Los economistas nos dicen que algo falla en el mercado cuando alguien se beneficia de determinados servicios sin pagar los correspondientes costes, incluidos los ligados al riesgo de la operación. O bien ese alguien comparte los costes, que tiene capacidad para imponer a los demás, pero es el único que percibe los beneficios. En Economía, a las personas favorecidas por tales situaciones se les denomina free riders. En español se utiliza más frecuentemente la expresión “problema del polizón”. ¿Se nos ha colado un polizón en esta polémica cesión del Registro civil a los registradores mercantiles? Parece que sí, o al menos así lo cree el Colegio Nacional de Registradores. Vamos a explicarlo.
La asunción del Registro Civil por los registradores mercantiles implica un riesgo mayúsculo para el conjunto de la profesión, concretamente el derivado de su financiación. Si este tema no llega a resolverse convenientemente y se produce un colapso financiero (o un escándalo) que obliga a intervenir al Estado, la probable solución final implicaría con toda seguridad acabar con el estatuto personal que en la actualidad disfrutan los registradores y con la consiguiente creación de una Agencia Nacional Registral al modo británico. Un paso, además, increíblemente fácil y lucrativo de realizar para el Estado, especialmente una vez que los propios registradores proporcionen la plataforma informática, la homogeneización de todos los registros, la coordinación registral y la organización personal. Como que con tres artículos bastaría. Esto es lo que debieron pensar hace más de un año los registradores reunidos en Zaragoza cuando rechazaron el caramelo envenenado.
Pero si los registradores mercantiles (una parte reducida del Colegio nacional) han decidido ahora asumir el reto, podría parecer que el riesgo no es tan grave, ¿no? Pues a primera vista no se entiende. Analicémoslo despacio. Existen cuatro vías posibles de financiación del Registro Civil (teniendo en cuenta además que caben soluciones mixtas):
1.- La primera es la de los presupuestos generales del Estado. En principio rechazada, porque uno de los motivos aparentes por lo que se realiza la cesión es precisamente para eludir ese gasto.
2.- La segunda es cobrar por los asientos, como pasa en el Registro de la Propiedad y en el Mercantil. Esta solución ha sido rechazada también debido a la reticencia de nuestros legisladores (bastante comprensible desde el punto de vista político) a exigir a los ciudadanos pagar por asientos obligatorios, como el nacimiento, el matrimonio o la defunción. De ahí que la disposición adicional vigésimo primera del Real Decreto Ley 8/2014 diga que “la prestación del servicio público que constituye el Registro Civil continuará siendo gratuita, sin excepción de ningún tipo”.
3.- No obstante, como no dejan de repetirnos nuestros amigos de Nada es Gratis, nada es gratis, así que de algún lado tiene que salir el dinero. Pues bien, para cuadrar el círculo no se ha encontrado mejor solución (la tercera) que señalar en la disposición adicional vigésimo tercera, que “los aranceles que perciban los registradores (mercantiles) quedarán afectados a la cobertura directa de los gastos que imponga la creación y gestión de la Corporación, como parte de los generales de funcionamiento y conservación de las oficinas.” Y la misma disposición señala un poco antes que “la contratación que tenga por objeto la creación, mantenimiento, posterior gestión y seguridad del sistema informático único y de la aplicación de llevanza en formato electrónico del Registro Civil y su red de comunicaciones se realizará por la Corporación de Derecho Público que se crea por esta disposición”, de la que forman parte todos los registradores mercantiles. Es decir, a partir de la entrada en vigor de la reforma, al menos el coste de informatización del Registro Civil, de mantenimiento del programa y de retribución de los registradores que lo sirven, se va a hacer por los usuarios del Registro Mercantil.
Ahora bien, esto es extraordinariamente sorprendente. En primer lugar, porque parece bastante injusto que el coste de un servicio público lo paguen, no todos los españoles en función de su capacidad económica (como sería si continuase a cargo de los presupuestos generales), sino los concretos usuarios… de otro servicio público completamente distinto. Esto es como ordenar en una ley que la sanidad pública se sufragará a partir de una fecha con cargo a las tasas judiciales (que tendrían que subir en consecuencia, claro). Pero la segunda sorpresa tiene precisamente que ver con esto último, con que la nueva Ley no ordena una inmediata subida de los aranceles del Registro Mercantil. Este silencio resulta intrigante. Porque una de dos, o bien los aranceles que los registradores mercantiles cobran a fecha de hoy son suficientes para sufragar ese inmenso coste (lo que demostraría que los registradores mercantiles han estado sobrerremunerados todos estos años hasta límites impropios de cualquier funcionario) o bien esos aranceles tienen que subir de manera muy importante a corto plazo, lo que profundizaría la injusticia mencionada.
