Si nadie lo remedia, a partir de julio de este año los españoles tendremos que pagar por pedir documentos en el registro civil tales como la partida de nacimiento o un certificado de defunción. Eso es así porque en verano entrará en vigor la privatización de este servicio, público desde su creación en 1870, para ponerlo en manos de los registradores de la propiedad.
CCOO ha iniciado una campaña para tratar de frenar esta iniciativa por considerar que supone “un atentado a los derechos de los españoles” y que es un proceso “teñido de presunta corrupción”.
Javier Hernández, responsable de acción sindical del sector estatal de Justicia en este sindicato, asegura que la privatización se puso en marcha en 2011 con la llegada de Gallardón al ministerio y pondrá el registro en manos de los registradores de la propiedad y mercantiles, cuando Mariano Rajoy y dos hermanos suyos lo son, al igual que la nuera y el cuñado del propio Gallardón.
Presunta corrupción
“Entregan este servicio al colectivo del que forman parte ellos y sus familias. Eso es presunta corrupción“, dijo. Con el agravante que el registro presta servicios que son obligatorios para numerosos trámites. Esto, según CCOO, constituye “la perla de una política insoportable que demuestra la caradura de este Gobierno”.
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