El diputado socialista, Miguel Ángel Guillén, ha asegurado hoy que el PP “en su escalada por acabar con los principales servicios públicos se ha centrado ahora en los registros civiles, buscando su deterioro de forma consciente para tener así la justificación para su privatización”. Así, ha destacado que esto “conllevaría de forma ineludible tener que pagar por un servicio que ahora es gratuito”.
Por este motivo, desde el grupo socialista en Les Corts han insistido en que “debe mantenerse como un servicio público, gratuito y calidad”, por lo que han instado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón a que no lo privatice, al tiempo que han pedido a la Generalitat “que amplíe sus plantillas y mejore y finalice el servicio a los usuarios por vía telemática”.
Esto último queda registrado en la Proposición no de Ley que han presentado en la cámara valenciana donde, por un lado, instan al Consell a “incrementar las plantillas de personal correspondientes a los registros civiles de nuestra Comunitat, en número suficiente para acabar con los retrasos y acumulaciones actuales”. De esta manera, han denunciado que “las plantillas de personal de la Administración de Justicia en la Comunitat no se han ido incrementando en función de las nuevas necesidades y del aumento de las cargas de trabajo, pero uno de los ámbitos donde más se ha dejado notar es en las plantillas de los registros civiles, órganos en los que tienen que personarse los ciudadanos para realizar un gran número de ineludibles trámites y que se encuentra con la desagradable sorpresa, en muchas ocasiones, de que tienen que esperar varios días para poder realizarlos y siempre después de interminables colas”.
Por otro lado, la PNL presentada por los socialistas pide también “adoptar las medidas oportunas para la implantación generalizada y eficaz del servicio de tramitación vía telemática en todos los registros civiles de la Comunitat”. Así, tal como ha apuntado Guillén, “las aplicaciones informáticas que tenían que permitir la tramitación telemática de numerosos trámites, no se han llegado a implantar en todos los registros civiles, y en aquellos que sí lo está, el funcionamiento del servicio es deficiente”.
Por todo ello, el diputado socialista ha remarcado que “esta carencia de personal y los fallos telemáticos ha originado una deficiente prestación del servicio en la mayoría de registros civiles de nuestra Comunitat, con insoportables retrasos que ocasionan muchas incomodidades a los ciudadanos, hasta el extremo de que se hayan producido altercados que han exigido la intervención policial”.
Retirada reforma integral de los Registros Civiles
Por otro lado, desde el PSPV-PSOE han presentado otra Proposición no de Ley en Les Corts para instar al Consell a que se dirija al Ministerio de Justicia y le pida que retire el borrador de Reforma Integral de los Registros Civiles. Así, piden también que el Registro Civil “siga siendo totalmente un servicio público y gratuito, prestado por funcionarios públicos integrados en la Administración de Justicia”.
En este sentido, el diputado Miguel Ángel Guillén, ha recordado que el Registro Civil es un servicio público y gratuito desde su creación, en el año 1870, y que se encuentran informatizados desde el año 2000, mientras que en 2001 se sometieron a un importante proceso de modernización. Sin embargo, ha señalado que “a pesar de estas mejoras, el proceso privatizador de este servicio público ya se inició en junio del año 2012 al encomendar a los Registradores de la Propiedad la gestión de las solicitudes de nacionalidad, ante la incapacidad del propio Ministerio de Justicia de acabar con la acumulación inexistente”. Así, ha apuntado, “con el pretexto de continuar con la modernización tecnológica y ganar agilidad, se pretende aglutinar en torno al Registro de la Propiedad inmobiliaria todos los actos relativos al estado civil de las personas”.
Sin embargo, ha hecho hincapié en que “el verdadero propósito no es otro que privatizar y mercantilizar las certificaciones relativas al estado civil de las personas que, hasta el momento, se otorgaban gratuitamente”, y ha destacado que “el borrador de Reforma Integral de los Registros Civiles que ha preparado el Ministerio de Justicia atribuye a funcionarios públicos que cobran por arancel directamente a los ciudadanos la resolución de materias que afectan al desarrollo de la vida y al ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, invadiendo materias constitucionales que les están vedadas”.
Finalmente, Guillén ha apuntado también que tanto los Registradores de la Propiedad como los Notarios “son funcionarios públicos, pero no forman parte de la Administración Pública y se guían por un interés privado en cuanto a su retribución, dado que cobran por ‘arancel’, lo que ineludiblemente repercutirá en un encarecimiento del servicio para los ciudadanos, sin que necesariamente suponga una mejora en su prestación”.
