de resolución, al principio gratuita, con el fin de desbloquear la resolución de los expedientes de nacionalidad que el propio Ministerio había atascado al suprimir casi toda la plantilla destinada a su resolución.

Segundo, apoyando el borrador del Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, que atribuía ya directamente a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles la gestión del Registro Civil, en beneficio propio (recordemos la redacción de su propuesta del art. 21.5 de la Ley 20/2011: "Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles sufragarán íntegramente los costes derivados de la prestación del servicio público del Registro Civil, incluyendo sus honorarios, mediante la aplicación de los correspondientes Aranceles"). Primer Anteproyecto que decayó gracias a la presión de los Notarios, que veían como se fortalecía la posición de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles en el tráfico jurídico en perjuicio de los Notarios. 

Tercero, apoyando el segundo borrador del Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, más matizado (y por tanto más asumible para los Notarios), que contó con la oposición de un gran número de Registradores de la Propiedad que promovieron, y consiguieron, un cambio en la dirección del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, previa Asamblea histórica celebrada en Zaragoza. 

Cuarto, mediante la publicación del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, cuya Disposición Adicional Vigésima establecía lo siguiente: "A partir de la entrada en vigor en su totalidad de la Ley 20/2011, de 21 de julio, el Registro Civil estará encomendado a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que en cada momento tengan a su cargo las oficinas del Registro Mercantil, por razón de su competencia territorial. Dichas oficinas se denominarán Oficinas del Registro Civil y Mercantil". Real Decreto Ley que luego se convertiría en la Ley 18/2014, y cuyos preceptos relativos al Registro Civil fueron estimados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional por entender que no concurrían las circunstancias de urgencia y necesidad que amparan este tipo de normas. 

Todo ello, bajo el amparo de Mariano Rajoy, Soraya Saez de Santamaría y la cohorte de Registradores que únicamente buscaban consolidar su posición en el tráfico jurídico ante las denuncias procedentes de la Unión Europea que ponían y ponen en riesgo no su existencia sino su privilegiado status en aras de la competitividad. 

Y en esto llegó Rafael Catalá. Tras la dimisión (autodimisión, pues él solito se montó un barullo para luego dimitir) de Ruiz Gallardón, se designó a Rafael Catalá como Ministro de Justicia. El cese de Gallardón vino acompañado del cese del Director General de Registros y del Notariado, Registrador Mercantil de Zaragoza, uno de los máximos soportes de la privatización del Registro Civil. 

Catalá apoyó inicialmente la privatización del Registro Civil, si bien recondujo el proyecto para el agrado del Colegio de Registradores. Ya no iban a ser los Registradores Mercantiles los que se harían cargo de los Registros Civiles, sino los de la Propiedad. No se iba a constituir la Corporación de Derecho Público encargada de la contratación del sistema informático único y de la aplicación de llevanza en formato electrónico del Registro Civil y su red de comunicaciones a que hacía referencia el Real Decreto Ley 8/2014, sino que iba a ser el propio Colegio de Registradores el que se haría cargo de dicha contratación. Y constituyó la Comisión Mixta de Colaboración entre el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, en materia de Registro Civil, encargada de coordinar el traspaso de la gestión del Registro Civil a dichos Registradores. 

Mientras la Comisión Mixta avanzó en su trabajo y se llevaron a cabo las primeras pruebas con la nueva aplicación, el colectivo de trabajadores y trabajadoras de los Registros Civiles, con el apoyo de las organizaciones sindicales (en especial CCOO, que nunca cejó en este empeño ni dio la batalla por perdida), empezó a coordinarse, hasta constituir la marea amarilla que inundó calles de Madrid en abril de 2015. Cuando ya todo parecía perdido, a finales de dicho mes el Ministerio de Justicia renunció a la privatización del Registro Civil, derogándose por medio de la Ley 19/2015 las disposiciones de la Ley 18/2014 que así lo establecían. Volvíamos a la casilla de salida. 

Nunca se ha explicado suficientemente qué motivó que un proyecto tan adelantado (las actas de la Comisión Mixta así lo atestiguan) decayese finalmente a tan sólo un par de meses de su entrada en vigor. Era necesario reformar la Ley 20/2011 ( y había en tramitación en el Congreso leyes que así lo permitían) y se había avanzado mucho en ello; existían problemas técnicos para la implantación de la nueva plataforma electrónica, y es cierto que las actas de las últimas reuniones de la Comisión Mixta muestran ciertas desavenencias entre el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores, pero hay algo más que no conocemos y que sea lo que fuere supuso la derogación de la privatización del Registro Civil. 

