La pequeña victoria que “parece” logramos los trabajadores y las ciudadanas al paralizar la privatización del registro civil, cuando el Ministro de Justicia derogó en abril de este año el proyecto de ley que acordaba entregar la encomienda de su gestión a los registradores de la propiedad (por cierto declarado inconstitucional recientemente), pudiera parecer una cortina de humo diseñada por el mismo para continuar con sus planes.
Efectivamente, y como “buen profesional de la política”, lo que el pueblo diga, y si el pueblo quiere su registro civil, no lo privatizo, actúo con discreción y externalizo sus funciones para conseguir el mismo objetivo.
La Ley 19/2015 de 13 de julio 2015 de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, contiene una disposición final séptima en la cual se determina que el procedimiento para la obtención de la nacionalidad española tendrá carácter electrónico, y su instrucción corresponderá a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Remite a un Real Decreto, por el que se aprueba el reglamento que regulará la tramitación de ese expediente. Las novedades principales son: para acreditar el grado de integración en la sociedad española se requiere la superación de dos pruebas que diseña el Instituto Cervantes (conocimiento básico de la lengua española y de la constitución española y de la realidad social y cultural españolas previo pago de 85 euros por la primera y 124 euros por la segunda); el procedimiento está sujeto al pago de una tasa de 100 euros.
A simple vista, para evidente que el Ministerio de Justicia trata de facilitar al ciudadano extranjero su camino hacia la obtención de la nacionalidad española, derecho legalmente reconocido, y al que muchas veces se ve advocado, por la incertidumbre que le genera las dificultades cada vez mayores para obtener o renovar su permiso de residencia.
El derecho a la información al ciudadano.
El expediente de nacionalidad española tiene cierta complejidad, en cuanto a los requisitos que debe cumplir el solicitante, y los documentos que debe presentar. Así cualquier persona acude al registro civil, y la primera explicación de cómo debe actuar requiere un mínimo de 10 o 15 minutos, y una vez aporta la documentación, otro tanto para comprobar que todo está correcto. En el acto de ratificación de su solicitud, recibe de nuevo una explicación de cómo es el procedimiento. Todo ello, con el objetivo de que el expediente se mandé a la Dirección General de los Registros y Notariado cumplimentado correctamente, y evitar así costes económicos innecesarios para el solicitante, y requerimientos posteriores de documentos que dilaten aún más la ya larga resolución del expediente.
Con la nueva propuesta del Ministerio, el expediente se presenta de forma telemática, pero el propio reglamento prevé suscribir convenios con el Consejo General de la Abogacía, Colegio de Gestores Administrativos, Consejo General de Procuradores, Colegio de Graduados Sociales…, que pretende subsanen el trabajo que se deja de hacer en los registros civiles, y a los que la persona puede acudir para informarse de cómo iniciar el expediente. Así planteado, no es fácil entender el porqué de una tasa para iniciar el expediente, cuando es el propio ciudadano el que lo debe hacer por su cuenta.
Por lo tanto, el ciudadano extranjero que se plantee solicitar la nacionalidad española, debe tener recursos económicos para pagar la tasa inicial de 100 euros, para pagar al gestor por el trabajo que hasta ahora se hacía en el Registro Civil, para pagar los exámenes que debe realizar, y para pagar también la documentación que debe traer de su país. En resumidas cuentas, LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA PARA EL QUE SE LA PUEDA PAGAR.
Grado de integración en la sociedad española
Para acreditar este requisito que el Código Civil exige a los extranjeros, hasta la entrada en vigor de este reglamento se aportaba al expediente la vida laboral, cursos de formación, participación en asociaciones…, escolarización de los hijos…, es decir se valoraba, aparte de que contara con medios de vida, todo la trayectoria de la persona desde que llega a territorio español, su aportación a la sociedad, que le hacía merecedora de obtener la nacionalidad española.
Con el nuevo sistema, da la sensación de que lo fundamental es que la persona apruebe unos exámenes, con independencia de lo que haya hecho hasta entonces. Además, no tiene en cuenta el reglamento el perfil distinto que tienen los extranjeros. Hay personas con nivel cultural medio, que no van a tener especiales dificultades para superar las pruebas, tanto de conocimientos como de idioma castellano. Sin embargo, otras pudieran ser incluso analfabetas o con escasos estudios, y aunque han estado trabajando y trabajan, están integradas en la sociedad, los hijos van al colegio, son voluntarias de una ONG, en la Iglesia..., el aprobar los exámenes pudiera ser un obstáculo para iniciar su expediente de nacionalidad. Otro grupo de personas es las que ya tienen hechos estudios en el estado español, y obtenido algún título (ESO, FORMACIÓN PROFESIONAL, estudios universitarios...), ¿no es suficiente para acreditar el nivel cultural que se evalúa en esas pruebas?
En definitiva, el nuevo procedimiento constituye otra VALLA DE MELILLA para los extranjeros, que ven como su derecho a obtener la nacionalidad española, reconocido por ley, en la práctica pudiera no llegar a materializarse.
¿Qué pretende el Ministerio de Justicia con todo ésto?
Con esta nueva regulación inicia el desmantelamiento de la estructura de los registros civiles, porque al dejar de ser competentes para la instrucción de los expedientes, se destruyen cientos de empleos públicos, y continúa el camino hasta llegar a la meta, que no es otra que su entrega definitiva a los registradores de la propiedad, con lo que culmina así su propósito de PRIVATIZAR un SERVICIO PUBLICO como es el registro civil.
Un funcionario del Registro Civil
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