Hace apenas un año el Congreso de los Diputados rechazó la toma en consideración de la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, de reforma de la Ley 20/2011, de Registro Civil, que pretendía enmendar esta ley para establecer que el servicio del Registro civil sería prestado por personal de la Administración de Justicia, con los Letrados a cargo de las Oficinas Registrales, manteniendo las Oficinas del Registro Civil su ubicación en las mismas localidades en que se encuentran las sedes de los actuales Registros Civiles Municipales y de Paz. Algo en que había mayoritario consenso entre los partidos políticos (excepto Juan Campo, portavoz del PSOE en Justicia).
Esta Proposición fue derrotada porque el PSOE y las Asociaciones
de Jueces y Fiscales maniobraron para ofrecer una derrota al entonces Ministro de
Justicia Rafael Catalá. El PSOE, por su labor de oposición al Gobierno. Las
Asociaciones de Jueces y Fiscales, en su lucha por mejorar sus retribuciones. La
cuestión es que había que debilitar al entonces Ministro Rafael Catalá, y
apenas unas horas antes, maniobraron ante los demás partidos políticos:
Ciudadanos, que iba a votar a favor de la toma en consideración de la Proposición
de Ley, pasó a la abstención; Podemos, que iba a abstenerse en la toma en
consideración de la Proposición de Ley (tiene presentada en el Congreso otra
con los mismos fines pero mucho más ambiciosa), pasó al no. Y gracias a la
presión ejercida sobre estas dos formaciones políticas, el PSOE y las
Asociaciones de Jueces y Fiscales obtuvieron una victoria sobre el Ministro
Rafael Catalá. El cabreo de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso el día del debate sobre la toma en consideración de su Proposición de
Ley era evidente y más que justificado, y su intervención en el debate la hubiéramos
firmado desde este blog. Así se perdió una oportunidad histórica de remediar
los grandes males que tiene la Ley 20/2011, de Registro civil, cuyo instigador
estaba y sigue estando en la tribuna del PSOE, su portavoz en materias de
Justicia Juan Campo.
Aprobada la moción de censura, y tras esperar un tiempo a que los
nuevos responsables del Ministerio de Justicia se hiciesen cargo de las
cuestiones que había pendientes, en una reunión celebrada el pasado mes de
septiembre el Ministerio de Justicia se comprometió a crear un grupo de trabajo
sobre el tema del Registro Civil (así lo decía el propio Ministerio en una de
sus notas de prensa), aunque en la reunión manifestaron que estudiarían los
cambios que precisaba la Ley 20/2011, “si es que hay algo que cambiar”.
Han pasado los meses, en el que los responsables del Ministerio de
Justicia ha estado más pendiente de cuidar de la imagen pública de su Ministra
ante la divulgación de sus conversaciones privadas de hace unos años o de
desenterrar cadáveres que en diseñar un programa ambicioso para la Administración
de Justicia, incluido el Registro Civil, que pueda ser compartido con las demás
formaciones políticas e implementado más allá de las disputas entre partidos. Meses
en que a quienes gestionamos este blog nos han parecido como si los
responsables del PSOE en el Ministerio de Justicia quisieran dejar la Ley
20/2011 tal y como está (en palabras de Juan Campo la ley es perfecta, no hay
que hacer modificación alguna) y poco a poco seguir con el desarrollo de la
plataforma electrónica que dé servicio al futuro Registro Civil, para permitir
la entrada en vigor de la Ley 20/2011 con su redacción actual aunque ello
suponga sacar a los Registros fuera de la Administración de Justicia, sacar al
personal de la Administración de Justicia fuera de los Registros Civiles,
cerrar más de 350 Oficinas principales de Registro civil y suprimir todas las
competencias de los Juzgados de Paz en esta material. Su excusa, que fue una
Ley aprobada por el Parlamento.
