Los funcionarios y funcionarias del Registro Civil Único de Madrid se concentran contra la privatización del Registro Civil‏

Decenas de funcionarios y funcionarias del Registro Civil Único de Madrid se concentraron ayer, 26 de febrero, en el edificio, ante la visita que realizaba algún miembro del Colegio de Registradores para entrevistarse con los Magistrados de dicho Registro Civil. La concentración fue apoyada por los delegados y delegadas de CCOO.

El personal destinado en el Registro Civil Único de Madrid, vestido con camisetas amarillas con la consigna "No a la privatización del Registro Civil", protesta de manera activa y contundente ante la intención del Gobierno de Rajoy de privatizar el Registro Civil. 

Los trabajadores y trabajadoras de los Registros Civiles de toda España advierten al ministro Catalá y al Gobierno que pararán esta privatización, y no se detendrán hasta lograrlo.

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La privatización del Registro Civil es una decisión claramente contraria a los intereses de la ciudadanía y demuestra a las claras que los discursos de Rajoy -esta semana también en el Congreso de los Diputados- contra la corrupción son una muestra más de las mentiras con las que se pretenden encubrir desde la Presidencia del Gobierno actos presuntamente corruptos, como la entrega a los Registradores de la gestión de un servicio público fundamental como el Registro Civil, siendo el propio Rajoy y miembros directos de su familia Registradores.

Desde que en octubre de 2012 el Gobierno anunció su intención de privatizar el Registro Civil, miles de trabajadores y trabajadoras, destinados en sus diferentes sedes, han venido realizando concentraciones y manifestaciones contra dicha decisión; pero los trabajadores y trabajadoras no han limitado su protesta a estas movilizaciones.

Además de estas acciones, que se vienen realizando desde 2012, en las últimas semanas CCOO ha presentado denuncias por presunta corrupción contra el presidente del Gobierno; ha llevado al Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular cuya campaña de recogida de firmas comenzará en breve, y que tiene como objetivo garantizar la permanencia del Registro Civil en el ámbito público; y ha dirigido al Parlamento Europeo el derecho de petición para que desde las más altas instancias de la Unión Europea se exija al Gobierno la paralización de sus planes privatizadores.

14 ayuntamientos aprueban mociones contra la privatización del Registro Civil

Un total de 14 ayuntamientos vascos han aprobado en pleno mociones contra la privatización del Registro Civil y la "amenaza" de desaparición de los Juzgados de Paz, sumándose, de esta forma, a la iniciativa impulsada desde los sindicatos con representación de la Administración de Justicia en el País Vasco (CC.OO, ELA, LAB, CGT, y UGT).

Los ayuntamientos con la moción ya aprobada son los de Abanto, Sestao, Trapagaran, Getxo, Abadiño, Amorebieta, Andoain, Ibarra, Idiazabal, Lezo, Laudio, Zalla, Oiartzun, y Zestoa, y esta previsto que se posiciones sobre este asunto los consistorios de Irun, Barakaldo, Vitoria y San Sebastián.

Según han informado los sindicatos, en estas mociones los ayuntamientos muestran su rechazo al proyecto del Partido Popular de privatización del Registro Civil, con su paso a los Registradores mercantiles y, al mismo tiempo, "muestran su preocupación por la amenaza de desaparición de los Juzgados de Paz".

Los sindicatos han señalado que, "tal y como ya ha manifestado la Unión Europea, los registradores de la propiedad no pueden ser considerados como empleados públicos, pese a su forma de acceso, ya que son profesionales, en la práctica, con interés privado, obligado a pagar IVA, y que funcionan mediante la instauración de aranceles y tasas por sus servicios, al mismo tiempo que sus empleados no están sujetos al deber de confidencialidad que tiene todo empleado público".

Al mismo tiempo, han recordado que, "como en cualquier país democrático de nuestro entorno, un proceso como éste hubiera sido impensable". "Aún suponiendo que el Gobierno del partido popular actuara con buena fé y en base al interés general, varios de los responsables del gobierno que inició este proceso, y de sus altos cargos, hubieran tenido que dimitir por incompatibilidad manifiesta y conflicto de intereses, al ser registradores de la propiedad ellos mismos o algunos de sus más próximos allegados, empezando por el propio presidente del gobierno", han afirmado.

Por último, han advertido de "la directa repercusión que tendrá tanto en el ciudadano como en la propia administración pública". "Los datos de todos y cada uno de nosotros desde que nacemos hasta nuestra defunción, de nuestros antepasados y descendientes, con todas las variables que se pudieran producir a lo largo de nuestra vida, van a quedar en manos con interese privado, con todo lo que eso supone", han señalado, para añadir "que el enorme valor histórico y sociológico de los libros del Registro Civil dejaran de estar en manos públicas".

Por eso, han hecho un llamamiento específico al Gobierno vasco para que, "en base a la resolución aprobada en febrero de 2014, intensifique su actuación de defensa del Registro Civil como servicio público y gratuito y acelere las negociaciones para la transferencia de gestión y ejecución al Gobierno vasco".

LOS EXTRANJEROS TENDRÁN QUE PAGAR A LOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES POR TRAMITAR SUS EXPEDIENTES DE NACIONALIDAD

- Rajoy pretende multiplicar los aranceles de los Registradores Mercantiles, para compensarles por la llevanza del Registro Civil

- Rajoy y Catalá pervierten el uso de enmiendas a proyectos de Ley hoy en el Congreso, para imponer la privatización del Registro sin los informes preceptivos de todo proyecto de ley

La supuesta gratuidad de la prestación del servicio público que constituye el Registro Civil, sin excepción de ningún tipo, que establece la Disposición Adicional vigesimosegunda de la Ley 18/2014, y que utiliza el Gobierno de Rajoy, Catalá y el PP para desmentir la privatización del Registro Civil es una burda mentira. Así resulta de una de las enmiendas presentadas por el Partido Popular al Proyecto de Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes, y que aparece publicada en el boletín del Congreso de los Diputados de 19 de febrero. Propone el Partido Popular, por mandato de Rajoy y Catalá, la siguiente enmienda:

«Disposición final tercera. Habilitación. Se habilita al Ministro de Justicia para dictar las disposiciones que sean necesarias para la ejecución de lo establecido en esta ley, incluyendo la fijación y la gestión de los aranceles para el cálculo de los honorarios registrales devengados por la tramitación de los expedientes y hechos inscribibles previstos en esta Ley 

Esta Ley permitirá a los Registradores cobrar el arancel que fije el Gobierno por la tramitación de todos los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia, que constituyen alrededor del 50 % de los expedientes que tramitan hoy los Registros Civiles, pues se va a utilizar esta Ley para regular tanto la adquisición de la nacionalidad española por residencia con carácter general como la adquisición por los sefardíes originarios de España. Además podrá cobrarse el arancel tanto por la tramitación de los expedientes como por los hechos inscribibles derivados del mismo (marginal de nacionalidad en todo caso, inscripción de nacimiento si ha nacido fuera de España también), es decir, que los Registradores estarán autorizados para cobrar por todas las actuaciones que se incluya dentro de un trámite completo, como ya hacen en los Registros de la Propiedad, demostración inequívoca, como viene denunciando CCOO, de que el Gobierno y su ministro Catalá no dicen la verdad cuando aseguran que los trámites del Registro Civil seguirán siendo gratuitos.

CCOO presenta enmiendas al “Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil” dirigidas a los grupos parlamentarios para su defensa

El Gobierno pretende, a través del “Proyecto de ley de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil”, modificar la ley 20/2011 del Registro Civil para que dicha ley se adapte a la entrega de su gestión a los Registradores Mercantiles, privatización contenida en la Ley 18/2014.

Por tal motivo CCOO ha solicitado a todos los Grupos Parlamentarios de la oposición a que presenten enmiendas al Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil (121/000101), que se encuentra en fase de ampliación de enmiendas al articulado y que se tramita en la Comisión de Justicia con competencia legislativa plena, a fin de modificar determinados preceptos de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil, para garantizar que el Registro civil seguirá siendo un servicio gratuito, cercano a los ciudadanos, servido íntegramente por funcionarios públicos.

El Sr. Catalá, en respuesta a la Diputada del PSOE Rosa Aguilar en el Congreso de los Diputados el día 18 de febrero, instó a dicho grupo parlamentario a que presentarse enmiendas al Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil tras ser preguntado qué intenciones tiene el Gobierno respecto a la privatización del Registro Civil.

