Los registradores y su personal resuelven en pocos meses un atraso de años de expedientes de nacionalidad de residencia. De 478.233 Expedientes Totales han tramitado 476.114.
¿Cuántas nuevas solicitudes de nacionalidad se reciben cada día aproximadamente?
El Ministerio calcula que unas 12.500
¿Qué es el Plan Intensivo de Nacionalidad Española?
El lunes 15 de octubre de 2012 entró en vigor el Plan Intensivo para la tramitación de la Nacionalidad Española por Residencia, tras haberlo publicado el Boletín Oficial del Estado el pasado sábado 13 de octubre de 2012.
¿Cuándo dijeron que iban a estar resueltos todos esos expedientes?
El Ministerio al poner en marcha este plan dijo que “los expedientes acumulados durante los pasados años, a los que se seguirá dando trámite por riguroso orden cronológico, estarán resueltos antes del verano de 2013″.
¿Es cierto que se acabó el Plan Intensivo de Nacionalidad española?
El Ministerio de Justicia y el Colegio de los Registradores rompieron sus acuerdos a mediados del mes de marzo pasado (2014). Entre esos acuerdos, como se sabe, está el conocido Plan Intensivo de Nacionalidad de Nacionalidad española que ha posibilitado desatascar solicitudes de nacionalidad española de más de tres años.
Un año de negociaciones —y de polémica— sobre el cambio de gestión del Registro Civil terminó con la ruptura entre el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores, el colectivo en el que teóricamente se iba a delegar el servicio que ahora realizan funcionarios judiciales. Justicia da por definitivamente rota esa negociación y busca ahora fórmulas alternativas (aunque aún sin descartar que el Registro Civil pase a manos de colectivos no judiciales). El portazo se ha producido porque los registradores se negaban a hacer ese trabajo gratis: exigían poder cobrar aranceles a los ciudadanos por algunos trámites; y el ministerio ya se había comprometido a mantener la gratuidad del servicio.
El Registro Civil, que tramita cada año 1,4 millones de asuntos gratuitos para los ciudadanos —inscripción de nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, nacionalidad, adopciones, tutelas, cambio de apellidos— está adscrito desde el siglo XIX a la administración de justicia. Hay un juez (o un juez de paz, estos no profesionales) al frente de cada oficina de registro; y, en total, 4.800 funcionarios judiciales se ocupan de esas labores (en exclusiva o compatibilizándolas con las judiciales), según Justicia, que no precisa cuántos son jueces.
En diciembre de 2012, el ministerio dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón anunció que iba a cambiar la ley para dejar el Registro Civil en manos de los 1.000 registradores de la propiedad y mercantiles que hay en España, con el fin de “desatascar los juzgados” liberándolos de ese trabajo “administrativo”. Fuentes de Justicia aseguraron entonces que los trámites “obligatorios” para los ciudadanos —sobre todo, inscripción de nacimientos y defunciones, el 80% del total— seguirían siendo gratis. Distintos colectivos, sin embargo, vieron en ese anuncio el primer paso hacia la privatización. Los registradores, como los notarios, son un híbrido entre funcionarios públicos (dependen del Gobierno) y trabajadores privados (se financian con aranceles).
El ministerio renunció definitivamente, hace cincomeses, a cobrar arancel alguno en el futuro Registro: aseguró que todos los trámites, obligatorios o no, seguirían siendo gratis. Así se lo dijo a los registradores, según confirman ambas partes. El acuerdo parecía hecho en febrero —el decano del Colegio de Registradores llegó a comunicar a sus afiliados por carta que iban a hacerse cargo del Registro Civil—. Pero el pasado lunes, según fuentes de Justicia, el Colegio volvió a exigir que se le permita cobrar aranceles; Justicia se negó y dio por acabada la negociación.
Fuentes del Colegio de Registradores dijeron a mediados de marzo de 2014 que “para prestar a los ciudadanos un servicio público de calidad y lograr un Registro Civil más eficiente”, es necesario asegurar, entre otras cosas, “una fuente de financiación suficiente y vinculada a la prestación de los propios servicios del Registro Civil”.
Justicia ha roto con el Colegio de Registradores, pero eso no quiere decir que el Registro Civil vaya a seguir en manos de funcionarios judiciales. Responsables del ministerio afirman que están “explorando otras fórmulas”.
¿Qué significa el “Plan Intensivo?” ¿Por qué el Gobierno español ha tomado esta decisión con un sector de la población a la que constantemente ha politizado y machacado con restrictivas políticas de inmigración? ¿Por qué se produce este anuncio ahora si los inmigrantes no tienen derecho al voto? Legalcity, un despacho de abogados y expertos en temas migratorios, con sede central en Barcelona, intenta despejar algunas de esta dudas. ¿Un apretón de manos entre el Gobierno y la inmigración?
