Los sindicatos protestan en Pamplona, Estella y Tudela por las "nefastas consecuencias de los proyectos de Gallardón"

Los sindicatos con representación en la administración de Justicia, CCOO, CSIF, STAJ, ELA, LAB y UGT, se han concentrado este jueves frente a los juzgados de Pamplona, Estella y Tudela para protestar por "las nefastas consecuencias de los proyectos del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para el servicio público".

Para estos sindicatos, las reformas impulsadas por Gallardón, como la ley de tasas, "han demostrado la intención del ministro de alejar la Justicia del ciudadano, encareciéndola y limitando su acceso en contra la opinión de todos los colectivos del sector".

En su opinión, "la gestión del Ministerio tiene la única virtud de poner a todo el mundo en su contra y ha demostrado ser nefasta para los más débiles económicamente".

Además, han lamentado que "la privatización del Registro Civil siga siendo un proyecto anhelado por Gallardón, aunque de momento se haya encontrado con la dificultad de que los registradores de la propiedad no quieren asumirlo y con una gran contestación de los trabajadores".

En un comunicado, los sindicatos de la administración de Justicia han censurado que Gallardón "pretenda privatizar un servicio que ha venido maltratando con recortes de manera deliberada". "Trata de escudarse en la sobrecarga de trabajo y en una supuesta ineficacia que el mismo provoca", han criticado.

En este sentido, han defendido que "la acumulación de asuntos no se combate ni con recortes, ni con repagos, ni con privatizaciones", por lo que, según han avanzado, continuarán con las movilizaciones hasta "la retirada total del proyecto".

También se han mostrado críticos los sindicatos con "la intención del Ministerio de suprimir partidos judiciales, a través de la reforma de la LOPJ y de la Ley de Planta", una medida que, a su entender, "supondrá un nuevo recorte de empleo y la eliminación de la Justicia de proximidad".

Por todo esto, CCOO, CSIF, STAJ, ELA, LAB y UGT han advertido de que todas estas medidas "pueden suponer el fin de la Justicia para todos" y han exigido la dimisión del ministro Gallardón, así como la "retirada de todos los proyectos de privatización".

Trabajadores de justicia exigen al Gobierno vasco que reclame la competencia del Registro Civil

Más de medio centenar de trabajadores de justicia se han concentrado ante los juzgados de San Sebastián para protestar por las “intenciones” de privatizar el Registro Civil por parte del Ministerio de Justicia y han emplazado al Gobierno vasco, ante ese “afán de privatización” del Gobierno del PP, a que tenga una postura “clara y sin ambigüedades en defensa de este servicio público”. En este sentido, le han exigido que reclame la competencia del Registro Civil y así garantice el mantenimiento de los cerca de 300 puestos de trabajo del personal de la administración de justicia en Euskadi.

Los portavoces de la plataforma conformada en Gipuzkoa por los sindicatos ELA, LAB y CCOO, creen que, además del pronunciamiento en defensa de la prestación del servicio del Registro Civil que ha hecho el Parlamento vasco, “tienen que dar pasos más allá y no solo una mera presentación de intenciones”. Por ello, le han pedido que convoque a los sindicatos y les explique “qué quiere hacer con el Registro Civil, qué va a plantear ante el gobierno del PP en Madrid y en su caso qué solución va a dar para los puestos de trabajo afectados”.

Alex Agote de ELA asegura que “ante la tesitura de que se produzca una decisión en breve del Ministerio no vamos a cejar en todo tipo de concentraciones y actuaciones que estimemos prudentes”, ya que mucho se temen por diferentes propuestas y proyectos de ley que tiene encima de la mesa el Gobierno del PP “de que esto es la punta de lanza de más privatizaciones en justicia”. Agote apunta que también se está hablando de retirar competencias a los servicios comunes de notificaciones y embargos, que los hacen funcionarios de la administración de justicia, y pasarlos a procuradores. Además, ha denunciado que “se quieren cargar” los juzgados de paz que “históricamente han prestado un servicio público y cercano a los ciudadanos que viven en los pueblos pequeños”, por lo que “para un simple certificado de nacimiento, a alguien de Urretxu le van a hacer venir a San Sebastián, por ejemplo”.

Los portavoces sindicales han recordado que, aunque desde el Ministerio de Justicia afirman que no hay una decisión oficial tomada, todo indica que están en negociaciones con los Registros de la Propiedad para ver cómo se produce este traslado de competencias. Así, denuncian que “si bien afirman desde el Gobierno que son fedatarios públicos, lo cierto que es que tienen negocios privados con los que mueven mucho dinero”, por lo que sería “una privatización en toda regla de un servicio que ha sido desde hace muchísimos años público, gratuito y para los medios con los que ha contado la justicia históricamente de bastante calidad”. Finalmente, Agote no ha descartado ir “in crescendo” con las concentraciones porque “en función de lo que pueda venir del Ministerio habrá que tomar medidas más drásticas”.

Secretarios judiciales y Registradores se ofrecen a llevar el Registro Civil, mientras que a Justicia sólo le preocupa que siga siendo gratuito

El concepto del Registro Civil del que parte el Plan estratégico de modernización de la justicia 2009-2012 del Ministerio de Justicia, en su Programa de actuación nº 3, deja al margen la función jurídica que desempeña el Registro Civil en España y la materia trascendental sobre la que recae la función registral.

En el texto en el que está trabajando el Ministerio figura que el Registro Civil queda en manos de los Registradores, "con plena capacidad autoorganizativa del colectivo", pero sin percibir una contraprestación económica por ello, cosa que hace aproximadamente mes y medio provocó que se rompieran las negociaciones entre Ministerio de Justicia y Colegio de Registradores porque estos últimos veían necesario cobrar unos treinta euros por trámite que el Ministerio querría gratuitos o a lo sumo a coste de 5 euros.

Según informa el Sindicato de Funcionarios CSI-F, el Ministerio de Justicia ha retomado las negociaciones con el colectivo de Registradores de la Propiedad para entregarles la gestión del Registro Civil. CSI-F reclama al Ministerio de Justicia que "deje de jugar a la subasta con el Registro Civil y se siente a negociar con los sindicatos, por respeto a los más de 3.000 funcionarios de toda España que hoy todavía ven con incertidumbre su futuro". Para CSI-F, "la única alternativa pasa por un Registro Civil de gestión pública servido por funcionarios de Justicia especializados, ya que son ellos los que cuentan con la formación, experiencia y potencial necesarios para asumir el reto de la modernización de este servicio público".

El personal de los Registros de la Propiedad y Mercantiles de España, "manifiesta su más profundo y sincero rechazo a la asunción de nuevas funciones, como es el Registro Civil, no reguladas o contempladas en el actual II Convenio Colectivo firmado recientemente y máxime cuando dichas nuevas funciones puedan contribuir a precarizar todavía aún más las condiciones laborales del personal laboral, en beneficio de los Registradores".

A la vez, el colectivo de los Secretarios Judiciales se ha ofrecido a llevar también el Registro Civil,oferta que se ha "hecho pública" en una reunión de Notarios y secretarios judiciales (primera desde hace 150 años), celebrada para debatir varios temas de actualidad como el Anteproyecto de jurisdicción voluntaria, el Registro y las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios. El presidente de los secretarios judiciales, Rafael Lara, sostiene que "el colectivo de secretarios judiciales está dispuesto a encargase de su llevanza, dada su preparación y en beneficio de todos", ofrecimiento que el Notariado considera positivo".

Rafael Lara recordó que el año pasado hicieron entrega a Alberto Ruiz Gallardón, Ministro de Justicia, "una propuesta muy fundamentada" donde defendían que el Secretario Judicial era el empleado más idóneo para gestionar el servicio público del Registro Civil, propuesta que en la práctica parece ser ignorada, dado que el Ministerio retoma unas negociaciones que se deban por descartadas. En este sentido, tal y como ya expresaron el mes pasado cuando estaban vigentes las negociaciones de los Registradores con el Ministerio de Justicia "en el caso de permanecer en el ámbito de la administración de justicia, los secretarios judiciales constituimos un Cuerpo superior jurídico con formación equivalente a la de todos los demás Cuerpos superiores, y por tanto capacitado para dirigir las oficinas de un Registro Civil público, universal y gratuito".

Los funcionarios de Justicia insisten en el riesgo de privatización del Registro Civil mientras los registradores aclaran que no han solicitado asumir este servicio

Funcionarios de la administración de Justicia y representantes sindicales se concentraron ayer ante el Registro Civil de Granada como protesta contra la reforma de este servicio emprendida por el Gobierno, en la que ven un serio riesgo de privatización, además de llevarse a cabo con una «absoluta falta de transparencia y respeto hacia la ciudadanía y los trabajadores públicos afectados». Los sindicatos (STAJ, CC OO y UGT) advierten de que la reforma «no garantiza que siga siendo un servicio público gratuito pues aún no está claro que no vaya a entregarlos para su gestión a los registradores de la propiedad».