El citado proyecto de Ley se encuentra hasta el día 24 de febrero en fase de ampliación de enmiendas al articulado y se limitaba a la modificación de los artículos 44, 45, 46, 47, 49, 64, 66 y 67 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, y 120 del Código civil, a fin de que a partir de la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, la inscripción de los recién nacidos y de los fallecidos en centros sanitarios se realice directamente desde dichos centros, a modo de «ventanilla única».

Sin embargo, el Ministro de Justicia Sr. Catalá anunció recientemente que el Partido Popular iba a presentar enmiendas a dicho Proyecto de Ley, a fin de avanzar en la atribución del Registro civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, lo que a nuestro juicio pervierte el objeto de dicho proyecto de Ley, que es otro totalmente distinto tal y como resulta de su exposición de motivos, y evita la solicitud de los preceptivos informes que precisa cualquier proyecto de Ley.

Rajoy favorece de nuevo a los registradores al aprobar que cobren por más gestiones a empresas y asociaciones

- Las sociedades mercantiles deberán inscribir cada año sus libros de comercio, en lugar de legalizar a priori “libros en blanco” que 'rellenaban' durante varios ejercicios como hasta ahora .

- El Gobierno proyecta aumentar más de 10 veces los aranceles que cobran los registradores mercantiles .

- El Ministerio de Justicia sostiene que "no se encarecen los procesos".

Se adjunta enlace a esta información publicada en el diario Infolibre con fecha 24.02.2015, al que hay que estar suscrito para acceder a su contenido.

Conforme este artículo, y entre otros favores, el Gobierno va a equiparar los aranceles que cobran los Registradores Mercantiles con los que cobran los Registradores de la Propiedad, desde asientos de presentación, notas simples, certificaciones, etc, hasta el depósito de las cuentas, calculándose que sus ingresos pueden aumentar unos 700 millones de euros al año. Esta subida de aranceles se enmarca en la compensación a dichos Registradores por asumir el Registro Civil. 

Ha empezado la cuenta atrás

Una de las consecuencias de la 'Gloriosa', la revolución que derrocó a Isabel II, que han pervivido hasta la actualidad ha sido el Registro Civil, que empezó a funcionar el 1 de enero de 1871 y que hasta hoy ha permanecido adscrito a la Administración de Justicia. Sin embargo, la cuenta atrás para que esta competencia pase a manos de los registradores mercantiles ya ha empezado a resultas del real decreto ley aprobado por el Gobierno el 4 de julio del año pasado, que establece un calendario por el que estos funcionarios de la Administración asumirán este servicio de forma paulatina hasta el 1 de enero de 2017, fecha a partir de la cual lo ejercerán de forma exclusiva.

El secretario coordinador provincial, Jesús Martín-Gil, en declaraciones a La Tribuna, explica que los registros civiles han desempeñado históricamente una labor muy importante: «Tener a todos los españoles debidamente registrados y ordenados», y por eso se adscribieron a la Administración de Justicia, porque «en ese momento el Estado no tenía tantos instrumentos como ahora ni disponía de funcionarios con suficientes conocimientos: no hay que olvidar que a los secretarios judiciales se les llamó escribanos durante mucho tiempo porque eran los que sabían escribir», señala, y «puede que por eso no le dieran la competencia a los ayuntamientos, por la falta de capacitación de su personal», añade.

La nueva Ley del Registro Civil que acaba con el modelo vigente hasta ahora, no concretaba quien iba a asumir la competencia y al final se han decantado por la «desjudicialización completa», es decir, separarla de la Administración de Justicia y pasarla al ámbito de los registradores mercantiles, personas que son funcionarios en la medida que aprueban una oposición, pero cuya remuneración está sujeta a unos aranceles que es de donde paga a sus empleados, que no son funcionarios. Habrá que ver cómo se les compensa el aumento de trabajo, vía Presupuestos Generales del Estado, que son los ciudadanos en última instancia, o directamente en forma de arancel o pago de tasa. De alguna manera lo tendrán que cobrar, afirman responsables de la Administración de Justicia y trabajadores del Registro Civil adscrito al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ciudad Real.

Los registradores redactaron las enmiendas del PP por las que se quedan con el Registro

¿Se pueden subcontratar las enmiendas que presenta un grupo parlamentario a un proyecto de ley remitido por el Gobierno? La respuesta es sí. Al menos, eso es lo que ha hecho el Grupo Parlamentario popular a la hora de enmendar el llamado proyecto de ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de la Justicia y del Registro Civil, más conocido como el texto legal que pone en manos de los registradores mercantiles y de la propiedad la gestión de los registros civiles.

¿Y quién ha elaborado las enmiendas? Pues ni más ni menos que los propios beneficiarios: el Colegio de Registradores, tal y como acredita un texto conocido por El Confidencial. Lo paradójico es que esas enmiendas aparecen bajo un documento oficial del Ministerio de Justicia. En concreto, la Secretaría General Técnica, que es quien ha hecho llegar al Grupo Parlamentario popular las enmiendas presentadas por el Colegio de Registradores, y que ha asumido el Gobierno de la a la z.

El documento tiene fecha del 12 de febrero, es decir, doce días antes de que el próximo martes finalice el periodo de enmiendas a un texto que ha tenido un tormentoso camino legislativo con una veintena de ampliación del plazo para la presentación de enmiendas, y que cuenta con la oposición no sólo de todos los grupos parlamentarios o algunos Gobiernos autonómicos, sino también de todo el ámbito de la justicia: fiscales, jueces, notarios, secretarios judiciales y los propios funcionarios de los registros civiles.

Pues bien, en la página 3 del bloque de enmiendas se puede leer: “Se admite por el colegio la nueva redacción” (sic). Otro párrafo anterior es igualmente ilustrativo sobre la capacidad de influencia de los registradores a la hora enmendar un texto legal.

IC exige la dimisión del Ministro Catalá

Intersindical Canaria pide al Ministro de Justicia que deje de mentir a la ciudadanía sobre la Privatización del Registro Civil, en primer lugar porque los Registradores de la Propiedad y Mercantiles no son funcionarios públicos, así lo establecen sentencias de la Unión Europea, sus retribuciones no son establecidas en los Presupuestos Generales del Estado y esta misma Ley determina que su régimen de seguridad social sea el de autónomos, su personal es contratado por los propios registradores e incluso forman parte de la CEOE.

En segundo lugar en cuanto a las quejas que generan los registros civiles, siendo responsable de los mismos el Ministerio de Justicia, del cual depende su funcionamiento, el Sr. Catalá como primer responsable del mismo, lo tiene muy fácil: DIMITA!,y con posterioridad a esta dimisión, podremos empezar a discutir o negociar las soluciones para que el Registro Civil (PUBLICO) tenga las mejores garantías para convertirse en un servicio público de calidad y útil al ciudadano, y no un mero negocio para un lobby que ha visto mermado sus ingresos debido al derrumbe del negocio inmobiliario y que pretende aumentar y garantizarse sus retribuciones a costa de todos los ciudadanos.

En tercer lugar nos gustaría que el Sr. Catalá informara con que organizaciones sindicales han pactado la reforma del Registro Civil, al afirmar: "Nuestra propuesta está pactada con sindicatos para el mantenimiento empleo, con las comunidades autónomas, y para garantizar que entre todos el servicio va a funcionar con calidad". y sino es así, que se retracte de estas afirmaciones.

Por último, y para colmo, no sabemos si por ignorancia del estado de los Juzgados o peor aún, de intentar engañar nuevamente a la ciudadanía se permite afirmar que "solo un 10% de los Juzgados están colapsados", no sabemos los datos en los que se ha basado el Sr. Ministro para realizar esta declaración, pero solo tendría que darse una vuelta por cualquier partido judicial para ver que esa afirmación es falsa de solemnidad.

CSIF EXIGE A CATALÁ UNA RECTIFICACIÓN INMEDIATA SOBRE EL REGISTRO CIVIL

Para CSIF es intolerable que el Ministerio manipule las cifras de las quejas para poner a los pies de los caballos a los funcionarios de Justicia del Registro civil y debe por ello rectificar de forma inmediata. 

