El Registro Civil, juguete y moneda de cambio de un lobby de registradores que nada tiene que ver con su consideración de servicio público. Parte II

Tras la Asamblea de Zaragoza de abril de 2013 de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles el borrador de reforma integral de los Registros, que contenía la asunción por parte de los primeros del Registro Civil, decae. Pasan los meses y nada parece moverse al efecto. 

La mayoría de los Registradores de la Propiedad, que en abril del año pasado manifestaron su oposición a asumir el Registro Civil y establecieron, en su caso, las condiciones en que podrían aceptarlo si así se lo impusiera el Ministerio ( entre otras, oficinas separadas de los actuales Registros de la Propiedad y Mercantiles, asunción todas las competencias de los actuales Encargados del Registro Civil salvo aquellas que sean de corte necesariamente judicial, y financiación suficiente y vinculada a la prestación de servicios propios del Registro Civil) siguieron y siguen manteniendo su posición contraria a asumir el Registro Civil. Estos registradores entienden que asumir el Registro Civil podría suponer una desnaturalización del Registro de la Propiedad y Mercantil como institución y  podría afectar a la seguridad jurídica hipotecaria. No sucede así con un grupo cualificado de Registradores Mercantiles, sobre todo los de los grandes Registros, que sí que son favorables a asumir las competencias de Registro Civil, y el actual Director General de los Registros y del Notariado es uno de los dos Registradores Mercantiles de Zaragoza.

En el mes de octubre de 2013 se celebran elecciones a decano del Colegio de Registradores de España, y gana Gonzalo Aguilera, con una candidatura denominada Compromiso (489 votos frente a los 424 de su oponente), al hasta entonces decano Alfonso Candau, cabeza de la candidatura oficialista apoyada por el Ministerio de Justicia y la familia Rajoy. Aguilera representaba a las bases del colectivo, descontentas con las reformas que quiere introducir el Ministerio de Justicia en el sistema de fe pública. Desde entonces la guerra entre el Ministerio de Justicia y la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles ha sido una constante en su relación. Los nuevos regidores del Colegio de Registradores defendieron durante su campaña electoral su negativa a asumir el Registro Civil, y que sólo lo harían si así se lo imponía el Gobierno y se cumplían las condiciones aprobadas en la Asamblea de Zaragoza. 

Pero algo se mueve...


Se aprueba la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que abre la puerta al procedimiento de revisión de la demarcación de los registros de la propiedad, favoreciendo la la agrupación en uno solo de todos aquellos registros que existan en una misma localidad y la supresión de los registros de la propiedad con menor carga de trabajo. Dicha Ley también establece que en el plazo de un año desde su entrada en vigor será obligatorio llegar de forma electrónica los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

La nueva Junta de Gobierno del Colegio de Registradores comunicó en noviembre de 2013 al Ministerio de Justicia que con fecha 1 de enero de 2014 se dejarían de tramitar los expedientes de nacionalidad. Simultáneamente el Ministerio de Justicia les comunicó que se iniciaba el procedimiento para "revisar" la demarcación de los Registros de la Propiedad, lo que supondría realmente suprimir muchos de dichos Registros establecidos en el Real Decreto 172/2007, y ello al amparo de la Ley 14/2013 y Disposición final tercera de dicho Real Decreto. Según esta resolución, se eliminarán los Registros creados por el Real Decreto 17/2007 que no hayan sido efectivamente creados y los que hayan recibido menos de 1.800 documentos presentados al año. Estos registros quedarán agrupados con el Registro colindante.

Con esta medida el Ministerio de Justicia, o lo que es lo mismo, representantes del colectivo de Registradores que ha perdido las elecciones, presiona para que la actual Junta Rectora del Colegio de Registradores acepte asumir el Registro Civil. El Ministerio de Justicia, con Gallardón a la cabeza y auspiciado por Rajoy, familia, y al parecer también por la Vicepresidente del Gobierno, quieren a toda costa traspasar las competencias de los Registros Civiles a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles y agrupar Registros de forma que la asunción de las funciones de los Registros Civiles supondría una carga de trabajo adicional para el sector, tan de capa caida tras la crisis económica, que debería neutralizar cualquier riesgo para el empleo, en los ingresos de los registradores y sobre todo en su viabilidad como fedatarios públicos.  

