Juan Carlos Campo sigue siendo incapaz de reconocer sus errores y no tiene intención alguna de modificar la Ley 20/2011, sólo que entre en vigor de forma paulatina

Tantas ganas teníamos de tener un Gobierno formado que pudiera tomar decisiones e iniciativas que algunos han perdido de vista que quien está al frente del Ministerio de Justicia es, ni más ni menos, que quien fue Secretario de Estado de Justicia cuando se aprobó la Ley 20/2011, de Registro Civil, que saca a este servicio público fuera de la Administración de Justicia, excluye a su personal de su llevanza por más que le atribuya la posibilidad a quienes estén trabajando en el mismo sigan haciéndolo, suprime las competencias de los Juzgados de Paz, reduce drásticamente el número de oficinas principales de Registro Civil, permite que sea Encargado del Registro Civil un funcionario Grupo A1 que no tenga nada vez con la Administración de Justicia, etc. 

Desde el año 2011 las declaraciones de Juan Carlos Campo sobre la bondad de su Ley no han dejado de reiterarse, y siempre ha sido culpa de "los otros" que dicha ley no entrase en vigor. Según se desprende de la hoja de CCOO de octubre del año 2019 por primera vez reconoció que había que hacer algunos ajustes en la Ley 20/2011, pero sigue empeñado en que se suprima la competencia de los Juzgados de Paz y que no existan oficinas de Registro Civil en cada partido judicial, estructura judicial que además quiere modificar. 

Aun estando a la espera de la reunión que tendrá el Ministro de Justicia con las organizaciones sindicales esta semana, de su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el pasado 17 de febrero, y de las manifestaciones que ha vertido en su reunión con los representantes de los LAJ caben extraer algunas conclusiones sobre su postura, y ninguna de ellas buena:

- Omite cualquier referencia al Registro Civil en su larga comparecencia ante el Congreso de los Diputados hasta el trámite de réplicas a los portavoces de los Grupos Parlamentarios, y se le nota la cara de apuro al tratar este tema. 

- Califica de "absolutamente preocupante" la situación actual del Registro Civil tras la Ley 20/2011, diciendo que no es momento de buscar culpables cuando sabe perfectamente que si estamos en este punto es, principalmente, responsabilidad suya. 

- El Ministro no piensa reformar los aspectos mencionados y más polémicos de la Ley 20/2011, sino sólo modificar ésta para permitir su entrada en vigor de forma gradual y escalonada (motivado por no estar lista todavía el programa informático que debe dar cobijo al Registro Unico y que convivirá con Inforeg).

- El Ministro sigue pensando en mantener el Registro civil fuera de la Administración de Justicia; lo único que busca es cómo articular la adscripción de los LAJ a este servicio (según la LOPJ; en situación de servicios especiales, se quiere que estén en servicio activo). 

- El Ministro tiene la intención de implantar la estructura territorial del Registro Civil tal y como lo concibe la Ley 20/2011, sin modificación alguna: una oficina por Comunidad Autónoma, más otra posible por cada 500.000 habitantes, más otras tres posibles como máximo por Comunidad Autónoma. 

LLegados a este punto, que el Ministro de Justicia hable de consensos y del interés de la ciudadanía en la Comisión de Justicia en el Congreso, cuando su Ministerio trabaja en sentido contrario, cabe calificarlo cuando menos de hipocresía. 

Ejemplo del talante del Ministerio de Justicia en esta materia es la respuesta que ha dado el Ministerio a las preguntas formuladas por el PP, una por provincia, sobre la supresión de oficinas de Registro Civil en cada municipio. El Ministerio no responde a lo que se le pregunta, echa balones fuera porque sabe que si dice lo que tienen en mente hacer se le echa la oposición y muchos municipios, provincias y Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE encima. 

Es hora de quitar caretas y que el Ministerio diga, de forma clara y contundente, cuál es su plan sobre el Registro Civil, si va a apostar o no porque se quede dentro de la Administración de Justicia y servida por su personal, si va a suprimir las Oficinas de Registro Civil de cada partido judicial y en su caso cuándo, si va a suprimir las competencias de los Juzgados de Paz y en su caso cuándo, etc. Es hora de que el Ministro de Justicia Juan Carlos Campo dé la cara de una vez.