Por qué es viable que el PP apoye la Proposición de Ley de Podemos y se pueda llegar a un punto de encuentro en la reforma de la Ley 20/2011, de Registro Civil

Aun cuando pasan los días sin que el Ministerio de Justicia remita a las organizaciones sindicales y a Podemos, tal y como afirmó que iba a hacer hace casi 4 semanas, sus enmiendas a la Proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2011 de Registro Civil, presentada por el Grupo parlamentario de Podemos en el Congreso de los Diputados, para nosotros sigue siendo la mejor opción para la reforma de la citada Ley, y ello aun cuando sea muy probable que dicha reforma no esté lista antes del 30 de junio de 2018.

Consta que el Ministro de Justicia no quiere más vacatio legis; consta que el Ministerio de Justicia quiere acabar con la interinidad de los Registros Civiles desde la aprobación de la Ley 20/2011; consta que las organizaciones sindicales y los trabajadores de los Registros Civiles quieren llegar ya a una solución que ponga fin a tanta incertidumbre.  

Más allá de las dificultades que desde el punto de vista político-partidista suponga que el PP pueda apoyar la toma en consideración de una proposición de Podemos, y más cuando Podemos votó en contra de la toma en consideración de la proposición del PP de reforma de la citada Ley (por ser insuficiente, tal y como manifestó la Diputada de Podemos en el debate ), lo cierto es que ambas proposiciones de Ley defienden que el Registro Civil sea público, gratuito, cercano a los ciudadanos, integrado en la Administración de Justicia, con los LAJ como Encargados del mismo, con el mantenimiento de los Registros Civiles principales en cada partido judicial y de los Juzgados de Paz como Registros Civiles delegados, todos ellos servidos por personal de la Administración de Justicia. Es decir, ambas proposiciones coinciden en sus lineas maestras. 

En este momento podríamos decir que hay tres bloques en el debate sobre el Registro Civil:

- Quienes quieren mantener el Registro Civil dentro de la Administración de Justicia, con la misma planta que en la actualidad (si bien discrepan sobre las competencias que deben asumir las Oficinas principales y delegadas de Registro Civil). Son el PP y Podemos.

- Quienes quieren sacar el Registro Civil fuera de la Administración de Justicia y de su personal, con el diseño original establecido en la Ley 20/2011. Es el Psoe. 

- Quienes quieren mantener el Registro Civil dentro de la Administración de Justicia, servido por su personal y con los LAJ como Encargados, pero con supresión de las funciones registrales de los Juzgados de Paz y con el establecimiento de Registros Civiles Exclusivos, desvinculados de los partidos judiciales y sin otras competencias procesales, en la línea establecida por la Ley 20/2011. Son las Asociaciones de Secretarios Judiciales (hoy LAJ), y al parecer Ciudadanos. 

El personal de la Administración de Justicia, las organizaciones sindicales, y numerosos gobiernos municipales y de comunidades autónomas han optado reiteradamente por la primera de las tres opciones. El Psoe se queda solo en defensa de su propuesta, que desgraciadamente hoy es el texto de la Ley 20/2011. Las Asociaciones de Secretarios Judiciales esencialmente quieren el beneficio propio de sus afiliados (supuesto prestigio y por supuesto mayores retribuciones), aunque sea a costa de deteriorar el servicio público (modernizar no es dificultar el acceso de los ciudadanos a dicho servicios). 

Llegados a este punto, la Secretaria de Estado de Justicia debe cumplir con lo prometido, e iniciar el debate que pueda permitir encontrar puntos de encuentro entre el Ministerio de Justicia, el Grupo PP y Podemos, para que se pueda aprobar la toma en consideración de la Proposición de Ley de Podemos, remitiendo para ello las enmiendas a dicha proposición de Ley de forma inmediata. No hay excusa posible para que después de 4 semanas no las haya remitido. Como es lógico, y visto lo sucedido en el Congreso con la toma en consideración de la propuesta del PP, Podemos no va a arriesgarse al rechazo en la toma en consideración de su Proposición de Ley, y está pendiente de que el Ministerio de Justicia dé el paso que lleva anunciando desde hace casi un mes. 

En este blog estamos convencidos de que se puede encontrar un punto de encuentro en la reforma de la Ley 20/2011 entre casi todos los partidos políticos, excepto el Psoe de Campo que va a su aire y camino del desastre. El primer paso lo tiene que dar, en firme, el Ministerio de Justicia, por mediación de Rafael Catalá y la Secretaria de Estado de Justicia. Basta de declaraciones, pongámonos a trabajar.