23 de junio, Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública: CCOO convoca una concentración frente al Registro Civil de Madrid

Mañana jueves, 23 de junio, representantes sindicales del Sector de Justicia de FSC-CCOO de toda España se concentrarán a partir de las 13:00 horas junto con las y los empleados públicos del Registro Civil de Madrid, en la calle Pradillo nº 66, en un acto enmarcado dentro de los que la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO tiene convocados en conmemoración del Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública.

El 20 de diciembre de 2002, la Asamblea General de Naciones Unidas, en su Resolución 57/277, designó el 23 de junio como Día del Servicio Público que “tiene la intención de celebrar el valor y la virtud del servicio público a la comunidad, destacar la contribución de los servicios públicos en el proceso de desarrollo, reconocer el trabajo de los funcionarios públicos y estimular a los jóvenes a seguir carreras en el sector público”. 

Para CCOO, este hecho contrasta con los acuerdos económicos que, a nivel internacional, están negociando en secreto medio centenar de países, entre ellos los pertenecientes a la Unión Europea y Estados Unidos, y que pueden poner en tela de juicio precisamente la defensa de los servicios públicos, como es el TTIP y más concretamente el TISA (el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios), negociación que lleva a cabo la Comisión Europea con los votos a favor, entre otros, de los grupos parlamentarios europeos en los que están encuadrados el PP, el PSOE y Ciudadanos. Este acuerdo pretende fijar una serie de normas que regulen los servicios a escala global, blindando las privatizaciones, las liberalizaciones y la presencia de grandes corporaciones multinacionales en sectores como telecomunicaciones, transporte, banca, sanidad, etc., y creando tribunales de arbitraje “ad hoc” al margen de la Justicia ordinaria de los países firmantes. 

CCOO, como sindicato de clase y sociopolítico, es firme defensor de las Administraciones y de los servicios públicos como garantes de la igualdad, la solidaridad y la justicia social. Y ahora más que nunca, su defensa y el reconocimiento a la labor de los empleados y empleadas de la Administración Pública se hace más necesaria tras los continuos ataques y recortes que, en nombre de la crisis económica, los diferentes gobiernos han adoptado en servicios públicos tan sensibles como la educación, la sanidad, la dependencia y, cómo no, la Administración de Justicia. Recortes en retribuciones, en derechos, en oferta de empleo público, en promoción interna o en negociación colectiva, que conllevan un empeoramiento de las condiciones laborales a la vez que un empeoramiento de la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

Y es también en el ámbito de la Justicia donde CCOO viene denunciando una constante intención privatizadora de determinados servicios que se han puesto en manos de profesionales privados a cambio de un sobrecoste a la ciudadanía, como las notificaciones realizadas por los procuradores, las tasas judiciales, la atención a personas usuarias de nuevas tecnologías, la atención a las víctimas, numerosos asuntos de jurisdicción voluntaria, etc

CCOO no podía dejar pasar la ocasión de conmemorar este día en el lugar más emblemático de la Administración de Justicia, si de defensa del servicio público hablamos, que es el Registro Civil.

La lucha mantenida por CCOO contra la privatización del Registro Civil, junto a los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, otros colectivos relacionados con la Administración de Justicia y asociaciones de ciudadanos y ciudadanas, la Plataforma Justicia para Todos, etc. ha sido y es una constante desde hace algunos años y ha conseguido paralizar, pero solo temporalmente, el proceso de privatización que hasta el pasado año pretendía asignar los registros civiles a los registradores mercantiles.

CCOO denuncia que el Gobierno del PP ha transferido sutilmente algunos servicios del Registro Civil a manos de otros colectivos privados que cobran a la ciudadanía servicios públicos que eran gratuitos, como los matrimonios civiles —que pueden celebrarse ante notario al módico precio de entre 150 y 200€—, los divorcios de mutuo acuerdo y sin hijos menores celebrados ante notario por entre 200 a 300€ (importe que no incluye los honorarios de abogado o la liquidación de gananciales si las hubiere) o la nacionalidad por residencia que con lleva diversos gastos (185 a 300€ al profesional, 100€ de tasa al Ministerio de Justicia, 85€ de tasa por el examen de cultura y124€ de tasa por examen de castellano).

En el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública, el Sector de Administración de Justicia de CCOO demanda de los poderes públicos y, en puertas de una nueva convocatoria electoral, también de los partidos políticos, una apuesta decidida por una Administración Pública clara y transparente, la defensa de los servicios públicos y su cercanía a la ciudadanía, el posicionamiento claro y contrario a cualquier tipo de privatización de servicios en la Administración de Justicia y la reversión de lo ya privatizado así como la recuperación de derechos de las empleadas y empleados públicos perdidos durante la crisis.

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