No hay peor ciego que el que no quiere ver, hay gente capaz de ver la
paja en ojo ajeno y ser incapaz de ver la tremenda viga que tiene entre ceja y
ceja. Aceptar que la Ley 20/2011, con su redacción actual, por más que fuera
aprobada por práctica unanimidad en el Congreso de los Dìputados, pueda entrar
en vigor es un error y un dislate mayúsculo. El problema para su entrada en
vigor, Sr. Campo y Sra. Delgado, no ha sido la falta del desarrollo tecnológico para implantar
el Registro único electrónico, sino la tremenda indefinición y lagunas que presenta
su Ley en toda la cuestión orgánica: quiénes van a ser en definitiva los
Encargados de los Registros civiles, quiénes van a ser su personal, a qué
administración va a pertenecer este personal, dónde se van a ubicar las
Oficinas de Registro Civil, cómo justifica la supresión de la cercanía de un
servicio público modélico para concentrarlo en unas pocas capitales de
provincia, etc. Este es el verdadero problema de la entrada en vigor de la Ley
20/2011, y han sido estas indefiniciones, estas lagunas, las que propiciaron el
intento de privatización del Registro Civil contra el que hemos luchado desde el
mismo año 2011.
El Ministerio de Justicia no ha creado el grupo de trabajo de
Registro Civil. Pasan los meses y no tenemos noticia alguna sobre esta materia.
Las organizaciones sindicales bastante han tenido hasta el mes de diciembre
para luchar contra la modificación de la LOPJ, y ahora es el momento de retomar
el tema. Desde este blog hemos mantenido la prudencia y el silencio, en espera
de que se produjera algún movimiento por parte de los responsables del
Ministerio de Justicia, y ello aunque dado el tiempo que lleva el
Ministerio de Justicia dando largas en el tema sin decir nada, parece como si
quisiera ir a una política de hechos consumados e implantar la Ley 20/2011 tal
y como fue aprobada, sin cambio alguno (es lo que defiende Campo), en junio de
2020. Y como la plataforma electrónica del futuro Registro Civil está ya
licitada y llevan meses trabajando en ella, ya no habrá impedimento alguno
técnico para ello.
Pues bien, se han producido los primeros movimientos … y no parece
que para bien.
El pasado 30 de enero compareció ante la Comisión de Justicia del
Congreso de los Diputados Cristina Latorre Sancho, Subsecretaria de Justicia,
para exponer las líneas presupuestarias del Ministerio de Justicia con ocasión
del futuro debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019. Las
respuestas de la Subsecretaria en materia de Registro Civil a las preguntas y
manifestaciones hechas por los miembros de dicha Comisión nos permitió atisbar
las pretensiones del Ministerio en materia de Registro Civil. La Subsecretaria
habló de si el tema del Registro Civil daba para una sesión monográfica (aun
estamos esperando su convocatoria), que el nuevo programa informático puede
estar en marcha en diciembre de este año, que se van a cambiar alguno de las 17
oficinas piloto que trabajarán con la nueva aplicación, que han que implantar
las Oficinas de Registro Civil y “dotarlas de funcionarios” (debe ser que los
actuales no sirven), y de establecer su red informática propia (no compartida
con las de los órganos judiciales).
Ese mismo día el Secretario de Estado de Justicia, tras las reiteradas
llamadas de CCOO para empezar a tratar el tema del Registro civil, remite un
correo electrónico a las organizaciones sindicales para convocar una reunión
sobre este tema prevista para el día 13 de febrero.
Al día siguiente, el día 31 de enero, se
produjo una reunión de altos cargos del Ministerio (Subdirector de Relaciones
con la Administración de Justicia, Subdirector General de Registro y del
Notariado, Cónsules de España en el extranjero, responsable del Ministerio de
Asuntos Exteriores) en el Registro Civil Central, tras la cual informaron a su
personal que el Registro Civil Central va a dejar de estar servido por personal
de la Administración de Justicia, y reemplazado, al parecer, por personal de la
AGE.
CCOO
reaccionó ante esta visita, y sobre todo
ante los anuncios hechos a su personal, y dirigió inmediatamente una carta a la
Ministra de Justicia. En dicha carta CCOO rechaza cualquier modificación de la estructura del Registro Civil y sigue defendiendo que el Registro Civil permanezca servido íntegramente por el personal al servicio de la Administración de Justicia. En su misiva, exige la convocatoria de mesa de negociación que permita garantizar los derechos del personal de la Administración de Justicia y los de la ciudadanía, no existiendo mejor solución para el Registro Civil, que siga servido en exclusiva por el personal de la Administración de Justicia y que se ponga a disposición del Registro Civil todos los medios materiales y tecnológicos para que este servicio siga siendo público y gratuito y siga gozando de la eficacia demostrada a lo largo de decenas de años. Para CCOO es hora de que el Ministerio de Justicia deje de marear la perdiz y diga, de forma inequívoca, que el Registro civil (incluido el Registro Civil Central) permanecerá dentro del ámbito de la Administración de Justicia y servido íntegramente por personal de la Administración de Justicia. Y tras ese pronunciamiento, abrir ya la vía de la modificación de la Ley 20/2011, que debería plasmarse en un Proyecto de Ley definitivo que garantice lo anterior.