CSIF no va a tolerar que el Ministro de Justicia siga mintiendo y eche la culpa de su ineficacia a los excelentes profesionales que prestan sus servicios en el Registro civil razonablemente bien como se constata en la Informe presentado por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y de la calidad de los servicios públicos dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en mayo de 2013. Según este informe, poco sospechoso, el Registro civil es el servicio público administrativo mejor valorado por los españoles con un 84% de usuarios que manifestaban que el servicio recibido había sido satisfactorio o muy satisfactorio. 

CSIF denuncia la estrategia intencionada de estrangulamiento del servicio público del Registro civil para justificar su privatización. Un servicio público al que no se le ha dotado nunca de los medios materiales y personales suficientes porque nunca ha importado hasta que se ha descubierto el negocio. 

Las quejas sobre el Registro civil no pueden generalizarse como hace el Ministro ya que se concentran en algunos servicios como el de nacionalidad que es responsabilidad directa de uno de sus subordinados del Ministerio, el Director General de Registros y del Notariado, que anda muy ocupado en la privatización del Registro civil, sin atender a los verdaderos problemas del Registro civil y que no da explicación de porqué los expedientes de nacionalidad han estado cerca de un año sin registrarse en el centro de digitalización dependiente de su dirección General. 

¿Es casualidad que cuando se preparan 4 millones de euros para la tercera encomienda de gestión de expedientes de nacionalidad se haya retomado la tarea de Registro?. ¿Se estaba creando un nuevo atasco para justificar una nueva encomienda?. A todo esto, en vez de difamar a los funcionarios de Justicia debería responder el Ministro de Justicia. 

OTRO MINISTRO QUE SE SUMA A LAS MENTIRAS DEL GOBIERNO: La privatización del Registro civil continúa adelante

En el pleno del Congreso de los Diputados, del 18 de febrero del 2015, la portavoz de la comisión de justicia del PSOE (Rosa Aguilar) ha demandado al Ministro de Justicia una respuesta sobre su intención con respecto al Registro Civil, pues las informaciones extraoficiales que manejamos apuntan a que el Ministerio de Justicia y el Gobierno, pisan el acelerador para concretar legislativamente la iniciativa que entregue a los Registradores Mercantiles los Registros Civiles. Y así, UGT se reunió el pasado 12 de febrero con Rosa Aguilar para manifestarle nuestra gran preocupación por estas informaciones, y para adoptar iniciativas conjuntas para erradicar esta privatización.

Según fuentes, el Ministro ha respondido que la privatización sigue adelante, argumentando lo mal que funciona este Servicio Público y las quejas de los ciudadanos, y además, se apoya en mentiras absolutas manifestando “que cuenta con el apoyo de las organizaciones sindicales representativas de la Administración de Justicia”.

Desde el Sindicato de Justicia de la FSP-UGT, queremos decir que el Ministro miente, y que este sindicato siempre se ha postulado en contra de la privatización del Registro civil y de su entrega a los Registradores Mercantiles, pues no son empleados públicos (como pretende defender el gobierno), y nos da la razón la Unión Europea que no considera a este colectivo unos empleados públicos, pues no son empleados públicos aquellos que cobran por aranceles y no de los presupuestos generales del estado.

UGT siempre ha mantenido que el Registro Civil debe seguir siendo un servicio público y gratuito y servido por los funcionarios de la Administración de Justicia.

Con respecto al argumento del Ministerio respecto a que este Servicio Público funciona mal y recibe muchas quejas, tenemos que decir que se basa única y exclusivamente, en el interés de este gobierno en su privatización. Pues sólo tiene quejas los trámites sobre nacionalidades, que suponen sólo un 18% de todos los trámites que se realizan dentro del Registro Civil, y tampoco se produce este porcentaje en todos los Registros sólo en algunos puntuales.

Privatizar el Registro Civil de Lugo dará beneficios de 317.000 € al año


La privatización del Registro Civil en Lugo supondría un volumen de negocio que ronda los 320.000 euros anuales, según los cálculos dados a conocer por la Federación de Servicios Públicos de la central UGT. Esta estimación la efectúan en base a las certificaciones e inscripciones anuales. Las primeras rondan las diez mil y las segundas, tres mil. El colectivo advierte que, a partir del 15 de julio, los ciudadanos tendrán que pagar por todos los trámites que hagan en el registro, a excepción de las inscripciones de nacimiento y defunciones.

El servicio, dice el sindicato, se verá mermado porque quedará centralizado en Lugo. Por ahora, recuerda no se sabe cómo quieren organizar a los registradores para actuar en el resto de la provincia.

UGT avanzó ayer que el Boletín Oficial del Estado ya publicó la orden por la que se crea y regula la composición y funcionamiento de la comisión mixta de colaboración con el Colegio de Registradores y el Ministerio de Xustiza. La finalidad de ello es «única y exclusivamente dar validez a los acuerdos alcanzados con los registradores y negociar con los mismos en qué condiciones se harán cargo de los registros civiles».

«El caballo de batalla de los registradores con el Gobierno del PP es la financiación. Si el Gobierno no va a prever una partida presupuestaria (una forma de pagarlo indirectamente a través de los impuestos) la única solución es que los usuarios directamente sean los que paguen por los servicios, pagos que van a ser cuantiosos puesto que hay que pagar, como poco, 120 millones. El Gobierno ha aceptado que los registradores cobren por todo a excepción de las inscripciones de nacimiento y defunción, cosa normal por otra parte puesto que se va a hacer desde los centros sanitarios», informa UGT.

Este sindicato recuerda que la justificación, tanto del actual como del anterior ministro de Justicia es la queja reiterada al Defensor del Pueblo por el mal funcionamiento, sin embargo la formación ugetista acusa a Justicia de manipulación. UGT considera que los servicios públicos son de gran importancia para la ciudadanía y recoge datos sobre la valoración del público con respecto al Registro Civil. La encuesta, efectuada por el Observatorio de Calidad de los Servicios Públicos, refleja que el 85 por ciento de los ciudadanos está satisfecho con los servicios. Es el más alto de una lista de siete organismos.

El sindicato pide al ministro de Justicia «que deje de mentir y manipular para justificar el regalo a los registradores y que le diga a la sociedad española que va a tener que pagar por todo, además de aumentar los actos que habrá que inscribir».

Destaca también la formación que los datos van a pasar ser manejados por empleados del registrador «que no tienen la obligación legal de guardar secreto, frente a los funcionarios de justicia que tienen la obligación de confidencialidad».

El Parlamento Vasco reclama un registro civil público y gratuito frente a la privatización

Todas las formaciones del Parlamento vasco, excepto el PP, rechazan la reforma del Ministerio de Justicia que traspasa la llevanza del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

Todas las formaciones del Parlamento vasco, excepto el Partido Popular, han respaldado una proposición transacionada por el PSE y EH Bildu sobre el mantenimiento del registro civil como servicio público y gratuito para la ciudadanía. Tan solo una horas después de que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegurase que la reforma del Registro Civil, que entrará en vigor el 15 de Julio, no implica su privatización, todas las formaciones vascas han mostrado su desconfianza ante ese mensaje. "Es normal la incertidumbre, porque aunque el decreto del Gobierno habla de gratuidad del servicio, no se detiene a explicar cómo van a lograrlo", ha declarado Joseba Zorrilla, del PNV.

Desde las filas de EH Bildu daban por hecho que el Gobierno no cumplirá con ese punto. "Se someterán a aranceles los trámites que son obligatorios para la ciudadanía para más gloria de una minoría", ha manifestado Julen Arzauaga. A estos recelos se suman la preocupación de los grupos porque los datos del Registro Civil pasen a manos privadas. "Quién asegura la gratuidad y quién asegura que los registradores mercantiles, trabajadores autónomos, actúen conforme a los principios de seguridad y confidencialidad", ha advertido la socialista, Miren Gallastegui.

La Cámara vasca también sale en defensa del empleo público. En el supuesto de la definitiva implantación del modelo previsto en la Ley 18/2014, de 15 de Octubre, solicita el mantenimiento de la plantilla actual adscrita al Registro Civil, y planteando en su caso, un plan de readscripción, con el fin de reubicar los efectivos existentes en otras unidades y servicios de la Administración de Justicia. "Los trabajadores están concursando como locos para optar a otros destinos ya que temen perder sus puestos", ha relatado Arzuaga.

