El Registro Civil de Pamplona no puede dar citas al irse media plantilla y no cubrir el Gobierno los traslados

El titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Pamplona, encargado del Registro Civil de la capital navarra, acordó ayer suspender en este los servicios de información y cita previa, así como la emisión de certificados en el momento salvo aquellos que por las prioridades que establece la Ley deban emitirse, es decir, los más urgentes por nacimientos, defunciones....

Ayer ya se empezaron a recibir quejas por escrito aunque todavía no se han suspendido citas señaladas, circunstancia que como parece que el cierre de servicios se va a alargar en el tiempo podría darse la semana que viene.

“ES COMPLEJO, PERO SE VAN A CUBRIR” La pírrica situación es consecuencia de la falta de previsión de la Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra que solo ha repuesto una de las seis plazas (1 gestora y 5 tramitadores) de funcionarios (de los 11 que trabajan) que acaban de cesar para marcharse a otras plazas de la Administración de Justicia tras participar en el concurso de traslados anual. La resolución del concurso era conocida por el Ejecutivo foral desde el 4 de noviembre y, de hecho, la Sala de Gobierno del TSJN ya había advertido del déficit de personal que se iba a crear en el Registro, pero desde el Ejecutivo achacan esta “disfunción a la complejidad y laboriosidad del proceso de sustitución, en el que los llamamientos se realizan primero a internos y luego se acude a listas de contratación. Eso causa retraso”.

Aunque el Gobierno garantizó ayer que “todas esas plazas se van a cubrir”, el encargado del Registro Civil ya advierte en el acuerdo adoptado que este no volverá a prestar todos los servicios que tiene encomendados al público “hasta que la situación en cuanto a la sustitución y formación de las personas que se designen para los puestos que han quedado vacantes se regularice”. Por lo tanto, no solo hay que nombrar a los funcionarios sustitutos sino que también se les debe dar un periodo mínimo de formación para que puedan llevar las riendas de su nuevo puesto. No está de más recordar que la salida de esos funcionarios se produce ante la incertidumbre por la privatización del Registro Civil, servicio que el Gobierno central quiere entregar a los registradores de la propiedad.

Noticias de Navarra.com, 14.11.2014

Nota: así es como Rajoy se carga un servicio público modélico, que siempre había funcionado muy bien en Pamplona. El personal especializado, atento y con años de experiencia deja el Registro porque Rajoy quiere hacer del mismo su negocio privado.

El Sisej, ante la creación por el Gobierno de las Oficinas del Registro Civil y Mercantil

Con la publicación oficial y entrada en vigor simultánea de la Ley 18/2014 de medidas urgentes para el crecimiento, competitividad y eficiencia, el Gobierno de Mariano Rajoy atribuye el Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, pasando a llamarse Oficinas del Registro Civil y Mercantil, a las que impone, además, la adaptación a las demarcaciones territoriales de los Registros Mercantiles.

El Gobierno consuma así su segunda medida de esta legislatura tendente a la privatización del Registro Civil, tras la prórroga de la entrada en vigor de la Ley 20/2011 hasta julio de 2015.

Desde el Ministerio de Justicia, tanto por el titular anterior, como por el actual, se ha tratado de justificar públicamente esta medida alegando que “no se trata de una privatización” y que el colectivo al que se encomienda tiene condición de “funcionarios públicos” que simplemente tiene un “régimen retributivo singular”. Pero todos los funcionarios públicos, todos los operadores jurídicos y toda la sociedad española conocemos perfectamente que, mientras su régimen legal no se modernice, las oficinas de los denominados “registros vinculados a la fe pública” funcionan como empresas que contratan y despiden trabajadores en un régimen corporativo priviliegiado heredado de la etapa preconstitucional, y que constituye una anomalía en los países de nuestro entorno. Baste conocer que la asociación profesional de dicho sector pertenece a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.

En definitiva, sólo podríamos coincidir con la versión del Gobierno en que no se trata de una “liberalización”; pero sí estamos ante una verdadera privatización controlada y ciertamente privilegiada.

Desde el Sindicato de Secretarios Judiciales consideramos por tanto injustificada esta grave decisión, que saca por primera vez de la estricta esfera pública los datos oficiales de todos los españoles.

El Ministro de Justicia Rafael Catalá, en su reciente comparecencia ante la comisión de justicia del Congreso de los Diputados, definió también esta atribución como una “desjudicialización” permitida por la Ley 20/2011, pero lo cierto es que el Gobierno tiene a su disposición otras opciones para la atribución del Registro Civil sin sacarlo de la esfera pública, circunstancias que se dan, por ejemplo, con el Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales, lo que redundaría en beneficio del servicio público, y sería una excelente vía para racionalizar las competencias de jueces y magistrados. Desde el SISEJ proponemos esta posibilidad no desde un punto de vista corporativista, sino en la sincera creencia de que es una solución factible, racional y con plenas garantías para desjudicializar el Registro Civil en beneficio del servicio público, beneficio que debería ser el principio orientador de la acción de Gobierno por encima de cualesquiera otros intereses.

UGT critica la paulatina privatización de algunos servicios de la Justicia

La UGT ha denunciado hoy "la paulatina" privatización de algunos de los servicios que presta la Administración de Justicia y que ha comenzado con las prestaciones del Registro Civil.

La responsable federal del sector de la Administración de Justicia de la UGT, Victoria Carrero, ha indicado en una rueda de prensa que ya se ha dado un primer paso en la privatización del Registro Civil con las tasas por los expedientes de nacionalidad que cobrarán los registradores de la propiedad y los notarios.

Victoria Carrero ha asegurado que, aunque la privatización del Registro no se llevará a cabo hasta el 2017, el cobro de estas tasas ya es un primer indicio y ha informado de que la prueba de idioma que han de pasar los extranjeros que pidan la nacionalidad española costará 30 euros.

También ha recordado que el pasado 1 de agosto el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria que, después de su tramitación parlamentaria, propiciará que los registradores de la propiedad y mercantiles se ocuparán de los expedientes registrales.

