El funcionamiento del Registro Civil no gusta a casi nadie. Ni a los dos grandes partidos políticos, ya que PSOE y PP pactaron su reforma en 2011; ni a los ciudadanos, que se quejan de largas esperas y múltiples ineficiencias; ni siquiera a los 4.500 trabajadores encargados de su gestión, que lamentan su saturación y la falta de medios con la que lidian a diario.
Pues bien, ese acuerdo político se plasmó en una reforma legal que concluyó entonces que el registro debía reformarse, ya que no era de recibo que solo en los expedientes de nacionalidad se acumularan años de retrasos. Sin embargo, esa nueva ley establecía al mismo tiempo lo que se denomina una vacatio legis de tres años, que no es otra cosa que dicho periodo para su entrada en vigor. Ese plazo expira el próximo mes de julio, por lo que el Ministerio de Justicia apenas tiene hasta junio, unas nueve semanas, para dar con la solución a un problema que amenaza con convertirse en otra fuente de conflicto con los funcionarios y empleados públicos dependientes del departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón.
De las conversaciones que representantes de Justicia han mantenido hasta ahora con distintos cuerpos de la administración, parece que está claro qué se quiere hacer, pero no tanto con quién. El Gobierno quiere llegar a una solución de consenso, pero lo cierto es que después del desencuentro protagonizado con los registradores de la propiedad (que fueron quienes más cerca estuvieron de asumir la llevanza del Registro) se aleja esa posibilidad.
El objetivo del Gobierno es desjudicializar la gestión del Registro Civil, liberando de esta forma personal de los juzgados que en la actualidad desempeña algunos trabajos propios de este organismo. Fuentes de Justicia admiten que se lograría un doble objetivo: modernizar el servicio del Registro y descongestionar los juzgados. Si no hay acuerdo con ninguno de los colectivos que se han barajado hasta el momento como idóneos para asumir esta competencia (registradores, notarios, secretarios judiciales e incluso algunos funcionarios del ámbito municipal), Justicia podría otorgar la llevanza del Registro Civil por decreto a uno de ellos, sin necesidad de que exista acuerdo previo.
Sin embargo, la intención es agotar ese plazo disponible. ¿Por qué no ha sido posible hasta ahora el pacto? El Ejecutivo siempre advirtió que existían dos líneas rojas que no debían traspasarse: la reforma no podía suponer que el ciudadano pasara a pagar por servicios que ahora eran gratuitos y la nueva gestión del registro no supondría pérdida de empleo público.
Tal y como confirman a CincoDías fuentes conocedoras de las negociaciones, en el segundo aspecto nunca hubo problemas, ya que estaba previsto que se hiciera cierto trasvase de parte de esos 4.500 funcionarios que en la actualidad gestionan el Registro al colectivo que finalmente asumiera el control del servicio. Sin embargo, a la hora de abordar el coste del proyecto, las discrepancias con los registradores de la propiedad se han probado, hasta ahora, insalvables.
Desde Justicia argumentan que este colectivo dispone de los medios humanos y técnicos (soportes informáticos) para poder asumir la gestión del Registro Civil y defienden que igual que el resto de empleados públicos ha hecho sacrificios, ellos los tendrán que hacer. “Con la mayor eficiencia que van a conseguir, ahorrarán costes y, por tanto, obtendrán un beneficio”, argumentan fuentes del Departamento de Ruiz-Gallardón.
Por su parte, fuentes de los registradores siempre mantuvieron clara su postura: “nosotros no nos hemos negado a asumir la gestión, entre otras cosas porque no podemos y acataremos la decisión final, sea cual sea”. “Solo hemos planteado la necesidad de que para hacer el nuevo servicio económicamente sostenible es necesario empezar a cobrar por aquellos documentos que no son obligatorios, como la inscripción del régimen económico de los matrimonios, un cambio de nombre o incluso la nacionalidad”, añaden las mismas fuentes.
Así, los certificados de nacimiento y defunción y todos aquellos considerados obligatorios para la tramitación de determinados documentos (el 85% de la actividad), como el DNI, seguirían sin costar nada al usuario, sostienen desde los registradores.
Gratis, lo que se dice gratis, "no hay nada"
Comienza a ser recurrente que aquellos servicios que se financian con los presupuestos públicos se definan como gratuitos para el ciudadano cuando gratis, lo que se dice gratis, “no hay nada”, como recuerdan fuentes de los registradores de la propiedad. “La sanidad, la educación o el Registro Civil se financian con los impuestos que pagamos todos y otros servicios, como el transporte, se costean en parte con el presupuesto y en parte con el precio del billete que abonan los usuarios”, explican.
Y ahí está la clave, en opinión de los registradores, conviene definir qué modelo de registro se quiere implantar y a partir de ahí consensuarlo con el mayor número de fuerzas políticas para evitar que si en el futuro cambia el signo del Gobierno, éste tenga la tentación de volver a cambiar la gestión de este organismo tan importante.
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