En lo que no ha habido el mismo acuerdo es el cuatro punto de la proposición transacionada, en el que se insta al Gobierno vasco a que promueva e impulse negociaciones para el traspaso y asunción de las competencias de gestión y ejecución en esta materia. Ni PNV ni UPyD, que sí han apoyado los anteriores puntos, han respaldado el planteamiento aunque por diferentes motivos. Mientras el PSE y EH Bildu piden mayores esfuerzos al Gobierno vasco para lograr la transferencia en esta materia judicial, desde la formación jeltzale, pese a ser partidarios de disponer de mayor autogobierno, sostienen que en este caso, no merece la pena. "No es posible hacerse con la competencia con la actual normativa y cree que solo se podría hacer a través de una reforma estatutaria o que el Gobierno popular concediera la transferencia. El Gobierno quiere competencias pero las quiere para que sirvan de algo, con la nueva normativa las comunidades no van a poder gestionar nada. Frente a esp, la estrategia de este Gobierno pasa porque estos registros sigan adscritos al ámbito judicial para que se retengan así sus funciones y no pasen a ser meros almaceneros del servicios", ha expuesto Joseba Zorrilla. 

Morón de la Frontera se quedará sin Registro Civil a partir del 15 de julio

A partir del próximo 15 de julio Morón de la Frontera se quedará sin otro servicio público, en esta ocasión desaparecerá el Registro Civil de la localidad. A través de la Ley 18/2014 el Gobierno central entregará al Registro Mercantil los servicios que presta en la actualidad el Registro Civil, ya que la citada ley recoge en sus disposiciones adicionales, vigésimo a vigesimoquinta, la privatización del Registro Civil y la entrega de su gestión a los Registradores Mercantiles, por lo que las gestiones se tendrán que realizar en Sevilla.

El Registro Mercantil de España es una institución administrativa que tiene por objeto la publicidad oficial de las situaciones jurídicas de los empresarios en él inscritos, además de otras funciones que les han sido asignadas y están establecidos en las capitales de provincias, por lo que para realizar las gestiones que actualmente se hacen en el Registro Civil del juzgado de Morón, habrá que desplazarse a Sevilla. Los servicios que se perderán en la localidad, entre otros, son: las inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones acaecidas en el municipio; expedición de Fes de vida y estado y la tramitación de expedientes de matrimonio.

Según informan desde CCOO, el Ministerio de Justicia no ha adelantado qué sucederá con las poblaciones que hoy tienen Registro civiles principales, integrados en Juzgados de 1ª Instancia sede de partido judicial, y que en el futuro no cuenten con Oficinas Generales de Registro Civil, que según el Ministro se ubicarán en "todas las capitales de provincia, en las islas y en las poblaciones de más de 100.000 habitantes" – Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de 11/12/2014 –. En estos supuestos, al parecer por las afirmaciones del Ministerio de Justicia, serán los Notarios o los Registradores de la Propiedad quienes asuman la función de "oficinas colaboradoras", es decir, simplemente para presentar y remitir escritos.

Ante esto, CCOO ha presentado en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que pretende que el Parlamento rechace la citada Ley 18/2014 de 15 de octubre, aprobada en exclusiva con los votos del Grupo Parlamentario del PP.

Desde CCOO aseguran que esta ILP nace con tres objetivos fundamentales: devolver el Registro Civil a la ciudadanía, manteniéndolo público y gratuito; frenar las políticas privatizadoras del gobierno del Partido Popular y "desenmascarar los oscuros intereses de algunos máximos responsables del gobierno, especialmente de su presidente, que se permite entregar un servicio público, del que no es su propietario, sino solo un servidor más, a la gestión privada, y lo que es aún más grave, a su gestión por un colectivo de élite, los registradores, del que forman parte tanto él como miembros de su familia, a los que las sentencias de la Unión Europea no considera funcionarios públicos".


El Ministro de Justicia miente al Parlamento y a la ciudadanía sobre la privatización del Registro Civil

El ministro de Justicia ha mentido descaradamente hoy, 18 de febrero, en el Congreso de los Diputados al responder a una pregunta de la portavoz parlamentaria socialista, Rosa Aguilar sobre la privatización del Registro Civil.

La contestación de Catalá ha sido escandalosa y faltando a la verdad al menos en tres ocasiones: 

Primera mentira: El ministro Catalá ha mentido diciendo que había llegado a un acuerdo con las organizaciones sindicales sobre la plantilla tras la privatización. Ni siquiera ha reunido a las organizaciones sindicales desde hace meses en que se incorporó al frente de la cartera de ministro de Justicia. ¿Cómo puede afirmar esto si ni siquiera ha convocado mesa sectorial? Al menos con CCOO, el ministro Catalá no ha alcanzado acuerdo alguno

Segunda mentira: Catalá ha vuelto a mentir cuando ha afirmado que numerosas sentencias expresan que los registradores de la propiedad y mercantiles son funcionarios públicos. Sabe Catalá -aunque lo niegue- que la sentencia de la Unión Europea de 2009 dictamina que dichos profesionales no presentan las características de subordinación y dependencia que resultan esenciales para que los servicios en cuestión puedan considerarse prestados por un funcionario a la Administración a la que pertenece; no están integrados en la organización de la Administración pública, sino como una actividad realizada en el marco de una profesión asimilada a una profesión liberal. Estos profesionales además deben cobrar el IVA (sabiendo que ningún funcionario público puede cobrar el IVA), y la propia LGPE 2015 establece claramente que su régimen de seguridad social es el especial de autónomos (régimen al que solo pueden estar acogidos personal cuyo régimen de relaciones laborales es privado a todos los efectos).

Tercera mentira: Catalá ha vuelto a mentir también porque sabe perfectamente que la desjudicialización del Registro Civil no conlleva la privatización del mismo. CCOO demanda el mantenimiento del Registro Civil en el ámbito público y dentro de la Administración de Justicia, servido por el personal funcionario de esta Administración y que sus encargados sean los Secretarios Judiciales. Lo hemos manifestado de forma reiterada y hemos denunciado con diversas iniciativas su privatización.

Hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Hemos presentado una Iniciativa legislativa Popular, que ha sido admitida a trámite y en los próximos días comenzaremos la recogida de firmas, en defensa del Registro Civil como servicio público y dentro del ámbito de la Administración de Justicia

Además, hemos ejercido el derecho de petición ante el Parlamento Europeo en defensa del servicio público del Registro Civil.

Y hasta una cuarta mentira: Catalá ha afirmado que el Registro Civil es el servicio peor valorado por la ciudadanía. Sabe perfectamente Catalá que el Registro Civil tiene un grado de satisfacción de los ciudadanos del 84 %, según el Observatorio de Calidad de los Servicios Públicos del año 2012, superior a la media de los demás servicios públicos, que es del 73 %; y que en los pocos lugares donde existe una valoración ciudadana inferior, solo es debido al abandono de los medios personales y materiales en que ha dejado interesadamente el Ministerio de Justicia al Registro Civil: los 14 Registros Civiles que tuvieron mayor número de reclamaciones y denuncias por su funcionamiento en la última estadística disponible del Consejo General del Poder Judicial son todos administrados por Gobiernos del Partido Popular.

¿Cuánto tendrá que esconder el ministro de Justicia y el Gobierno, para tener que mentir tan descaradamente ante una pregunta parlamentaria?

Catalá hace un ejercicio de hipocresía en el Congreso de los Diputados

Adjuntamos enlace a la pregunta parlamentaria formulada hoy por la Diputada del PSOE Rosa Aguilar al Sr. Ministro de Justicia Rafael Catalá sobre la privatización del Registro Civil. 

Que Catalá siga justificando la privatización en las quejas sobre el Registro Civil, como si no tuviese culpa alguna el Ministerio en ello; seguir negando que hay privatización porque los Registradores son funcionarios con un sistema "peculiar" de retribución mediante aranceles, pero omitir que eso les permite hacer propio el beneficio que obtienen por el ejercicio monopolístico de una función pública como si fuese una empresa privada; acusar al PSOE de no presentar enmiendas al Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, cuando inicialmente este Proyecto de Ley lo único que regulaba era el registro de nacimientos y defunciones desde los hospitales y Catalá lo va a utilizar para avanzar en la privatización, anunciando hace unos días que presentará enmiendas al respecto cuyo contenido todos desconocen;  y acabar afirmando que la privatización del Registro Civil ha sido pactada con las Comunidades autónomas y sindicatos (será con las del PP, y ya dirá con qué sindicatos), etc, es de una hipocresía como pocas veces se había visto en un responsable político. 