También los notarios se ocuparán de los expedientes relativos a la de herederos cuando no haya testamento y de los testamentos ológrafos, es decir manuscritos, y los otorgados verbalmente, así como de enlaces matrimoniales, separaciones y divorcios.

Para evitar su implantación completa, según ha asegurado Victoria Carrero, la UGT ya iniciado contactos con los grupos parlamentarios del PSOE y de IU, cuyos representantes han garantizado a este sindicado que se opondrán en la tramitación parlamentaria y que, de ser aprobada, será derogada en el caso de alcanzar una mayoría en las próximas elecciones generales.

La representante de la UGT ha criticado que los recursos de la Administración de Justicia son "escasos" y que el 25 por ciento de sus trabajadores son interinos, algunos de ellos con una antigüedad superior a los 20 años.

Carrero ha anunciado que los sindicatos ya han reclamado al nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, que negocie la convocatoria de concursos-oposición para los empleados de la Administración de Justicia, en la que se tardan alrededor de tres años en cubrir las plazas vacantes por jubilación.

La Vanguardia.com 13.11.2014

CCOO solicita al Grupo Socialista que apoye todas las iniciativas para detener la privatización del Registro Civil

CCOO se reunió en el día de ayer 13 de noviembre con los portavoces de Justicia del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, tras los cambios producidos en su grupo después de la elección del nuevo secretario general del PSOE.

En la reunión, CCOO trasladó a la portavoz de la comisión de Justicia del Congreso del grupo parlamentario socialista, Rosa Aguilar, la denuncia que CCOO presentó ante la FGE y la carta remitida a Rajoy por presunta corrupción en la decisión de privatizar el Registro Civil, iniciativas que ha acogido de forma muy positiva:

* CCOO ha solicitado que el grupo socialista apoye todas las iniciativas que está adoptando, y las que va a impulsar en los próximos días, para detener la privatización del Registro Civil. Se ha comprometido no solo a apoyarlas, sino también a defender hasta el final que el Registro Civil siga siendo un servicio público servido por el personal de la Administración de Justicia. Ante un hipotético cambio de Gobierno el próximo año, el grupo socialista se ha comprometido a echar abajo la ley de Rajoy (Ley 18/2014) que privatiza el Registro Civil.

LA PRIVATIZACION DEL REGISTRO CIVIL: ITINERARIO DE UN DESPROPÓSITO (II)

Reacciones al anuncio del Ministro de Justicia de la entrega del Registro Civil a los Registradores Mercantiles

         

El Ministro de Justicia manifiesta en el Senado su posición a favor de los Registradores Mercantiles (Diarios El Derecho, Cinco Días de  25 de junio de 2014 y Diario La Ley de 26 de junio de 2014), alegando la especial preparación de estos profesionales en relación con el registro de las personas jurídicas. Es decir, con una falta de lógica aplastante, se minusvalora la especial dedicación, con plena imparcialidad, durante 144 años de los Secretarios Judiciales, dando preferencia a un operador jurídico que solo se mueve por intereses económicos  y que no goza de la imparcialidad que se exige a los funcionarios de la Administración del Estado en el artículo 103.3 de la CE .

Todos lo operadores jurídicos afectados se manifiestan contrarios a esta última postura del Ministro de Justicia.

Los Colegios de Secretarios Judiciales y de Registradores rechazan de plano la propuesta (Diario la Ley de 26 de junio de 2014).

Las Asociaciones de Secretarios Judiciales (UPS y SISEJ) denuncian la privatización del Registro Civil y la infravaloración de los Secretarios Judiciales (El Derecho de 26 de junio de 2014).

Resulta interesante destacar cómo el  Decano  del Colegio de Registradores  (La Vanguardia y Diario El País de 26 de junio de 2014) pone de manifiesto como la atribución del Registro Civil a los Registradores Mercantiles puede originar problemas jurídicos y de organización  además de entrar en colisión con normas de Derecho Comunitario y su jurisprudencia. Puntualiza que han sido los Registradores que trabajan en el Ministerio los que han impulsado esta solución. Y termina diciendo que será un agravio para los usuarios de los Registros Mercantiles que verían  que los aranceles que ellos pagan se usarán indirectamente para mantener el Registro Civil y se plantea la siguiente pregunta: ¿qué pensará un autónomo  cuando vea que lo que paga para registrar un acto de su empresa va a financiar la inscripción del divorcio de otro ciudadano?

Resulta sorprendente que el Gobierno por Real Decreto-Ley 8/2014 de 4 de julio de 2014, se atreva a  privatizar el Registro Civil, entregándolo a los Registradores Mercantiles, dando la impresión de  actuar como una  apisonadora sobre un derecho fundamental de los sufridos ciudadanos, aprovechando  la mayoría parlamentarios del Partido Popular, que le soporta, en beneficio de unos pocos privilegiados.

A la  vista del mencionado Real Decreto-Ley el Colegio de Registradores en una nota de prensa (4 de julio de 2014) reitera expresamente  su absoluta disconformidad  con la atribución del Registro Civil a los Registradores Mercantiles.

Peculiaridades del Real Decreto-Ley 8/ 2014, de 4 de julio , relativas al Registro Civil.

El Gobierno aprovecha este Real Decreto-Ley, que se publica al da siguiente en el BOE. Se trata de una norma de las denominadas “ómnibus “ en la que regulan materias tan distintas como de carácter fiscal, social , de infraestructuras, etc, con una materia tan sensible para la intimidad de los ciudadanos como es el registro de su estado civil que afecta directamente a su intimidad personal y familiar que goza de una protección especial en el artículo 18.1 de la CE.

       

A nuestro juicio el Gobierno pretende entregar el Registro Civil a una empresa dirigida por los Registradores Mercantiles con un desprecio absoluto de los ciudadanos.

       

En este curioso  Real Decreto-Ley se titula “De aplicación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia”.El tratamiento del Registro Civil nada tiene que ver con el anuncio de esas medidas ,y en todo caso no necesita de un tratamiento urgente, salvo lo que se refiere al aplazamiento de la entrada en vigor de la Ley 20/2011.Por esta razón las Disposiciones 20 a 24 serían inconstitucionales, conforme al articulo 86 de la CE.

