El Registro Civil, juguete y moneda de cambio de un lobby de registradores que nada tiene que ver con su consideración de servicio público. Parte I

Pasan los meses desde que el Presidente del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles anunciara por carta que iban a asumir el Registro Civil, el Ministerio afirmara que la decisión final no estaba tomada, el Colegio diera por rotas las negociaciones por no estar garantizada una fuente autónoma de financiación y que el Ministro de Justicia dijera que el Registro Civil sería delegado en funcionarios de "varios cuerpos en función de la división territorial de España". Pasan los meses y el Ministerio no avanza cuál va a ser su decisión final (que incluso algunos de sus máximos responsables dicen desconocer porque esto lo lleva personalmente Gallardón y su equipo de confianza) , si bien todos sospechamos que ya está tomada la decisión de que entre Registradores Mercantiles y Notarios se van a repartir el pastel del registro civil. 

En toda esta historia de atribución del Registro Civil a gente que no sean los secretarios judiciales y otros funcionarios del Grupo A1, tal y como dice la Ley 20/2011, aprobada con los votos del PP entre otros, hay algo que debemos destacar, y es que en el proyecto de Gallardón de atribuir el Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles no subyace mejorar, mantener y mejorar un servicio público esencial como es el Registro Civil, sino dar satisfacción a las pretensiones imperialistas de control omnímodo de todo el sistema registral español que tienen un grupo cerrado de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, organizados en torno a una famosa asociación dentro de su colectivo, en el que están la familia de Rajoy, de Gallardón, y que tiene por ariete a los actuales Director y Subdirector General de los Registros y del Notariado, el primero de los cuales es uno de los dos Registradores Mercantiles de Zaragoza. 

La historia da de sí para que se cree una comisión de investigación en el seno del Parlamento español, porque el lobby registradores-notarios, con el conocimiento y amparo del Ministro de Justicia Gallardón, han negociado y negocian normas atribuyéndose el papel del legislador, y porque cargos muy importantes del Ministerio de Justicia han trabajado y trabajan en el futuro del Registro Civil que redundará en beneficio propio y no de la colectividad a la que se deberían deber como miembros de un Gobierno. 


El lobby duro de los registradores elaboró en el año 2012 el Anteproyecto de Reforma Integral de los Registros, con la aquiescencia de Gallardón y atribuyéndose una competencia regulatoria que ninguna norma les atribuye. Conforme el primer proyecto todo aquello que fuera objeto de registro en España quedaba bajo su imperio, incluido el Registro Civil, y éste integraba además el de actos de última voluntad, el de seguros, el de poderes y un incierto registro de domicilios, paralelo al que gestiona el INE. Con ello quedaría garantizada y asegurada su posición institucional, pues la Unión Europea venía y viene exigiendo modificación en el sistema de registro de la propiedad español, que otorga poderosos privilegios a sus Registradores, los cuales temían su futura "funcionarización" o pérdida de competencias (la segunda calificación, tras la de los notarios) lo que conllevaría la pérdida de los cuantiosos beneficios que obtienen de su sistema retributivo por arancel y que les ha convertido en los funcionarios (se dicen funcionarios para lo que les interesa) mejor remunerados de España y de Europa. 

Tras salir a la luz el primer borrador, este grupo estuvo durante meses negociando con el Consejo del Notariado el reparto del Registro Civil. Para los registradores, la tarea de registrar y certificar, todo previo paso por caja; para los notarios, los expedientes de matrimonio, nacionalidad y demás, también de pago por supuesto. Sin embargo, sorprendentemente, tras meses de negociación éstas se rompieron, y desde el Colegio del Notariado se empezó a criticar muy duramente el Anteproyecto, lo que se convirtió en una guerra entre Colegios de Registradores y de Notarios. 

