El ministro de Justicia en funciones favorece en la concesión de la nacionalidad a los extranjeros que puedan pagar los servicios de Gestores Administrativos que las presenten en su nombre

CCOO denuncia que el Ministerio sigue en su plan de desmantelar el servicio público del Registro Civil, y que incumple lo dispuesto en el Real Decreto 1004/2015 al no querer regular la tramitación electrónica desde los Registros civiles pero sí desde otros operadores privados.

La firma de un convenio entre el Ministerio de Justicia y los Gestores Administrativos para presentar las solicitudes electrónicas de nacionalidad por residencia anunciada en la página web del Ministerio de Justicia con fecha 14 de julio, sin haber desarrollado previamente la tramitación electrónica desde los Registros Civiles tal y como establece la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, supone a juicio de CCOO un paso más en la labor del Ministerio de Justicia de desvirtuar el servicio público que se presta desde los Registros Civiles, de desmantelar las funciones que en tramitación de expedientes han tenido desde su creación y de atribuir a operadores privados competencias hasta ahora de administraciones públicas objetivas e independientes. 

CCOO denuncia que el Ministerio de Justicia del Partido Popular sigue en su programa de quitar competencias a los Registros Civiles, favoreciendo a colectivos profesionales que cobran sus honorarios por sus servicios y desvirtuando el servicio público y gratuito que se presta desde los Registros Civiles. El hecho de estar en funciones no les impide avanzar en sus objetivos de desmantelar el servicio público que se ha venido prestado desde los Registros Civiles mediante la atribución de parte de sus competencias a operadores privados que de esta forma ven ampliadas sus posibilidades de hacer negocio. 

Primero fueron las encomiendas de gestión al Colegio de Registradores de la Propiedad España para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia, con un coste de 4 millones de euros por las nacionalidades presentadas en el año 2015, tal y como recuerda el BOE de 16 de julio de 2016; luego el intento de asignar el Registro Civil a los propios Registradores, que fue derogado in extremis; continuó con la atribución a los Notarios a partir de junio de 2017 de la tramitación de los expedientes de matrimonio, de forma compartida con los Registros Civiles, los cuales a partir de dicha fecha ya no podrán casar; y sigue con la firma del Convenio con el Colegio de Gestores Administrativos para la presentación electrónica de las solicitudes de nacionalidad por residencia sin haber regulado previamente dicha presentación a través de los Registros Civiles u otros órganos de la Administración del Estado. 

CCOO denuncia que no sea posible presentar electrónicamente las solicitudes de adquisición de la nacionalidad por residencia desde los Registros Civiles, mientras sí se potencia hacerlo mediante pago por operadores privados, en un claro intento de privatizar este servicio público. Y ello porque si el Ministerio de Justicia no desarrolla previamente la posibilidad de remisión telemática de dichas solicitudes desde los Registros Civiles, estaría abriendo dos vías: una, la de pago, que será la rápida, a través de los profesionales cuyos Colegios suscriban Convenios con el Ministerio de Justicia; y otra, la gratuita pero lenta, que será la que se realice a través de los Registros Civiles, pues la presentación de documentos en formato papel tiene una tramitación mucho más lenta ya que los documentos posteriormente han de ser digitalizados y metadatados en el Ministerio de Justicia (que en la actualidad lo está haciendo con los expedientes presentados a primeros del año 2015!!!!). Y ello es contrario al principio de igualdad que debe regir en la relación de la Administración con sus administrados, pues se estaría privilegiando a unos frente a otros en función de si pagan o no los servicios de unos profesionales ajenos a dicha Administración. 

CCOO dirigió al Ministro de Justicia en el mes de mayo una carta para que se regulen de una vez las condiciones en que desde los Registros Civiles se puedan remitir metadatadas e indexadas las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia, dotando a los Registros Civiles del territorio Ministerio de los medios técnicos para ello, y para que en tanto en cuanto no sea posible la remisión telemática a través de los Registros Civiles no se pueda realizar tampoco a través de profesionales de Colegios que hayan suscrito los oportunos convenios de habilitación. 

Ante la suscripción del Convenio con el Colegio de Gestores, privilegiando la tramitación de la nacionalidad de quienes puedan pagar por sus servicios, CCOO ha vuelto a presentar en el día de hoy una carta al ministro de Justicia reiterando la presentada en el mes de mayo, y ha formalizado una queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo para que previa tramitación del oportuno expediente adopte con carácter urgente las medidas y recomendaciones oportunas para que la tramitación electrónica de las solicitudes de adquisición de nacionalidad española por residencia desde los Registros Civiles sea factible, cumpliendo con ello las previsiones contenidas en la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre; y que en tanto en cuando no se regule y establezca dicha tramitación no entre en funcionamiento la presentación telemática de solicitudes a través de Gestores Administrativos u otros operadores privados, a fin de que se garantice la igualdad de trato de todos los extranjeros que quieran acceder a la nacionalidad española.





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