       

Las peculiaridades, recogidas en las Disposiciones Adicionales 19,20, 21, 22, 23 y 24, son las siguientes:

CCOO advierte al Ministro Catalá que el Gobierno no podrá llevar a cabo la privatización del Registro civil ni privar de sus derechos al personal de la Administración de Justicia

Las numerosas reuniones que ha mantenido el ministro Catalá con diferentes colectivos en los últimos días destapan que carece de razonamientos sólidos para proceder a la privatización del Registro Civil 

Tráfico de influencias y presunta corrupción.- 

El nuevo ministro de Justicia sigue intentando vender ante la opinión pública y las Comunidades Autónomas las bondades de la privatización del Registro civil, mediante su asunción por los Registradores Mercantiles a partir de julio de 2015, negándose a echar marcha atrás en un proyecto cuyo verdadero autor es Mariano Rajoy en lo que puede constituir un claro ejemplo de tráfico de influencias e incluso de corrupción. 

Catalá se sigue negando a paralizar la privatización del Registro Civil argumentando que es un proyecto de Ley ya aprobado, pero sin embargo ello no le supone inconveniente para afirmar que revisará las tasas judiciales (se niega no obstante a derogar esa ley tan injusta y clasista), o paralizar la creación de la corporación de derecho público que iba a gestionar la contratación del nuevo sistema informático del Registro Civil y que el Consejo de Estado descalificó, pese a que también se tratan de leyes aprobadas. Parece que lo que verdaderamente impide paralizar este proyecto es la intención de Rajoy de que siga adelante por todos los medios, en beneficio propio y de su colectivo. 

Los registradores mercantiles no son funcionarios públicos.- 

El Ministro de Justicia, en sus reuniones con las organizaciones sindicales, con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en Administración de Justicia y en sus notas de prensa, sigue justificando la privatización del Registro Civil en que “ya se lo han dado hecho”, y en razones que demuestran la fragilidad de sus postulados: los registradores mercantiles son funcionarios públicos, se garantiza la gratuidad del registro civil para el ciudadano y la titularidad estatal de los datos registrales. 

En cuanto a sus argumentos según aparecen en las notas de prensa, a cuál más frágiles.

El Ministerio de Justicia no podrá garantizar que el Registro Civil, tras ser asumido por los Registradores Mercantiles, cuente con los medios personales y materiales necesarios para su adecuado funcionamiento

Hace unos días un buen amigo mío me vino con un sofoco de aupa: tras más de 20 años trabajando en el Registro de la Propiedad de su municipio, el Registrador, que viene en AVE tres días a la semana para firmar y cobrar, le citó a su despacho junto con otro compañero del Registro, y sin previo aviso o advertencia, les dio la carta de despido y cheque de indemnización alegando despido por causas objetivas: el Registro de la Propiedad ya no ganaba tanto como antes, debido a la crisis económica, y eso que había remontado algo los últimos meses, y había que reducir gastos y por tanto personal. 

Mi amigo no salía de su asombro: siempre ha sido considerado por los diversos Registradores que han pasado por su municipio como un trabajador ejemplar, con profundos conocimientos del derecho, rápido, trabajador, eficiente, buen compañero, etc. En su Registro existen otras personas con menos antigüedad que él, no ha tenido problema alguno con el nuevo Registrador. Es verdad que el trabajo ha bajado, de hecho él ha visto cómo su salario también ha caido con la crisis económica, pero me asegura que aun así, en el peor de los meses, su Registrador gana neto más de 6 veces lo que gana el Magistrado mejor pagado de España. 

Todo esto viene a demostrar, una vez más, por qué el Registro Civil no debe ser privatizado y pasar a ser gestionado por los Registradores Mercantiles. Los Registradores son empresarios, y aunque ejerzan una función pública que les haga ser considerados por la Ley Hipotecaria como funcionarios públicos, su régimen de trabajo es el de una empresa en que buscan maximizar ingresos y reducir gastos, para obtener los mayores beneficios posibles. Esto es lógico, pues no perciben una retribución del Estado como todos los funcionarios públicos, sino que obtienen sus ingresos de los aranceles que pagamos los ciudadanos que requerimos de sus servicios, y con dichos ingresos tienen que hacer frente a los gastos de personal, alquiler de local (aunque este gasto luego pueda revertir en beneficio de los mismos, pues muchos son partícipes de la empresa propietaria de sus locales), ordenadores, luz, etc. Para ellos, como empresarios, lo importante son los beneficios que obtienen a final de mes, no el servicio público que prestan, que además hacen en régimen de monopolio: los ciudadanos no podemos elegir a qué Registro de la Propiedad o Mercantil acudimos, sino que debemos acudir al correspondiente a nuestra finca o al del domicilio de nuestro negocio. 

¿Puede funcionar así un servicio público esencial como es el Registro Civil? Evidentemente no. En un servicio público debe primar la prestación de dicho servicio en beneficio de los ciudadanos en las mejores condiciones posibles teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias. No se busca tener ganancias, pues raramente se cobra por dicho servicio, sino una rentabilidad social, y es que todos los ciudadanos se beneficien del mismo a un coste razonable y posible que pagamos entre todos con nuestros impuestos. Ni siquiera el uso en las Administraciones Públicas de herramientas de gestión utilizadas habitualmente en las empresas privadas ha cambiado este concepto de servicio público. En la Administración Pública se puede cambiar al responsable de un servicio público si su gestión no es adecuada, y en último término cada 4 años podemos votar a los políticos responsables del gobierno de nuestras Administraciones; sin embargo no podemos sustituir al Registrador Mercantil responsable del Registro Civil si éste no está bien gestionado, sino confiar en su buen hacer y en las admoniciones que le puedan hacer sus compañeros, como en tiempos del sindicalismo franquista.

