El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado una enmienda (nº 9) a la Proposición de Ley de reforma de la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria, por la que propone un aumento de la prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011, de Registro Civil, hasta el 30 de junio de 2019.
En su enmienda de la Ley 20/2011, el PP nada dice sobre la prórroga de las disposiciones contenidas en la Ley de Jurisdicción Voluntaria que permitirán a los Notarios tramitar expedientes previos de matrimonio civil a partir del 30 de junio de 2017, que en la redacción original iba unida a la entrada en vigor de la Ley de Registro Civil y ahora el PP va a desvincular, lo que supone la entrada en vigor de la privatización de un expediente registral en beneficio de los Notarios.
El PP explica en su enmienda que las disposiciones de la Ley de Jurisdicción Voluntaria que afectan al Registro Civil deberían entrar en vigor al mismo tiempo que ésta, dada su innegable relación. Y pese a sostener que siendo el 30 de junio de 2017 "fecha de referencia para ambas normas, tanto para la Ley del Registro Civil como para la Ley de Jurisdicción Voluntaria", sólo retrasa la entrada en vigor de aquélla, pero no de los artículos de la Ley de Registro Civil, del Código Civil, de las Leyes 24/1992, 25/1992 y 25/1992 que regulan el matrimonio por los ritos evangelista, judío e islámico, y de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, en lo relativo al las normas reguladoras del acta matrimonial y de la escritura pública de celebración del matrimonio. Es decir, que el PP propone una nueva prórroga de la Ley 20/2011, porque "desde un punto de vista tecnológico y organizativo resulta más eficiente ... para la consecución de los objetivos previstos en la misma", pero omite prorrogar los preceptos de la Ley de Jurisdicción Voluntaria que justifican a su juicio introducir en la modificación de dicha Ley la ampliación de la prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011, permitiendo así que antes de la entrada en vigor de dicha Ley se consolide de hecho que los Notarios puedan tramitar expedientes previos al matrimonio civil. Hace falta tener caradura, Sr. Catalá.
Entre tanta sombra, algo de luz y sensatez: el Grupo Parlamentario de Podemos en el Senado ha presentado al mismo tiempo tres enmiendas (nº 10, 11 y 12) , una de ellas técnica. Podemos propone:
1º.- Que los expedientes matrimoniales que se inicien antes de la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 22 de julio, del Registro Civil se sigan tramitando por el Encargado del Registro Civil conforme a las disposiciones del Código Civil y de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957, habida cuenta de la prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011.
2º.- Que todas las modificaciones del Código Civil , de la Ley 20/2011 y de las Leyes 24, 25 y 29/1992, en materia de matrimonios civiles, introducidas por la Ley de Jurisdicción Voluntaria, entren en vigor al mismo tiempo que la Ley 20/2011.
La justificación no puede ser más clara: "La citada Disposición Final Vigésima estableció, en sus apartados 3, 4 y 5, que toda la reforma en materia de expedientes previos al matrimonio civil incluidos en la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria entrasen en vigor el 30 de junio de 2017, la misma fecha en que iba a entrar en vigor la citada Ley 20/2011 de Registro Civil, conforme establece su Disposición Final Décima en la redacción dada por la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil. La vinculación entre la entrada en vigor de los preceptos relativos al Expediente y Actas previas al matrimonio civil y la de la Ley 20/2011, de Registro Civil, es obvia, pues de otra forma los artículos a que hacen referencia los apartados 3, 4 y 5 de la Disposición Final Vigésima de la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria habrían entrado en vigor al tiempo que el resto de dicha Ley, como ya hicieron la gran mayoría de artículos del Código Civil modificados por la misma, entre ellos algunos tan significativos como los que permiten que los Letrados de la Administración de Justicia y los Notarios puedan en determinadas circunstancias decretar la separación o el divorcio de matrimonios."
De esta forma Podemos hace suyas las enmiendas que CCOO remitió a todos los grupos políticos, en lo que parece una posición más que razonable. Desgraciadamente PSOE y C'S no han presentado enmienda alguna al respecto, con un silencio cómplice con la postura del PP.
La propuesta del Grupo del PP supone un nuevo incumplimiento del Ministro de Justicia que se había comprometido con los sindicatos a informarles por escrito y a negociar todos los aspectos relativos a la Ley del Registro Civil. Esta actuación se ha llevado a cabo sin ningún tipo de información ni, mucho menos, negociación con las organizaciones sindicales lo que supone una nueva maniobra inaceptable del Ministro de Justicia ya que se les ha hurtado la posibilidad de negociar una prórroga en la que ya hubiera quedado garantizado, por ejemplo, el mantenimiento de todas las oficinas del registro civil en todos los partidos judiciales y juzgados de paz y agrupaciones y la asignación en exclusiva de todas las actuaciones del registro civil al personal de la Administración de Justicia sin ningún tipo de privatización en favor de Notarios, Registradores ni ningún otro colectivo.
Esta forma de actuación del ministro que sigue ofreciendo buenas palabras e intenciones de negociación y acuerdo mientras cuela "por la puerta de atrás" medidas unilaterales y que solo atienen a sus propios intereses o de los lobbies privatizadores, olvidando los de la ciudadanía y los de los trabajadores y las trabajadoras afectadas, resulta lamentable.
Queda trecho y trabajo en el Senado, pese a la mayoría absoluta del PP en el mismo, y luego cuando la proposición de Ley vuelva al Congreso, donde ya no tiene mayoría absoluta. Esperamos que la nueva dirección socialista se oponga a todo lo que huela a privatización de expedientes públicos, en contra de la postura de quien hasta hoy sigue siendo el responsable de Justicia del Grupo parlamentario socialista en el Congreso.
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