Dice el Ministro que nuestro actual Registro Civil no es propio del siglo XXI; que Catalá pueda ser Ministro de Justicia sí que no lo es. 

Video sobre la Pregunta sobre la privatización del Registro Civil. Hay que pinchar la pregunta número 15. 

Catalá defiende la reforma del registro civil, porque genera el 50% de las quejas sobre la justicia

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendió hoy el proyecto de reforma del Registro Civil que impulsa el Gobierno y que se tramita en el Congreso, puesto que este servicio acumula, en estos momentos, el 50% de las quejas que los ciudadanos plantean sobre el funcionamiento de la Administración judicial en España. 

Catalá se refirió a esta cuestión en el pleno del Congreso, donde la diputada del PSOE Rosa Aguilar pidió al ministro explicaciones sobre lo que los socialistas consideran una “privatización” encubierta del Registro Civil, ya que el Ejecutivo contempla entregar la gestión de este organismo a los registradores mercantiles. 

Según Aguilar, encomendar el servicio a estos profesionales “huele muy mal” y a “negocio para unos pocos”. También criticó la “falta de trasparencia” de este proceso y dijo que es una “auténtica irresponsabilidad” que se lleve a cabo, porque datos privados de los españoles estarán en manos de personal ajeno a la Administración judicial.

La diputada del primer partido de la oposición destacó que “todos están en contra” de la iniciativa del Gobierno, ya que consideran que se trata de una privatización encubierta del Registro Civil y supondrá, entre otras cuestiones, que “se van a perder empleos”.

“FALSEANDO EL DEBATE”

Por su parte, Catalá rechazó que vaya a haber ninguna privatización y acusó al PSOE de estar “falseando el debate”, ya que oculta que los registradores mercantiles son “funcionarios públicos”, por lo que es lógico que se puedan encargar de este servicio.

El ministro añadió que la iniciativa del Ejecutivo busca crear servicio “de calidad y propio del s XXI”, algo que dijo que no sucede en la actualidad, ya que, en estos momentos, el Registro Civil concentra el 50% de las quejas de los ciudadanos relacionadas con la Justicia. 

Según Catalá, es lógico por ello buscar soluciones, algo para lo que está tramitándose en el Congreso el ‘Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil’. En este sentido, el ministro reprochó al PSOE que no haya presentado ninguna enmienda a esta reforma legal, que todavía está proceso de recogida de propuestas de los grupos parlamentarios.

2.000 asuntos anuales serán derivados a Jaén con el cierre del Registro Civil

El Registro Civil de Linares, que da cobertura a una población de más de 70.000 habitantes, cerrará sus puertas el próximo 15 de julio en respuesta de un Real Decreto del Gobierno de España. A partir de entonces, los cerca de 2.000 asuntos que se tramitan anualmente en la oficina linarense pasarán a gestionarse desde el Registro Mercantil de Jaén, una medida criticada por sindicatos como CC OO, que ha iniciado diferentes actuaciones para evitar el cierre de este servicio.

«El sector de Justicia de CC OO lleva desde el año 2012 luchando contra lo que primero comenzó con lo que pondríamos llamar una externalización de los trámites que realizaban los Registros Civiles, con el llamado Plan Intensivo de Nacionalidad (PIN) y que el Gobierno pretende culminar el próximo día 15 de Julio con la entrega del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles», explica Manuela Torres, responsable de la sección sindical de CC OO de Justicia en Jaén, quien insiste en la pérdida de un servicio «público, universal y gratuito» con 144 años de historia y «siempre servido por funcionarios de la Administración de Justicia».

El cierre de los Registros Civiles a favor de los mercantiles generará, no sólo un coste por el servicio a los usuarios, sino que se prevé la eliminación de cerca de medio centenar de empleos en la provincia jienense, a la vez que los datos privados quedan «en manos de personas que no son funcionarios y por tanto no están sujetos a los deberes, obligaciones, incompatibilidades y deber de sigilo profesional».

En el caso de Linares, el cese de actividad de su Registro Civil obligará a los vecinos de su zona de influencia a trasladarse hasta Jaén para realizar trámites muy demandados como son los fe de vida, un trámite muy demandado desde el cierre de Santana Motor; o los expediente de nacionalidad, en una población con un gran peso de la comunidad pakistaní. Estos trámites superaron el pasado año los 1.800 asuntos, tramitados únicamente por dos funcionares que también reciben peticiones vía telemática, y a los que se le suman las actas de matrimonio, con cerca de 175 al año y un alto número de actas de nacimiento desde el Hospital San Agustín de la ciudad.

Servicio efectivo

«El gobierno también justifica la privatización el registro civil por el elevado número de quejas que, según dicen recibe de los usuarios y frente a esto, CC OO aporta los datos de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios que informe que el grado de satisfacción de los ciudadanos en el Registro Civil es del 84%, muy superior a la medida de satisfacción del conjunto de los servicios públicos, es está en el 73%», apunta Torres, que justifica las posibles quejas como consecuencia directa de la dejación del Ministerio de Justicia al no proveer con los medios materiales y personales a las oficinas de los registros civiles, «en los que la plantilla no se ha aumentado desde hace cuarenta años».

UGT pide al ministro Catalá que explique cómo afectará a Vigo la privatización del Registro Civil

FSP-UGT-Xustiza Pontevedra exige explicaciones al ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre cómo afectará la "privatización" del Registro Civil al Partido Judicial de Vigo. "Lo que tiene que decir el señor ministro es cómo va a afectar a los usuarios y funcionarios del Partido Judicial de Vigo", remarca UGT-Galicia.

De hecho, pide a Catalá que "deje de mentir y manipular" para "justificar el regalo a los registradores". Asimismo, le insta a explicar a los españoles que "van a tener que pagar por todo", "además de aumentar los actos inscribibles", precisa.

En concreto, el sindicato asegura que, a partir del 15 de julio, "se va a pagar por todos los trámites" en el Registro Civil, "a excepción de las inscripciones de nacimiento y defunciones", detalla.

En este sentido, la central sindical indica que el pasado viernes 6 de febrero se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden por la que se crea y regula la composición y funcionamiento de la Comisión Mixta de colaboración con el Colegio de Registradores y el Ministerio.

"La finalidad de esta orden --asegura- es única y exclusivamente dar validez a los acuerdos alcanzados por el Colegio de Registradores y negociar con los mismos en qué condiciones se van a coger los registros civiles".

En relación a este colegio de profesionales, UGT señala que Catalá ya se había reunido con este, además de que se habían creado, según relata el sindicato, cuatro comisiones dentro de este: la de Normativa, la de Informática, la de Organización y la de Financiación. Estas comisiones, a juicio de la central sindical, tienen como objetivo "preparar la privatización".

El PSOE critica que la "privatización" de los registros civiles "es un nuevo recorte de servicios públicos"

La portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso de los Diputados, Rosa Aguilar, ha manifestado "la oposición frontal" de los socialistas a la "privatización de los registros civiles que pretende ejecutar el PP" y que, a su juicio, significa "un nuevo recorte a los ciudadanos sobre un servicio que ha sido público durante los últimos 143 años". 

Según ha informado el Partido Socialista en una nota, tras la reunión que ha mantenido en la sede del PSOE de Sevilla, en la que han participado representantes de los registros, así como los también diputados socialistas Antonio Pradas y José Manuel Girela, Aguilar ha expresado "el apoyo del PSOE a los todos los trabajadores nacionales" y, en particular, "a los 41 empleados del Registro Civil de Sevilla". 

En su opinión, se trata de un "compromiso socialista" con la justicia, "que debe mantener un carácter público que facilite el acceso para todos por igual", motivo por el que Aguilar ha adelantado que el PSOE va a incluir iniciativas socialistas en instituciones parlamentarias como el Congreso de los Diputados "que se opongan a este proceso privatizador" y que exijan explicaciones "a un Partido Popular que insiste en privatizar lo que es ante todo público".

El PP aprovecha el proyecto de Ley de sefardíes para fijar que el Cervantes evalúe a quienes pidan la nacionalidad y establecer la tramitación on line de los expedientes de nacionalidad, que serán competencia de los registros civiles

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha introducido una enmienda al proyecto de Ley sobre la nacionalidad de los sefardíes que cambiará el funcionamiento del acceso a la nacionalidad por residencia en España, atribuyendo al Instituto Cervantes la potestad de realizar las dos pruebas de evaluación que deberán superar los solicitantes para acreditar que están integrados en el país.