La privatización del Registro Civil, un pelotazo de 5 millones sin aclarar

La decisión del Gobierno de privatizar el Registro Civil ha añadido otra página poco ejemplar a la reciente historia de las corruptelas y el tráfico de influencias. El diputado de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, ha instado al Ejecutivo a que investigue “las turbias relaciones económicas de la Dirección General del Registro y del Notariado con la empresa Futuver”, beneficiaria del negocio, pero su petición podría tocar de cerca a Enrique Rajoy, hermano del presidente, y no ha surtido efecto. El Ejecutivo se ha abstenido de aclarar las presuntas irregularidades con características de latrocinio y de aplicar sanciones. Mientras, la privatización del Registro sigue su curso entre las protestas de los funcionarios y de los colegios profesionales de Registradores y Secretarios Judiciales.

La operación ideada por el ministro Alberto Ruíz-Gallardón Jiménez y continuada por su sucesor Rafael Catalá Polo de entregar al Colegio de Registradores de la Propiedad la gestión de los expedientes de nacionalidad con la excusa de resolver el colapso –la dilación no ha bajado de dos años- supuso la aplicación del software informático que los registradores debían utilizar y que costó al Colegio la apreciable suma de 5,15 millones de euros. La primera sorpresa fue que el jefe del Proyecto de Gestión de Expedientes de Nacionalidad y director del equipo nombrado por Gallardón en enero de 2012, el registrador Javier Angulo Rodríguez, era a su vez el administrador de la sociedad de matriz rumana Futuver Consulting que diseñó y vendió elsoftware.

De este modo, Angulo, con el visto bueno de sus superiores en el Ministerio de Justicia, impuso a los registradores la contratación del software de su propia empresa privada. Pero el negocio dividió a la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores, en principio controlada por personas afines al ministro Gallardón. La extrañeza de gran parte del millar de colegiados era lógica si se tiene en cuenta que el Colegio dispone de un buen servicio informático, con cerca de 300 profesionales que desarrollan la mayor parte de los software que utilizan los registradores.

La sorpresa fue en aumento cuando una auditoría del Colegio reveló que la contratación de Futuver se realizó “por encima de los precios de mercado”. Otra auditoría externa realizada por la consultora Hitachi puso de relieve que Justicia “decidió unilateralmente que el software de gestión de los expedientes de nacionalidad fuese adjudicado directamente y sin concurrencia a la empresa Futuver, sin que se compararan otras posibilidades” y subrayó que el coste “o bien queda claramente por encima de los precios de mercado o bien parece totalmente fuera de cualquier regla habitual de mercado”. La conclusión fue que “el sistema informático de gestión de los expedientes de nacionalidad podía haber costado entre 300.000 y 400.000 euros”, es decir, doce veces menos de lo que se pagó.

Los registradores exigen que la tecnología aporte seguridad (apliquen este artículo a la privatización del Registro Civil)

"Las reformas big-bang no existen en materia de Registros, salvo que se pretenda destruir un sistema. Las reformas son graduales, requieren tiempo y responder a las verdaderas exigencias de los ciudadanos", ha afirmado Nicolás Nogueroles, secretario general del Centro Internacional de Derecho Registral (Ipra Cinder), en el transcurso de su intervención en la inauguración del Congreso Mundial de Derecho Registral, celebrado en Santiago de Chile.

Trascendencia jurídica

La adopción de nuevas tecnologías fue el tema que vertebró su reflexión sobre el futuro de los Registros de la Propiedad, un asunto controvertido, por cuanto el empleo de bases de datos hace que algunos Gobiernos se olviden de la trascendencia jurídica que tienen como garantes de la seguridad jurídica de los propietarios y, por ende, como impulsores de los mercados inmobiliarios y de la construcción.

Según Nogueroles, los países que han sido capaces de evolucionar hacia un Registro de derechos han necesitado muchos años, incluso siglos, y lo han hecho progresivamente (Australia, Escocia o Irlanda). "La simple introducción de nuevas tecnologías no supone necesariamente una mejora de la tecnología jurídica, antes al contrario, si no se mejora la tecnología jurídica puede perpetuar los vicios e inseguridades anteriores y aun potenciarlos", ha afirmado.

Denunció también que las empresas informáticas, multinacionales en algunos casos, pretenden imponer productos sin tener en cuenta el sistema legal de cada país y desconociendo el capital humano, dicho en otros términos, en lugar de adaptar un sistema informático a un registro, es el registro el que se adapta al sistema informático que la empresa vende en todos los países. Y a este respecto añadió que "además de olvidarse de la tecnología jurídica, esto suele llevar una dependencia de los sistemas registrales respecto a la compañía informática, creando un nuevo poder feudal al margen de las instituciones".

PSE-EE reclama que Euskadi asuma la gestión de los registros civiles para impedir su privatización

El Grupo Parlamentario Socialistas Vascos pide al Gobierno vasco "que promueva e impulse negociaciones" para el traspaso y asunción de las competencias de gestión y ejecución de las actuales Oficinas de Registro Civil antes de que entre en vigor el Decreto que prevé su privatización el 15 de julio de 2015, con el objetivo de que éste servicio siga siendo público y gratuito "ahora y siempre". 

En una proposición no de ley, la portavoz socialista de Justicia, Miren Gallástegui, recuerda que el Gobierno de España "pretende dejar en manos de intereses privados el Registro Civil, mediante la entrega de la gestión del mismo a los registradores mercantiles, y pone en cuestión el mantenimiento de los Juzgados de Paz y de los actuales partidos judiciales". 

Esta privatización, advierte, supondrá "la pérdida de 3.500 puestos de trabajo de empleados públicos que han sido formados, capacitados y especializados en materia de registro civil, así como la eliminación de gran parte del cometido de los Juzgados de Paz como medida previa a la supresión de los mismos". 

"De hecho, las reformas de la Ley de Planta y Demarcación Judicial y la Ley Orgánica del Poder Judicial deja la puerta abierta a la supresión no sólo de los Juzgados de Paz sino de también de la mayoría de los partidos judiciales, de manera que solo existan juzgados en las capitales de provincia", añade, para afirmar que esto, unido a la entrega de la encomienda del Registro Civil a los registradores mercantiles, "vacía de contenido, aún más, las funciones de los juzgados de Paz, y deja abierta la puerta a la supresión de los mismos". 

