El anteproyecto de reforma de ley, cuyo objetivo era otorgar algunas competencias del Registro Civil a notarios y registradores, finalmente no ha calado. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se echó para atrás el pasado mes de octubre, pero esto no significa que se haya suspendido definitivamente el proceso de privatización de estos servicios, sino que se ha detenido temporalmente.
En un principio, Gallardón pretendía delegar las competencias del Registro Civil a notarios y registradores de la propiedad que, a pesar de haber accedido a sus cargos a través de oposiciones, no cobran directamente del Estado, sino que sus sueldos se financian a través de aranceles derivados de sus servicios, por lo que, a efectos prácticos, no pueden encuadrarse dentro del colectivo del funcionariado como tal. Esta medida iba acompañada de nuevos aranceles y tasas para servicios, como matrimonios civiles, modificación de nombres y apellidos o la nacionalización, que hasta ahora eran gratuitos.
En octubre, Gallardón cejó en su empeño de cobrar por servicios que hasta entonces estaban libres de impuestos, pero las últimas negociaciones sugieren que la privatización de estos servicios no se ha suspendido por completo. A pesar de haber insistido en que los registros civiles seguirán exentos de aranceles, el ministro ha asegurado que quienes asumirán estas competencias serán “diferentes funcionarios” pero no ha especificado quiénes.
Dentro del amplio abanico de funcionarios en los que se podrían delegar estas funciones se encuentran, precisamente, los registradores de la propiedad. Todo apunta a que será el Colegio de Registradores el que se encargará al final de todas estas gestiones, especialmente después de que se publicara el contenido de una misiva firmada por el decano de este mismo colegio, Gonzalo Aguilera, en la que aseguraba a sus afiliados que tomaba las riendas de los registros civiles.
Antes de anunciarlo, los registradores ya habían expresado su rechazo a encargarse de la gestión del Registro Civil, debido, principalmente, a la decisión del ministro de Justicia de mantener todas estas gestiones gratuitas sin los aranceles que éstos exigían. El traspaso de los registros civiles de manos de los secretarios judiciales a las de los registradores supondrá, además, que el Estado prescinda de los funcionarios y licenciados de tipo A-1, con más experiencia, para ceder competencias a empleados que, según denuncian los colectivos, no tienen ningún conocimiento en la materia.
Los sindicatos exigen garantías
El Sindicato de Secretarios Judiciales (SiSeJ) ya denunció hace más de un año que, con esta medida, el Estado está menospreciando la capacidad de su colectivo.
Numerosos colectivos, entre ellos la Central Sindical Independiente de Funcionarios (C-SIF) y asociaciones de funcionarios de diferentes provincias han seguido presionando para que se detenga esta medida y se mantengan las condiciones laborales de los que hasta ahora se habían encargado de estos trámites.
El sindicato mayoritario de la función pública, Comisiones Obreras, ya ha anunciado que trasladará al Grupo Parlamentario Popular su petición para se garantice este servicio público y se mantengan los 5.194 puestos de trabajo —entre registros civiles únicos, central, juzgados con competencias registrales, juzgados de paz y agrupaciones— que se verían afectados por la reforma del Registro Civil, que representan cerca del 13% del personal de Justicia.
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