Los Registradores y Notarios ponen contra las cuerdas al Ministro de Justicia quien cede ante su presión. Frente a lo que ha venido anunciado el Ministro de Justicia el Registros Civil será de pago y los Registradores, además, recibirán contraprestación económica de los presupuestos.
Tras lo publicado por diferentes medios en los últimos días, que corroboran punto por punto las denuncias de Csif, parece claro que el Gobierno cederá y aceptará la pretensión de los Registradores para apuntalar su estatus poniendo a su disposición el servicio público del Registro civil convertido legalmente en un negocio de más de 700 millones de euros anuales.
Según estas noticias que confirman los datos de los que dispone Csif, el Ministerio de Justicia habría claudicado ante la presión de los Registradores y su compromiso de un Registro civil gratuito se perderá por el sumidero de las promesas políticas. Csif denuncia la estrategia de manipulación de datos y de asfixia de medios llevada a cabo por el Ministerio de Justicia en lo que va de legislatura para justificar la privatización.
En este proceso de privatización se está manipulando la realidad y los datos de calidad del servicio público del Registro civil poniendo a los pies de los caballos la dignidad profesional de miles de funcionarios de Justicia cuya experiencia, formación y potencial para llevar el Registro civil moderno se tira a la basura. En el colmo del desprecio más absoluto por sus funcionarios el propio Ministerio de Justicia mantiene a estos en la máxima incertidumbre sobre su futuro profesional, pues sigue sin convocar mesa de negociación al respecto a escasos cuatro meses de la fecha marcada para validar la privatización.
En este proceso de privatización se está asfixiando de medios normativos, materiales y personales al Registro civil para justificar la aparición de los Registradores como salvadores del servicio público. Durante estos tres últimos años la Dirección General de Registros y del Notariado, ocupada por Registradores, sólo se ha preocupado por la privatización y ha dejado languidecer al Registro civil sin adoptar ninguna medida y sin hablar con los funcionarios que deben dar la cara día a día en este servicio público. Señal de que los ciudadanos no son lo más importante es que, con esta decisión, se tiran por la borda los más de 200 millones de euros que se han invertido en los últimos años en el programa del Registro civil y la digitalización de inscripciones. Un dinero que no se ha aprovechado al máximo porque no interesa a la causa.
CSIF denuncia la nula transparencia en la privatización de un servicio público. Para empezar, el Ministerio de Justicia bordea el fraude de ley al esconder tras una mera reforma legislativa lo que es la elaboración de una ley de nuevo cuño que debería contar con los máximos controles legales y democráticos. En segundo lugar, el Ministerio de Justicia está introduciendo a hurtadillas el pago por el Registro civil mediante un aumento de hechos registrales obligatorios, el incremento de los aranceles que cobran los Registradores por su trabajo en el Registro de la Propiedad, la aparición de aranceles por trámites del Registro civil y la financiación directa de los presupuestos generales del Estado. Es decir, los Registradores se quedan con el negocio sin poner un euro y a costa de todos los ciudadanos.
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