Los funcionarios aseguran que el Ministerio de Justicia encargó en su día el proyecto de modificación de la actual ley del Registro Civil «a altos cargos que son registradores de la propiedad, como el propio Mariano Rajoy» y sostienen que una amplia mayoría de registradores rechaza esta reforma. «Otros familiares tanto del presidente como del propio Gallardón son también registradores, lo que en un país normal representaría un evidente conflicto de intereses, sospechoso de parcialidad», denuncian.

Si se confirmase lo que los sindicatos definen como un «regalo» para los registradores, «estos pasarían a controlar buena parte de los trámites jurídicos de la vida civil de los ciudadanos, que actualmente prestan jueces, secretarios judiciales y funcionarios de los cuerpos generales de la administración de justicia».

El PSOE se opone rotundamente a que el Gobierno de Rajoy “regale” el Registro Civil a los registradores de la propiedad

El PSOE de Almería ha mostrado su oposición rotunda a que el Gobierno de Rajoy “regale” el Registro Civil a los registradores de la propiedad y que, de esta manera, los ciudadanos tengan que pagar por servicios gratuitos, por su carácter público hasta el momento, como la inscripción de nacimientos, defunciones o matrimonios.

El Grupo Parlamentario Socialista por Almería en el Congreso de los Diputados y el Senado –formado por Consuelo Rumí, Gracia Fernández y Juan Carlos Pérez Navas- ha trasladado su rechazo al plan del Gobierno del PP durante el transcurso de una reunión con el responsable de Justicia de Comisiones Obreras (CCOO) en Almería, Juan Francisco García Mañas.

En ese sentido, la diputada nacional socialista Consuelo Rumí ha asegurado que los socialistas “apoyamos todas las manifestaciones y concentraciones que se realizan –por parte de los trabajadores del sector- en defensa de este servicio público, que es esencial ya que todos tenemos que pasar por el mismo en algún momento de nuestras vidas”, al tiempo que se ha comprometido a “ser beligerantes” en el Congreso de los Diputados y el Senado para tratar de evitar que esa privatización tenga lugar. 

“No estamos dispuestos a que para una inscripción de nacimiento, para una inscripción de defunción o de matrimonio o para un cambio de apellido no tengamos que acudir a un Registro Civil sino a un registrador de la propiedad, que es lo que pretenden Gallardón y el Gobierno de Rajoy”, ha sentenciado Rumí antes de reprochar tanto al ministro de Justicia como al presidente del Gobierno que estén “muy familiarizados” con el colectivo de los registradores.

Censuran la privatización del registro civil

Los sindicatos de la Administración de Justicia en Euskadi reclamaron ayer al Gobierno Vasco que mantenga una postura "clara y sin ambigüedades" en defensa del registro civil y contraria al "afán privatizador" del Ejecutivo central del Partido Popular. Así lo demandó el sindicalista Álex Agote, durante una concentración organizada por las centrales ELA, CCOO y LAB, con el respaldo de UGT, ante el Palacio de Justicia de Donostia en protesta por las "intenciones" de "privatización" del registro civil "mantenidas en el tiempo" por parte del Ministerio de Justicia.

En un momento de la protesta, Agote criticó el "afán privatizador" del Gobierno del PP, ante el que emplazó al Ejecutivo de Iñigo Urkullu a mantener "una postura clara y sin ambigüedades de defensa" del registro civil. Para ello, demandó al Gobierno Vasco que "reclame la competencia" de este "servicio público" y que "garantice el mantenimiento de los puestos de trabajo de todo el personal de la Administración de Justicia en Euskadi". El Gobierno Vasco "no se puede ir de rositas" en este asunto, "tiene que tener una postura clara", insistió el representante de ELA.

La protesta sindical comenzó pasadas las 11.00 horas en las escalinatas del Palacio de Justicia, donde algunos de los congregados desplegaron una gran pancarta con el lema "Registro civil público y gratuito", tras la que permanecieron por espacio de un cuarto de hora mientras coreaban lemas en contra de la privatización de este servicio. Concentraciones como la descrita se produjeron en otros territorios del Estado, como Navarra.

CCOO vuelve a pedir un Registro Civil gratis y público

Trabajadores y trabajadoras del sector de Justicia en Jaén, junto con representantes sindicales de CCOO han llevado a cabo una nueva concentración ante el Palacio de Justicia para denunciar la privatización de los registros civiles y defender un servicio público y gratuito, dependiente de la Administración de Justicia y prestado por los empleados públicos de esta administración.

CCOO que lleva varias semanas concentrándose para denunciar esta situación, defiende que la única vía posible es, que el Registro Civil siga siendo un servicio público y gratuito, dependiente de la Administración de Justicia y prestado por los empleados públicos de la Administración de Justicia, estando a cargo de Secretarios Judiciales o de Gestores Procesales. 

”Aunque hemos conseguido una primera victoria a través de las movilizaciones emprendidas, la batalla contra la privatización de los registros civiles no ha acabado”, indica la responsable sindical, por ello no vamos a parar hasta lograr que definitivamente el Ministerio de Justicia retire cualquier intención privatizadora”. En pocas semanas, la decisión final del Ministerio de Justicia debe hacerse pública, dado que la Ley de 2011 de los registros civiles entra en vigor el próximo 22 de julio de 2014, ha indicado la responsable sindical.

Según Torres, "con las concentraciones mantenidas en el tiempo todos los jueves, pretendemos lograr definitivamente que el Ministerio de Justicia mantenga los registros civiles como lo que son, un eficaz servicio publico gratuito y servido por personal de la Administración de Justicia".

Nueva concentración en los registros civiles para protestar contra su privatización

Los trabajadores y trabajadoras de los registros civiles han vuelto a salir este jueves a la calle para reivindicar sus puestos de trabajo y oponerse a la privatización de este servicio por parte del Gobierno. Este jueves ha sido el último, de momento, de una serie de casi dos meses de concentraciones semanales en contra del proyecto del Ministerio de Justicia para entregar el Registro Civil a Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

"Hay que recordar que el Gobierno ha roto las negociaciones con los registradores de la propiedad y mercantiles para asumir la gestión de los Registros Civiles, pero también es cierto que ha declarado que sigue explorando otras vías para llevar a cabo dicha privatización, lo que hace sospechar a los empleados y empleadas que no va a cejar en su intento de privatizarlo", explican los sindicatos.

Hasta después de Semana Santa, al menos, se paralizarán estas movilizaciones. “No tenemos conocimiento del nuevo anteproyecto de ley de Reforma Integral de los Registros, pues el último borrador del que disponemos es de hace un año, pero como la ley 20/2011 del Registro Civil entra en vigor a finales de Julio, suponemos que el Ministerio de Justicia intentará hacer algo antes”, concluyen.

Un 'doble' de Gallardón explica en Almería la privatización del Registro Civil

Hoy jueves, 27 de marzo, ha tenido lugar una nueva concentración en defensa de los Registros Civiles ante la Ciudad de la Justicia de Almería, donde más de 100 trabajadores han mostrado su rechazo a la privatización del Registro y su oposición que se sean gestionados por los Registradores de la Propiedad.

En esta ocasión, un doble del Ministerio de Justicia, Sr Gallardón se ha dirigido a los trabajadores y de forma irónica ha explicado las razones por las que va a privatizar los Registros Civiles y los va a regalar a los Registradores de la Propiedad.

Ha mencionado que está en deuda con su nuera, que es Registradora de la Propiedad, y que su regalo de bodas va a ser un Registro Civil. Igualmente ha tenido un recuerdo para Mariano Rajoy y sus hermanos. Ha explicado que está en deuda con ellos (tres son Registradores de la Propiedad y uno es Notario) y que tenía que tener un detalle con esa familia, y que mejor detalle que regalar los 130 millones que ha costado informatizar y digitalizar los Registros Civiles y el ingente negocio que tiene detrás.

Por último, ha recordado, el doble del Sr. Gallardón que en breve va a aprobar el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que esto supondrá la desaparición de los Juzgados de Paz, los partidos judiciales y las Audiencia Provinciales, centralizando todos los órganos judiciales en los Tribunales de Instancia con sede en la capital y de ámbito provincial

El mitin del doble de Gallardón se ha desarrollado ante un atril con carteles alusivos y con la música del himno del PP de fondo.

Sindicatos protestan ante los juzgados de Santiago contra "la privatización" del Registro Civil

Una veintena de personas, convocadas por los sindicatos CC.OO., USO, CSIF y CIG, se han concentrado este jueves a las puertas de los juzgados de Fontiñas, en Santiago de Compostela, para protestar contra la reforma que pretende "la privatización" del Registro Civil y en defensa de un servicio "público".

En la movilización, convocada para las 12,00 horas de todos los jueves, los participantes han portado carteles con el rostro del ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, y han coreado consignas como 'lo público es servicio, lo privado beneficio', 'dimisión Gallardón' y 'el ministro de Justicia recorta y privatiza'.

