Hace algo más de un año que el Ministerio de Justicia dio a conocer un proyecto normativo por el que los registros civiles -que se ocupan de trámites diversos como las certificaciones de nacimiento, matrimonio, defunciones o fes de vida- pasarían a depender de los registradores de la propiedad. Esa previsión del departamento de Alberto Ruiz Gallardón suscitó la crítica prácticamente unánime de los sindicatos, de asociaciones profesionales de la judicatura e incluso del propio Colegio de Registradores, que se oponía a aceptar la gestión del Registro Civil sin una memoria económica y, sobre todo, se negaba a asumir esas funciones sin una contraprestación económica. Hace unas semanas, Gobierno y Colegio de Registradores llegaban a un acuerdo y los sindicatos comenzaron a dar la batalla contra una norma que entienden que supone la privatización del servicio y contra la que emprendieron movilizaciones. Hace unos días, el ministro confirmó que todos los trámites continuarían siendo gratuitos, y que se encargarán de él funcionarios públicos. Pero ¿qué funcionarios? Todavía no se sabe.
¿Asumirán los registradores el servicio?
Parece que no, pero tampoco se descarta totalmente. Una carta que el decano de los registradores -Gonzalo Aguilera, recientemente elegido- enviaba a sus compañeros hace aproximadamente un mes anunciaba un acuerdo con el Ministerio de Justicia por el que estos profesionales pasarían a asumir los registros civiles. Los colectivos profesionales de secretarios judiciales mostraban entonces su sorpresa, pues hacía un mes que Justicia les había planteado que con toda probabilidad se harían cargo del registro civil. Ahora, la falta de acuerdo sobre su financiación parece haber descartado la opción del Colegio de Registradores de la Propiedad, pero Gallardón aseguraba que se encargarán del registro civil funcionarios públicos, y bajo ese paraguas puede aludir tanto a los secretarios judiciales como a los notarios y registradores de la propiedad o mercantiles.
¿Cuál es el origen del conflicto?
El departamento apunta al anterior Gobierno socialista como responsable de la ley que desjudicializaba los registros civiles, sin delimitar si su gestión sería asumida por funcionarios públicos o por secretarios judiciales. Antes de que entre en vigor esta reforma, en el mes de julio, debe aclararse este punto, argumentan.
¿Afectará el cambio al empleo?
Justicia asegura que se mantendrán los puestos de trabajo -la medida se calcula que afectaría a 3.500 funcionarios en toda España y en torno a 300 en Galicia-. Los sindicatos temen que no sea así. El primer proyecto que barajaba Justicia preveía la desaparición de más de 300 registros en la comunidad.
¿Tendrán los ciudadanos que pagar los trámites?
No. Aunque en los primeros borradores de la norma se indicaba claramente que los registradores cobrarían aranceles por una serie de trámites, el Gobierno ha cambiado de opinión y garantiza que los ciudadanos no tendrán que pagar por las gestiones que realicen en los registros civiles.
¿Habrá registros civiles en todos los concellos?
A estas alturas, todavía no se sabe. Aunque el ministerio defendió que no se alteraría la demarcación, el anteproyecto de ley hablaba de una sede única de ámbito provincial. Las dudas sobre este y otros puntos siguen sin despejarse. De hecho, las movilizaciones continúan. El viernes, un centenar de personas se concentraban en Vigo contra la privatización de los registros.
