El PP presenta 52 preguntas al Gobierno, una por provincia, preguntando sobre el futuro del Registro civil, en que desvela lo sucedido con su Proposición de Ley en su día rechazada por el Congreso

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado al Gobierno 52 preguntas idénticas, una por provincia, relativo a las previsiones del Gobierno respecto de la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de Registro civil. 

Más allá de la posible utilización política de este tema contra el Gobierno del PSOE, cuyo Ministro de Justicia fue fiel defensor de la redacción actual de la Ley 20/2011 (si bien reconoció por primera vez en septiembre, en reunión con representantes de CCOO, que era preciso hacer modificaciones en dicha Ley) , lo cierto es que la pregunta del PP desvela qué sucedió realmente con la Proposición de Ley del PP rechazada por el Congreso de los Diputados en febrero de 2018, cuando parecía que dicha Proposición, idéntica a la ahora presentada, iba a permitir tras sus enmiendas asegurar que el Registro Civil seguiría siendo un servicio público gratuito, cercano a los ciudadanos, con los LAJ como Encargados, servido íntegramente por personal de la Administración de Justicia, con mantenimiento de las Oficinas principales en los actuales Registros Civiles principales (uno por partido judicial) y con competencias de los Juzgados de Paz en la materia. 

Transcribimos a continuación lo que, desde la óptica del PP (no hace mención alguna al intento de privatización del Registro Civil auspiciado en su día por ciertos sectores del PP) sucedió:

El Grupo Popular en el Congreso presentó en la XII legislatura, el 24 de noviembre de 2017, una proposición de ley de modificación de la ley de registro civil. El objetivo de esta modificación era introducir los cambios necesarios para que su entrada en vigor permitiera organizar el modelo de Registro Civil de la ley, de acuerdo con la diversidad territorial española, después de haber dialogado y negociado con los sindicatos del personal de la Administración de Justicia y con los letrados de la Administración de Justicia que han de hacerse cargo de las nuevas oficinas de registro. 

A pesar de existir un acuerdo previo para su debate y aprobación con PSOE y Ciudadanos, estos partidos dieron marcha atrás en el momento de su debate, como también lo hizo el Grupo Podemos, en contra del criterio político que ellos habían manifestado a través de otra iniciativa. 

La Proposición de Ley no se admitió a trámite, pues fue rechazada en el pleno de toma en consideración celebrado el 13 de febrero de 2018, y ello obligó a prorrogar una vez más la entrada en vigor de la Ley 20/2011 hasta el 30 de junio de 2020, para alcanzar un acuerdo respecto a la adaptación legal, así como la puesta en marcha de las medidas tecnológicas necesarias. 

Al producirse la moción de censura, el Gobierno popular tenía avanzado ya el trabajo en el desarrollo reglamentario de la Ley, en la aplicación informática necesaria y en las demás medidas tecnológicas. Además, los grupos habían comprometido negociar la presentación de una norma de adaptación en la que se alcanzara consenso suficiente. También era preciso concretar el funcionario que debía ser, a su entrada en vigor, el Encargado del Registro Civil, ante la falta de concreción en la Ley. 

La Proposición de Ley que presentó el Grupo Popular ya contemplaba que serían los letrados de la Administración de Justicia, de acuerdo con la propuesta de mayor consenso entre los operadores jurídicos. También esa norma contemplaba el papel de las oficinas de registro en pequeñas y medianas poblaciones, en particular los juzgados de paz, tan importantes para muchos ciudadanos, en especial para los pequeños municipios de la España rural. 

La ausencia de decisiones por el Gobierno socialista en este año y medio y, con ello, la proximidad al plazo final de la prórroga para la entrada en vigor de la Ley 20/2011 sin haber resuelto las medidas planteadas y sin que los distintos territorios hayan alcanzado una situación que les permita afrontar el nuevo modelo en igualdad de condiciones, preocupa al personal de la administración de justicia, a sindicatos, a asociaciones de letrados, a alcaldes y a jueces de paz. También preocupa al Grupo Popular que tanto en la XIII legislatura como en los primeros días hábiles de la presente XIV legislatura ha reiterado la presentación de la proposición de ley que sirva para la inmediata adecuación de la Ley antes de que finalice la prórroga para su entrada en vigor. Desconocemos, en cambio, que previsiones tiene el actual Gobierno en funciones.