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de Comisiones Obreras Jorge Suárez ha destacado que la reforma afectaría a "más de 200 trabajadores" en Galicia y ha advertido de que su implantación supondría "un coste muy elevado" para el ciudadano, por determinar, pero que ha cifrado entre 40 y 300 euros por el uso del Registro Civil.

Por eso, ha explicado que las organizaciones sindicales están impulsando una plataforma en la que buscan contar con el apoyo del colegio de abogados y el de las asociaciones de consumidores.

En este sentido, ha llamado a la sociedad a unirse en el rechazo de "la privatización" del registro civil --que pasaría por "regalársela" a los registradores de la propiedad, según denuncian los sindicatos-- y en la defensa de su mantenimiento como "servicio público".

CCOO, STAJ y UGT convocan concentraciones de todo el personal de la Administración de Justicia el día 8 de abril en las capitales de provincia contra la privatización del Registro Civil y la reforma de la LOPJ

A estas concentraciones los sindicatos convocantes seguimos reiterando deben participar activamente todas las organizaciones con el objetivo de parar estas agresiones del ministro de Justicia. Todos debemos trabajar por el mismo fin unidos con los trabajadores y trabajadoras, lo que hoy está en juego son los más importantes derechos de los trabajadores.

Los tres sindicatos hemos hecho un frente común contra las reformas de Gallardón, nos unen los mismos objetivos que son: parar estas reformas, impedir que se privaticen los registros civiles y detener el anteproyecto de la LOPJ (que aprobará el consejo de ministros, presumiblemente, de mañana viernes 28 de marzo) que condena a miles de trabajadores a perder su empleo, a muchos más a la movilidad geográfica y funcional forzosa, y a todos a que nuestros derechos que hemos conquistado con muchos años de lucha y esfuerzo sean anulados por Gallardón y el Gobierno con sus continuas reformas hundiendo la Administración de Justicia.

Por eso, es imprescindible intensificar las acciones de carácter general, en las que puedan participar todos los trabajadores y trabajadoras, no solo delegados sindicales, en defensa de nuestras condiciones de trabajo, CONVOCANDO A TODO EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE TODA ESPAÑA, A LA MOVILIZACIÓN, siendo la primera de ellas, una concentración que debe ser masiva, EL PRÓXIMO 8 DE ABRIL EN LAS CAPITALES DE PROVINCIA, en la que animamos a participar a todo el personal de Justicia y a todas las organizaciones sindicales sin excepción. Sin perjuicio de que mantenemos las concentraciones ante los registros civiles contra su privatización.

En Madrid, LA CONCENTRACIÓN SERÁ EL 8 DE ABRIL A LAS 17 HORAS FRENTE AL MINISTERIO DE JUSTICIA EN LA CALLE SAN BERNARDO 45 (metro noviciado), para que puedan participar en la misma todas las trabajadoras y trabajadores de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid y de los órganos centrales.

CCOO 27.03.2014

Registro Civil o Mercantil, por Joaquín Angel de Domingo

Vaya lío hay montado con los registros, el civil y el mercantil, a pesar de pertenecer los dos al mismo derecho privado. Y es que uno, el primero, es gratuito, eso sí económicamente hablando, porque lo que es de coste personal tiene mucho. Es una auténtica vergüenza que existan colas desde la madrugada para que nuestros mayores pidan una fe de vida u otro papeleo por cualquier otra persona. Algo, y no pequeño, funciona mal en su organización. Y casi prefiero el coste económico al de la incertidumbre de ver si soy capaz de obtener un certificado.

Y el otro, el segundo el de los registros, el mercantil, siempre ha sido de pago, nada de oficio, nada gratuito. Y hete aquí que ahora el ministerio de Justicia pretende que el registro civil lo lleven los registradores de lo mercantil de forma gratuita. Y éstos se oponen, mejor dicho el Colegio Oficial de Registradores, pues existen registradores mercantiles que han defendido la asunción de competencias gratis del registro civil, entre otras cosas porque sus empleados no se los paga el Estado sino ellos, y dicen que van a cobrar las partidas que expidan, vía arancel, pagándolas por tanto los ciudadanos, o vía partida en los Presupuestos Generales del Estado.

Ya esta el lío montado, los sindicatos de Justicia, que reclamen un registro centrado en las personas, con una organización interna moderna, evidentemente proclaman la continuidad de la gratuidad dicha, lo que choca frontalmente con los registradores que se niegan a asumir el registro civil gratis. A todo esto, estamos a un paso de la entrada en vigor de una ley de 2011 que estableció este sistema nuevo, concretamente el 22 de julio debería empezar a funcionar y, sin embargo, las negociaciones entre el ministerio y el Colegio de Registradores están rotas. Mientras tanto, se está buscando por el ministerio una fórmula nueva que satisfaga a todos, entre ellos a los actuales funcionarios de los registros civiles, más de 3.000, que no desean desaparecer de los mismos, y ser adscritos a otros puestos de trabajo.

Ya ha habido manifestaciones todos los jueves, y las que quedan, imagino, en las puertas de los registros civiles de toda España, si el ministerio sigue con los pies redondos. Pero también es cierto que, se dice, en un plazo de un par de semanas el ministerio va a tomar una decisión o al menos va a plantear a los registradores mercantiles y a los funcionarios de Justicia adscritos a los registros civiles, dos o tres alternativas nuevas. Y con una prórroga de hasta un año para poder poner en práctica el nuevo sistema, sea el que sea.

La Plataforma unitaria sindical de la Administración de Justicia de Euskadi se concentra este jueves en San Sebastián

La plataforma unitaria sindical de la Administración de Justicia de Euskadi, conformada por CC.OO, ELA, LAB y CGT, se concentrará este jueves a la puerta del juzgado de San Sebastián para denunciar la "clara intención de privatización" de la Justicia.


En un comunicado, el colectivo ha señalado que los trabajadores actualmente están a la espera de que el Consejo de Ministros tome una decisión sobre el futuro del Registro Civil, "si bien, todo apunta a que ésta será dejarlo en manos privadas, lo que supondrá, entre otros, un coste económico, hasta ahora inexistente, para los usuarios, además de dejar bajo la custodia de intereses privados los datos de toda la ciudadanía a lo largo de su vida, desde el nacimiento hasta la defunción".

En ese sentido, han denunciado la "burda maniobra manipuladora" que desde el Ministerio de Justicia se está haciendo para "intentar hacer ver las virtudes de la gestión privada y han advertido de que, una vez que se produzca la privatización, el Ministerio y los Registradores de la Propiedad "denunciarán primero públicamente este retraso heredado de los Registros Civiles (que ellos han ocasionado conscientemente) para, unos meses después, cantar nuevamente las alabanzas de la gestión privada".

"Esta maniobra, orquestada, y preparada, será utilizada como justificación de las privatizaciones de servicios de notificaciones, registro y reparto, ejecuciones, desaparición de los Juzgados de Paz, de partidos judiciales", han remarcado, al tiempo que se han preguntado "¿dónde va a quedar ese ideal de Justicia universal para todos?".

Por todo ello, han exigido "medidas inmediatas" a todos los gobiernos implicados (Gobierno central y vasco) para que "no destruyan empleo" público, para que "dediquen sus esfuerzos a defender la Administración pública, dotándola de medios suficientes y gestionándola correctamente, generando las condiciones necesarias para que los trabajadoras puedan ofrecer a la sociedad un trabajo eficaz y de calidad".

De este modo, han instado al Gobierno de Madrid a que "retire sus planes privatizadores", y al Ejecutivo de Iñigo Urkullu a que manifieste públicamente "su oposición a esta privatización y a la destrucción de puestos de trabajo, así como a una verdadera política a favor de una mayor asunción de competencias, superando el marco actual para lograr la plena transferencia de la Justicia".

Los sindicatos alertan de 110 despidos en Extremadura si se privatiza el registro civil

La plataforma de los sindicatos con representación en la Administración de Justicia alertaron ayer del despido de 110 trabajadores en Extremadura de llevarse a cabo la privatización de los registros civiles, lo que supondrá además la aplicación de tasas de entre 20 y 30 euros por cada certificado.

El portavoz de esta plataforma, Vicente Alegre Corchero, se expresó así en declaraciones a los medios con motivo de la concentración que protagonizaron una treintena de personas a las puertas del Palacio de Justicia de Mérida para protestar por la privatización de los registros civiles y la supresión de plazas.

El calendario de concentraciones se prolongará hasta el mes de abril y se llevarán cabo también en Badajoz, Don Benito-Villanueva de la Serena o Zafra, entre otras localidades.

El Ministerio de Justicia -dijo- pretende entregar las competencias en esta materia a los registradores de la propiedad, con lo que el registro civil dejará de ser público y los ciudadanos tendrán que pagar entre 20 y 30 euros por gestiones que ahora son gratis, como certificados de nacimiento, defunción o matrimonio. Otros expedientes como los referidos a cambio de nombre o nacionalidad son bastante «más complejos» y, por tanto, resultarán más caros, indicó.