Simultáneamente cualificadas personas, algunas de las cuales habían trabajado en el Ministerio de Justicia en tiempos del PSOE, criticaron muy duramente el anteproyecto de reforma integral de los registros, que llevaría en caso de aprobarse en  palabras de uno de ellos a convertir a España en un "Estado registral", donde todo lo que se hace y tiene relevancia en la vida jurídica quedaría bajo el control de unos pocos que no son propiamente Administración del Estado. Partidos políticos y organizaciones sindicales promovieron duras campañas contra el proyecto, pues se privilegiaba al colectivo que pertenece Rajoy y su familia, se privatizada un servicio público hasta ahora gratuito y quedaría fuera del control de funcionarios públicos los millones de datos de los ciudadanos de España. 

En este punto hay que resaltar que una gran parte, la mayoría hasta entonces silenciosa, de los registradores de la propiedad y mercantiles de España, rechazaban el proyecto auspiciado por la entonces Junta Rectora del mismo. Veían en el proyecto un ataque a su negocio clásico, les ponía en el punto de mira de toda la sociedad española, les perjudicaba que Rajoy fuera Registrador de la Propiedad pues la sociedad lo interpretaría como un beneficio a su colectivo y rechazaban en convertirse en el Gran Hermano registral. Uniendo esfuerzos consiguieron convocar una Asamblea de Registradores de la Propiedad y Mercantiles en Zaragoza en abril de 2013, en que fueron rechazadas las tesis oficialistas de asumir el Registro Civil, y se aprobó la siguiente resolución:


"1.- Los Registradores no queremos asumir la llevanza del Registro Civil.

 2.- Si, a pesar de lo anterior, la decisión política del Gobierno y de las Cortes nos atribuyera su llevanza, invitamos a que sea con el mayor consenso social y político posible, sugiriendo, por razones de eficacia y funcionamiento, tanto de los registros de la propiedad como de los registros mercantiles, los siguientes presupuestos:

1º.- Que las Oficinas del Registro Civil a cargo de los Registradores se mantengan absolutamente separadas de las Oficinas del Registro de la Propiedad y Mercantil a todos los efectos, sin perjuicio de la necesaria interconexión entre ellas.

2º.- Que se prevea un plazo razonable de vacatio legis que permita a los registradores hacerse cargo del Registro Civil con plenas garantías de éxito, dejando a su decisión organizativa todo pronunciamiento acerca de las aplicaciones informáticas pertinentes.

3º.- Que se atribuya a los Registradores como Encargados de la llevanza del Registro Civil todas y cada una de las competencias que hoy corresponden a los actualmente denominados Encargados del Registro Civil, sin más excepciones que la recepción de la declaración de defunción y la expedición de la licencia de enterramiento o cremación.

4º.- Que se establezca una fuente de financiación suficiente y vinculada a la prestación de los propios servicios del Registro Civil, sin más excepciones que las relativas a la inscripción de nacimientos y defunciones.

Y, por último, que de modo simultáneo a la tramitación de la Ley se vaya articulando el correspondiente desarrollo reglamentario y que ambos textos entren en vigor simultáneamente, pues hay importantes cuestiones que la Ley olvida y que es imprescindible resolver para que la misma cobre vigencia efectiva."

Debe quedar claro que este primer intento de privatizar el Registro Civil, del que incluso se elaboró un segundo anteproyecto que recogía parte de las pretensiones de los Notarios y la independencia absoluta de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles en su función calificadora, sólo revisable por los Tribunales, se paralizó principalmente por la oposición del colectivo de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles reunidos en la Asamblea Extraordinaria en abril de 2013 en Zaragoza. Y que es muy posible que si éstos mantuvieran su firme oposición a asumir el Registro Civil al Ministerio de Justicia  no le quedaría otras opciones que hacer cumplir lo dispuesto en la Ley 20/2011 (desjudicialización de los Registros civiles, que quedan fuera de la Administración de Justicia) o mantener los Registros Civiles dentro de la Administración de Justicia pero sin que los Jueces sean sus Encargados. Pero a dicha negativa firme no se atreven, porque el Ministerio de Justicia les tiene pillados por asuntos tan trascendentes para ellos como la demarcación registral y el registro informático.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada