Rumore, rumore sobre los Registros civiles

El Registro civil corre el riesgo de marearse de tantas vueltas que le está dando Gallardón. Acabará abriendo la puerta del coche en marcha y echando hasta la primera papilla sobre el sufrido ciudadano. En materia de Registro civil, una vez más, se ha perdido una legislatura y el mismo cálculo electoral que hay detrás del último retraso de la decisión ¿final? da muestras de que lo único que le importa a Gallardón es la política, su estatus y el de su partido, el servicio público se la trae al pairo. 

En vez de impulsar una profunda renovación del Registro civil aprovechando y confiando en el personal a su servicio; en vez de gestionar correctamente el servicio público, este Gobierno ha dedicado la legislatura, lo que va de ella, a arruinar y asfixiar al Registro civil (también a la Administración de Justicia) negándole los medios que precisa para luego, justificar su venta y privatización sobre un presunto mal funcionamiento. Es decir, el Ministro ha desistido de su responsabilidad y funciones en materia de Registro civil que asumió a la hora de jurar o prometer el cargo. 

Si el Registro civil no funciona es porque nadie se ha preocupado de actualizar sus plantillas, porque nadie se ha preocupado de establecer una organización moderna aprovechando el potencial del capital humano que trabaja en él y que distribuya las funciones y responsabilidades y las reconozca laboral y retributivamente. Porque nadie se ha preocupado de la formación específica de este personal más cuando su trabajo depende de la interpretación que la Dirección General de Registros y Notariado da a la ley y Reglamento del Registro civil que datan de mediados del siglo pasado. Porque nadie se ha preocupado de reformar en profundidad su normativa (salvo la ley de zapatero de 2011 que tenía algunas virtudes y que hasta el PP votó favorablemente) ni tampoco nadie se ha preocupado de ordenar, actualizar y sistematizar la actividad normativa de la Dirección General de Registros y del Notariado a través de la resolución de consultas y recursos o de la emisión de circulares e instrucciones que interpretan la vieja ley de 1957 y la adaptan a nuestro tiempo o de las sentencias judiciales en esta materia. No digamos de comunicar periódicamente estos cambios a los Registros civiles que deben aplicarlas. Existe esta información, sí pero no es completa, no está actualizada y sobre todo no llega a quien tiene que llegar, a los funcionarios del Registro civil. Otro ejemplo, en ningún momento se han normalizado las preguntas cuestionarios o pruebas que se formulan a los peticionarios de nacionalidad lo que facilitaría mucho el trabajo de los Registros civiles y de los Fiscales. Otro tanto ocurre con los expedientes matrimoniales. Como se puede observar estas tres cosas son fáciles de aplicar... si hay voluntad. 

Nadie se ha preocupado de informatizar el Registro civil (salvo los últimos años de zapatero con el INFOREG y la digitalización del las inscripciones desde el año 1950 por importe cercano a los 180 millones de euros de todos los españoles). Y no era muy complicado. Doy un dato: con la digitalización de los Registros civiles realizada en los últimos años y el programa INFOREG que está instalado en muchos Registros civiles, desde cualquier Registro civil de España se puede consultar una inscripción que conste en otro Registro civil. Se puede ver en pantalla la inscripción y se puede imprimir.... pero no sirve para nada pues la ley no permite que se pueda certificar desde ese Registro civil. En consecuencia, el ciudadano, si quiere obtener el documento público, debe acudir al Registro civil de origen de la inscripción. Todo cambiaría con una simple reforma legal que, por supuesto, ni Gallardón ni su equipo privatizador se han planteado... o sí que lo han hecho y se han callado porque, entonces, se les cae todo el tenderete privatizador. Como dijo Trillo,¡¡¡ manda huevos!!!.

Ojo, y nadie se ha preocupado no ahora, cuando no hay un euro sino cuando se gastaba a manos llenas en aeropuertos sin pasajeros, autopistas sin coches, teatros sin programación y que se caen a trozos, eventos mundiales varios etc...

Por eso, causa estupor por no decir indignación observar como el Ministerio saca pecho con su plan de nacionalidades, eso sí, sin contar los problemas que han surgido en materia de coordinación, compatibilidad informática e incluso de aplicación de criterios a la hora de conceder o no la nacionalidad. Y es vergonzoso porque el Ministerio de Justicia ha puesto más interés en que este plan funcione con los Registradores que de preocuparse de cómo podría funcionar con sus propios medios o de qué hacer para gestionar mejor el Registro civil y que funcione. Pero claro, esta medida es el pilar de su campaña de promoción de su proyecto de privatización. 

Un buen amigo me cuenta que el Ministerio de Justicia baraja entregar las nacionalidades a los notarios a cambio de un arancel de 90 euros y entregar el Registro civil a los Registradores imponiendo su gratuidad... por haber sido malos durante la negociación. No es la primera vez que el Ministerio dice que renuncia a los Registradores para luego volver a su idea inicial. Ya lo hizo tras la Asamblea de Zaragoza. Lo que choca es que en esta última ruptura se anunciara que el Registro civil iba estar en manos de varios cuerpos de funcionarios y que estaban explorando otras vías porque la renuncia a los Registradores no significaba que el Registro civil se quedara con funcionarios judiciales (una vez más, gracias Ministro por la confianza y el apoyo a sus funcionarios- modo irónico on)

¿Puede hacerlo?. Pues, claro que sí. Al fin y al cabo los Registradores deben su existencia a la concesión de un monopolio legal sobre el ejercicio de una función pública y, en este sentido, están en manos del Gobierno de turno. Otra cosa es la fuerza que este colectivo ha demostrado en varias ocasiones y la influencia que, de hecho, ejercen en dentro de la Administración y que convertiría en inédita esta decisión. 

Y es que, si se confirma el desastre, habrá que estar muy atentos a la letra pequeña. El dinero aparecerá y lo hará más tarde o más temprano o de una forma directa (aranceles) o de una forma indirecta a traves de subvenciones a los colegios, pago por prestación de servicios nuevos (venta o cesión de los programas), pago por nuevos hechos registrales obligatorios o no obligatorios (domicilio, poderes etc... que ya están en la agenda) o nuevos negocios como la venta de datos registrales.

Y un último dato, detrás de todo ésto también está la célebre Directiva de servicios de la UE que no permite este sistema de doble fe pública que existe en España y que, entre sus excepciones (en las que se permite el monopolio de una función) sólo están los Notarios. Esta directiva, entre otras cosas, lleva a convertir a estos funcionarios arancelarios en funcionarios con sueldo como han hecho otros países "de nuestro entorno" pero ésto no gusta nada y el Registro civil, aunque no guste, es la vía de escape. 

El gran engaño de la privatización del Registro civil se consuma cuando asumimos sin más que con los Registradores todo funcionará mejor cuando el problema es que nada se ha hecho para que funcionen mejor los Registros civiles aprovechando el potencial de los empleados públicos que vienen sosteniendo el servicio desde hace décadas y lo hacen razonablemente bien teniendo en cuenta el desprecio que los sucesivos gobiernos han venido dispensando al Registro civil. 

Lo podrán privatizar pero no nos engañan. Al menos a mi, no.

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