Gallástegui añade que, aunque el Real Decreto Ley 8/2014 determina que el servicio será gratuito, estos servicios estarán sujetos a tasas, porque los registradores mercantiles, a pesar de ser "funcionarios públicos" en la forma de acceso al puesto, y en la función que desarrollan en régimen de monopolio, cobran por sus servicios mediante arancel. 

Por ello, dice, esos aranceles se aplicarán los trámites de Registro Civil, que son obligatorios para cualquier ciudadano y los que reflejan "todos sus hechos vitales, como la inscripción de nacimientos, los libros de familia, las defunciones, la expedición de certificados, o la fe de vida y estado". 

LA PRIVATIZACION DEL REGISTRO CIVIL: ITINERARIO DE UN DESPROPÓSITO (I)

Adjuntamos a continuación un artículo escrito por JESÚS SEOANE CACHARRON, Doctor en Derecho Procesal, Secretario Judicial y Ex Presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, sobre la privatización del Registro Civil.

Este artículo se va a dividir en 5 partes, que se irán publicando de forma sucesiva, y el último día se colgará un enlace al artículo íntegro.

I.-DEL BORRADOR DE REFORMA INTEGRAL DE LOS REGISTROS A LA LEY 18/2014  DE 15 DE OCTUBRE.

Peculiaridades del Borrador de Reforma Integral de los Registros en cuanto afecta al Registro Civil.

El Registro Civil desde la Ley de 17 de junio de 1870 estaba encomendado a los Jueces Municipales. Ahora, según el artículo 86 de la LOPJ de 1 de julio de 1985, está a cargo de los Juzgados de Primera Instancia y de los Jugados de Paz. Se rige por los artículos 325 a 332 del CC de 1889 y por la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957 y disposiciones que la complementan.

Con fecha de 21 de julio de 2011 se aprobó la Ley 20/2011, del  Registro Civil, adoptando un nuevo modelo  desjudicializado, siendo asumida su llevanza por funcionarios públicos (Secretarios Judiciales u otros Licenciados en Derecho del grupo A). Su vigencia tiene una “vacatio legis”  de tres años desde su publicación en el BOE de 22 de julio de 2011 y por lo tanto entraría en vigor el 23 de julio de 2014.

A finales del año 2012  se filtró a los medios de comunicación social un Borrador de Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros con la pretensión de encomendar el Registro Civil  a los Registradores de la Propiedad

En síntesis las peculiaridades de la reforma incluida en dicho Borrador son las siguientes:

        a).-Actos inscribibles.

Según los artículos 4.15º , 16º, 17º, y 18 de la Ley del Registro Civil(en adelante LRC) se incluyen como actos inscribibles la representación  voluntaria de las personas físicas,, su domicilio , sus seguros de vida y accidentes, planes de pensiones, testamentos y demás actos de última voluntad.

b).- Encargados del Registro Civil

A tenor de la reforma de los artículos 21.3 y 4 de la LRC, los Encargados de las  Oficinas del Registro Civil serán los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, salvo en el extranjero que lo serán las Oficinas Consulares.

        c).-Ámbito de las Oficinas del Registro Civil.

        

En la nueva redacción de los artículos 21.1 y 2 de la LRC existirían Oficinas del Registro Civil  en todas las capitales de provincia, en las Comunidades Autónomas de Ceuta y Melilla, Ibiza, Mahón, Arrecife, Puerto Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera y Valverde.

         d).-Reserva en exclusiva de la celebración del matrimonio civil ante Notario y la calificación de su legalidad por el Registrador.

        

Se reforma el artículo 51.1 del Código Civil y 58.1 de la LRC en sentido imperativo de que el matrimonio Civil  se celebrará ante el Notario o ante la Oficina Consular.

       

Conforme a la nueva redacción del artículo 58.2 y 4 de la LRC, el Registrador calificará la legalidad del matrimonio, lo que a nuestro juicio supone una invasión de la función notarial, que puede dar lugar a sendos conflictos entre profesiones en perjuicio de los derechos de los ciudadanos.

        e).-Remisión de los Notarios por medio telemático de los documentos públicos que den lugar a asiento en el Registro Civil.

       

Se impone, como vemos, la inscripción obligatoria de los documentos notariales relativos al  registro civil  (articulo 35 de la LRC).

        f).-Desaparece la gratuidad del Registro Civil.

Claramente se dice en el texto reformado el artículo 21.5 de  la LRC que los Registradores cobrarán los correspondientes aranceles.

Reacciones criticas negativas a la pretendida privatización del Registro Civil a favor de los Registradores de la Propiedad

Las reacciones al mencionado Borrador  no se hicieron esperar.

“No está claro cómo se garantizará la gratuidad del Registro Civil”, afirma el Presidente del Consejo del Notariado

José Manuel García Collantes dirige desde hace dos años el Consejo General del Notariado, un período en el que la corporación ha atravesado por alguno de sus momentos más difíciles, incluso internamente, con motivo del polémico anteproyecto de reforma integral de los registros, que trató de sacar adelante el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y que finalmente se frenó.

Superadas estas tensiones, el máximo representante de los notarios mira ahora hacia los retos de futuro del colectivo en un escenario en el que se ha producido el relevo en Justicia, con la llegada de Rafael Catalá. En una entrevista concedida a EXPANSIÓN en el ecuador de su mandato, asegura que queda por delante "muchísima tarea por hacer".

"El Notariado se opuso frontalmente a la reforma integral de los registros, que subvertía el sistema de seguridad jurídica preventiva en España, que funciona razonablemente bien. No había ninguna razón para una reforma así", apunta García Collantes, que admite que "las relaciones con la Dirección General de Registros y del Notariado pasaron entonces por un momento muy tenso".