Desde entonces, Catalá ha defendido siempre que el Registro Civil debe ser público, gratuito, cercano a los ciudadanos, con los LAJ como Encargados y el personal de la Administración de Justicia como funcionarios a su cargo. Ha defendido el mantenimiento de las oficinas de Registro Civil actuales, tanto en los Juzgados de Paz como en los partidos judiciales, aunque ello le haya llevado al enfrentamiento con el colectivo de LAJ, que quieren Oficinas exclusivas del Registro Civil, sin otras competencias procesales, en unas pocas ciudades de España, aunque ello sea en perjuicio del servicio público. 

Las propuesta de Catalá, desgraciadamente, no se han plasmado en los tres años que han pasado desde la derogación de la privatización del Registro Civil en la necesaria reforma de la Ley 20/2011, de Registro Civil. El equipo de Catalá no ha sabido, o no ha querido, defender un proyecto de reforma de la Ley 20/2011 que contuviera los puntos propuestos por Catalá ante las organizaciones sindicales. Han trabajado al margen de su grupo parlamentario, y ello llevó a que el grupo parlamentario del PP tuviese que defender en el Congreso una Proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2011 elaborada por el equipo del Ministerio de Justicia claramente insuficiente, proposición que tuvo el voto desfavorable en su toma en consideración pese a su acertada defensa tanto por la portavoz del PP en la Comisión de Justicia como por el propio Catalá. En ese momento primaron intereses corporativos, pues para el PSOE, las asociaciones de Jueces y Secretarios lo importante era infringir una derrota a Catalá fuese en el tema que fuese, y con tal fin se movieron entre los grupos parlamentarios (especialmente con Ciudadanos) para lograr que la Proposición de Ley no prosperase. La Proposición de Ley era mala, insuficiente, pero podía mejorarse sustancialmente en fase de enmiendas. Su rechazo, y la falta de cupo para que Podemos pudiera defender su Proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2011 durante este periodo de sesiones, lleva directamente a la prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011 durante dos años, que ahora tendrá que empezar a gestionar el PSOE, cuyo portavoz de Justicia en el Congreso, Juan Campo, es el máximo valedor de dicha Ley cuyas lagunas e imprecisiones permitió el intento de privatización del Registro Civil. 

Rafael Catalá ha sido un Ministro de Justicia reprobado; ha tenido al colectivo de Jueces, Fiscales y Secretarios en su contra por intereses esencialmente corporativos (principalmente económicos); no ha llevado a término lo discutido hasta la saciedad con las organizaciones sindicales y deja una Administración de Justicia, a nuestro juicio, peor de lo que se encontró; se ha rodeado de un equipo de trabajo que, a nuestro juicio, no ha plasmado lo que el Ministro, con buen talante, defendía en sus reuniones con los colectivos antes citados y que se ha aislado del trabajo del Grupo parlamentario; el Ministerio ha gestionado de forma pésima todo el tema de nacionalidades (sobre esto escribiremos en un post posterior) ... Pero ha defendido que el Registro Civil siga siendo público y gratuito, ha defendido que sea prestado por personal de la Administración de Justicia, ha defendido que se mantengan como oficinas del Registro Civil tanto los Juzgados de Paz como los Registros Civiles de cada partido judicial, y eso no era sencillo cuando tanto las presiones de parte del Partido Popular, las Leyes aprobadas, los máximos dirigentes del Gobierno y muchos Registradores de la Propiedad próximos al establishment defendían lo contrario. Muchas veces hemos estado tentados de quitar su foto del diseño de este blog, porque dejó de ser responsable hace tiempo del intento de privatización del Registro Civil. Y aunque sólo sea por ello, aunque su trabajo se haya quedado a mitad de camino, aunque hoy sigan las incertidumbres sobre el futuro del Registro civil ante una Ley 20/2011 que hay que reformar sí o sí, desde este blog estamos agradecidos a Rafael Catalá. 

Por todo ello, adios Rajoy, y gracias, Catalá.