Se materializa así una iniciativa del Ministerio de Justicia, que en abril de 2014 y con Alberto Ruíz Gallardón todavía al frente, anunció que derivaría al Cervantes la realización de estas pruebas para terminar con la discrecionalidad. En la actualidad, cada juez del cada registro civil decide qué pregunta al extranjero para probar su integración, y se han dado casos de denegaciones por motivos como no conocer a un famoso de televisión o un estadio de fútbol.

La enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, dice que "la acreditación del suficiente grado de integración en la sociedad española" que impone el Código Civil a quienes piden la nacionalidad, "requerirá la superación de dos pruebas de evaluación", la primera de las cuales "valorará el conocimiento de la lengua". Los nacionales de países donde el español sea idioma oficial estarán exentos de este examen.

En la segunda prueba, la que hoy día genera más polémica, "se valorará el conocimiento básico y el compromiso del solicitante con los valores constitucionales derivados de la configuración de España como un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, y el conocimiento y respeto de los principios que conforman la convivencia en la sociedad española".

Cuando anunció esta medida, Gallardón comprometió la creación de un manual de contenidos único para todos los solicitantes a nivel nacional en el que pudieran estudiar las materias de las que serían evaluados para probar su integración. Sobre este asunto nada dice la enmienda del Grupo Popular, aunque establece que "estas pruebas serán efectuadas por el Instituto Cervantes en las condiciones que se establezcan reglamentariamente".

NACIONALIDAD ONLINE

No es la única novedad. De aprobarse la enmienda en su redactado actual, todo el proceso de tramitación de la nacionalidad "tendrá carácter electrónico" y "todas las comunicaciones entre las Oficinas del Registro Civil, la Dirección General de los Registros y Notariado y demás organismos públicos se efectuarán telemáticamente" a través de una plataforma electrónica del Registro Civil que la misma ley prevé consolidar.

También los solicitantes cursarán la petición en esta plataforma electrónica, aunque seguirán pudiendo presentar una instancia "en cualquiera de los registros" y, "en todo caso, se pondrá a disposición de quien lo requiera en las Oficinas Generales y colaboradoras del Registro Civil los medios electrónicos necesarios". Además, "se atribuirá en el acto al solicitante un número identificador de su solicitud".

El PP argumenta que el plan intensivo de nacionalidad que impulsó el Ministerio de Justicia en 2012 encomendando la gestión a los registradores de la propiedad tuvo una "tramitación íntegramente electrónica" y consiguió así resolver más de 520.000 solicitudes en dos años y medio. "Por eso es necesario recoger esta previsión a nivel legal, sin perjuicio del desarrollo reglamentario posterior", explica.

Estos registradores, que recibieron en abril de 2013 una prórroga de la encomienda de gestión y siguen en la actualidad tramitando solicitudes de nacionalidad, no figuran en la enmienda. Se establece que "la instrucción (del procedimiento) corresponderá a los Encargados del Registro Civil" y "la concesión de la nacionalidad española por residencia se efectuará por el Ministro de Justicia".

¿Qué trámites realiza el Registro Civil? Nada que ver con los del Registro Mercantil

El Registro Civil se encarga de inscribir los nacimientos, matrimonios y defunciones.

Asimismo, emite los siguientes expedientes con un sistema de cita previa: nacionalidad y vecindad, matrimonio civil, filiación, nombre y apellidos, cambios en estos últimos, emancipación y la habilitación de edad, modificaciones judiciales de la capacidad de las personas o declaración de éstas en concurso de acreedores, declaraciones de ausencia o fallecimiento, y patria potestad y tutela.

Navarra cuenta con cinco oficinas situadas en Pamplona, Tudela, Tafalla, Estella y Aoiz.

Por su parte, el Registro Mercantil, que asumirá el Civil a partir del verano, se encuentra actualmente en el parque Tomás Caballero de Pamplona. Se encarga hasta el momento de inscribir a las nuevas empresas, empezando por la solicitud del certificado negativo de denominación social, en el que consta que el nombre elegido no coincide con otra sociedad existente. Además, ofrece consultas sobre balances económicos y tramita los expedientes para designar auditores.

Vamos, lo mismo para el Ministro Catalá. 

Justicia reconoce que no sabe dónde han ido a parar los 500 millones recaudados con las tasas judiciales

El Ministerio de Justicia ha reconocido que desconoce el destino de los más de 500 millones de euros recaudados a través del cobro de las nuevas tasas judiciales impuestas por el extitular de la cartera Alberto Ruiz-Gallardón en el año 2012. 

En respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el diputado de Compromís-Equo Joan Baldoví al respecto, Justicia asegura que "el Ministerio no dispone de información al respecto". 

Agrega que tampoco corresponde a la Agencia Tributaria "la determinación ni la información sobre el destino de ninguna tasa". En este sentido explica que este organismo interviene en la gestión o recaudación del gravamen, pero queda fuera de su "ámbito competencial" cualquier otra cuestión, como puede ser dar información sobre su importe o destino. 

"Así las cosas, no existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico, puesto que lo que existe es una vinculación pero no afectación del ingreso recaudado con la tasa", especifica Justicia. Baldoví registró ante la Mesa del Congreso de los Diputados una pregunta en la que solicitaba información sobre el destino otorgado por el Gobierno a esta recaudación. El diputado de Compromis también quería saber si el Ejecutivo ha procedido a transferir el dinero a las comunidades autónomas con competencias de Justicia.

Catalá anuncia una tercera encomienda de gestión de las nacionalidades a los Registradores, tras mostrar la incapacidad de su Ministerio para atender las solicitudes pendientes y de paso seguir justificando la privatización del Registro Civil

- CCOO acusa a Catalá de engañar a la opinión publica, pues a pesar del rotundo fracaso de la gestión realizada por los registradores en las anteriores encomiendas (expedientes con documentación incorrecta, aumento de las denegaciones, expedientes remitidos a RC que no corresponden por su tramitación inicial, resolución de expedientes más modernos en perjuicio de los más antiguos, deficiencias en el escaneado de la documentación….), anuncia una tercera encomienda en detrimento del servicio público del registro civil.

- CCOO denuncia que Catalá fomenta el deterioro del servicio público de la Administración de Justicia, infradotándolo de medios, para justificar así la privatización del Registro Civil. 

- Ahora es el momento de dar un gran impulso a la lucha emprendida por CCOO para impedir la privatización del Registro Civil. La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por CCOO el pasado mes de diciembre, para garantizar el carácter de servicio público y gratuito del Registro Civil que se mantenga en el ámbito de la Administración de Justicia, ha superado el trámite en el Congreso y el Senado, y ha sido remitida a la Junta Electoral Central que es la encargada de notificar su admisión a trámite para proceder a la recogida de firmas. 

La política del Ministro de Justicia en materia de Registro Civil es clara: hundir el servicio público del Registro Civil, infradotándolo de medios personales y materiales, y ante las lógicas quejas de los usuarios ante el Defensor del pueblo y otras instituciones, presentar como salvadores del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, los cuales deben asumir dicho servicio público por el bien de la ciudadanía. Así lo sigue haciendo, tal y como se deduce del anuncio publicado en la página web del Ministerio de Justicia, en que Catalá anuncia una tercera encomienda de gestión de las nacionalidades a los Registradores. 

En un país civilizado lo ocurrido con la resolución de los expedientes de nacionalidad española sería causa más que suficiente para el cese fulminante de los responsables políticos del Ministerio de Justicia. España no lo es.

Trámites del Registro Civil podrían dejar de ser gratuitos a partir de julio

A partir del próximo 15 de julio, el Gobierno central entregará al Registro Mercantil los servicios que presta en la actualidad el Registro Civil, una decisión que “equipara a las personas con las empresas y que está generando muchas dudas sobre la futura gratuidad de gestiones que hoy en día no tienen coste”. Es una advertencia que lanza Martín Corera, su secretario judicial en Navarra desde 1990 hasta 2014.

Este proceso arrancó el pasado jueves, cuando se creó una comisión mixta entre el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles para estudiar la futura implantación del nuevo modelo.

