- Rajoy pretende multiplicar los aranceles de los Registradores Mercantiles, para compensarles por la llevanza del Registro Civil
- Rajoy y Catalá pervierten el uso de enmiendas a proyectos de Ley hoy en el Congreso, para imponer la privatización del Registro sin los informes preceptivos de todo proyecto de ley.
La supuesta gratuidad de la prestación del servicio público que constituye el Registro Civil, sin excepción de ningún tipo, que establece la Disposición Adicional vigesimosegunda de la Ley 18/2014, y que utiliza el Gobierno de Rajoy, Catalá y el PP para desmentir la privatización del Registro Civil es una burda mentira. Así resulta de una de las enmiendas presentadas por el Partido Popular al Proyecto de Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes, y que aparece publicada en el boletín del Congreso de los Diputados de 19 de febrero. Propone el Partido Popular, por mandato de Rajoy y Catalá, la siguiente enmienda:
«Disposición final tercera. Habilitación. Se habilita al Ministro de Justicia para dictar las disposiciones que sean necesarias para la ejecución de lo establecido en esta ley, incluyendo la fijación y la gestión de los aranceles para el cálculo de los honorarios registrales devengados por la tramitación de los expedientes y hechos inscribibles previstos en esta Ley.»
Esta Ley permitirá a los Registradores cobrar el arancel que fije el Gobierno por la tramitación de todos los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia, que constituyen alrededor del 50 % de los expedientes que tramitan hoy los Registros Civiles, pues se va a utilizar esta Ley para regular tanto la adquisición de la nacionalidad española por residencia con carácter general como la adquisición por los sefardíes originarios de España. Además podrá cobrarse el arancel tanto por la tramitación de los expedientes como por los hechos inscribibles derivados del mismo (marginal de nacionalidad en todo caso, inscripción de nacimiento si ha nacido fuera de España también), es decir, que los Registradores estarán autorizados para cobrar por todas las actuaciones que se incluya dentro de un trámite completo, como ya hacen en los Registros de la Propiedad, demostración inequívoca, como viene denunciando CCOO, de que el Gobierno y su ministro Catalá no dicen la verdad cuando aseguran que los trámites del Registro Civil seguirán siendo gratuitos.
También el diario Infolibre publica un artículo denunciando que el Gobierno pretende multiplicar las ganancias de Registradores Mercantiles, aumentando los hechos inscribibles (como el registro previo telemático de los libros de comercio) o aumentando exponencialmente sus aranceles (las notas simples pasarían de 0,6 € a 9 €, las certificaciones a 1,5 a 24 €, y los depósitos de cuentas pasarían a 72 €), estimando que los Registros Mercantiles podrían obtener con ello unos ingresos anuales adicionales de 700 millones de euros.
Pero además CCOO pone de manifiesto que la regulación de los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia por medio de este Proyecto de Ley que, en principio, iba dirigido a regular la adquisición de dicha nacionalidad por carta de naturaleza por parte de los sefardíes , constituye un claro fraude del procedimiento legislativo. En vez de presentar un proyecto de Ley sobre esta materia, o retirar el proyecto ahora en el Congreso para reformularlo, el Gobierno por medio del Grupo Parlamentario del PP formula enmiendas de adición al proyecto de Ley, y de esta forma omite las memorias, estudios e informes sobre la necesidad y oportunidad de esta nueva reforma (Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado, etc) , el informe sobre el impacto por razón de género, la memoria económica y el informe de la Secretaría General Técnica, entre otros, que son precisos cuando se presentan Proyectos de Leyes a propuesta del Gobierno.
Con esta propuesta el Gobierno de Rajoy y Catalá incumple la Disposición adicional tercera de la Ley 20/2011, que establece que “las solicitudes de adquisición de nacionalidad española por residencia se iniciarán y tramitarán por los órganos de la Administración General del Estado”, pues los Registradores no lo son.
Esta técnica legislativa la va a utilizar de nuevo el Gobierno, con mucho más descaro, para modificar los puntos esenciales de la Ley 20/2011, de Registro Civil, para adecuar su llevanza por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, por medio de numerosas enmiendas de adición al Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil. Ante ello CCOO ha presentado diversas enmiendas tres la "invitación" de Catalá al PSOE a que presente enmiendas relativas a la llevanza del Registro Civil en dicha Ley.
El Partido Popular, el Gobierno de Rajoy y su ministro Catalá pretenden modificar un Ley, la 20/2011, que fue aprobada por consenso de todas las fuerzas políticas, para regalar un servicio público a operadores privados como son los Registradores de la Propiedad y Mercantiles. ¡¡Qué vergüenza !!
No lo tendrán fácil. CCOO continuará luchando junto con todos los funcionarios y funcionarias para evitar que el Registro Civil salga de la Administración de Justicia e impedir su privatización.
No hay comentarios:
Publicar un comentario