El Congreso anula la privatización del Registro Civil, aprobada por el PP en 2014

La Comisión de Justicia del Congreso anuló ayer, definitivamente, la privatización del Registro Civil aprobada hace un año por el PP y que debía materializarse a partir del 15 de junio. Una enmienda, la 129, a la ley de reformas estructurales y de apoyo a la economía, decretada hace un año, deja en suspenso indefinidamente la privatización de la gestión del Registro Civil, que seguirá dependiendo del Ministerio de Justicia. La enmienda fue adoptada por unanimidad.

Con ello se diluye el proyecto del ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo, de transferir a los registradores mercantiles los datos del Registro Civil y de compensarles económicamente por la gratuidad de las inscripciones y certificaciones que ahora son gratuitas. La negociación con los registradores mercantiles estaba muy avanzada, pero el fiasco provocado por su antecesor,Alberto Ruiz Gallardón, al obligar al Colegio de Registradores a comprar un sistema informático a un precio abusivo para hacerse cargo de los expedientes de nacionalidad, y las protestas de los funcionarios de Justicia y de la oposición sindical y política, han llevado al PP a retirar la operación. La fórmula adoptada ha consistido en prolongar sine die la vacatio legis de aquella norma. “Esperemos que esas vacaciones sean a perpetuidad, vacatio morten”, dijo Gaspar Llamazares, el diputado que más se ha batido el cobre contra la privatización de la gestión de los datos de los españoles y del mencionado servicio público del Ministerio de Justicia.

En la reforma de la ley del Registro Civil, el PP aceptó las enmiendas del PSOE y de otros grupos y anuló el precepto gubernamental que obligaba a los progenitores del recién nacido o sus adoptantes a declarar si están casados o no. La reforma mantiene el limbo jurídico sobre los vientres de alquiler o maternidad rogada.

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