Tras el inicio de la revisión de las demarcaciones registrales, la Junta Rectora del Colegio de Registradores recula, y empieza a reunirse con el Colegio de Notarios para ver cómo se reparten el Registro Civil y evitar de paso las trifulcas habidas el año anterior entre dichos colectivos. Así lo divulga la página web del sector Rajoy de los Registradores de la Propiedad en el mes de enero, que afirma sin tapujos que " se ha transmitido a las autoridades de Justicia por nuestro Decano–la cosa no se ha explicado bien a los nuestros- que en materia de nacionalidad y registro civil la propuesta definitiva saldrá de reuniones conjuntas con los notarios en la esperanza que el reparto de competencias alumbrado en tales reuniones recibirá el beneplácito del Estado". No aparece en ningún sitio, pero parece claro que tal cambio de actitud del Decano de los Registradores en lo relativo a asumir el Registro Civil es, fundamental y esencialmente, para paralizar o neutralizar en cierta medida la revisión de la demarcación de los Registros de la Propiedad, y controlar la implantación de su registro electrónico. La revisión de este Plan de revisión de las demarcaciones registrales es la principal contrapartida ofrecidas por Justicia al Colegio de Registradores en el caso de llegar a un acuerdo y que, finalmente, sea el colectivo quien se haga cargo de la gestión del Registro Civil.

Curiosa es, al respecto, la posición del lobby "Rajoyista" de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles; mientras gobernó el PSOE todo fueron críticas a su actuación y oposición a sus medidas; ahora con el PP y sus dirigentes controlando la Dirección General de los Registros y del Notariado invitan a los demás registradores a acatar las decisiones que adopte el ejecutivo, es decir ellos mismos, y a aprovechar las "oportunidades" que les brinda las modificaciones legislativas en curso, en vez de resistirse a las medidas por injustas que les parezcan. Son juez y parte y aunque perdieron las elecciones al Colegio de Registradores tienen el arma fundamental, el BOE. Por no hablar de otros intereses particulares, tales como su participación en empresas que hacen los programas informáticos de los registros, etc. 


Durante el mes de enero se celebran diversas notas entre los representantes de las asociaciones de Secretarios Judiciales y el Ministerio de Justicia, en las que los responsables de éste manifiestan a los primeros que mantendría con toda probabilidad el carácter de servicio público del Registro Civil atribuyéndolo a los Secretarios Judiciales como encargados del mismo. Así lo menciona el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales(CNSJ) y el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ), entre otros. Mientras el Ministerio de Justicia seguía manifestando que no había tomado todavía la decisión de asignar el Registro Civil o los secretarios judiciales escuchaban cantos de sirena sobre su segura asignación a su colectivo, responsables del Colegio de Registradores y de Notarios seguían trabajando con la anuencia del Ministerio de Justicia en el reparto del pastel registral (para unos el registro, para otros los expedientes). 


Sin embargo, transciende a finales de enero y primeros de febrero en determinados medios que se están celebrando reuniones entre el Colegio de Registradores de la Propiedad y el Ministerio de Justicia donde se está negociando la asunción del Registro Civil por los primeros. 

El día 3 de febrero el Ministro de Justicia Ruiz Gallardón acude a la inauguración de una jornada sobre seguridad jurídica celebrada en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, con la participación del presidente del Consejo General del Notariado, José Manuel García Collantes, y del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Gonzalo Aguilera, en la que insta a notarios y registradores a asumir más tareas. 

El día 12 de febrero el Decano del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles envía la carta a todos sus colegiados y colegiadas en la que anuncia que "al final la decisión del Gobierno ha sido la de asignar el Registro Civil a los registradores. Esta asignación se hace con plena capacidad auto-organizativa del Colegio Registradores en los aspectos relativos a la organización territorial, material y tecnológica del Registro civil... Esta noticia nos fue comunicada la tarde del lunes, y ayer tuvimos la primera reunión en el Ministerio con el Subseretario, Secretaria General Técnica y Director General, para iniciar las conversaciones y negociaciones relativas a todos los aspectos normativos, materiales y organizativos para la asunción de esta nueva competencia que tendremos los registradores." La carta, para desgracia del Ministerio de Justicia y su ministro, transciende a los medios de comunicación y organizaciones profesionales y sindicales. 

La carta del Decano del Colegio de Registradores de 12 de febrero lo dice bien claro, al poner en relación la asunción del Registro Civil con la “reconsideración” de los aspectos relativos a la modificación de la demarcación de los Registros de la Propiedad (que implicaría la desaparición de los Registros de la Propiedad con menor carga de trabajo)  y el diseño, desarrollo y gestión por parte de su Colegio de la Propiedad de su registro electrónico. Queda claro que para la actual junta directiva del Colegio de Registradores el registro civil es una moneda de cambio, un marrón que tienen que asumir si quieren conservar su status actual o al menos tener un margen de participación en decisiones esenciales para su futuro. Rajoy, el Director General de los Registros y del Notariado y el lobby duro registral imponen al colectivo de Registradores por la vía de la presión y el chantaje lo que no consiguieron por la vía de las urnas. 

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