Gratuidad

Valora positivamente que, finalmente, el Ministerio "fuera sensible a las quejas y que el texto original pasara a la historia". Lo que no se logró evitar fue la asignación de la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles, una cuestión que ha suscitado una enorme polémica social. Ante la pregunta de si cree que esto supondrá que el ciudadano acabe pagando por algún trámite ante el Registro Civil, García Collantes recuerda que el Gobierno ha asegurado que seguirá siendo gratis, pero el tema sigue sin estar claro: "A nosotros nos ofrece algunas dudas cómo se va a poder garantizar esa gratuidad", asegura. Respecto a la posibilidad de haber encomendado esta misión a otro colectivo, afirma que "los secretarios judiciales son un cuerpo perfectamente capacitado para llevar el Registro Civil".

Los notarios deben poder acceder a los registros sin intermediación del registrador. 

La Unión Progresista de Secretarios Judiciales transmite a Catalá que no da por perdido asumir el Registro Civil

La Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) ha transmitido en una reunión con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que los fedatarios públicos "no dan por perdido" asumir el Registro Civil y exigen que todas las nuevas funciones otorgadas a los notarios puedan efectuarse de forma gratuita en los juzgados.

El ministro ha mantenido este miércoles un encuentro con tres representantes de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, que se ha felicitado de que haya cumplido con el compromiso de diálogo que adquirió en su toma de posesión.

"La impresión es buena, Gallardón tardó dos años en recibirnos y Catalá en apenas 37 días se ha reunido con nosotros y el resto de asociaciones de secretarios judiciales", ha destacado a Europa Press el secretario de organización de la asociación, Carlos Sánchez.

Los secretarios judiciales no cejarán en reclamar la asunción del Registro Civil hasta que vean cómo se cierran estas oficinas de las sedes judiciales. Según ha explicado Sánchez, la ley que otorga este servicio público a los registradores mercantiles entrará en vigor en julio de 2015, por lo que el sistema informático se adaptará hasta esa fecha.

"Mientras podamos seguiremos reivindicando el Registro Civil público y gratuito y donde el secretario judicial sea el encargado", ha destacado Sánchez, para poner de manifiesto que en la actualidad funciona correctamente y, de hecho, abre sus puertas varias tardes a la semana para facilitar su servicio a los ciudadanos.

En cuanto al proyecto de ley de jurisdicción voluntaria, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales ha demandado que no se "privatice" ningún acto y se de al ciudadano la alternativa de acudir al notario o al juzgado. Según ha explicado, la norma otorga determinados actos, como los relacionados con la declaración de herederos o el derecho sucesorio, a los notarios y el ciudadano tendrá que pagar un coste.

Europa Press, 05.11.2014

La ciudadanía almeriense dice NO a la privatización del Registro Civil

El sector de Justicia de CCOO de Almería ha convocado una "consulta popular" sobre la "privatización" del Registro Civil dentro de las movilizaciones que realiza semanalmente por este asunto, de forma que ha solicitado a los trabajadores de la Ciudad de la Justicia y a los ciudadanos que "opinen libremente" sobre sus preferencias.

Así, se instaló el día 6 de noviembre una urna desde las 10:00 a las 12:00 horas para que "todos los ciudadanos y profesionales que acudan a la Ciudad de la Justicia de Almería puedan expresarse acerca del futuro del Registro Civil". Los trabajadores fueron convocados de 11:00 a 11:30 horas a participar en la misma.

Entre las papeletas que se han repartido para este sondeo se han previsto dos opciones. Así, una de ellas indica "Quiero un registro civil público, gratuito y dentro de la Administración de Justicia", mientras que la otra apunta "Quiero un registro civil en manos privadas, sin garantías de independencia y de pago, lo que repercutirá en más riqueza para manos privadas".

Según ha indicado CCOO en una nota, la acción pretende mostrar el rechazo a esta privatización sobre la que no observan "razones de servicio público". Asimismo, han reclamado la retirada del proyecto de la ley orgánica del Poder Judicial aprobado en abril en Consejo de Ministros y que conlleva la "supresión de partidos judiciales, eliminación de los juzgados de paz y la desaparición de las audiencias provinciales".

Finalmente tras la celebración de la consulta, la práctica totalidad de los participantes han abogado por un Registro Civil Publico. En los enlaces adjuntos información de los datos y las reseñas en los medios de comunicación.

CCOO Andalucía, 07.11.2014

Las tres patas de una reforma que cojea por todos los lados

El Ministro de Justicia, en sus reuniones ahora con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en Administración de Justicia, sigue justificando la privatización del Registro Civil en tres pilares, que en conjunto cojean a cada cual más y demuestran la fragilidad de sus postulados: los registradores mercantiles son funcionarios públicos, se garantiza la gratuidad del registro civil para el ciudadano y la titularidad estatal de los datos registrales. 

En cuanto a que los Registradores Mercantiles son funcionarios públicos, harto es sabido que tal consideración le viene por imperativo de la Ley Hipotecaria en cuando que se les reconocen derechos en cuanto tales, pero que ni sus deberes, ni sus obligaciones, retribuciones o incompatibilidades son las propias de los funcionarios públicos. Miré, Sr. Catalá, decir que lo único que diferencia a los Registradores Mercantiles del resto de funcionarios públicos es que aquéllos cobran por arancel significa desconocer muy profundamente lo que es la Administración Pública, lo que sorprende en alguien que ha sido Director General de la Función Pública en nuestro país. Cuando usted ejercía como tal, ¿recuerda haber adoptados medidas dentro de dicha dirección que afectara a este colectivo?. Sr. Catalá, una cosa es que puedan tener la consideración de funcionarios públicos, y otra que en esencia lo sean. Y usted sabe que no lo son. 

Sobre la gratuidad para el ciudadano. Diga la verdad, Sr. Catalá. Diga que los hoy llamados expedientes de Registro Civil van a pasar a ser competencias de los notarios, a los que habrá que pagar por sus servicios. Diga que si se sufraga con cargo al arancel del Registro Mercantil, los ciudadanos y las empresas que utilicen los servicios de este Registro van a sufragar indirectamente el Registro Civil. Diga si se va a cobrar o no a las Administraciones por acceder a la base de datos de Registro Civil. Diga si se va a cobrar a los Notarios, cuando tengan que acceder obligatoriamente para cualquier negocio jurídico a la ficha registral de los ciudadanos, si se les va a cobrar por dicho acceso, que luego evidentemente se repercutirá en el ciudadano. Diga de una vez claramente cómo pretende financiar el Registro Civil. 

