El Ministerio de Justicia remitió el pasado 27 de marzo a las organizaciones sindicales un documento denominado “Concordancias y discrepancias con la Proposición del Grupo Parlamentario Podemos sobre la reforma de la Ley de Registro Civil”, conforme se había comprometido a hacerlo en la reunión mantenida con las organizaciones sindicales el pasado 28 de febrero. Por medio de dicho documento, el Ministerio de Justicia pone de manifiesto sus principales desacuerdos con la Proposición de Ley de Podemos, y debería implicar el inicio de una negociación con el Ministerio de Justicia para que el Grupo Parlamentario Popular apoye la toma en consideración de la Proposición de Podemos, sin perjuicio de las enmiendas que puedan presentarse en sede parlamentaria.
Analizado el documento, el Ministerio de Justicia se limita a
proponer una modificación en la Proposición de Podemos para introducir de nuevo
el mismo articulado que la Proposición de Ley del Partido Popular sobre
Registro Civil, y cuya toma en consideración fue rechazada por el Congreso de
los Diputados en sesión plenaria de fecha 13 de febrero, rechazando todas
las propuestas que vayan más allá de dicho articulado, y todo ello en base a un
supuesto “Proyecto” cuyos pormenores desconocemos, más allá de las meras
declaraciones de intenciones manifestadas por el Ministro de Justicia en la
reunión del 28 de febrero.
Es decir, mediante la
modificación de las Disposiciones Adicionales y Transitorias de la Ley 20/2011,
el Ministerio acepta que el Registro Civil siga siendo un servicio público, con
los LAJ como Encargados de las Oficinas de Registro Civil, servido por personal
de la Administración de Justicia, y manteniendo las Oficinas del Registro Civil su ubicación
en las mismas localidades en que se encuentran las sedes de los actuales
Registros Civiles Municipales y de Paz. Sin embargo, la propuesta del Ministerio de Justicia sigue presentando los
inconvenientes ya denunciados, de una propuesta que fue tachada de insuficiente
por el Congreso de los Diputados, entre los que cabe resaltar:
§ No establece qué competencias tendrán los Registros Civiles hoy ubicados en los Juzgados de Paz. De nada sirve decir que mantendrán su ubicación en sus actuales sedes si no se concretan sus competencias.
§ Mantiene la desaparición de criterios de competencia en la calificación y práctica de las inscripciones, lo que dificulta la adecuada planificación y despliegue de las actuales oficinas de Registro civil, y mucho nos tememos que pueda servir en el futuro para el cierre de Oficinas hoy ubicadas en sedes de partidos judiciales.
§ Rechaza la recuperación de competencias en materia de nacionalidad, sea para recibir las solicitudes tal y como se hacía hasta junio de 2017, sea para instruir los expedientes de nacionalidad.
§ Insiste en mantener la competencia compartida de los Notarios en la tramitación de los expedientes previos al matrimonio civil.
§ Centraliza la función registral en su Encargado, ignorando la labor que realiza el personal de la Administración de Justicia en los Registros Civiles.
§ Rechaza la reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria en materia de aprobación de reconocimientos de filiación efectuado por menores de edad, sin ser consciente del problema que surgirá para su constancia una vez se complete la desjudicialización del Registro Civil.
Ante la insuficiencia de la
propuesta del Ministerio de Justicia, que se limita a querer que aceptemos por
esta vía la Proposición de Ley del Partido Popular cuya toma en consideración
fue rechazada por el Congreso de los Diputados, CCOO va a remitir un documento al Ministerio de Justicia, Partido
Popular y Unidos Podemos, en el que expondrá su punto de vista a la
propuesta del Ministerio de Justicia, y que en esencia viene a defender el
articulado propuesto por Podemos por ser el que realmente garantizaría que el
Registro Civil siga siendo un servicio
público, gratuito, cercano a los ciudadanos, servido en exclusiva por personal
de la Administración de Justicia, con el mantenimiento de la actual estructura
territorial, incluidos los Juzgados de Paz dotados de competencias, y de todos
los puestos de trabajo. Es decir:
Ø
Que se
establezca de forma clara que habrá Oficinas de Registro Civil en cada partido
judicial, así como Oficinas delegadas en cada Juzgado de Paz, estableciendo sus
funciones y normas de competencia.
Ø
Que se
reconozca la exclusividad de las Oficinas de Registro civil para la tramitación
de todos los expedientes de Registro Civil, incluidos los previos al matrimonio
civil.
Ø
Que se
recuperen las competencias en materia de nacionalidad, poniendo fin al caos
creado por el Ministerio de Justicia y del que se hace eco el Defensor del
Pueblo en su Informe 2017.
Ø
Que se
reconozca en la Ley la labor que a diario presta el personal de la
Administración de Justicia en los Registros Civiles, abandonando la concepción
decimonónica que quiere mantener el Ministerio de Justicia.
Ø
Que se
solucionen los problemas que se derivarán de la desjudicialización del Registro
civil (aprobación de reconocimientos de filiación, recepción de declaraciones
de emancipación, expedientes de cambio de sexo, etc).
A juicio de CCOO, si
el Ministerio de Justicia entiende que la Proposición de Podemos coincide en
muchos elementos esenciales con la proposición que en su día planteó el Grupo
Parlamentario Popular, lo que no puede hacer es
tratar de imponer una reforma ya rechazada, sino posibilitar que el PP
apoye la toma en consideración de la Proposición de Podemos y presente en la
tramitación parlamentaria las enmiendas que considere oportunas, para su
debate.
CCOO va a instar a la celebración
urgente de una reunión con el mismo, en que éste concrete su Proyecto sobre
registro civil a que hace mención constante en su documento. También entendemos
necesario que Ministerio de Justicia y Podemos inicien ya conversaciones para
la toma en consideración de la Proposición de Podemos sobre Registro Civil, sin
que el Ministerio de Justicia pueda imponer un punto de vista ya rechazado por
el Congreso.
CCOO, 02.04.2018