Esta “privatización”, en palabras de Corera, supondrá un cambio total de modelo, en el cual “excepto los certificados de nacimiento y defunción, podrían cobrarse el resto de servicios”. Así, gestiones como la inscripción de un matrimonio empezarían a tener un coste a partir del verano, según Corera.

Por ello, prevé un aumento de usuarios antes de julio para realizar aquellos trámites que pueden adelantarse en el tiempo, como un cambio de nombre o la solicitud de certificados de fe de vida y estado. Habitualmente, éstos últimos se piden para tramitar el cobro de las pensiones, celebrar matrimonios en el extranjero o iniciar los expedientes de nacionalidad.

No obstante, desde el departamento de Justicia del Gobierno de Navarra, del que depende ahora el servicio, señalan que por el momento éste funciona con normalidad, aunque en noviembre dejó de dar citas por el traslado de seis de los once funcionarios a otras plazas de la Administración, unos puestos que ya están cubiertos con personal interino.

El exsecretario judicial también alerta de dudas sobre la garantía que pueden ofrecer los registros mercantiles a la hora de manejar “los datos más íntimos y sensibles de las personas, que ya no estarán gestionados por funcionarios públicos especializados en el tema”.

CÓMO SE GESTIONA EL REGISTRO MERCANTIL

Corera detalla que, hasta el momento, el ámbito de actuación del Registro Mercantil son las empresas, no las personas, y que se rige por un sistema retributivo de aranceles en régimen de monopolio. Si bien sus titulares son funcionarios, el resto de los trabajadores no lo son, sino que están contratados como en una empresa privada.

Otro de los aspectos que critica es el hecho de que “la inversión pública de 140 millones en informatizar el Registro Civil y dotarle de los últimos medios tecnológicos será aprovechada ahora por el sector privado”. Todo ello le lleva a concluir que estamos ante “un error histórico del Gobierno central” y que “nada de lo que hemos conocido hasta ahora volverá a verse”.

El Ayuntamiento de El Rosario rechaza la ley de privatización de los Registros Civiles

El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de El Rosario, celebrado el pasado 3 de febrero, aprobó con los votos a favor de PSOE, IR-Verdes y Sí se Puede y la abstención del PP una moción por la que la Corporación Local solicita al Gobierno del Estado que deje en suspenso la entrada en vigor de la Ley 20/2011, en lo que se refiere a la privatización del Registro Civil y su encomienda a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

En el texto de la moción se explica que la nueva normativa abandona la vieja preocupación por la constatación territorial de los hechos concernientes a las personas, sustituyéndola por un modelo radicalmente distinto que supone que las funciones del Registro Civil sean asumidas por funcionarios públicos distintos de aquellos que integran el Poder Judicial del Estado, lo que implica la desjudicialización del Registro Civil.

Además, a pesar de que el Decreto antes referido determina la gratuidad del servicio para los ciudadanos, la pérdida de cercanía hará más difícil al ciudadano el acceso al mismo. En el caso concreto de El Rosario, la oficina más cercana se ubicará en Santa Cruz de Tenerife, situando un trámite que actualmente se realiza en el Municipio a más de quince kilómetros de distancia del casco, ampliando esta distancia a todas aquellas personas que no residan en el casco del mismo. Por último, en momentos delicados de la vida de las personas se requiere del trato de una persona y administración cercana, cuestión que presumiblemente un Registro Mercantil no tendrá.

Estado de tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular promovida por CCOO contra la privatización del Registro civil

Se adjunta enlace a la página del Congreso y de la Junta Electoral Central en la que consta el estado de tramitación de la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) contra la privatización del Registro Civil presentada por CCOO el día 16 de diciembre de 2014, que ha pasado primero por el Congreso, después por el Senado y, superados ambos trámites, ahora ya se encuentra en la Junta Electoral Central.

A partir del momento en que la Junta Electoral Central se ponga en contacto con la comisión promotora de la ILP y se emitan los pliegos de recogida de firmas comenzaría el plazo de la recogida de 500.000 firmas para que esta iniciativa llegue a debatirse en el Congreso de los Diputados como proposición de Ley.

La privatización del registro civil será una realidad en verano. CCOO dice que es "un atentado" a los derechos de los españoles y un proceso "teñido de presunta corrupción"

Si nadie lo remedia, a partir de julio de este año los españoles tendremos que pagar por pedir documentos en el registro civil tales como la partida de nacimiento o un certificado de defunción. Eso es así porque en verano entrará en vigor la privatización de este servicio, público desde su creación en 1870, para ponerlo en manos de los registradores de la propiedad.

CCOO ha iniciado una campaña para tratar de frenar esta iniciativa por considerar que supone “un atentado a los derechos de los españoles” y que es un proceso “teñido de presunta corrupción”.

Javier Hernández, responsable de acción sindical del sector estatal de Justicia en este sindicato, asegura que la privatización se puso en marcha en 2011 con la llegada de Gallardón al ministerio y pondrá el registro en manos de los registradores de la propiedad y mercantiles, cuando Mariano Rajoy y dos hermanos suyos lo son, al igual que la nuera y el cuñado del propio Gallardón.
Presunta corrupción

“Entregan este servicio al colectivo del que forman parte ellos y sus familias. Eso es presunta corrupción“, dijo. Con el agravante que el registro presta servicios que son obligatorios para numerosos trámites. Esto, según CCOO, constituye “la perla de una política insoportable que demuestra la caradura de este Gobierno”.

CCOO presenta una iniciativa al Parlamento Europeo para impedir la privatización del Registro civil

CCOO continúa trabajando para impedir que a partir del 15 de julio de este año el Registro Civil salga de la Administración de Justicia y se privatice, atribuyendo su llevanza a los Registradores Mercantiles. Además de estar pendiente la aceptación a trámite y posterior recogida de firmas a favor de la Iniciativa Legislativa Popular para paralizar la privatización del Registro Civil, CCOO ejerció ayer a través del portal del Parlamento Europeo el derecho de petición contemplado en el artículo 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a fin de que:

1º.- Que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre la necesidad de que los Registros Civiles de los países de la Unión Europea, como institución a cargo de los datos personales esenciales de los ciudadanos de la Unión Europea,sean servidos en todo caso por funcionarios/as públicos integrados en Administraciones públicas, en salvaguarda de los derecho a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal recogidos en los artículo 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

2º- Que el Parlamento Europeo proponga la inclusión, en el Proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo y de Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, que se establezca de forma expresa que en los Registros Civiles de los Estados miembros de la Unión Europea los responsables del tratamiento de los datos contenidos en los mismos y todo el personal que tenga a su cargo deban ser funcionarios/as públicos integrados en Administraciones públicas.

CCOO solicita que, dado que en España a partir del 15 de julio de 2015 la llevanza del Registro Civil va a corresponder a los Registradores Mercantiles, y que en caso de ser aprobada esta petición dicha llevanza sería contraria a la misma, se proceda a la consideración y votación de su petición antes del 15 de julio de 2015.

Para CCOO, la llevanza del Registro Civil encomendada a los registradores mercantiles y sus trabajadores/as, implicaría que los datos más personales de todos la ciudadanía serán tratados por personal que no tienen la condición de funcionarias/os públicos, por tanto no sujetos al deber de confidencialidad en el tratamiento de datos personales lo cual puede suponer vulneración del derecho a la intimidad al encomendar a particulares la llevanza del Registro Civil. No basta con la titularidad pública del Registro Civil, de sus datos o de los programas informáticos que lo gestionen, es preciso que quien sea responsable del tratamiento de estos datos, quien los gestione y tenga por tanto la oportunidad de registrarlos, modificarlos o cederlos tengan, desde el Registrador hasta sus empleados/as, la condición de funcionarias/os públicos.

CCOO explica en su petición que en España desde su creación en 1871 el Registro Civil ha estado a cargo de la Administración de Justicia, siendo sus responsables los Jueces o Magistrados Encargados de los Registros Civiles municipales principales o Central, y los Cónsules, respecto de los Registros Civiles Consulares, y que los encargados del tratamiento de los datos incluidos en este fichero son las y los funcionarios públicos de los Cuerpos al servicio de la Administraciónde Justicia destinados en los Registros Civiles.

Una vez se admita a trámite esta petición por el Parlamento Europeo CCOO explicará cómo todas las personas, organizaciones y colectivos que lo deseen pueden adherirse a la misma, para hacer más fuerza ante el Parlamento Europeo y que en caso de que prospere debería suponer la paralización de la privatización del Registro Civil.

