Últimas novedades de la tramitación de solicitudes de nacionalidad Española: algo se avanza

Informamos a continuación sobre las últimas novedades conocidas sobre la tramitación de las solicitudes de adquisición de nacionalidad española por residencia, ante las numerosas quejas de ciudadanos extranjeros que acuden a nuestras oficinas por el retraso en resolver sus solicitudes. 

La información que ofrecemos tiene su procedencia en la referencia que dos páginas web (Legalteam.es y Parainmigrantes.info) ofrecen sobre la conferencia dada por Jesús Santa-Bárbara, Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, en el I Congreso de Nacionalidad Española y Estado Civil celebrado en Leganés los días 16 y 17 de noviembre. Esta información la complementamos con lo que día a día vivimos en los Registros Civiles. 

Según resulta de dicha conferencia, la Dirección General de Registros y del Notariado ha estado prácticamente bloqueada resolviendo los más de 40.000 recurso interpuestos contra denegaciones de nacionalidad española tramitadas por los Registradores de la Propiedad. En este blog ya hemos advertido muchas veces que la resolución de los expedientes de nacionalidad mediante la tres encomiendas de gestión firmadas con el Colegio de Registradores de la Propiedad, por muchos expedientes que se hayan resuelto, no ha sido una bicoca: el número de requerimientos para presentar documentación adicional, mucha de ella ya en poder de la propia Administración, se ha disparado, así como las denegaciones de nacionalidad, muchas de ellas absurdas. Así se ha llegado a la increíble cifra de 40.000 recursos interpuestos (y los que no se han interpuesto por falta de información, ignorancia o desidia de los solicitantes), de los que se han resuelto ya el 75 %. El trabajo que ha tenido que dar la resolución de estos recursos ha sido y es ingente; va a resultar que al resolver el atasco de los expedientes de nacionalidad los registradores han creado un nuevo atasco con los recursos interpuestos contra denegaciones mal fundamentadas o con defectos fácilmente subsanables. 

Dice el Sr. Subdirector General que el número de expedientes de nacionalidad presentados a lo largo del 2016 es similar al de otros años, lo que no nos creemos porque vemos en nuestros registros el volumen de solicitudes presentadas, y aun cuando podamos dar por buena la cifra de que un 10 % de solicitudes se presentan ya de forma telemática (¿para cuándo se va a permitir que desde los Registros Civiles también lo podamos remitir de forma telemática?) el descenso de trabajo es superior al 10 %. 

En palabras del Sr. Subdirector General, a día de hoy en espera de resolución hay más de 40.000 expedientes correspondientes a los años 2010-2013; constan además unos 300.000 expedientes correspondientes a los años 2014 y 2015: 150.661 solicitudes del año 2014 (nosotros creemos que gran parte de éstos ya están resueltos), y 151.314 presentadas en 2015. En lo que va de 2016 se han presentado unas 100 mil nuevas solicitudes de nacionalidad. 108.140 extranjeros han obtenido la Nacionalidad Española en lo que va de año 2016.

Expedientes anteriores al año 2015

El por qué el Registro Civil está adscrito a la Administración de Justicia desde 1870 (y la de problemas que ello ha evitado)

Extractos de los preámbulos a las Leyes provisionales Matrimonio y de Registro Civil de 1870, elaborado por D. Eugenio Montero Ríos, Ministro de Gracia y Justicia, con motivo de la presentación a las Cortes Constituyentes del Proyecto de dichas Leyes. 

“El conocimiento perfecto del estado civil de las personas es de tan grave interés, que todo sacrificio debe parecer escaso ante la ventaja de poseer los medios de adquirirlo a toda hora. Sin embargo, en tan importante materia, los actos más trascendentales, y de los cuales surgen alteraciones más profundas en los derechos privados, no tienen hoy deparada en ninguna parte una comprobación plena y satisfactoria… Sustituir, pues, a los registros eclesiásticos, en cuanto sea concerniente al estado civil de los españoles, un registro también de carácter esencialmente civil, inexcusable para todos, más comprensivo, mejor ordenado y más perfecto, constituye el objeto de este proyecto de ley, el cual depurado de los defectos que contenga por la sabiduría de las Cortes, llenará un vacío importantísimo en nuestra actual legislación….