Vayamos por partes. Cuando un ciudadano iberoamericano por ejemplo, –excepto guatemaltecos- lleva dos años de residencia “legal” en España tiene derecho a solicitar el trámite para la obtención de la Nacionalidad española. Sin embargo, las citas para la presentación de los expedientes suele tardar hasta cuatro años en lugares como Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) y más de dos años en Madrid y Barcelona (capitales).
El rimbombante anuncio del Plan Intensivo se trata de una Instrucción de desarrollo, para la aplicación del Acuerdo de encargo de gestión entre el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores de España, firmado en el pasado verano. La tramitación de la nacionalidad española tendrá un proceso distinto al habitual. La intervención de los Registradores de la Propiedad y la digitalización de gran parte del procedimiento pretenden reducir los plazos de resolución de todo el procedimiento y también los costes que para la administración supone el manejo de miles de expedientes en formato papel. Esto es lo que al menos, dice el BOE.
Las buenas intenciones del Gobierno y el Partido Popular para con la inmigración española parecen cuando menos, sospechosas.
Hace muchos años que los franceses y los alemanes –por solo citar un par de ejemplos- se dieron cuenta que la inmigración era un hecho con el que tendríamos que aprender a vivir y sobre todo se convencieron de que era un nicho de votantes para nada despreciable.
El ejemplo más reciente, el triunfo de Hollande en Francia que ha incorporado a su Gobierno a tres musulmanes o lo que es lo mismo, ha creado un gobierno multicultural. Las “minorías visibles” (franceses negros y musulmanes, entre otros) han ocupado un puesto significativo como actores y electores, activos (muy visibles en la acción política) y pasivos (a quienes los grandes actores han intentado seducir) en las pasadas elecciones francesas.
Al otro lado del Atlántico, nos encontramos con un Obama que han mirando a las elecciones presidenciales próximas y ha sorprendido a todos con regularizar a casi un millón de inmigrantes “sin papeles”. A fin de cuentas las elecciones en Estados Unidos casi siempre las decide el voto hispano de la Florida.
Mientras los unos y los otros hacen guiños a la inmigración, España jugando siempre en la retaguardia o al menos no ha lanzado ningún mensaje de complicidad en sus campañas electorales; tal vez por ser uno de los últimos países europeos que se ha enfrentado a la realidad del fenómeno migratorio. ¿Qué sentido tendría dar una palmadita en la espalda a un inmigrante si este no tiene derecho a votar? Pero un hombre de luz larga se ha dado cuenta de esta realidad y ha convencido a su Partido que la inmigración nacionalizada española puede dar un buen puñado de votos. Ese hombre es el Ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón.
Gallardón, un hombre inteligente, amante de la historia francesa y político de luz larga convencido de que cada voto cuenta y que hacer un guiño a la inmigración es una jugada a mediano y largo plazo que podría ser muy rentable a su Partido.
La derecha podrá endurecer las políticas migratorias porque a corto plazo le proporciona votos del electorado español que ve en el inmigrante alguien que desestabiliza el estado del bienestar. Y así jugaron, con esta baza, casi todos los Partidos en las últimas elecciones. Pero una cosa es endurecer la política migratoria y otra muy distinta es suavizar el proceso de la nacionalidad española para quienes ya tienen “papeles”. Inmigrantes nacionalizados que en número pueden ser muy generosos en las urnas.
De tres a un año; este es el tiempo que podría tardarse la tramitación de un expediente de nacionalidad española según se desprende del convenio de colaboración que firmó Gallardón con el Colegio de Registradores de la Propiedad en el verano y que ahora parece haberse hecho efectivo con lo publicado este fin de semana en el BOE.
Estaríamos hablando de más de un millón de inmigrantes que de cara a las próximas elecciones ya serían españoles; más un cuarto de millón de descendientes de españoles (241.763) que ya han obtenido la nacionalidad gracias a la disposición adicional 7ª de la Ley para la Recuperación de la Memoria Histórica —dicha disposición es conocida como ley de nietos—.
Del total de solicitudes (503.439) por la Ley de Memoria Histórica se ha aprobado el 48,02%, aunque aún hay un buen número en trámite. La inmensa mayoría de las peticiones (477.462, casi el 95% del total) se presentaron en consulados españoles en Iberoamérica. El 92,34% de ellas (464.858) procede de hijos de padre o madre de origen español y el 6,32% (32.141) de nietos de españoles que perdieron la nacionalidad o tuvieron que renunciar a ella con motivo del exilio.
Las oficinas consulares han expedido 164.509 pasaportes españoles a personas que han accedido a la nacionalidad gracias a esta ley. Solo en México unas 46.000 personas han solicitado la doble nacionalidad. Hasta el pasado día 27, el Consulado de España en México había tramitado 16.000 expedientes (un 35% de los presentados), de los que tan solo el 1% habían sido rechazado, bien por no cumplir todos los requisitos o por no poder demostrarlos.
Los números hablan claro y son clarísimos. Y ante la evidencia “el hombre inteligente, amante de la historia francesa y político de luz larga” que como si fuera un excelente empresario ha encotrado un buen “nicho de mercado”. O no?
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