Y en cuanto a la titularidad estatal de los datos. Mire usted, los datos son de cada uno, la titularidad estatal será del programa que los gestione. ¿Y quién va a gestionar dicho programa? Personas que no son empleados públicos, sino contratados y despedidos directamente por su empresario, que es el Registrador Mercantil para el que trabaje. ¿De qué vale hablar de titularidad estatal de los datos si su gestión se encomienda a manos privadas?

Sr. Catalá, se le acaban los argumentos. 

Catalá toma por tontos al personal de los Registros Civiles al tratar que traguen con la privatización del Registro Civil con recolocaciones en otros órganos jurisdiccionales a las que tendrían derecho en cualquier caso

Las manifestaciones del Sr. Catalá en la reunión que mantuvo con las organizaciones sindicales, según las informaciones difundidas por éstos y la nota de prensa que colgó el Ministerio de Justicia en su página web, demuestra el desprecio que Catalá y este Gobierno tiene por el personal actual del Registro Civil, al que pretende privar de sus derechos ofreciéndole una recolocación en órganos jurisdiccionales a la que en cualquier caso tendrían derecho. 

Los funcionarios y funcionarias de los Registros Civiles ya tragamos, de mala manera, con la Ley 20/2011, de Registro Civil, y la modificación complementaria de la LOPJ que suprimía como centro de destino los Registros civiles, porque al menos la Ley 20/2011 nos reconocía una serie de derechos y posibilidades:

El primero, y fundamental, en la Disposición Transitoria Octava, se establecía que el personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia que, en el momento de la entrada en vigor de la Ley 20/2011, estuviera prestando servicios con destino definitivo en los Registros Civiles Únicos, allá donde los hubiere, o tuviera asignadas funciones de registro en las oficinas judiciales con funciones de Registro Civil, podría optar a participar en la convocatoria de provisión de puestos de trabajo de las Oficinas Generales del Registro Civil, en la que tendría derecho preferente por una sola vez, dentro del ámbito territorial del órgano convocante, a obtener destino definitivo. En tal caso permanecerían en la situación de servicio activo y percibirían las retribuciones básicas correspondientes a su Cuerpo y las complementarias asignadas en la Relación de Puestos de Trabajo.

La segunda, la posibilidad que resulta de la Disposición Adicional Primera de que, al determinar el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia, mediante las Relaciones de Puestos de Trabajo, las dotaciones de personal necesario de las Oficinas de Registro Civil, que dicha RPT fuese abierta, en el sentido de que pudiésemos acceder a los puestos personal de la Administración de Justicia. 

Pues bien, este derecho y esta posibilidad desaparecen por completo con la privatización del Registro Civil y su asignación a los Registradores Mercantiles, pues ni tenemos derecho como funcionarios públicos a ocupar un puesto de trabajo en las oficinas de los Registros Mercantiles, que se rigen por el ámbito privado como cualquier empresa privada, ni se va a confeccionar una RPT de dichas oficinas por ser tal mecanismo propio de las Administraciones Públicas, lo que no son los Registros Mercantiles. 

Esto, Sr. Catalá, fue objeto de negociación entre las organizaciones sindicales y el Ministerio de Justicia, y fue respetado por todos los partidos políticos en la aprobación de la Ley 20/2011. Esto fue lo que evitó que nos echáramos la manta a la cabeza y saliéramos en masa a protestar contra esta Ley que podía implicar la pérdida de nuestros puestos de trabajo. Esto, Sr. Catalá, es lo que nos quedaba a los funcionarios y funcionarias del Registro Civil y que usted nos quiere quitar, para satisfacer a su jefe Rajoy.

CCOO acusa de Rajoy, máximo responsable de la decisión de entregar el Registro Civil a los Registradores Mercantiles, de pretender pasar por legal lo que podría constituir un clamoroso caso de corrupción

Tras la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente del Gobierno Mariano Rajoy , el exministro Gallardón y el ya exdirector general de los registros, CCOO se ha dirigido por escrito al presidente del Gobierno y le exige que dé marcha atrás a la privatización del Registro Civil. En la carta, de la que se adjunta enlace, CCOO expresa a Rajoy su indignación por la decisión, y le acusa de estar detrás de la misma. 

Para CCOO, la decisión del Gobierno sería en todas las democracias y Estados de Derecho del mundo, un insulto a la ciudadanía, una falta de respeto a los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, y una actuación que podría constituir un clamoroso caso de corrupción.

CCOO ha puesto de manifiesto a Rajoy: 

- Los Registros Civiles han sido servidos por personal funcionario de la Administración de Justicia desde hace más de 140 años, ha sido y es un servicio público, universal y gratuito que ha prestado una tarea fundamental en todo este largo tiempo para los millones de personas que han tenido y tienen que acudir al mismo. 

- Los registradores no son funcionarios públicos, así lo determinan taxativamente las sentencias del Tribunal de Justicia europeo y dichas sentencias son de obligado cumplimiento para el Gobierno español, a menos que se pretenda también incumplir las sentencias de la UE. 

- Los datos privados de los ciudadanos y ciudadanas ya no estarán a salvo, pues estarán en manos de empresas privadas 

- El Registro Civil dejará de ser gratuito. Más pronto que tarde. 

- La decisión de privatizar el Registro Civil es rechazada por toda la sociedad: grupos parlamentarios, excepto el PP, organizaciones sociales y sindicales, colectivos jurídicos, jueces, secretarios judiciales….. 

- El dictamen del Consejo de Estado tira por tierra la decisión del Gobierno de crear la corporación de Derecho Público para gestionar el registro civil electrónico. 

Para CCOO, la decisión conculca los más elementales principios éticos: si el presidente del gobierno, familiares directos suyos y del exministro Gallardón, el ya exdirector general de los registros y del notariado y su equipo son registradores, ¿qué democracia consolidada aguantaría decisiones como ésta, que entrega un servicio público a la profesión de la que esos altos cargos forman parte? 