…Huyendo de la movilidad inherente a la administración activa, y teniendo en cuenta que todo lo que afecta a los derechos civiles conviene que sea colocado bajo la salvaguardia de los Tribunales, y ya que el estado del Tesoro no permitía pensar en la creación de funcionarios especiales, se ha encomendado dicho registro civil a los judiciales del último grado, que comuniquen a la nueva institución su propia respetabilidad y la de los cargos que ejercen, sometiéndolos además a una inspección vigilante e incansable, que ha de partir de un centro directivo establecido en el Ministerio de Gracia y Justicia…”.

“…La autoridad que ha de intervenir en las diligencias preliminares al matrimonio, así como en su celebración, habrá de ser el Juez de paz, que en el proyecto de organización de Tribunales, que el Ministro tendrá pronto el honor de someter á la sabiduría de las Cortes, se denomina Juez municipal. Funciones tan graves y trascendentales como las que el proyecto de ley del matrimonio civil encomienda a estos funcionarios, seria altamente peligroso otorgarlas a los Alcaldes, que viven en la agitación de los intereses de localidad. El funcionario que haya de autorizar en nombre de la ley el matrimonio de los ciudadanos debe inspirar el respeto del sacerdocio, y para ello no ha de tomar por razón de su cargo parte activa en la lucha ardiente de la política. Estas cualidades se hallarán en más relevante grado reunidas en los encargados de administrar justicia, y por ellas bien puede prescindirse de la anomalía que resulta de encomendar a las autoridades de aquella clase funciones que no consistan estrictamente en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, ya que la situación económica del país no permite la creación de funcionarios especiales que hayan de representar al Estado en los actos más importantes de la vida civil del ciudadano y de tener a su cargo el registro en que habrán de hacerse constar convenientemente..”.

Dos ejemplos de la "buena" gestión de los Registradores en materia de tramitación de expedientes de nacionalidad

Como el Decano de Registradores no hace sino de presumir del buen trabajo realizado en la tramitación de la parte de la instrucción de los expedientes de nacionalidad por residencia de los años 2012 a 2014 que correspondía al Ministerio de Justicia, en virtud de las tres encomiendas de gestión, la tercera por 4 millones de euros, veamos dos ejemplos muy recientes de requerimientos que nos ha comentado desde un Registro Civil:

1.- Ciudadano rumano con residencia en España desde el año 2001, expediente del año 2013. El informe del Ministerio del Interior de mayo de 2014 informa de antecedentes policiales del año 2003, y de antecedentes penales del año 2006 ya cancelados. Dos años y 5 meses más tarde del Informe del Ministerio del Interior le requieren para que acredite cómo acabó el procedimiento que dio lugar a los antecedentes policiales y para que aporte resolución de los antecedentes penales, que ya tiene cancelados !!!.

2.- Ciudadano rumano con residencia en España desde el año 2001, expediente del año 2013. Quieren que aporte ahora copia de su tarjeta de residencia, cuando en la Administración, en concreto en el Ministerio del Interior, obran datos para saber si tiene o no tarjeta de residencia en vigor. 

Y como éstos ha habido desde las encomiendas de gestión requerimientos absurdos a mansalva. Gran gestión, Sr. Aguilera. 

Mientras tanto, no se resuelven apenas expedientes, y el Ministerio de Justicia lleva sin registrar, digitalizar ni metadatar los expedientes remitidos para su resolución desde enero de 2015, y el personal de los Registros se harta de decir a los ciudadanos extranjeros que acuden para saber qué pasa que tienen que tener paciencia. 

