CCOO, CSIF, STAJ y UGT han remitido hoy a todos los grupos parlamentarios una carta solicitando el desbloqueo de la situación generada tras el rechazo a la toma en consideración de la Proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2011 presentada por el Grupo Popular, desbloqueo para el que solicitan que se acepte la toma en consideración de la Proposición de Ley presentada por el Grupo parlamentario de Podemos, sin perjuicio de las enmiendas que luego se puedan formular en el trámite parlamentario.
En su carta las 4 organizaciones sindicales manifiestan que "consideramos prioritario que por los Grupos Parlamentarios se busquen fórmulas de consenso que contribuyan a desbloquear la situación generada, y permitan la modificación de la Ley 20/2011, para que, modernizándolo, se respeten los cinco ejes fundamentales que entendemos debe mantener el nuevo modelo de Registro Civil:
· Un Registro Civil desjudicializado
· Un Registro Civil dentro de la Administración de Justicia
· Un Registro Civil plenamente informatizado que mantenga su actual estructura territorial, cercano al ciudadano
· Un Registro Civil servido con exclusividad por funcionarios de la Administración de Justicia.
· Un Registro Civil totalmente público que recuperará para sí todas las competencias"
Tal y como pone de manifiesto la carta, recientemente, el Congreso de los Diputados rechazó la toma en consideración de la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular por la que se modificaba la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. Dicha proposición contemplaba la desjudialización del mismo excluyendo a los Jueces de la llevanza del Registro civil, mantenía la actual estructura territorial de éste y daba la gestión del Registro civil al personal de Justicia experto, formado y con el potencial suficiente para llevar a cabo el proceso de mejora que precisa este servicio público esencial. Esa propuesta, aunque mejorable, ha sido rechazada sin la oportunidad de haber debatido enmiendas al texto inicial.
El plazo de la vacatio expira el próximo 30 de junio de 2018 por lo que entrará en vigor la Ley 20/2011, de 21 de julio. Ello supondrá un cambio profundo en el actual modelo de Registro Civil ya que elimina su actual estructura territorial, suprimiendo miles de Agrupaciones y Juzgados de Paz, causando con ello un grave impacto económico negativo en las localidades afectadas, alejando un servicio público más de la ciudadanía lo que, sin duda, contribuye a la progresiva despoblación del entorno rural y al agravamiento de los problemas de equilibrio y sostenibilidad territorial en nuestro país.
Según sigue diciendo la carta, "actualmente, se encuentra registrada en el Congreso otra proposición de Ley, en este caso presentada por el Grupo Parlamentario Unidos Ponemos-En Comú Podem-En Marea, cuyo trámite está pendiente de su toma en consideración. Los cuatro sindicatos compartimos plenamente el contenido de esta proposición de Ley por lo que queremos solicitarle su apoyo a la misma o, al menos, su apoyo para su toma en consideración por el Pleno del Congreso, sin perjuicio de las enmiendas que luego se puedan formular en el trámite parlamentario".
Por todo lo anterior, las cuatro organizaciones firmantes solicitan mantener de manera urgente una reunión con cada Grupo Parlamentario con el fin de articular las fórmulas en busca de un consenso que logre mantener la actual estructura de este servicio público dentro de la Administración de Justicia que, aunque mejorable, funciona razonablemente bien a pesar de la falta de medios y se encuentra como uno de los mejor valorados por los ciudadanos conforme a los estudios de calidad elaborados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas.
En iguales términos se han dirigido las cuatro organizaciones a la Federación Española de Municipios y Provincias, a fin de poner en su conocimiento esta situación y su repercusión en los municipios, muy especialmente en el mundo rural, así como "exponerles nuestras propuestas sobre el Registro civil, conocer su punto de vista y, en su caso, coordinar acciones frente a lo que consideramos un nuevo ataque al servicio público del Registro Civil".
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