Catalá quiere que los Procuradores también puedan presentar telemáticamente las solicitudes de nacionalidad mientras sigue sin regular la presentación telemática a través de los propios Registros Civiles

El Ministro de Justicia en funciones Rafael Catalá mantuvo ayer una reunión con el Presidente del Consejo General de Procuradores de España, con quien trató varios puntos de interés para este colectivo profesional, entre ellos, la posible colaboración entre ambas partes en cuanto a las funciones de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), así como la cooperación en materia de tramitaciones de nacionalidad por residencia que se va a concretar en la firma de un convenio entre el Consejo y la Dirección General de los Registros y del Notariado, similar al ya firmado con el Colegio de Gestores Administrativos. 

Mientras tanto, el Ministro de Justicia se obceca en incumplir y no desarrollar lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1004/2015, que establece que la remisión de documentos desde los Registros Civiles a la Dirección General de los Registros y del Notariado se llevará a cabo, siempre que sea posible, de modo telemático, previa digitalización de los documentos, en las condiciones que determine la referida Dirección General. 

Transcurrido cerca de un año desde la entrada en vigor del nuevo Procedimiento para la obtención de la nacionalidad española por residencia el Ministerio de Justicia, a través de su Dirección General de los Registros y del Notariado, no ha establecido las condiciones que permitan a los Registros Civiles la digitalización de las solicitudes y documentos y su remisión a la Dirección General de Registros y del Notariado, para su instrucción. Sin embargo, sí que ha tenido tiempo para desarrollar cómo se podrá presentar la nacionalidad española a través de profesionales (ya los Gestores Administrativos, ahora los Procuradores) que, como es lógico, cobrarán por sus servicios. Además, teniendo en cuenta que la presentación telemática, debidamente indexada y metadatada, de las solicitudes de nacionalidades facilitará la resolución de los expedientes, si el Ministerio de Justicia no desarrolla previamente la posibilidad de remisión telemática de dichas solicitudes desde los Registros Civiles, está abriendo dos vías: una, la de pago, que será la rápida, a través de los profesionales cuyos Colegios suscriban el Convenio; y otra, la gratuita pero lenta, que será la que se realice a través de los Registros Civiles. Y ello es contrario al principio de igualdad que debe regir en la relación de la Administración con sus administrados, pues se estaría privilegiando a unos frente a otros en función de si pagan o no los servicios de unos profesionales ajenos a dicha Administración. 

De esta forma, una vez más, se perjudica un servicio público en beneficio de unos operadores privados: la vía del servicio público que se presta desde los Registros civiles vendría lastrada por la falta de digitalización de los expedientes, lo que supondría el retraso en su resolución frente a los presentados telemáticamente y previo pago a través de profesionales. 

El sindicato CCOO elevó al respecto en el mes de julio una queja a la Oficina del Defensor del Pueblo, la cual está pendiente de tramitación. Pero al Ministro en funciones le da igual, está plenamente operativo para favorecer los intereses privados y perjudicar los servicios públicos. 

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