Confiegal:CCOO defiende que el Registro civil se mantenga como servicio público gratuito, cercano a los ciudadanos

Adjuntamos a continuación artículo publicado en Confilegal con fecha 14.11.2016.

Tras la constitución del nuevo Gobierno y la confirmación del nombramiento de Rafael Catalá al frente del Ministerio de Justicia, muchos son los operadores jurídicos que estos días celebran jornadas o publican artículos haciendo saber al Ministro cuales son, a su juicio, las urgencias en esta legislatura que comienza.

Sin duda, una de estas materias que precisa de solución urgente es el Registro civil. La Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil, debería entrar en vigor el 30 de junio de 2017, tras la prórroga por dos veces de su vacatio legis, y sigue sin estar definida a qué Administración deben quedar adscritas funcionalmente las futuras Oficinas de Registro Civil.

La legislatura pasada se caracterizó en esta materia por el intento de atribuir la llevanza del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, privatizando con ello un servicio público hoy prestado por la Administración de Justicia. El proyecto decayó y el Ministro de Justicia prometió abrir un diálogo con todos los operadores jurídicos para buscar una solución consensuada, diálogo que más de un año después todavía no ha comenzado.

Iniciada la legislatura, en un artículo publicado en Confilegal el Decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes muebles vuelve a ofrecerse para la llevanza del Registro Civil que no pudieron concluir la legislatura pasada, poniendo en valor la aportación de su colectivo en la resolución de los expedientes de nacionalidad española por residencia mediante las encomiendas firmadas en los años 2012, 2013 y 2015 y el trabajo realizado por los servicios informáticos del Colegio de Registradores en el diseño de la plataforma electrónica para el futuro Registro Civil.

El interés del Decano de los Registradores sobre el Registro Civil es meramente corporativista, no atiende a los intereses de los ciudadanos, es contrario a los principios organizativos que resultan de la Ley 20/2011 (registro civil dentro de las Administraciones públicas, servidos por funcionarios públicos, con competencias ejecutivas de las Comunidades autónomas) y busca únicamente la defensa de sus propios intereses económicos, esencialmente el arancel que cobran por los servicios que hoy prestan.

La reforma del Registro Civil y su atribución al cuerpo de Registradores suscitó un rechazo mayoritario de jueces, notarios, letrados de la Administración de Justicia, fiscales, funcionarios de los Registros Civiles e incluso de numerosos Registradores (baste recordar la Asamblea de Zaragoza de 2013) y, de manera relevante, de la sociedad civil y de los sindicatos que se manifestaron en contra de una privatización encubierta.

Las encomiendas de gestión de los expedientes de nacionalidad por residencia, la última a cambio de 4 millones de euros, no son motivo suficiente para atribuir a los Registradores la llevanza del Registro Civil. Encomienda que vino a resolver problemas derivados de una mala gestión de la Dirección General de Registros y del Notariado, cuyos últimos directores han sido precisamente Registradores, y que siguen bloqueando la resolución de los expedientes de nacionalidad presentados a partir de enero de 2015.

Una mejor solución podría haberse alcanzado si, como defendió CCOO, se hubiera encomendado a los Registros Civiles realizar la parte de la instrucción de los expedientes de nacionalidad por residencia que correspondía a la Dirección General de Registros y del Notariado, y que fue lo que se encomendó a los Registradores de la Propiedad, para lo que hubiera bastado la modificación de un solo artículo del Reglamento del Registro Civil. Y el diseño de la futura plataforma electrónica del Registro Civil, de datos que afectan a la intimidad personal y familiar de todas las personas, debe correr a cargo y ser gestionado por las Administraciones Públicas y no por operadores privados.

A nuestro juicio es preciso volver al consenso jurídico y político que tuvo la Ley 20/2011, del Registro Civil, con la mirada siempre puesta en la satisfacción de las legítimas pretensiones de los ciudadanos y no de intereses corporativos, completando aquellos aspectos que la citada Ley 20/2011 dejó sin definir y enmendando aquellos otros que, tras un análisis detallado de la ley, entendemos que pueden ser mejorados.

CCOO defiende que el Registro civil se mantenga como servicio público gratuito, cercano a los ciudadanos, adscrito a la Administración de Justicia y servido íntegramente por funcionarios públicos pertenecientes a dicha Administración.

Defiende que en cada partido judicial de España exista, al menos, una oficina de Registro Civil, y que sigan manteniéndose las competencias de registro civil en los Juzgados de Paz y Registro Civil Central.

La dependencia del Registro Civil respecto del Ministerio de Justicia debe ser plena, y no hay mejor fórmula para ello que el mantenimiento del Registro civil dentro del ámbito de la Administración de Justicia, tal y como ha estado desde su creación en 1871 como garantía de su imparcialidad y profesionalidad, y alejándolo de los vaivenes políticos que hubiera supuesto y supondría su llevanza por los ayuntamientos, como algunos propugnan.

Y dentro de esta Administración de Justicia, al igual que existen hoy las Oficinas Judiciales y las Oficinas Fiscales, deberían existir como servicio propio de dicha Administración, servido por funcionarios de la Administración de Justicia, las Oficinas de Registro Civil. Su experiencia y profesionalidad está fuera de toda duda, y las quejas que los ciudadanos hayan podido tener sobre el funcionamiento de los Registros Civiles son consecuencia, esencialmente, de la falta de dotación suficiente de medios para responder al gran incremento de expedientes relativos a población extranjera. La solución pasa por mejorar los medios e informatizar completamente la gestión, no por privatizar el Registro Civil.

Así también resulta de las Conclusiones de las XXVI Jornadas Nacionales de Juezas y Jueces Decanos de España, celebradas en Málaga en octubre de este año, que establecen que “lo más adecuado es que la llevanza del Registro civil continúe en manos de quienes más cualificadamente pueden seguir asumiendo esta función, que desempeñan desde 1870, que son los propios Jueces y los Letrados de la Administración de Justicia, eso sí, con la oportuna inversión, adaptación, reorganización y modernización del actual Registro Civil, lo que resulta viable y económicamente asumible”.

CCOO también defiende que para la adecuada prestación del servicio público de Registro Civil y permitir el acceso de toda la ciudadanía al mismo, debe haber al menos una Oficina de Registro Civil en cada Partido Judicial, demarcación propia de la Administración de Justicia, y que los Juzgados de Paz han de mantener sus competencias en materia de Registro Civil por delegación de la Oficina de la que dependen.

Y ello por muchos motivos: la garantía de un fácil acceso de los ciudadanos al Registro Civil, especialmente para personas mayores (fes de vida, etc) o sin conocimientos de informática; las dificultades de comunicación que persisten, la existencia de población difícilmente registrable, de carácter estacional o permanente, los supuestos de acumulación urbana, de naturaleza industrial o turística, los flujos o movimientos poblacionales, y el hecho de que la concentración de medios personales y materiales no supone necesariamente que las administraciones funcionen de forma más racional o económica.

En definitiva, garantizar la prestación eficaz de un servicio público es precisamente tener en cuenta todos estos factores y no solo el factor mercantilista o economicista. Nadie entendería que hoy un certificado de nacimiento se pueda obtener de forma inmediata en el mismo pueblo en que naciste y mañana, por mor de la modernización y una supuesta mejor gestión, no.

En definitiva, CCOO hace un llamamiento al Ministro Catalá para que afronte una solución definitiva para el futuro del Registro Civil, buscando el mayor consenso entre todos los operadores jurídicos, y siempre teniendo por horizonte el mejor servicio público a los ciudadanos y no los intereses corporativistas de algunos.

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