Señor presidente del Gobierno: con todos estos datos, ¿es o no corrupción la decisión de privatizar los Registros Civiles? 

CCOO, 03.11.2014

Los abogados jóvenes muestran su oposición a los recortes y limitaciones en Justicia, y a la privatización del Registro Civil

Con motivo de la celebración el día 31 de octubre del Día del Abogado Joven, la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ) ha emitido un manifiesto en el que muestra su oposición a los actuales recortes y limitaciones que se están llevando a cabo en Justicia y que merman el derecho a la tutela judicial efectiva de millones de ciudadanos, entre las que cita normas en vigor, como la Ley de Tasas, y otras en trámite parlamentario, como la Ley de Seguridad Ciudadana o la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

La CEAJ considera urgente e inaplazable la necesidad de llevar a cabo una reforma en la Justicia, pero para acometer la misma hay que analizar cada uno de los problemas que presenta la administración de justicia, sus causas y soluciones, con consenso político y de los diversos agentes y profesionales que intervienen en ella.

En el manifiesto, los jóvenes abogados explican los perjuicios para el ciudadano del actual Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, de la Ley de Tasas o de la pretensión de privatización de determinados servicios, como el Registro Civil, y defienden un Turno de Oficio digno, accesible, cercano y sin recortes.

Por último, también reclaman mejoras en el ámbito profesional, no sólo económicos, sino en el ámbito de la conciliación personal y profesional.

ACCEDA AQUÍ AL MANIFIESTO DÍA DEL ABOGADO JOVEN 

Abogacía.es, 31.10.2014

Dimisiones en la DGRN: ¿El regulador liberado?

Publicamos a continuación un post que con este título aparece en el Blog Hay Derecho, firmado por el Notario Ignacio Gomá Lanzón, relativo a la dimisión del Director General de los Registros y del Notariado, que refleja fielmente lo sucedido en los últimos años desde la toma de posesión de dicha persona al frente de la Dirección General. El post tiene comentarios, a los que se puede acceder pinchando en el enlace inicial

Ya ha aparecido en la prensa la dimisión del director general de los Registros y del Notariado. La noticia podría ser la lógica consecuencia del cambio de ministro, pero quizá va más allá. Como en el propio texto de la noticia se indica, la dimisión de Joaquín Rodríguez, extensiva al subdirector, Javier Vallejo, y a los registradores que estaban en comisión de servicios como letrados de la DGRN es consecuencia de los cambios introducidos por el ministro Catalá en el anteproyecto de Ley de Registro Civil.

Del escándalo que esta cuestión suponía hemos hablado en este blog por extenso, en dos magníficos posts, uno de nuestro coeditor Rodrigo Tena y otro de un registrador mercantil, Andrés Ylla, que tuvieron la virtud no sólo de poner negro sobre blanco la tremenda opacidad de esta cuestión y lo que ello suponía para el Estado de Derecho, sino también la de ser soporte de comentarios enormemente reveladores, particularmente los de ciertos registradores partidarios de la iniciativa.

No voy a ocultar que esta cuestión del registro civil, en cuanto supone una forma de alterar el sistema de seguridad jurídica preventiva, tiene también una dimensión corporativa que afecta tanto a notarios como a registradores y que he tenido oportunidad tratar en otro blog (Transparencia Notarial). Pero aquí no querría centrarme en esta cuestión, pues el sistema puede ser perfectamente modificado –y a lo mejor hay que hacerlo- e incluso cabe que algunos de los intervinientes en el sistema resulten perjudicados, pues de lo que se trata no es de que los estos vivan bien sino de que el sistema funcione y tenga una adecuada relación precio-calidad en favor de los ciudadanos.

Tampoco quiero tratar aquí la bondad o maldad de la decisión política de cambiar la titularidad del Registro Civil, desde el punto de vista del ciudadano, cuestión técnica que, con ser importante, es discutible. No, aquí querría centrarme en otra cosa, el aspecto de captura del regulador que ha tenido toda esta historia, de la que conviene hacer una pequeña crónica. Ya tuve oportunidad de apuntar este tema hace dos años y medio, casi al inicio de la legislatura, cuando escribí un post llamado Auge y caida de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el que después de hablar de otros aspectos técnicos, mencionaba la causas políticas de dicha decadencia, y entre las más recientes cabía mencionar el nombramiento de un Director General registrador de la propiedad muy significado en sus tendencias radicales (pertenece a ARBO, asociación registralista muy escorada en sus posiciones), secundado por un subdirector también de la misma tendencia, que prontamente comenzaron a arrinconar a los letrados procedentes del cuerpo de notarios y meter a numerosos registradores en comisión de servicios. No parecía demasiado presentable, existiendo un larvado conflicto entre los administrados –notarios y registradores- y siendo el presidente del gobierno registrador de la propiedad.

Publicado el cese de Joaquín José Rodríguez Hernández como Director General de Registros y del Notariado y el nombramiento de Javier Gómez Gálligo como nuevo Director General

El Consejo de Ministros del 31 de octubre acordó el nombramiento de Javier Gómez Gálligo como nuevo Director General de Registros y del Notariado, cubriendo así la vacante producida por la (aparente) dimisión de Joaquín José Rodríguez Hernández. Aparecen dicho nombramiento y cese publicado en el BOE de hoy.

El cese de Joaquín José Rodríguez Hernández, junto con el cese anterior de Alberto Ruiz Gallardón, abre un poco la puerta a la esperanza de quienes luchamos contra la privatización del Registro Civil, aunque sabemos que quien está realmente detrás de esta idea es Rajoy. Ahora sólo falta que al Ministro Catalá le entre un poco de cordura en este tema. 

No obstante, no hay espacio para la alegría. El nuevo Director General también es Registrador de la Propiedad, y según diversas informaciones pertenece a la línea dura del colectivo de Registradores y su nombramiento también ha sido impuesto por Rajoy, como el Director General anterior, por lo que no se esperan muchos cambios en la forma de actuación de la Dirección General en materia de privatización del Registro Civil.