Igualmente, este proyecto implica la amortización de las plantillas, con el despido de 3.500 trabajadores de toda España de los registros civiles, pues se pretende reubicar en los juzgados a los titulares de una plaza, en algunos casos de forma «forzosa», y despedir a los interinos.

El PSOE arteixán propone al pleno mostrar el rechazo a la ´privatización´ del Registro Civil

El grupo municipal del PSOE de Arteixo presentará en el pleno de esta semana una moción para mostrar el rechazo del Concello a la "privatización y traspaso a los colegios de registradores de los datos y servicios públicos del Registro Civil". El PSOE solicita que el pleno apruebe esta propuesta para que se mantengan, también, los Juzgados de Paz existentes en los municipios. El partido quiere que este acuerdo se remita al Ministerio de Justicia y al conselleiro de Presidencia.

Denuncian la privatización del Registro pese a «romper» Gallardón con los registradores

La última concentración del mes de marzo contra la privatización del Registro Civil de Alicante, ubicado en la calle Los Doscientos, se convirtió ayer en una «chorizada», que simboliza los casos de corrupción que existen en la Comunidad Valenciana y que también reivindica un rechazo contra los recortes de los servicios públicos y gratuitos. La concentración, convocada por los sindicatos adscritos al sector Justicia, se lleva practicando ya varios jueves consecutivos contra la privatización del Registro Civil.

El responsable de UGT en materia de Justicia, Juan Pedro Pelegrín –sindicato organizador de la «chorizada»– manifestó que «pese a que parece que el Ministerio de Justicia ha roto las negociaciones con el Colegio de Registradores, al no llegar a un acuerdo, las protestas se mantendrán» y añadió Gallardón «mantiene la intención de buscar fórmulas alternativas para que este servicio público pase a manos de colectivos no judiciales»

Además de sindicalistas y trabajadores, también se han unido a las protestas de los jueves los propios usuarios del servicio, principales afectados de la privatización al tener que pagar más trámites.

Una reforma con más sombras que luces

Hace algo más de un año que el Ministerio de Justicia dio a conocer un proyecto normativo por el que los registros civiles -que se ocupan de trámites diversos como las certificaciones de nacimiento, matrimonio, defunciones o fes de vida- pasarían a depender de los registradores de la propiedad. Esa previsión del departamento de Alberto Ruiz Gallardón suscitó la crítica prácticamente unánime de los sindicatos, de asociaciones profesionales de la judicatura e incluso del propio Colegio de Registradores, que se oponía a aceptar la gestión del Registro Civil sin una memoria económica y, sobre todo, se negaba a asumir esas funciones sin una contraprestación económica. Hace unas semanas, Gobierno y Colegio de Registradores llegaban a un acuerdo y los sindicatos comenzaron a dar la batalla contra una norma que entienden que supone la privatización del servicio y contra la que emprendieron movilizaciones. Hace unos días, el ministro confirmó que todos los trámites continuarían siendo gratuitos, y que se encargarán de él funcionarios públicos. Pero ¿qué funcionarios? Todavía no se sabe.


¿Asumirán los registradores el servicio?

Parece que no, pero tampoco se descarta totalmente. Una carta que el decano de los registradores -Gonzalo Aguilera, recientemente elegido- enviaba a sus compañeros hace aproximadamente un mes anunciaba un acuerdo con el Ministerio de Justicia por el que estos profesionales pasarían a asumir los registros civiles. Los colectivos profesionales de secretarios judiciales mostraban entonces su sorpresa, pues hacía un mes que Justicia les había planteado que con toda probabilidad se harían cargo del registro civil. Ahora, la falta de acuerdo sobre su financiación parece haber descartado la opción del Colegio de Registradores de la Propiedad, pero Gallardón aseguraba que se encargarán del registro civil funcionarios públicos, y bajo ese paraguas puede aludir tanto a los secretarios judiciales como a los notarios y registradores de la propiedad o mercantiles.

¿Cuál es el origen del conflicto?

El departamento apunta al anterior Gobierno socialista como responsable de la ley que desjudicializaba los registros civiles, sin delimitar si su gestión sería asumida por funcionarios públicos o por secretarios judiciales. Antes de que entre en vigor esta reforma, en el mes de julio, debe aclararse este punto, argumentan.

¿Afectará el cambio al empleo?

Justicia asegura que se mantendrán los puestos de trabajo -la medida se calcula que afectaría a 3.500 funcionarios en toda España y en torno a 300 en Galicia-. Los sindicatos temen que no sea así. El primer proyecto que barajaba Justicia preveía la desaparición de más de 300 registros en la comunidad.

¿Tendrán los ciudadanos que pagar los trámites?

No. Aunque en los primeros borradores de la norma se indicaba claramente que los registradores cobrarían aranceles por una serie de trámites, el Gobierno ha cambiado de opinión y garantiza que los ciudadanos no tendrán que pagar por las gestiones que realicen en los registros civiles.

¿Habrá registros civiles en todos los concellos?

A estas alturas, todavía no se sabe. Aunque el ministerio defendió que no se alteraría la demarcación, el anteproyecto de ley hablaba de una sede única de ámbito provincial. Las dudas sobre este y otros puntos siguen sin despejarse. De hecho, las movilizaciones continúan. El viernes, un centenar de personas se concentraban en Vigo contra la privatización de los registros.

León exige a Gallardón que cierre la privatización de los registros civiles

Nuevo jueves, nueva protesta en la administración de Justicia. Un centenar de funcionarios se han concentrado durante media hora a las puertas de los Juzgados de la capital leonesa en protesta a la intención del Gobierno de privatizar el servicio del Registro Civil.

Una protesta que ha seguido el mismo recorrido que la de los últimos dos jueves y que, según han advertido los trabajadores, se repetirá todos los jueves hasta que el Gobierno reconsidere su posición".

Así, a pesar de que el Ministerio ha roto las negociaciones con el Colegio de Registradores, el responsable de CSIF, Fabricio Gómez, ha asegurado que se mantendrán las protestas hasta que el ministro Gallardón no se muestre favorable a buscar fórmulas para preservar que este público pase a manos de colectivos no judiciales.

“Nos mantendremos vigilantes porque entendemos que la ruptura de esta negociación no es más que un paréntesis ya que aún no podemos dar por cerrada la entrega de este servicio público a otros colectivos sin garantizar que estos sean funcionarios públicos”.

Los trabajadores han vuelto a denunciar las “nefastas” consecuencias que acarreará esta decisión del Gobierno que no sólo pondrá en jaque en la provincia de León más de un centenar de puestos de trabajo sino que también alejará del ciudadano un servicio público y gratuito.

Registro Civil, privatizando servicios públicos, por Ramón Cerdá

La privatización de un servicio público siempre es polémica, pero hay servicios que, bajo mi punto de vista son menos privatizables que otros. Uno de ellos es sin duda el Registro Civil; no le veo demasiado lógica a esa privatización, y desde luego las consecuencias me parecen reprobables. He estado leyendo bastante sobre el asunto y hay detalles que me han llamado especialmente la atención y que voy a detallar a continuación:

El Registro Civil es necesario para el Estado y existe desde 1870. Siempre ha sido gratuito y el ciudadano solo ha tenido que aportar los datos necesarios en cada caso, pero sin tener que, además, pagar tasas.

Hay que matizar que gratuito no significa que no nos cueste dinero a los ciudadanos porque, evidentemente, su coste se asume vía impuestos… que previamente hemos pagado nosotros. Con lo cual, una privatización en la que nos obligarán a pagar tasas, es una redundancia de costes para todos nosotros y un enriquecimiento indebido para quienes se beneficien de la privatización.

Aunque nadie lo dice, está claro que no nos van a bajar los impuestos por privatizar el Registro público. Los beneficiarios de su privatización serán los Registradores de la Propiedad que verán incrementados su ingresos de manera automática.

PSOE C-LM pide la retirada del Anteproyecto de Reforma Integral de los Registros que prevé privatizar el registro civil

El PSOE de Castilla-La Mancha ha solicitado la retirada del Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros llevada a cabo por el Ministerio de Justicia que prevé la "privatización" del Registro Civil y que "impulsará" la desaparición de los Juzgados de Paz.


Así consta en una Proposición no de Ley (PNL) presentada por el PSOE para su tramitación en el pleno de las Cortes, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que los socialistas instan al Ministerio a que abra una mesa de negociación con los colectivos que mejor conocen las carencias y necesidades del Registro Civil para acordar un calendario de medidas con memoria económica para la mejora de la prestación del servicio.

Del mismo modo, el Grupo Parlamentario Socialista pide al Gobierno de Castilla-La Mancha que defienda el Registro Civil como servicio público de gestión pública, "servido por funcionarios especializados de la Administración de Justicia".