4.- Claro que también es posible otra posibilidad, la que más cuadra con la estrategia de colonización que impulsa todo el proceso: imponer a todos los operadores jurídicos la necesidad de realizar consultas de los asientos del Registro Civil antes de formalizar cualquier operación civil, inmobiliaria o mercantil. Esos operadores no pagarían tanto por las consultas concretas, como por el uso del programa informático de la Corporación, que sería el único que permitiría realizarlas. Es decir, que para sufragar un gasto (el Registro Civil) se crearía ex novo una nueva necesidad donde antes no la había (la de consultar los asientos) cuya “solución” implica un inevitable coste. Continuando con la analogía, esto como financiar la sanidad estableciendo una tasa a pagar por un innecesario proceso de desinfección bacteriológica situado a la entrada de las urbes de más de cien mil habitantes. Con eso se consigue que no sean solo los usuarios del Registro Mercantil los que paguen el Registro Civil, sino un conjunto aleatorio y cambiante de ciudadanos: los involucrados cada año en operaciones inmobiliarias y mercantiles. Todo ello al margen, por supuesto, de la enorme perturbación que para el tráfico jurídico español puede suponer imponer nuevos requisitos y exigencias innecesarias.
En fin, que todas las posibilidades de financiación son extraordinariamente problemáticas y presentan riesgos de fracaso muy elevados, máxime en un escenario próximo en el que Mariano Rajoy pueda no estar al frente de la nave del Estado. ¿Qué explica entonces esta sorprendente falta de aversión al riesgo en un colectivo tradicionalmente tan prudente como el registral?
¿El polizón?
Puede. Quizás lo que ocurre es que no lo sepamos todo. Entre las cosas que no sabemos está la empresa que va a resultar beneficiaria del proceso de contratación de la creación y mantenimiento del sistema informático único aplicable a todos los registros, incluido el Civil. Es lógico, dirán ustedes, porque el proceso todavía no ha comenzado. Pero en esta ocasión la opacidad no viene dada únicamente por la dimensión temporal de los acontecimientos y por la imposibilidad material de adivinar el futuro, sino porque parece que el proceso va a encomendarse (disposición adicional vigesimotercera) a la empresa pública “Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España”, entre cuyos atributos no figura precisamente el de la transparencia.
La característica fundamental de los procesos en los que interviene esa entidad, por evidentes razones de seguridad nacional, es su opacidad y su carácter negociado y no abierto al concurso público general; que si puede tener alguna justificación cuando se trata de cuestiones militares sensibles, es más dudosa en este caso. En definitiva, que la preselección de candidatos y la asignación final del contrato se realizará atendiendo a cuestiones subjetivas y personales, basadas principalmente en la confianza, de no fácil fiscalización.
Por eso, siendo un contrato de relevancia económica muy significativa (se habla de cientos de millones de euros), las personas que anticipen la posibilidad de resultar agraciadas con su asignación (parece que pocas y bien avenidas) pueden disponer de incentivos especiales para apoyar la apuesta que esta cesión implica. Circunstancia muy relevante en este país si a la vez ostentan cierta influencia y/o una notable capacidad de persuasión, como parece que ocurre en el caso de la sociedad Futuver, auténtico favorito en las apuestas. Aun cuando esta sociedad estuviese integrada por registradores (que como sus compañeros pueden sufrir un evidente riesgo de laminación) los beneficios posibles obtenidos del millonario contrato lo compensarían sobradamente, aunque –qué lástima- lamentablemente esos beneficios no podrán ser compartidos. De esta manera se define un caso de libro de polizón o de free rider.
El Colegio Nacional de Registradores lo ha comprendido de inmediato y se ha lanzado a buscar una vía para compartir esos beneficios, lo cual resulta lógico e irreprochable, al menos desde su punto de vista. Según nos cuenta esta noticia de El Mundo, que reproduce una circular interna del Decano, el Colegio ha decidido impugnar el pliego de condiciones y presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC). Elemental, porque puestos a socializar el riesgo lo justo es hacer lo mismo con los beneficios. Lo que ocurre es que, aunque la reclamación prospere, si el beneficio hay que repartirlo entre todos los tripulantes (y no entre unos pocos polizones), y encima con verdadera competencia, entonces la cosa seguro que ya no tiene tanta gracia y puede incluso que la aventura no tenga justificación para nadie.
Quizás sea esta actitud del Colegio de Registradores –sin duda infantil y un tanto egoísta con sus compañeros de Futuver (“ya que a nosotros no nos salen las cuentas que no te salgan a ti tampoco”)- lo que ha motivado que la hermana registradora de Mariano Rajoy –al menos según cuenta esta noticia- les impute una política destructiva sin otro fin que la sustitución de su hermano por un gobierno arco iris con Podemos a la cabeza.
Interesante reflexión, clásica sin duda, y que daría para otro post: ¿los que hunden la nave del Estado son los polizones que viajan gratis con consentimiento del capitán mientras los demás reman?, ¿o son los que dan la voz de alarma y hacen que la tripulación se subleve contra la permisividad del capitán? Creo que sobre este dilema vamos a discutir bastante próximamente, y no solo por este caso.
Rodrigo Tena Arregui, en el Blog ¿Hay Derecho?.
Nota: muy interesante al respecto son las respuestas que recibe este artículo en el citado blog.
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