Sin comentarios. 

Confiegal:CCOO defiende que el Registro civil se mantenga como servicio público gratuito, cercano a los ciudadanos

Adjuntamos a continuación artículo publicado en Confilegal con fecha 14.11.2016.

Tras la constitución del nuevo Gobierno y la confirmación del nombramiento de Rafael Catalá al frente del Ministerio de Justicia, muchos son los operadores jurídicos que estos días celebran jornadas o publican artículos haciendo saber al Ministro cuales son, a su juicio, las urgencias en esta legislatura que comienza.

Sin duda, una de estas materias que precisa de solución urgente es el Registro civil. La Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil, debería entrar en vigor el 30 de junio de 2017, tras la prórroga por dos veces de su vacatio legis, y sigue sin estar definida a qué Administración deben quedar adscritas funcionalmente las futuras Oficinas de Registro Civil.

La legislatura pasada se caracterizó en esta materia por el intento de atribuir la llevanza del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, privatizando con ello un servicio público hoy prestado por la Administración de Justicia. El proyecto decayó y el Ministro de Justicia prometió abrir un diálogo con todos los operadores jurídicos para buscar una solución consensuada, diálogo que más de un año después todavía no ha comenzado.

Iniciada la legislatura, en un artículo publicado en Confilegal el Decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes muebles vuelve a ofrecerse para la llevanza del Registro Civil que no pudieron concluir la legislatura pasada, poniendo en valor la aportación de su colectivo en la resolución de los expedientes de nacionalidad española por residencia mediante las encomiendas firmadas en los años 2012, 2013 y 2015 y el trabajo realizado por los servicios informáticos del Colegio de Registradores en el diseño de la plataforma electrónica para el futuro Registro Civil.

El interés del Decano de los Registradores sobre el Registro Civil es meramente corporativista, no atiende a los intereses de los ciudadanos, es contrario a los principios organizativos que resultan de la Ley 20/2011 (registro civil dentro de las Administraciones públicas, servidos por funcionarios públicos, con competencias ejecutivas de las Comunidades autónomas) y busca únicamente la defensa de sus propios intereses económicos, esencialmente el arancel que cobran por los servicios que hoy prestan.

La reforma del Registro Civil y su atribución al cuerpo de Registradores suscitó un rechazo mayoritario de jueces, notarios, letrados de la Administración de Justicia, fiscales, funcionarios de los Registros Civiles e incluso de numerosos Registradores (baste recordar la Asamblea de Zaragoza de 2013) y, de manera relevante, de la sociedad civil y de los sindicatos que se manifestaron en contra de una privatización encubierta.

Sisej insiste a Catalá en que el Registro Civil, público, telemático, ágil y accesible, sea dirigido desde la Administración Pública por Letrados de la Administración de Justicia como Encargados del mismo

Tras el nombramiento de Rafael Catala como Ministro de Justicia el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia-SISEJ le ha trasladado su felicitación por su nombramiento al frente de la cartera de Justicia, tras más de 300 días en funciones.

En su comunicado, Sisej opina que "en esta legislatura se debe abordar, desde el consenso con todos los grupos parlamentarios y en la línea de la IX legislatura, la transformación urgente de la Administración de Justicia, más allá del pacto que el Grupo Parlamentario Popular suscribió con el grupo de Ciudadanos.

Para Sisej, El Registro Civil es otro de los asuntos pendientes que debe abordar sin demora el Ministro Catalá. El próximo 30 de junio de 2017 está prevista legalmente la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil , que, tras numerosas vicisitudes, movilizaciones sociales y múltiples contactos y reuniones ampliamente conocidas, debe poner en marcha una reforma necesitada por la sociedad española desde hace años. Desde el SISEJ insistimos en el cumplimiento de la Disposición Adicional 2ª de la Ley 20/2011, y que este servicio público sea dirigido desde la Administración Pública por Letrados de la Administración de Justicia como Encargados de un Registro Civil público, telemático, ágil y accesible.

Sisej, 04.11.2016

CCOO reclama al MInistro de Justicia una reunión urgente para tratar, entre otros temas, el futuro del Registro Civil, que debe quedar dentro de la Administración de Justicia

Tras el mantenimiento de Rafael Catalá al frente del Ministerio de Justicia, CCOO le ha mandado con carácter urgente una carta para solicitarle una reunión y tratar todos los asuntos que están pendientes. El texto de la carta, en lo referente al Registro Civil, dice lo siguiente:

Tras su reciente toma de posesión como Ministro de Justicia (en su caso, confirmación en la responsabilidad que venía ejerciendo antes de los procesos electorales pasados) le solicitamos la convocatoria urgente de una reunión con Vd. en la que recordarle de primera mano los problemas laborales y profesionales que afectan a los trabajadores y a las trabajadoras de la Administración de Justicia a quienes representamos, cuya solución no puede hacerse esperar más tras el parón que, en parte, se ha producido durante la vigencia del gobierno en funciones.

El resumen de los asuntos que pretendemos plantearle en dicha reunión es el siguiente:

2.- El próximo 30 de junio de 2017 debería entrar en vigor la nueva ley del Registro Civil, tras la vacatio legis de 2 años que se acordó por el Parlamento en la misma fecha de 2015. Queremos expresarle y argumentarle nuevamente nuestra posición y la de la totalidad del personal de Justicia para que el Registro Civil se mantenga como servicio público, universal y gratuito y servido por el personal de Justicia, dotándole de los medios suficientes y revirtiendo a la administración aquellas materias que han sido encomendadas a otros colectivos externos a las administraciones públicas.

En este sentido le reiteraremos nuestra oposición a cualquier tipo de privatización o externalización del servicio público de la Administración de Justicia, contra la que utilizaremos todas las medidas de acción sindical que sean necesarias.

CCOO, 04.11.2016

Los Jueces Decanos de España abogan por la llevanza del Registro Civil por Jueces y Letrados de la Administración de Justicia

Los Jueces y Juezas Decanos de España han mantenido entre los días 24 y 26 de octubre en Málaga sus XXVI jornadas nacionales, en las que como siempre proceden a analizar la problemática actual de la Administración de Justicia. 

En dicha reunión se ha aprobado un documento de "conclusiones" en el que, "en nombre de los más de 2.000 jueces a los que representamos y que desempeñan su trabajo hasta el último Juzgado del partido más recóndito de España, demandamos con urgencia un Pacto de Estado con una hoja de ruta clara que indique claramente dónde queremos ir y certifique la voluntad política de apostar por la modernización judicial. No se trata sólo de aprobar leyes, ya muy numerosas; sino, sobre todo, de una nueva organización y de suficiente dotación presupuestaria, hoy muy escasa. A tal fin proponemos en el presente documento una serie de puntos a nuestro juicio esenciales:

f) Registro civil.- Si bien es adecuada la tendencia a la desjudicialización de ciertas materias que propugnamos desde hace años cuando no se trata del ejercicio de la función jurisdiccional, ante la inaceptable situación actual derivada de la suspensión de la entrada en vigor de la Ley de Registro Civil de 2011 durante cinco años, que no tiene precedente en España, así como los problemas y las reticencias para asumir el servicio por otras profesiones jurídicas, lo más adecuado es que la llevanza del Registro civil continúe en manos de quienes más cualificadamente pueden seguir asumiendo esta función, que desempeñan desde 1870, que son los propios Jueces y los Letrados de la Administración de Justicia, eso sí, con la oportuna inversión, adaptación, reorganización y modernización del actual Registro Civil, lo que resulta viable y económicamente asumible. En otro caso el Registro Civil continuará ocupando el primer lugar entre las quejas de los ciudadanos."