La Información 19.03.2014

Cientos de trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia se volvieron a concentrar ayer en los Registros Civiles para luchar contra su privatización

Ayer, 20 de marzo, como viene convocando CCOO desde hace meses, los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia se volvieron a concentrar ante los registros civiles demandando la retirada de cualquier proyecto de privatización. En las concentraciones de ayer, participaron cientos de trabajadores.

Las concentraciones de todos los jueves se vienen repitiendo desde hace meses, porque la lucha contra la privatización de los registros civiles es una cuestión fundamental para defender los servicios públicos de calidad, universales y gratuitos para la ciudadanía y porque la defensa del empleo público es y debe ser una de las máximas prioridades de todos nosotros.

Animamos a todo el personal de la Administración de Justicia a no desfallecer, a seguir combatiendo estos intentos del Gobierno de privatizar los registros civiles, porque nuestra lucha es una lucha justa, porque lo que está en juego es mucho y demasiado importante: debemos impedir que el camino hacia el desmantelamiento de la Administración de Justicia como servicio público, que se inició con la Ley de Tasas Judiciales, se consolide, que el intento del Gobierno de eliminar cientos de órganos judiciales y miles de empleos sea detenido por la fuerza y el empuje de los trabajadores y trabajadoras y de la ciudadanía en su conjunto.

PORQUE LA LUCHA SI ES JUSTA, SIEMPRE DA FRUTOS

ES HORA DE LUCHAR, ES HORA DE DEFENDER EL EMPLEO, LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA DIGNIDAD

DETENGAMOS AL GOBIERNO: POR UN REGISTRO CIVIL PÚBLICO, UNIVERSAL Y GRATUITO

CCOO y las demás organizaciones sindicales se reúnen con el Grupo Parlamentario del PP en el Congreso, al que traslada su oposición radical a la privatización del Registro Civil

Tras una nueva reunión celebrada el día 18 de marzo, solicitada por CCOO y a la que se ha acudido formando una posición común con el resto de los sindicatos representativos, tuvo lugar el cuarto de los contactos con los diferentes grupos Parlamentarios, en esta ocasión con el grupo parlamentario popular, para trasladarles nuestra radical oposición a la privatización de los Registros Civiles mediante su entrega a la gestión privada.

CCOO ha solicitado al Grupo Popular que sustenta al Gobierno, que traslade al ministro de Justicia su exigencia para que: 

a) Los registros civiles sigan servidos por personal de la Administración de Justicia. 

b) Se mantengan todos los Juzgados de Paz, las Agrupaciones de los Juzgados de Paz y cada uno de los Registros Civiles, tanto los únicos como los que tienen jurisdicción compartida, así como el Registro Civil Central. 

c) Se garanticen todos los puestos de trabajo. 

d) Los encargados de los Registros Civiles sean Secretarios Judiciales o personal del cuerpo de Gestión Procesal. 

Además, han informado al grupo popular de la propuesta completa de CCOO sobre los registros civiles, cuyo texto les trasladaron, propuesta que obra en poder del ministro de Justicia desde el 29 de enero de 2013, sin haber recibido respuesta alguna en 14 meses, y así se lo han hecho saber.

También han advertido, a los responsables del grupo popular en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que para CCOO y para los trabajadores y trabajadoras esta cuestión es de vital importancia y que no permaneceremos impasibles ante una eventual privatización. 

La información que ha afirmado tener el portavoz del grupo popular en la comisión de Justicia del Congreso del Ministerio de Justicia, y que les ha trasladado a las organizaciones sindicales, ha sido que el Ministerio de Justicia ha abandonado de forma definitiva las negociaciones con el colegio de registradores y que sigue explorando otras posibilidades, incluida la de que sean los Secretarios Judiciales los encargados de los mismos. 

En su oposición a la privatización del servicio, CCOO ha planteado también nuestra seria preocupación por el alejamiento que supondría para la ciudadanía la desaparición de los Registros Civiles en las pequeñas poblaciones, y una más que segura supresión de la gratuidad de los actos y certificaciones.

Como otro aspecto fundamental, CCOO ha mostrado nuestra extrema preocupación por la pérdida de miles de puestos de trabajo en la administración de justicia que conllevaría el proyecto que manejaba Gallardón.

Los representantes del PP se han comprometido a comunicar al Ministerio de Justicia nuestra posición. Nos ha dado la impresión de que no se encuentran cómodos con la postura recalcitrante de Gallardón y de Rajoy de intentar privatizar los Registros Civiles, y que encontraban razonable la postura que hemos defendido, que no es solo de los trabajadores y trabajadoras y de las organizaciones sindicales representativas, sino de toda la sociedad. 

Finalmente, CCOO ha manifestado que no podemos, en ningún caso, fiarnos de Gallardón porque ha quedado claro, hoy de nuevo en la reunión con el grupo popular, que la decisión final sobre los registros civiles aún no está tomada por el Gobierno, por lo que solo la presión y la movilización lograrán nuestro objetivo: mantener los Registros Civiles públicos y gratuitos y dentro del ámbito de la Administración de Justicia. 

CCOO ya ha anunciado que convocará huelga en la Administración de Justicia si finalmente el Ministerio de Justicia decide la privatización de los Registros Civiles, porque no permitiremos que este servicio público acabe en manos privadas, que se destruyan miles de puestos de trabajo, que se supriman cientos de Agrupaciones y Juzgados de Paz, que se eliminen los Registros Civiles únicos, el Registro Civil Central y los registros que comparten sus tareas con las jurisdiccionales, que se aleje la Administración de Justicia de la ciudadanía y que no se garantice que los datos personales con los que se trabaja en los Registros Civiles se traten con la especial protección, que viene recogida en la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal. 

IU denuncia la privatización de los registros civiles

El Diputado Provincial por Guadalajara de Izquierda Unida, Francisco Riaño, ha presentado hoy la propuesta del Grupo Político de IU en la Institución Provincial para que sea debatida en la sesión plenaria ordinaria de la misma convocada para este viernes, 21 de marzo de 2014, y que manifiesta "el rechazo absoluto de IU al intento de privatización del servicio público de los Registros Civiles en nuestro país por parte del Gobierno central del PP", ha señalado Riaño. 

Francisco Riaño, ha hecho alusión a que el Registro Civil, tal y como lo conocemos hoy en día, se creó en el año 1870 como consecuencia de la revolución de 1868 que trajo la I República con su laicismo, separando la Iglesia del Estado, ya que hasta entonces era sólo la Iglesia quien inscribía los nacimientos, "pero el Gobierno presidido por el Sr. Rajoy, a través de su Ministro de Justicia, está tramitando un anteproyecto de Ley para privatizar el Registro Civil", ha denunciado el Diputado Provincial por Guadalajara de Izquierda Unida, "traspasando esta competencia a los registradores de la propiedad".

Riaño ha recordado que "las administraciones públicas, tanto la central como las autonómicas, han invertido en los últimos años cientos de millones de euros para informatizar el Registro Civil, dinero que será regalado o dilapidado con esta privatización que se pretende".

El Diputado Provincial por Guadalajara de Izquierda Unida, Francisco Riaño, ha declarado que "esta privatización supondrá para la ciudadanía graves perjuicios", destacando que "los ciudadanos tendrán que pagar por servicios que hasta la fecha eran gratuitos, como las inscripciones de bodas, nacimientos o defunciones", alertando que se genera así un nuevo copago o repago.

Frenemos la privatización del Registro Civil, un servicio público que pagamos todos

En 2013 el Gobierno aprobó la Ley de Tasas Judiciales y comenzó el globo sonda sobre la privatización del Registro civil. Mediante la creación de la Plataforma Justicia para todos, se logró detener la privatización del registro civil, aunque no de la ley de tasas. A finales de enero de 2014, el Presidente-Decano del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, remitió una carta a los afiliados del colegio poniendo en su conocimiento que el Ministerio de Justicia les va a entregar el Registro Civil. Esta carta es filtrada a la prensa, pues muchos Registradores de la Propiedad se niegan a llevar los Registros Civiles.

Se filtra también que ya ha existido la primera reunión entre el Colegio de los Registradores y el Ministerio, y que el Ministerio va a respetar las propuestas de los Registradores sobre auto organización de los Registros Civiles, sin ningún conocimiento oficial al respecto, comienzan a diseñar una estrategia de movilizaciones para frenar las maniobras del ministro Gallardón.

Durante todo este tiempo UGT ha pedido reuniones con los secretarios judiciales y con asociaciones de usuarios y consumidores y partidos políticos. La primera reunión se celebró por parte de UGT con el grupo socialista. El próximo jueves mantendremos reunión con FACUA, que se ha opuesto rotundamente a esta privatización. Hoy martes hay reunión con el grupo PP y todos los sindicatos de la Administración de Justicia.

Continúan las movilizaciones en defensa de un Registro Civil público y gratuito

Hoy jueves a las 12.00 del mediodía, los funcionarios de justicia continuarán con su manifestación en defensa de un Registro Civil publico, gratuito y de calidad e invitan a toda la ciudadanía a que participe en esta protesta ya que "todos nos jugamos un servicio público esencial para un estado de derecho". Por ello, recorrerán varias calles de Logroño, desde los juzgados de Bretón de los Herreros hasta el Registro Civil de la calle Lardero.



