Publicada en el BOE la derogación de la privatización del Registro Civil, la lucha continúa

Aparece publicado en el BOE de hoy la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, que en su Disposición Derogatoria Única establece que "quedan derogadas las disposiciones adicionales vigésima, vigesimoprimera, vigesimotercera, vigesimocuarta y vigesimoquinta de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia", mediante las cuales se asignaba a partir de mañana la llevanza del Registro Civil a los Registradores Mercantiles. 

La derogación de estas disposiciones, cuyo antecedente son las Disposiciones Adicionales del mismo número aprobadas en el Real Decreto Ley 8/2014, supone un gran victoria para todas aquellas personas y colectivos que hemos trabajado durante este tiempo para evitar que un servicio público esencial y gratuito pasase a manos de operadores privados, sacándolo de la esfera de las Administraciones Públicas con el objetivo a medio plazo de hacer de su llevanza y de los datos personales más íntimos de todos los ciudadanos un negocio. Nadie salvo el PP, Rajoy y ciertos colegas Registradores está de acuerdo con la privatización del Registro Civil. 

Sin ánimo de olvidarnos de nadie, no podemos dejar de destacar desde este blog la lucha y trabajo realizado por políticos como Gaspar Llamazares o Rosa Aguilar; y las aportaciones de todos los partidos políticos y grupos parlamentarios en la oposición, desde el Grupo Parlamentario Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA) a quien siempre estaremos agradecidos por su enconada lucha desde el principio contra la privatización  del Registro Civil y los privilegios de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, hasta el PSOE (que le costó unirse a la lucha y luego fue decisivo), UPyD (con sus certeras críticas y valiosas aportaciones), Entesa pel Progrés de Catalunya, CIU, PNV (gracias, Olabarría), M.ª Olaia Fernández Davila, Joan Baldoví y otros muchos. Gracias a todos los parlamentarios y parlamentarias que se han opuesto con ahínco a la privatización del Registro Civil. 

También hemos de destacar el trabajo realizado por CCOO, pues a diferencia de otras organizaciones sindicales nunca se rindió en su lucha contra la privatización del Registro Civil, y no sólo no se limitó a criticar la misma en hojas internas, sino que llevó a cabo acciones y propuestas valientes, empezando por la Iniciativa Legislativa Popular para la modificación de la Ley 18/2014 que ha conseguido aglutinar a todo los colectivos, funcionarios y funcionarias, organizaciones sindicales, ciudadanos, en un mismo objetivo, que era la recogida de 500.000 firmas para llevar nuestro proyecto al Congreso; siguiendo por sus denuncias ante la Fiscalía General del Estado, derecho de petición ante el Parlamento Europeo, y Defensor del Pueblo, y hasta la multitud de reuniones mantenidas con los Grupos parlamentarios, que se reflejaron en la presentación de enmiendas al Real Decreto Ley 8/2014, Ley 18/2014 y la Ley ahora publicada. 

Fundamental en esta lucha ha sido el gran trabajo aglutinador de todos los funcionarios y funcionarias de los Registros Civiles iniciado por un pequeño grupo de compañeros del Registro Civil de Sevilla, encabezados por Paco León, que ante la incomprensible falta de unidad en la acción sindical de los sindicatos contra la privatización del Registro Civil consiguió sacar a la calle y presentar ante la opinión pública una marea amarilla que nos unió a los funcionarios y funcionarias de los Registros Civiles de toda España en contra de la privatización de los Registros Civiles. 

Y finalmente no queremos olvidar el trabajo realizado en la sombra por Jesús Seoane, ex Presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, que con otros profesionales (algunos Notarios, Registradores y Abogados del Estado cuyo nombre omitimos pero a los que damos las gracias) han realizado numerosas aportaciones y promovido debates e iniciativas para que el Registro Civil permanezca dentro del ámbito de las Administraciones Públicas y no pase a manos de los Registradores Mercantiles y de la Propiedad. Seoane ha sido el contrapunto a la inexplicable posición pasiva del Colegio del que fue Presidente (¿qué les habrán prometido a cambio?). 

Pero la lucha continúa, y por eso este blog seguirá adelante. Nos quedan dos años de trabajo para conseguir que se enmiende la Ley 20/2011, de Registro Civil, para que tal y como hemos defendido desde el principio sea un servicio público, gratuito, cercano a los ciudadanos y servido íntegramente por funcionarios de la Administración de Justicia. No podemos conformarnos con la derogación de la Ley 18/2014 cuando en la misma Ley 19/2015 el PP impone reformas en materia de nacimientos o defunciones sin hablar con los profesionales que llevamos años registrándolos, o en materia de tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia para que el Ministerio pueda encomendar su gestión a quien quiera, incluidos Notarios o Registradores de la Propiedad. 

El PPrivatizador sigue adelante, con su mayoría absoluta, modificando normas en beneficio de unos pocos y en contra de los intereses generales, sin oir ni siquiera debatir las propuestas de los partidos de la oposición. El PPrivatizador sigue pensando que la mejor opción es que los Registradores de la Propiedad y Mercantiles hagan negocio de los Registros Civiles, como ya hacen con los Registros a su cargo. Nos falta por saber qué sucedió realmente en una semana del mes de abril para que el Ministerio de Justicia diera marcha atrás en la privatización del Registro Civil, tras millones de euros gastados en un nuevo programa y borradores de enmiendas a la Ley 20/2011 y proyectos de Reglamento del Registro Civil redactados por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, y el silencio hasta ahora de los Registradores pro privatización nos hace sospechar que estamos ante un impasse para tomar impulso tras las elecciones generales a celebrar a finales de este año, si gana el PP. 

Por todo ello la lucha continúa. Debemos aprender de los errores pasados y hacer piña para conseguir entre todos que el Registro Civil siga siendo un servicio público, gratuito, cercano a los ciudadanos, servido íntegramente por funcionarios públicos, y que las Administraciones, principalmente el Ministerio de Justicia, invierta y dote a los Registros Civiles de los medios personales y materiales adecuados para que este servicio público esencial sea prestado de la mejor manera posible en beneficio de toda la ciudadanía, a quienes nos debemos.   

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