Las elecciones del 20 de diciembre son decisivas para el futuro del Registro Civil. Jamás unas elecciones habían tenido tanta importancia para el futuro de este servicio público esencial, y lo cierto es que va a ser absolutamente determinante en el futuro del Registro Civil qué partido gane las elecciones y con quién forme gobierno. Mucho más que cualquier manifestación, blogs, hojas sindicales, cartas, concentraciones, artículos periodísticos, declaraciones, intervenciones parlamentarias, etc, el voto de los españoles y españolas del 20 de diciembre es decisivo para el Registro Civil. Nos la jugamos.
La Ley 20/2011, de 20 de julio, de Registro Civil, entrará en vigor el 30 de junio de 2017, tal y como establece la Disposición Final Décima de dicha Ley, modificada por la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil. Esta Ley, en su Disposición Derogatoria Única, derogó las disposiciones adicionales vigésima, vigesimoprimera, vigesimotercera, vigesimocuarta y vigesimoquinta de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que establecían la privatización del Registro Civil mediante su atribución a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles. Pero que nadie se llame a engaño: la privatización se paró en el mes de abril de 2015 ante un panorama electoral muy complejo (elecciones municipales y autonómicas en mayo, y generales a final de año) en que la atribución de un servicio público esencial y gratuito a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles podía constituir un arma arrojadiza contra el Gobierno del Partido Popular, con Mariano Rajoy como Presidente y Registrador de la Propiedad en excedencia, y con evidentes intereses personales y familiares en juego.
Olvidaos de lo que dicen los programas electorales, porque luego los partidos que gobiernan suelen hacer lo que les da la gana (a la vista está esta legislatura), es mejor hacer memoria de lo ocurrido estos últimos años. El PP y Rajoy ganan las elecciones generales del año 2011, y Rajoy designa quién va a ser el Director General de Registros y del Notariado antes que al propio Ministro de Justicia, encontrándose Ruiz Gallardón con el nombramiento ya hecho. Rajoy "el decente" tiene en materia de Registro de la Propiedad bien perfilada su hoja de ruta, y ésta incluye la privatización del Registro Civil, creando en la práctica un Cuarto Poder en España, el Estado Registral, al que habrán de estar sometidos todos los operadores jurídicos y que les proporcionarán pingües beneficios económicos, dejando atrás los riesgos derivados de las exigencias de la Unión Europea en materia de competitividad y liberalización de servicios. Porque si anómalo puede parecer que los Registros Civiles dependan de la Administración de Justicia en España (pese a llevar así más de 140 años, pues en la mayoría de países están adscritos a la administración local), más anómalo es el régimen de los Registradores de la Propiedad de España, separados del catastro, profesionales liberales que hacen de un servicio público su propio negocio, y que se definen como funcionarios públicos aunque no se integran dentro de Administración pública alguna.
Así, la hoja de ruta registral de Rajoy fue desbrozando el camino de la privatización. Primero firmando una encomienda de gestión para que los registradores resolvieran los miles de expedientes de nacionalidad española pendientes en los archivos de la DGRN, motivado en no menor medida por el retraso acumulado por Ruiz Gallardón nada más entrar en el Ministerio de Justicia al suprimir mucho del personal que resolvía estos expedientes. Luego con su fallido Anteproyecto de Reforma Integral de los Registros, primer amago para quedarse con el Registro Civil. Más tarde, con la segunda encomienda de gestión. Finalmente con el Real Decreto Ley 8/2014 que atribuía el Registro Civil a los Registradores Mercantiles (declarado inconstitucional por no existir razones de urgencia) y la Ley 18/2014, que es la tramitación como Ley de dicho Real Decreto Ley.
En abril de 2015 el proyecto se para, y el privatización del Registro Civil se deroga, incluido sin duda por la previsible declaración de inconstitucionalidad del Real Decreto Ley 8/2014, las protestas de los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia, la presión ante las elecciones municipales, y sobre todo por la inexistencia de una fuente de financiación propia del Registro Civil, pues como es lógico los Registradores de la Propiedad no quieren asumir el Registro Civil gratis, no quieren pagarlo de su bolsillo.
Desde la derogación los que defendían la privatización del Registro Civil han estado muy callados, escondidos, sin protestar pese a la inversión ya realizada, con el proyecto preparado en sus cajones, esperando a ver si "los suyos" siguen gobernando para desempolvar el proyecto. Porque de eso se trata: si el 20 de diciembre gana el PP la "hoja de ruta" se reactivará, se quitará el polvo del proyecto de privatización, se defenderá que el Registro Civil seguirá siendo público y gratuito (escondiendo la compensación que evidentemente los Registradores de la Propiedad percibirán por asumir el Registro) y sin elecciones en cuatro años que puedan molestar para llevar el proyecto de privatización a buen puerto.
La situación de provisionalidad en que vivimos los funcionarios y funcionarias de los Registros Civiles desde el año 2011 no va a durar más allá de esta legislatura. El PP quiere adelgazar la administración (luego dirá que se lo exige Bruselas) y para ello quiere privatizar (externalizar) servicios públicos esenciales hoy prestados íntegramente por funcionarios públicos. Quiere bajar los impuestos, sobre todo a los más ricos (la baja de uno o dos puntos en el IRPF son millones para los más pudientes y cuatro euros para los que menos), y ante la previsible contención presupuestaria y la obligación de reducir el déficit público qué mejor que privatizar servicios públicos, garantizando que los ciudadanos no tendrán que pagar por ellos como hasta ahora (de momento), pues se financiarán de forma indirecta.
Para el PP no es esencial que el Registro Civil sea servido íntegramente por funcionarios públicos, y que éstos y no operadores privados o personal contratado y despedido libremente sin proceso público alguno sean los que traten los datos más íntimos y personales de todos los ciudadanos. El PP no quiere a los Registros Civiles dentro de la Administración de Justicia, sino simplemente dependiendo del Ministerio de Justicia, dando instrucciones y supervisando su funcionamiento pero sin tener que asumir su coste. El PP quiere un Registro Civil que se autofinancie, que genere sus propios ingresos para su mantenimiento; la gratuidad del Registro Civil es una falacia, tal y como se demuestra con la nueva tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia. ¿Y qué mejor servicio público autofinanciado, hasta el punto que sus responsables tienen ganancias multimillonarias como los Registros de la Propiedad y Mercantiles? El PP quiere que el Registro Civil lo pague el usuario, o que se establezcan copagos, como en la gran mayoría de servicios públicos, porque no entienden que los servicios públicos básicos y esenciales deben ser sufragados entre todos, con los impuestos de todos los ciudadanos, aportando más el que más tiene, y que dicha financiación pública es la mejor garantía de imparcialidad, profesionalidad y equidad.
El 20 de diciembre nos jugamos que el Registro Civil siga siendo un servicio público, gratuito, cercano a los ciudadanos y servido íntegramente por funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Es lo que tenemos que tener en cuenta al elegir la papeleta de voto. ¡ Todos a votar !
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