Catalá y el Colegio de Registradores crean una Comisión Mixta para avanzar en la privatización del Registro Civil

Aparece publicado en el BOE de hoy la Orden JUS/147/2015, de 5 de febrero, por la que se crea y regula la composición y funcionamiento de la Comisión Mixta de colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, en materia de registro civil.

La creación de esta Comisión Mixta entre Ministerio de Justicia y Colegio de Registradores ya la anunció el Ministro Catalá en la entrevista publicada en el número de enero de la Revista del Colegio de Registradores. Conforme dicha revista el Colegio de Registradores está trabajando en conjunto con el Ministerio para diseñar todos los proyectos referentes al Registro Civil, y al tal efecto el Ministro manifestó que espera “que haya una total colaboración entre el Colegio de Registradores y el Ministerio de Justicia y para ello se está tramitando una orden ministerial por la que se crea una Comisión Mixta en la que participan representantes de ambas instituciones para llevar a buen término la reforma del Registro Civil”.

De hecho la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, tras la aprobación del Real Decreto Ley 8/2014, hizo llegar por escrito al entonces ministro de Justicia Gallardón, cinco propuestas relativas a la asunción del Registro Civil por los registradores para que la implantación del nuevo modelo de Registro Civil regulado en la Ley de 2011 se pudiera realizar en las mejores condiciones (para los registradores, claro, no para los ciudadanos), tanto desde el punto de vista de su eficaz funcionamiento, como de los plazos y de su coste, que no quiere ser asumido por el Colegio de Registradores, sin que ninguna fuese aceptada. Nada más aceptar el cargo Catalá anunció un cambio de planteamiento en esta cuestión, y en su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados señaló que la privatización del Registro Civil “se trata de un proyecto que va a liderar el Ministerio de Justicia, por lo tanto el Gobierno, es decir los poderes públicos, pero con la colaboración del Colegio de Registradores, o sea con la representación de la corporación profesional de los registradores”. Ya entonces el Ministro anunció la creación de esta Comisión Mixta para llevar a cabo todos sus proyectos 

La primera frase de la Exposición de Motivos de la Orden Ministerial creadora de dicha Comisión Mixta, hoy publicada en el BOE, ya es una mentira: dice que “los Registradores han sido el Cuerpo designado por la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, para la llevanza del Registro Civil”, cuando la Ley 20/2011 designa a los Secretarios Judiciales y otros funcionarios del Grupo A1 licenciados en Derecho. La designación de los Registradores como cuerpo encargado de la llevanza del Registro Civil fue a través del cobarde, vergonzoso e inconstitucional Real Decreto Ley 8/2014. 

Por lo demás, la Orden Ministerial poco aporta: se crea una Comisión Mixta de colaboración entre el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles en aras, según dice, de “proceder al estudio del mejor diseño del sistema que permita la mejora del servicio, utilizando de la manera más eficaz posible los recursos existentes y garantizando, por otra parte, la gratuidad de los servicios, el sostenimiento de los costes y la titularidad estatal y máxima protección de los datos registrales.”. Por supuesto, la Orden sólo ha sido sometida a trámite de audiencia del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

Las manifestaciones del Ministro Catalá y la editorial de la Revista del Colegio de Registradores publicada en enero de este año dan más de sí. 

En pie de guerra por el recorte del Registro Civil

La oficina muestra una actividad continua, a ratos intensa. Algunos de los ciudadanos que esperan su turno, sentados o en pie, leen con interés los numerosos carteles que cuelgan de las paredes. “El Registro Civil es tuyo. Sálvalo”, comienza uno de ellos. “La Batalla por el Registro Civil”, anuncia otro, con un llamativo montaje fotográfico de una conocida película en la que uno de los malvados protagonistas tiene el rostro del exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. “Desde que, en el año 2010, el Gobierno decidiera privatizar los registros civiles entregándoselos a los registradores de la Propiedad y mercantiles, CC OO muestra su profundo rechazo al proyecto”, asegura Manuela Torres, responsable jiennense del sector de la administración de Justicia de este sindicato. ¿Por qué esta rotunda oposición? Debido, cuentan, “a las nefastas consecuencias que conllevaría”.

Una de las principales afecta, de manera directa, al delicadísimo asunto del empleo. Según la información de la que dispone Comisiones Obreras, la privatización del servicio implica una “significativa reducción” del número de oficinas en toda España, de las que solo quedaría “una por provincia”. Torres recalca que esta decisión supone “una grave pérdida para la ciudadanía que no viva en capitales”.

Por lógica, la eliminación de oficinas liquidará, también, puestos de trabajo. “Supondría una nueva oleada de desempleo público, llegándose a perder en toda España unas 3.500 plazas”, calculan desde CC OO. “En la provincia de Jaén, alrededor de unas 50”, añaden. 

Al margen de este peligro, los sindicatos de Justicia hacen hincapié en la pérdida de derechos y en los perjuicios que supondrá para el ciudadano. En primer lugar, porque no confían en esa “supuesta gratuidad” de los trámites cuando pasen a los registradores. “El actual Ministro de Justicia solo habla de garantizar la gratuidad de los servicios que requieran los ciudadanos, pero nada dice de dicha gratuidad respecto del acceso de cualquier administración o funcionario público a los datos del Registro Civil en el ejercicio de sus funciones, abriendo la puerta al pago de tasas o aranceles”, lamenta la responsable jiennense. 

Además, CC OO advierte de que datos con información muy sensible estarán, a partir de ahora, “en manos privadas”, ya que, para este sindicato, el régimen más afín al trabajo de los registradores de la Propiedad y mercantiles es el de autónomos y que, en ningún caso, se les puede considerar “funcionarios públicos”, como defiende, sin embargo, el propio Gobierno del Estado.

Si nada lo impide, este proyecto se hará realidad el próximo 15 de julio.

Trabajadores de los registros civiles buscan apoyo en los ayuntamientos para evitar su privatización

Los trabajadores de los registros civiles vascos no se rinden ante lo que parece irremediable, la privatización de estos servicios judiciales. Después de conseguir el apoyo de los grupos parlamentarios para que el pleno de la Cámara vasca instase al Gobierno a avanzar en el traspaso de competencias de gestión y ejecución de los registros, emprenden una búsqueda de apoyo a nivel municipal.

Presentarán mociones en la gran mayoría de los ayuntamientos de Euskadi para reavivar el debate y acercarlo a la ciudadanía que, a su juicio, se verá muy afectada si las pretensiones de privatización se cumplen. "Somos conscientes de que las mociones son una medida simbólica, no tiene mayor recorrido pero pretendemos ejercer más presión para que el Gobierno vasco cumpla con el acuerdo del Parlamento. "No nos consta que se hayan mantenido ningún tipo de reunión bilateral para abordar este asunto", han revelado a eldiarionorte.es fuentes del Registro Civil de Barakaldo.

Hace ya un año que el Parlamento aprobó por unanimidad la proposición para que el Ejecutivo de Urkullu promoviera e impulsará las conversaciones para lograr el traspaso y asunción de las competencias, con el objetivo de que el servicio siga siendo público y gratuito. Un año después, nada ha trascendido al respecto.

De hecho el Gobierno deberá explicar en sede parlamentaria si ha habido avances, ya que EH Bildu y el PSE ultiman sendas interpelaciones. El consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, sí manifestó sus intenciones de solicitar al nuevo de ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la reunión de la Conferencia Sectorial, que reconsiderase la privatización de los Registros Civiles anunciada por su predecesor Alberto Ruiz Gallardón. 

Los Juzgados de Paz, en peligro

El tiempo corre en contra de estos trabajadores puesto que uno de los pasos clave para para avanzar en la privatización de los registros civiles ya está acordado y entra en vigor el 15 de julio. Mediante un real decreto el Gobierno de Rajoy traspasa la gestión de los registros civiles a partir de esa fecha a los registradores mercantiles. Esa medida hace saltar todas las alarmas. "Los registradores mercantiles, a pesar de ser funcionarios públicos en la forma de acceso al puesto, y en la función que desarrollan en régimen de monopolio, cobran por sus servicios mediante arancel, y en el futuro éstos se extenderán también a los trámites de Registro Civil, que son obligatorios para cualquier ciudadano", advierten.