CCOO, CSIF, STAJ y UGT unen sus fuerzas para garantizar un Registro Civil cercano a la ciudadanía, y el empleo y los derechos laborales de su personal

En la propuesta de modificación de la Ley 20/2011, del Registro Civil que el Ministro de Justicia entregó hace ya un mes a los Consejeros de las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial solo queda garantizada una oficina del Registro Civil en cada Comunidad Autónoma, Ceuta y Melilla y otra en cada una de las islas que actualmente tienen registro civil. En el resto de partidos judiciales dependerá arbitrariamente de la decisión del Ministerio en su ámbito y de las CCAA con competencias en el suyo; y en los Juzgados de Paz y agrupaciones se pretende cerrar el servicio del Registro Civil. 

Esta propuesta incumple el compromiso del ministro Catalá con las organizaciones sindicales ya que les garantizó el mantenimiento de las actuales oficinas y que el empleo y las condiciones de trabajo del personal no se verían en ningún caso afectados, lo que no queda asegurado con la nueva redacción de la Ley que se ha propuesto. 

Las cuatro organizaciones sindicales de ámbito estatal presentes en la Mesa Sectorial se han unido para no consentir este atropello y, ante la falta de respuesta del Ministerio a las reivindicaciones sindicales y ciudadanas, han acordado: 

1) Reclamar conjuntamente y por escrito al Ministro de Justicia una reunión urgente y exigirle su rectificación. 

2) Solicitar también por escrito y de forma conjunta a la Federación Española de Municipios y Provincias su apoyo y una reunión inmediata. 

3) Mantener reuniones conjuntas, que han pedido por escrito, con todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados en las que les exigirán  un posicionamiento público favorable a sus propuestas y la presentación de las correspondientes enmiendas al proyecto de ley del Gobierno, caso de que éste no rectifique. 

4) Extender esta unidad sindical en cada Comunidad Autónoma al resto de organizaciones sindicales representativas en las mismas. 

5) Ejercer las mismas acciones desde el conjunto de todos los sindicatos en el ámbito de los parlamentos y grupos parlamentarios autonómicos y a las Federaciones de Municipios y Provincias de cada Comunidad Autónoma.

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