Desde CSIF afirman que "las continuas propuestas del Ministerio intentando cambiar la situación del Registro Civil, se basan en un presupuesto falso que pretende dar como única alternativa su privatización. La percepción que tiene la ciudadanía de este servicio es positiva. Lo que se tiene que hacer no es privatizarlo sino potenciarlo para dar cada vez una prestación de más calidad".

Insisten en que los datos que se reflejan en las inscripciones registrales (estado civil, adopciones, cambios de sexo…) no pueden ser tratados por personas que no tengan el deber de sigilo. Ese deber sólo se garantiza si los que sirven en los Registros Civiles son funcionarios.

En definitiva, los sindicatos CSI-F, CC.OO y UGT continuarán reivindicando en la calle "lo que no se compromete a cumplir el Gobierno que el Registro Civil sea público, universal, gratuito y servido por funcionarios de justicia".

Los funcionarios de Justicia se concentran en Sevilla contra la privatización

Los funcionarios de la Administración de Justicia han advertido que convocaran una huelga si la privatización de los registros civiles siguen su curso.

El sindicato CCOO ha instado en que este servicio público debe seguir siendo prestado por funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia, y proponen que los encargados de los registros civiles sean secretarios judiciales o personal del Cuerpo de Gestión Procesal.

“Este es el único modelo que garantiza un servicio público gratuito, ya que es obligatorio, y de calidad y además asegura el empleo y la proximidad a la ciudadanía”, ha aseverado el sindicato, por ello el jueves 20 de marzo, a las 11:00 horas, habrá una nueva concentración a las puertas del Registro Civil de Sevilla.

CCOO ha anunciado su intención de convocar huelga en toda la Administración de Justicia del Estado si el Gobierno insiste en su “pretensión” de privatizar los registros civiles. “Si bien el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, informó el pasado 11 de marzo de que se habían roto las negociaciones para ceder la gestión de dichos registros a los registradores de la propiedad y mercantiles, al día siguiente aclaró que mantiene su intención de explorar nuevas vías".

Por este motivo, el Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO sigue sosteniendo todas las iniciativas en defensa del mantenimiento del Registro Civil como un servicio público, universal y gratuito, gestionado por personal al servicio de la Administración de Justicia.

Asimismo, CCOO ha demandado que se mantengan los 5.200 puestos de trabajo de los registros civiles, los cuales representan un 13% del personal de la Administración de Justicia, así como la atención en todos los municipios a los ciudadanos que acudan a realizar los trámites, casi siempre obligatorios.

CCOO ha considerado fundamental impedir la desaparición de los Juzgados de Paz y de las agrupaciones de Juzgado de Paz, puesto que “supondría alejar un servicio público esencial de la ciudadanía, sobre todo en los núcleos de población más pequeños y alejados de las grandes ciudades, así como evitar la transferencia del tratamiento de datos desde la gestión pública a la gestión privada. Información como las adopciones, los divorcios, los cambios de sexo, etc., especialmente protegida por la Ley Orgánica de Protección de Datos, sobre la cual se debe guardar la máxima confidencialidad”.

Este jueves, reparto de ‘Gallardones’ ante la privatización de los registros civiles

El sindicato Comisiones Obreras en Soria ha convocado este jueves a la sociedad a la entrega de ‘Gallardones’, una cita que busca escenificar su postura contraria a la nueva ley de Justicia por la que aseguran se privatiza el servicio de los registros civiles en todo el país.

La convocatoria es a las 12.15 horas en las inmediaciones del palacio de los Condes de Gómara, donde se encuentra la sede del registro civil de la ciudad. En este acto se reivindicará la necesidad del mantenimiento de los puestos de trabajo en un servicio que es público.

Por otro lado, cabe señalar que el procurador socialista Javier Muñoz ha señalado que su grupo parlamentario en las Cortes regionales elevará distintas cuestiones sobre el mantenimiento de los registros civiles en la provincia incidiendo en que la nueva ley llevará al desmantelamiento de los juzgados de primera instancia de Almazán y del Burgo de Osma.

Muñoz ha indicado que el actual Gobierno “en vez impulsar una legislación que favorezca a los ciudadanos lo hace para unas 750 personas en todo el país, concretamente para ‘el registrador de Santa Pola, Mariano Rajoy’, y 749 más”, lo que a juicido del aforado soriano va “en perjuicio del interés general y del servicio público. “Desde el PSOE esperamos que el PP de Soria sea sensible a las reivindicaciones que desde los profesionales del sector se están llevando a cabo y realicen las acciones necesarias para que la privatización de los registros civiles no llegue a producirse”.

La nueva ley del registro civil alejaría este servicio a Santiago y A Coruña

Una nueva ley de ámbito nacional amenaza con generar otra polvareda social. Se trata de un texto relacionado directamente con los registros civiles que podría ver la luz a lo largo de la primavera y que podría suponer, además, una reordenación territorial que pasaría por la centralización del servicio, que en el caso de esta comarca lo alejaría hasta las ciudades de Santiago y A Coruña. Esta posibilidad, que en algunos círculos políticos como el socialista ya dan por hecho, no es remota. El PSOE barbanzano asegura que este documento se sacará adelante en poco tiempo: «Puede ser incluso en el próximo Consejo de Ministros», señalaron ayer.

Fueron el coordinador comarcal de este partido, Carlos Gey, y el ex ministro de Justicia Francisco Caamaño quienes, durante un desayuno informativo en la sede de los socialistas en Boiro, alertaron del riesgo que esta nueva ley tendrá para los vecinos que residen en la comarca. Y es que resulta evidente que no sería lo mismo para un barbanzano desplazarse a Noia o Padrón que a Santiago o A Coruña para realizar cualquier trámite, «nin polo tempo que se inviste nin polo custe que supón», añadió Gey antes de llamar la atención sobre las consecuencias de lo que considera es la privatización del registro civil.

Contexto comarcal

Gey echó mano de datos oficiales de Rianxo en el 2013 para cifrar en 4.000 los expedientes tramitados solo en este municipio en el pasado ejercicio.

Llevando estas cifras al resto de ayuntamientos que forman la comarca de Barbanza, el coordinador comarcal de los socialistas expuso sus conclusiones: «Poderíase estar falando de arredor de 37.000 trámites polos que, cobrando unha media de 20 euros por certificación expedida, estaríamos poñendo nas mans dos rexistradores arredor de 750.000 euros anuais. Un novo beneficio para sectores privilexiados, neste caso o dos rexistradores».

«Acabará sendo un novo imposto contra a cidadanía, que pasará a pagar por actos cotiáns»

Carlos Gey

«Es de suponer que el señor Rajoy como registrador de la propiedad tiene algo que decir al respecto»

Francisco Caamaño

Privatización de los Registros Civiles, por Miguel Angel Díez Cano

En la provincia de León significa desmantelar el servicio gratuito en manos de los 211 municipios y otorgarlo a poco más de una docena de registradores ubicados en la provincia y desde luego significa que los ciudadanos tienen que desplazarse a las cabeceras de los Registros (Cistierna, Sahagún, La Bañeza, Ponferrada, Astorga...) para poder conseguir, pagando, un certificado de nacimiento, defunción, matrimonio...

Este servicio que funciona con la cercanía municipal donde los propios funcionarios, secretarios de Justicia y jueces encargados del Registro Civil, hacen dicha labor desplazándose ellos en muchos casos a las sedes municipales para poner a disposición del pueblo un servicio público y gratuito, desaparece, para favorecer a un puñado de registradores. Por cierto todos sabemos cuál es la profesión del presidente del Gobierno (Registrador de la Propiedad).

El Registro Civil seguramente sea uno de los servicios más modernizados y digitalizados donde los certificados te los expiden en muchísimos casos en el mismo momento de solicitarlos, sin esperas ni demoras y todo ello por el cuantioso gasto superior a los 100 millones de euros invertidos por el Estado con nuestros impuestos, para que ahora se lo entreguen bien calentito a unos pocos registradores. 

No es de extrañar que levanten la voz los jueces encargados de los Registros Civiles, pues los datos que afectan a nuestra intimidad que constan en las inscripciones registrales, pasan de tener una tutela judicial a otro tipo de tutela privada, mermando como así manifiestan los derechos de los ciudadanos.
Si al carácter privado y oneroso que se va a otorgar al Registro, añadimos la eliminación de varios miles de puestos de trabajo, tenemos como resultado unas... como panes.

¿Qué papel se quiere dejar a los Jueces de Paz que ahora prestan el servicio de Registro Civil en los pequeños municipios?

¿Qué le queda a este Gobierno del PP de privatizar? En dos años ha fulminado muchísimos servicios públicos y aún le quedan dos años más para derrumbar todos los sistemas públicos existentes.

Por cierto ¿Dónde está Alfredo Prada Presa, diputado por León y presidente de la Comisión de Justicia del Congreso?

En definitiva, el Sr. Gallardón, con sus pretensiones, sigue machacando a sus votantes y simpatizantes, a los contrarios, a los nacidos, a los fallecidos, a los separados, divorciados, incapaces..., todos necesitan realizar anotaciones en el Registro Civil. Descanse en paz.

Miguel Angel Díez Cano, Gente en Leon 18.04.2014

Ugt confirma que el Ministerio de Justicia sigue adelante con su proyecto de privatizar el Registro Civil

El Sindicato de Justicia de la UGT tiene información sobre la remisión de cartas, por parte de determinados registradores de la propiedad, al Ministerio de Justicia, en la que le solicitan la asignación del Registro Civil. Asimismo, puede confirmar que dicha petición ha sido realizada, también y a la vez, por un grupo de Registradores Mercantiles destinados en las grandes ciudades, (lo que ratifica lo que ya apuntaba en una anterior información). Estas comunicaciones se están remitiendo al margen del Colegio Oficial de Registradores y después de la ruptura de las negociaciones entre dicho Colegio y el Ministerio de Justicia. Esta ruptura estuvo motivada, al parecer, por la falta de acuerdo sobre la financiación de la “explotación” del Registro Civil (ya que los registradores pedían que se les retribuyera sus servicios vía aranceles o vía Presupuestos Generales del Estado y el Ministerio negaba la misma) y por otras causas que os comentábamos en la anterior circular. Según las informaciones que posee UGT, el Sr. Gallardón sigue empecinado en que los registradores (de la propiedad y mercantiles) deben ser los encargados de las Oficinas del Registro Civil y para ello se va a dirigir a los Registradores Mercantiles.

La situación que puede provocar el Ministro Gallardón con su decisión puede ser de escándalo, pues podría ocurrir que en una ciudad determinada un registrador quiera asumir el Registro civil y en otra no. ¿Se puede imponer por decreto a todos lo que sólo unos pocos quieren?. ¿Se puede “trozear” el Registro Civil como si fuese una concesión administrativa?. ¿Se puede gestionar bien un servicio público, en el que se accede a la información personal e íntima de millones de personas, por alguien a quien le ha sido impuesto en unas condiciones, a priori, y según la mayoría de ellos, inaceptables?

CCOO se concentra de nuevo este jueves ante el Registro Civil de Murcia para protestar por su privatización

CCOO se concentrará este jueves, por octava semana consecutiva, ante el Registro Civil de Murcia, de 11.00 a 11.30 horas, en defensa del "mantenimiento del Registro Civil como un servicio público, universal y gratuito, gestionado por personal al servicio de la Administración de Justicia".

El sindicato informa que ha logrado apoyos de diversos colectivos, partidos políticos, secretario de Gobierno, pero lamenta que aún "no se haya recibido contestación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM) , Juan Martínez Moya,, ni nos ha convocado a la reunión que le hemos solicitado".

"Hemos tenido noticia de que está prevista una posible reunión entre el presidente del TSJ, el secretario de Gobierno y el decano del Colegio de Registradores de Murcia, lo que nos preocupa y nos da la sensación de que el tema de no entregar los Registros Civiles a este colectivo no es una decisión aún definitiva", advierte CCOO.

Así, ha anunciado su intención de convocar huelga en toda la Administración de Justicia del Estado "si el Gobierno insiste en su pretensión de privatizar los registros civiles". El objetivo, dice el sindicato, es "evitar dicha privatización, además de pedir que garanticen que este servicio público, a través del que se gestionan muchos trámites obligatorios, siga siendo gratuito y no se establezca ni el pago directo a la ciudadanía, ni el pago indirecto a través de una asignación a través de los Presupuestos Generales del Estado al colectivo al que pudieran encargarle el servicio".

De igual modo, demanda que "se mantengan los 5.200 puestos de trabajo de los registros civiles, los cuales representan un 13% del personal de la Administración de Justicia, así como las cerca de 1.600 oficinas".

CCOO considera que este servicio público "debe seguir siendo prestado por funcionarios de la Administración de Justicia" y propone que los encargados de los registros civiles sean Secretarios Judiciales o personal del Cuerpo de Gestión Procesal.

Por último, cree fundamental "impedir la desaparición de los Juzgados de Paz y de las agrupaciones de Juzgado de Paz, puesto que supondría alejar un servicio público esencial de la ciudadanía, sobre todo en los núcleos de población más pequeños y alejados de las grandes ciudades, así como evitar la transferencia del tratamiento de datos desde la gestión pública a la gestión privada".


'Chorizada' de los funcionarios en el Registro Civil por la privatización

Una 'chorizada' pondrá la guinda a las protestas contra la privatización de servicios jurídicos que, según denuncian los sindicatos, quiere aprobar el Gobierno central. UGT llevará mañana a la puerta del Registro Civil de Alicante, situado junto al Palacio de Justicia, una buena remesa del popular embutido para escenificar su rechazo a las modificaciones promovidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a la vez que aprovecharán para que los funcionarios del registro «puedan utilizar su tiempo de almuerzo para unirse a la protesta», según informó la organización.

El responsable del sindicato en materia de Justicia, Juan Pedro Pelegrín, manifestó que «a pesar de que el Ministerio ha roto las negociaciones con el Colegio de Registradores» por falta de acuerdo, «las protestas se mantendrán mientras Gallardón mantenga la intención de buscar fórmulas alternativas para que este servicio público pase a manos de colectivos no judiciales».

Privatización de los registros civiles, por María García Gómez

La privatización en la Administración Pública se está convirtiendo en una práctica común. La última ocurrencia absurda y descabellada de nuestro ministro de Justicia Sr. Gallardón, es la privatización de los registros civiles. En España existen 431 registros civiles principales, junto a 7.000 juzgados de paz con competencia de registro civil que van a ser privatizados y que supone la pérdida de 3.500 puestos de trabajo en la Administración de Justicia.

Los trabajadores públicos de justicia de toda España se están movilizando, no sólo por lo que supone la pérdida de puestos de trabajo, sino para evitar que un servicio tan esencial para los ciudadanos como son los registros civiles no sean privatizados, y nos advierten de las consecuencia que puede tener esta decisión, pues todos, de alguna manera, y en algún momento pasamos por el registro civil, inscribiendo a nuestros hijos, matrimonios, defunciones etc., gestiones que hasta ahora eran gratuitas porque las realizaban empleados públicos, y que a partir de la privatización pasarán a manos de los registradores de la propiedad y por los que tendremos que pagar cada vez que solicitemos un certificado, unos 20 ó 30 euros.

Los ciudadanos del medio rural tendrán que trasladarse a la ciudad para realizar gestiones que antes resolvían en su medio, mientras a nuestros políticos se les sigue llenando la boca con lo de asentar población en el medio rural, cuando lo único cierto es que les siguen quitando servicios y derechos.

Los datos que se recogen en los registros civiles deben ser custodiados en archivos oficiales y su protección estar garantizada por los empleados públicos que están obligados a guardar sigilo. Si los privatizamos ponemos en riesgo este principio.

Sorprende que esta cacicada la presentara el ministro Sr. Gallardón fuera de la mesa de negociación sindical y en contra de todos los sectores, usuarios, jueces, operadores jurídicos, alcaldes, y más después de haber invertido 128 millones de euros en digitalizar los registros civiles. Se va a entregar el registro civil, con dinero público, para que los amigos más cercanos al Partido Popular hagan negocio. No olvidemos que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es registrador de la propiedad, dos de sus hermanos y la nuera del ministro de Justicia, como bien han denunciado los sindicatos.

El PP trasladará a Justicia las reivindicaciones de los sindicatos sobre la no privatización del Registro Civil

El Grupo Parlamentario Popular trasladará al Ministerio de Justicia las reivindicaciones de los sindicatos para que el Registro Civil continúe siendo un servicio público gratuito integrado en la Administración y solicitará que sean recibidos por el subsecretario de Justicia, Juan Bravo.

El portavoz del PP en la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados, José Miguel Castillo Calvín, ha mantenido en la tarde de este martes un encuentro con los representantes sindicales del sector para abordar las negociaciones abiertas en torno a la reforma del Registro Civil.

El presidente del área de Justicia de CSI-F Francisco Lama ha explicado a Europa Press que apuestan por un servicio desjudicializado y gestionado por empleados públicos.

Las centrales sindicales han defendido el papel de los juzgados de paz por su cercanía al ciudadano y han exigido que se mantengan todos los puestos de trabajo de los registros civiles, que superan los 4.000 empleos con un 30 por ciento de interinos.

CSI-F ha trasladado la repercusión de las mociones aprobadas en Ayuntamiento en favor de sus reclamaciones y ha explicado que de momento no se plantea convocar huelgas al mantenerse abiertas las conversaciones sobre qué futuro quiere el Gobierno para el Registro Civil.

CC.OO. amenaza con huelga si sigue en marcha lo que considera "privatización" de los registros civiles

Comisiones Obreras ha anunciado esta mañana su intención de convocar huelga en toda la Administración de Justicia si el Gobierno insiste en su pretensión de "privatizar" los registros civiles mediante su desjudicialización, es decir, mediante la cesión de su gestión a un grupo profesional diferente al de los jueces.

El sindicato considera que si bien el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, informó el pasado 11 de marzo de que se habían roto las negociaciones para ceder la gestión de dichos registros a los registradores de la propiedad y mercantiles, al día siguiente aclaró que mantiene su intención de "explorar nuevas vías".

Por este motivo, CC.OO tiene previsto reunirse esta tarde con el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para trasladar a los diputados sus posiciones respecto a los planes ministeriales, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

Hasta el momento la organización sindical ya ha comunicado sus propuestas a Izquierda Plural, BNG y PSOE. CCOO exige que le garantiza que este servicio público, a través del que se gestionan muchos trámites obligatorios, "siga siendo gratuito y no se establezca ni el pago directo a la ciudadanía, ni el pago indirecto a través de una asignación a través de los Presupuestos Generales del Estado al colectivo al que pudieran encargarle el servicio".

MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO

Asimismo, CCOO demanda que se mantengan los 5.200 puestos de trabajo de los registros civiles, los cuales representan un 13 por ciento del personal de la Administración de Justicia, así como las cerca de 1.600 oficinas.

El sindicato también matiza que no se opone a que el Registro Civil sea desjudicializado, es decir, que se suprima a los jueces como responsables de los Registros Civiles. Consideran que este servicio público debe servirse por funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia y proponen que los encargados de los registros civiles sean secretarios judiciales o personal del Cuerpo de Gestión Procesal.

Por último, el sindicato considera fundamental impedir la desaparición de los Juzgados de Paz y de las agrupaciones de Juzgado de Paz, puesto que creen que supondría alejar un servicio público esencial de la ciudadanía, sobre todo en los núcleos de población más pequeños y alejados de las grandes ciudades.

CCOO convocará huelga si el Gobierno insiste en privatizar el Registro Civil

Comisiones Obreras ha anunciado esta mañana en rueda de prensa su intención de convocar huelga en toda la Administración de Justicia del Estado si el Gobierno insiste en su pretensión de privatizar los registros civiles. Si bien el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, informó el pasado 11 de marzo de que se habían roto las negociaciones para ceder la gestión de dichos registros a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, al día siguiente aclaró que mantiene su intención de "explorar nuevas vías". Por este motivo, el Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO sigue manteniendo todas las iniciativas en defensa del mantenimiento del Registro Civil como un servicio público, universal y gratuito, gestionado por personal al servicio de la Administración de Justicia.

En esta línea, esta tarde CCOO, sindicato mayoritario en la Función Pública, se reunirá con el Grupo Parlamentario Popular para trasladarles sus posiciones respecto a la posible privatización de los registros civiles. Hasta el momento CCOO ha trasladado sus propuestas a Izquierda Plural, BNG y PSOE. En definitiva, CCOO pretende evitar dicha privatización, además de pedir que garanticen que este servicio público, a través del que se gestionan muchos trámites obligatorios, siga siendo gratuito y no se establezca ni el pago directo a la ciudadanía, ni el pago indirecto a través de una asignación a través de los Presupuestos Generales del Estado al colectivo al que pudieran encargarle el servicio.

Asimismo, CCOO demanda que se mantengan los 5.200 puestos de trabajo de los registros civiles, los cuales representan un 13% del personal de la Administración de Justicia, así como las cerca de 1.600 oficinas. CCOO considera que este servicio público debe seguir siendo prestado por funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia y propone que los encargados de los registros civiles sean secretarios judiciales o personal del Cuerpo de Gestión Procesal.

Por último, CCOO considera fundamental impedir la desaparición de los Juzgados de Paz y de las agrupaciones de Juzgado de Paz, puesto que supondría alejar un servicio público esencial de la ciudadanía, sobre todo en los núcleos de población más pequeños y alejados de las grandes ciudades, así como evitar la transferencia del tratamiento de datos desde la gestión pública a la gestión privada. Información como las adopciones, los divorcios, los cambios de sexo, etc., especialmente protegida por la Ley Orgánica de Protección de Datos, sobre la cual se debe guardar la máxima confidencialidad.

CCOO 18.03.2014




El PSPV denuncia que el PP “busca el deterioro consciente de los registros civiles para justificar su privatización”

El diputado socialista, Miguel Ángel Guillén, ha asegurado hoy que el PP “en su escalada por acabar con los principales servicios públicos se ha centrado ahora en los registros civiles, buscando su deterioro de forma consciente para tener así la justificación para su privatización”. Así, ha destacado que esto “conllevaría de forma ineludible tener que pagar por un servicio que ahora es gratuito”.

Por este motivo, desde el grupo socialista en Les Corts han insistido en que “debe mantenerse como un servicio público, gratuito y calidad”, por lo que han instado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón a que no lo privatice, al tiempo que han pedido a la Generalitat “que amplíe sus plantillas y mejore y finalice el servicio a los usuarios por vía telemática”.

Esto último queda registrado en la Proposición no de Ley que han presentado en la cámara valenciana donde, por un lado, instan al Consell a “incrementar las plantillas de personal correspondientes a los registros civiles de nuestra Comunitat, en número suficiente para acabar con los retrasos y acumulaciones actuales”. De esta manera, han denunciado que “las plantillas de personal de la Administración de Justicia en la Comunitat no se han ido incrementando en función de las nuevas necesidades y del aumento de las cargas de trabajo, pero uno de los ámbitos donde más se ha dejado notar es en las plantillas de los registros civiles, órganos en los que tienen que personarse los ciudadanos para realizar un gran número de ineludibles trámites y que se encuentra con la desagradable sorpresa, en muchas ocasiones, de que tienen que esperar varios días para poder realizarlos y siempre después de interminables colas”.

Por otro lado, la PNL presentada por los socialistas pide también “adoptar las medidas oportunas para la implantación generalizada y eficaz del servicio de tramitación vía telemática en todos los registros civiles de la Comunitat”. Así, tal como ha apuntado Guillén, “las aplicaciones informáticas que tenían que permitir la tramitación telemática de numerosos trámites, no se han llegado a implantar en todos los registros civiles, y en aquellos que sí lo está, el funcionamiento del servicio es deficiente”.

Por todo ello, el diputado socialista ha remarcado que “esta carencia de personal y los fallos telemáticos ha originado una deficiente prestación del servicio en la mayoría de registros civiles de nuestra Comunitat, con insoportables retrasos que ocasionan muchas incomodidades a los ciudadanos, hasta el extremo de que se hayan producido altercados que han exigido la intervención policial”.

Retirada reforma integral de los Registros Civiles

Por otro lado, desde el PSPV-PSOE han presentado otra Proposición no de Ley en Les Corts para instar al Consell a que se dirija al Ministerio de Justicia y le pida que retire el borrador de Reforma Integral de los Registros Civiles. Así, piden también que el Registro Civil “siga siendo totalmente un servicio público y gratuito, prestado por funcionarios públicos integrados en la Administración de Justicia”.

En este sentido, el diputado Miguel Ángel Guillén, ha recordado que el Registro Civil es un servicio público y gratuito desde su creación, en el año 1870, y que se encuentran informatizados desde el año 2000, mientras que en 2001 se sometieron a un importante proceso de modernización. Sin embargo, ha señalado que “a pesar de estas mejoras, el proceso privatizador de este servicio público ya se inició en junio del año 2012 al encomendar a los Registradores de la Propiedad la gestión de las solicitudes de nacionalidad, ante la incapacidad del propio Ministerio de Justicia de acabar con la acumulación inexistente”. Así, ha apuntado, “con el pretexto de continuar con la modernización tecnológica y ganar agilidad, se pretende aglutinar en torno al Registro de la Propiedad inmobiliaria todos los actos relativos al estado civil de las personas”.

Sin embargo, ha hecho hincapié en que “el verdadero propósito no es otro que privatizar y mercantilizar las certificaciones relativas al estado civil de las personas que, hasta el momento, se otorgaban gratuitamente”, y ha destacado que “el borrador de Reforma Integral de los Registros Civiles que ha preparado el Ministerio de Justicia atribuye a funcionarios públicos que cobran por arancel directamente a los ciudadanos la resolución de materias que afectan al desarrollo de la vida y al ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, invadiendo materias constitucionales que les están vedadas”.

Finalmente, Guillén ha apuntado también que tanto los Registradores de la Propiedad como los Notarios “son funcionarios públicos, pero no forman parte de la Administración Pública y se guían por un interés privado en cuanto a su retribución, dado que cobran por ‘arancel’, lo que ineludiblemente repercutirá en un encarecimiento del servicio para los ciudadanos, sin que necesariamente suponga una mejora en su prestación”.