La secretaria de Relaciones Políticas del PSOE de La Rioja, Victoria de Pablo, expresó ayer el «rechazo frontal» de su formación a la privatización de los registros civiles en favor de los mercantiles concretada de forma «innecesaria y clandestina» el pasado miércoles en el Senado en el contexto del denominado proyecto de Ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Un «cajón de sastre» que, tanto en este punto como en el recorte de derechos en materia de sanidad u otros ámbitos responde al «programa oculto» del PP y cuya tramitación por vía de urgencia ha «hurtado el debate e impide la confrontación de ideas».
Las críticas socialistas alcanzan a prácticamente todos los frentes. Desde el interés por acelerar el trámite a pesar de que está previsto entrar en vigor el 15 de julio del año próximo hasta la «imposición» de un servicio esencial -expedición de partidas de defunción o nacimiento, fes de vida, etcetéra- a unos profesionales que lo rechazan. «El Colegio de Registradores ha manifestado su total discrepancia a esa cesión mientras quienes lo realizan ahora optan por seguir llevándolo », afirmó De Pablo para augurar un «fracaso anunciado» ante las reticencias expresadas por parte de los principales operadores del sector.
El coste fue otro de los aspectos censurados por la dirigente socialista. «Se han 'regalado' los 128 millones que conllevó la informatización de los registros civiles judiciales hace tres años y ahora se requerirá otra cuantiosa partida para actualizar las oficinas mercantiles», apuntó para, al mismo, rebatir que el proyecto de Ley garantice la gratuidad del servicio tal y como defiende el PP. «Se crea una empresa pública -Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España- que se nutrirá de los presupuestos públicos, de forma que los registradores que cobran por aranceles seguirán haciéndolo, pero ahora lo pagaremos todos vía impuestos». Y como remate, las dificultades de desplazamiento que tendrán muchos ciudadanos en la comunidad si las gestiones se centran en el único registro mercantil situado en Logroño, ante lo cual reclamó que «por lo menos» se mantengan las funciones de registro civil en las nueve agrupaciones riojanas de juzgados de paz. «El consejero de Justicia, Emilio del Río, debe dar explicaciones de su silencio y sumisión a una medida que afecta a todos los riojanos», concluyó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario