Catalá insiste en un Registro Civil 100 % público, tanto en su llevanza como en su gestión, pero no desvela cómo lo quiere hacer

El Ministro de Justicia Rafael Catalá ha comparecido hoy en la Comisión de Justicia del Senado para exponer las lineas generales de la política del Ministerio de Justicia durante la presente legislatura, tal y como hizo en el Congreso de los Diputados el pasado 5 de diciembre. 

En su comparecencia, según el texto de la intervención que aparece en la página web del Ministerio de Justicia, Catalá ha subrayado "la necesidad de culminar la reforma de la Ley del Registro Civil impulsada en 2011 con el consenso de todos los grupos políticos; un REGISTRO CIVIL que deberá ser y será gratuito, electrónico y 100% público, tanto en su llevanza como en su gestión", insistiendo en que debe ser 100% público, tanto en su llevanza como en su gestión.

Sin embargo, Catalá sigue sin desvelar cuál es su proyecto de Registro Civil (al parecer dentro de la Administración de Justicia), que según la nota de prensa que también aparece en la página web del Ministerio de Justicia "previa negociación en la mesa sectorial... será presentado en la próxima Conferencia que el Ministerio celebre con las comunidades autónomas", y que entrará en marcha el próximo mes de julio. Sí que parece claro que el Registro Civil no estará a cargo de los jueces, según se deduce de las palabras del Ministro en su intervención (minutos 31.24 a 32.42), pero sigue sin decir de forma clara si los "profesionales" que estarán a su cargo serán o no los Letrados de la Administración de Justicia. 

En aras del consenso que reclama el Ministro de Justicia debería desvelar cuanto antes cuál es el proyecto de Registro Civil que quiere defender desde el Ministerio de Justicia, a fin de que se puedan iniciar las negociaciones en la mesa sectorial y con los partidos políticos, de cara a que realmente el nuevo Registro Civil pueda empezar a funcionar en el mes de julio. Para nosotros es claro que debe ser un registro civil público, gratuito, cercano a los ciudadanos, integrado en la Administración de Justicia y servido íntegramente por funcionarios de dicha Administración, pero no sabemos si Catalá comparte esta opinión.

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