Como siempre, los cambios estructurales tienen que venir acompañados de mucho dinero y la modernización del Registro Civil (basada en «las personas» y no en «los hechos», según reza la Ley de 2011 que impulsó el ministro socialista Francisco Caamaño, que está aún en 'vacatio legis') es la más radical desde el año 1870. El factor económico, subrayó el registrador Juan Segoviano Astaburuaga, fue el que primó entonces, cuando se creó, y desde luego, prima ahora. Según los datos que se manejan en el Colegio de Registradores de España, el coste del sistema del Registro Civil, en el que están implicados los presupuestos del Estado, de las comunidades autónomas y de los municipios, está en torno a los 400 millones de euros. Además hay que tener en cuenta, y a esa puntualización asintieron muchos invitados a la quinta mesa del II Ciclo de Justicia de El Norte, que en los últimos años ya se han invertido 120 millones en una digitalización, «basada en fotocopias», que ha resultado fallida.
«La cuestión económica, y no la desjudicialización, que ya está pactada en una Ley que consiguió el 96% de los votos en el Congreso, es la clave», sostuvo Segoviano para tratar de desactivar la pugna abierta entre secretarios y registradores por la gestión de los archivos.
Ayer como nunca, en lo que resultó un candente coloquio sobre el futuro de los registros civiles, que fue moderado por la jefa de local del periódico, Mar Domínguez, había expertos en la materia dentro y fuera de la mesa: secretarios, funcionarios de agrupaciones de Juzgados de Paz, jueces de paz, y registradores de la propiedad y operadores judiciales de partidos judiciales fueron mayoría en el repleto salón de actos del Colegio de Abogados.
