En las dependencias del Registro Civil de Lalín, ubicado en la misma sede de los juzgados, aparecían ayer colgadas esquelas de protesta con motivo del cierre de este órgano. Una medida que está previsto se haga efectiva a partir del 15 de julio a nivel estatal después de varias tramitaciones y moratorias de una ley para desjudicializar los registros, aprobada en 2011. Una modificación que acarreará consecuencias tanto para el personal actual de estas dependencias -que deberá ser reubicado- como para los vecinos y usuarios -con nuevas tasas en la tramitación de documentos y el desplazamiento a Pontevedra.
A modo de obituario se anunciaba la muerte de este servicio, que asumirán desde los juzgados mercantiles. La protesta hace hincapié en la longeva trayectoria del departamento, con 144 años a sus espaldas y la complicidad de los mandatarios "Con los 'Auxilios Espirituales' del Gobierno y la Bendición de los políticos". Pero, además, necrológica incide en uno de los aspectos más cuestionados y que permanece aún en el aire con respecto a la modificación: el tratamiento y la garantía de la privacidad de la información al ser tramitada desde los juzgados mercantiles. En crítica se refleja a modo de oración:" Señor, haz llegar al Registro Civil Español, nuestros agradecimientos por haber guardado durante toda su vida y con tanto cariño, nuestros nombres y los nombres de nuestros ancestros, sin tener en cuenta las penurias y deficiencias a las que fue sometido por los políticos".
A modo de obituario se anunciaba la muerte de este servicio, que asumirán desde los juzgados mercantiles. La protesta hace hincapié en la longeva trayectoria del departamento, con 144 años a sus espaldas y la complicidad de los mandatarios "Con los 'Auxilios Espirituales' del Gobierno y la Bendición de los políticos". Pero, además, necrológica incide en uno de los aspectos más cuestionados y que permanece aún en el aire con respecto a la modificación: el tratamiento y la garantía de la privacidad de la información al ser tramitada desde los juzgados mercantiles. En crítica se refleja a modo de oración:" Señor, haz llegar al Registro Civil Español, nuestros agradecimientos por haber guardado durante toda su vida y con tanto cariño, nuestros nombres y los nombres de nuestros ancestros, sin tener en cuenta las penurias y deficiencias a las que fue sometido por los políticos".
En el caso de la zona el cierre del Registro Civil implicará que los vecinos deban trasladarse a Pontevedra para realizar trámites usuales como la solicitud de una fe de vida, partidas de nacimiento. Una medida que sumaría un mayor gasto de desplazamiento a los usuarios que el actual. La medida también contempla que se puedan incluir otros trámites como los cambios de domicilio, los poderes y su revocación, libro de familia, entre otros. Está pendiente, asimismo, que se defina si se aplicará el cobro de estos trámites.
Otro de los aspectos claves será la reorganización del personal. En la zona, en un balance inicial, la medida afectaría a casi una decena de empleados públicos (Dos en Lalín, tres en Silleda, dos en Vila de Cruces y otros dos en A Estrada, en el resto de municipios estas competencias son asumidas por personal municipal de forma puntual).
Por su parte, desde la formación política Compromiso por Galicia (CxG) su representante local en Deza, Rafael Cuiña, denuncia el traslado de este servicio a Pontevedra incidiendo en "las inmensas molestias que causará en nuestro concello, al tener que desplazarse a Pontevedra para realizar gestiones". Cuiña apunta, además, el incremento de los costes que esta modificación supondrá a lo que se suma la pérdida de tiempo al tener que trasladarse. Compromiso cualifica de "irresponsable político al alcalde de Lalín por no tener realizado, que se sepa, gestiones para frenar esta situación". También traslada su solidaridad con los trabajadores del Registro. Cuiña insiste en que "este servicio no se puede perder en Lalín" y señala que Lalín "en lugar de pasar da ser la octava ciudad la pretensión es ser la capital mundial del Cocido aunque sin servicios básicos garantizados para los ciudadanos".
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