Tras esta carta UGT informa que ha mantenido un encuentro con el Secretario General de Justicia y la Directora General y dos subdirectores de esta Dirección General, donde el asunto principal ha sido cuál será el futuro del Registro Civil , y que increíblemente, la Ministra de Justicia ha optado por continuar implementando la Ley 20/2011. A su juicio claramente el PSOE también quiere sacar el Registro Civil fuera de la Administración de Justicia y distanciar el servicio de la ciudadanía. CSIF y STAJ están desaparecidos en este tema.
Este blog nació en su día para luchar contra la privatización
del Registro Civil a que dio lugar la deficiente Ley 20/2011 de Registro Civil.
Una Ley que pasará a los anales de la historia legislativa española como la de
vacatio legis más amplia, pues no estamos ante un problema tecnológico que
impida su implantación, sino de desarrollo orgánico ante su intención de sacar
el Registro civil fuera de la Administración de Justicia y su personal sin
definir qué administración va a ser responsable del mismo, quién va a ser su
personal y quiénes van a ser sus Encargados. Fueron estas indefiniciones y no un problema tecnológico lo que movió a un
grupo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles a intentar quedarse con el
Registro Civil, privatización que felizmente fue derogada un par de meses
antes.
Hemos estado tentados muchas veces de cambiar el
encabezamiento de este blog, No a la privatización del Registro Civil, pero no
lo hemos querido hacer porque hasta que no se entre en vigor la Ley 20/2011 no
estará de todo el peligro conjurado. Pero sí que hemos querido mantener activo
el blog, exponiendo las que a nuestro juicio deberían ser las líneas maestras
del futuro Registro civil, y cómo dar solución al problema de las
nacionalidades, privatización encubierta del trámite para su solicitud. Por
este motivo vamos a seguir dando cumplida información de cuanto acontezca a
partir de ahora, de cuál es la propuesta del Ministerio de Justicia y si es la
que parecer ser que es, la respuesta que den las organizaciones sindicales y
los trabajadores de los Registros civiles. Ahora no nos puede pasar como en el
año 2011, hay que defender hasta el final que el Registro Civil no sólo sea público
y gratuito, sino también cercano a los ciudadanos y servido íntegramente por
personal de la Administración de Justicia. Pero lo que sí vamos a hacer a partir de la
reunión del día 13 de febrero es cambiar las fotos de los responsables de la
privatización: si el Ministerio sigue adelante con su plan-Ley 20/2011 de sacar
al Registro Civil fuera de la Administración de Justicia, sin su personal y con
reducción drástica de Oficinas, las fotos serán las de los actuales Presidente
del Gobierno y Ministra de Justicia.
El PSOE tiene una oportunidad de oro para dejar de hacer el
ridículo en esta materia. El apoyo que nos dio en su día Pedro Sánchez en
nuestras reivindicaciones no puede ser mero postureo, ni tampoco las
manifestaciones de los portavoces parlamentarios del PSOE que tanto lucharon
contra la privatización del Registro (Campo no, éste iba a su bola), o las de
los responsables de la ejecutiva federal del PSOE que mantuvieron una reunión
con la asociación S.O.S Registro Civil hace un año, o las
decenas de pronunciamientos de plenos de ayuntamientos y cámaras autonómicas
contra la desaparición de los Registros Civiles de sus municipios. Se acercan
las elecciones municipales y autonómicas y si el Gobierno del PSOE quiere sacar
el Registro Civil de la Administración de Justicia y reducir las oficinas de
Registro Civil a unas pocas en toda España debe decirlo ya, para que la gente
pueda saberlo y votarles (botarles) en consecuencia.
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